La transformación de la fiscalía guatemalteca, de una institución que había avanzado en la persecución de delitos complejos a uno secuestrada por mafias y utilizada para la persecución política, encuentra uno de sus episodios más importantes en los cambios que la fiscal general Consuelo Porras hizo en el Ministerio Público, en 2021, para evitar que avanzara la investigación al entonces Alejandro Giammattei por sospechas de que él y otros en su gobierno habían recibido dádivas de los mineros rusos que querían expandir sus operaciones en El Estor, Izabal. Prensa Comunitaria ha tenido acceso a documentos y testimonios que permiten reconstruir esa historia, la cual vuelve a adquirir relevancia ahora que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que dirige Rafael Curruchiche, ha pedido acceso a un expediente judicial que involucra al expresidente en otros actos de corrupción. Esta es la historia de cómo Porras colocó a Curruchiche en un lugar clave para proteger a Giammattei.
Por Héctor Silva Ávalos
El fiscal jefe de la FECI protagonizó uno más de sus actos controvertidos a finales de la semana pasada, cuando pidió al Juzgado de Mayor Riesgo “D” acceso al expediente número 01073-2016-00359. No es, ese, un caso cualquiera. Esa carpeta reúne investigaciones por supuesta corrupción en el entorno del entonces presidente Alejandro Giammattei Falla, emprendidas en 2021, por el Ministerio Público antes de que Rafael Curruchiche fuera nombrado jefe de la fiscalía especial. Es el caso de los Q122 millones encontrados en una casa en la Antigua Guatemala, parte de los cuales un testigo relacionó con un soborno a Giammattei y al ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda, José Luis Benito. En su escrito, Curruchiche menciona que en ese expediente están los datos necesarios para identificar a ese testigo.
Para Juan Francisco Sandoval, el antecesor de Curruchiche y quien tuvo que exiliarse de Guatemala por la persecución política que el mismo MP emprendió en su contra como represalia por investigar casos como el de los Q122 millones, la petición del MP es una “forma indirecta” de complacer al exmandatario y de protegerlo, otra vez, de una investigación criminal.
“Los datos de la persona se reservaron a petición de la misma y fue fundada en la ley por la jueza que recibió el testimonio (ante el temor manifestado por el testigo) y llama la atención que hasta tres años después quieran, supuestamente, investigar cuando todas sus actuaciones han estado encaminadas a proteger a los involucrados en la pesquisa”, dijo Sandoval a Prensa Comunitaria.
La petición del MP llega más de tres años después de que el dinero fue descubierto y en momentos en que el MP ha sufrido algunas derrotas en casos que implican a personas que denunciaron a Giammattei o al mismo Curruchiche.
Primero fue la liberación de Jose Rubén Zamora, el expresidente y fundador de elPeriódico y uno de los primeros periodistas que dejó en evidencia los casos de corrupción atribuidos a Giammattei y su gobierno -como la llamada trama rusa- y quien pasó más de 800 días en la cárcel acusado en un proceso espurio que le montó el MP de la fiscal general Porras y que tuvo como principal ejecutor a Curruchiche. Y luego fue la orden de un tribunal superior de reabrir una investigación al propio Curruchiche por filtrar información sensible de otro proceso judicial.
Desde que llegó como jefe de la FECI, Curruchiche hizo de la protección a Alejandro Giammattei una de sus principales misiones, como muestra este reportaje. Al llegar, el fiscal preguntó directamente por el expediente de los mineros rusos y ejecutó con precisión las disposiciones emanadas del despacho de su jefa, Consuelo Porras, para desbaratar aquellas investigaciones.
I. LA TRAMA RUSA EXTENDIDA
Roberto Antonio Malouf Morales se registró en el búngalo número 15 del hotel Las Lagunas Luxury, en Petén, el 30 de abril de 2021. Estuvo ahí tres noches: salió el 3 de mayo. El costo total por la habitación en la que se hospedó el entonces ministro de Economía del gobierno de Guatemala fue de Q9,991.80 (unos US$1,281). Pero no fue Malouf quien pagó esa cantidad, ni el gobierno guatemalteco, sino Mayaníquel, la empresa minera de capital ruso a la que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a finales de 2022 por participar en un “esquema múltiple de sobornos, durante varios años, en el que están involucrados políticos, jueces y funcionarios gubernamentales de Guatemala”.
Uno de los empleados de Mayaníquel que pagó los gastos de estadía en Las Lagunas se llama Estuardo Asturias, quien ha tenido relación laboral con la empresa desde 2018 y la seguía teniendo al menos hasta diciembre de 2022, según consta en documentación del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS). Malouf, quien en abril de 2021 era titular de Economía en el gabinete del presidente Alejandro Giammattei, se hospedó en Las Lagunas invitado por una comitiva de Mayaníquel presidida por Aleksandr Machkevish, el empresario de origen kazajo-israelí dueño de la minera. Estuardo Asturias también se hospedó en el hotel de Petén.
La estadía en Petén ocurrió solo dos días después de que enviados de Mayaníquel, quienes también se hospedaron con Malouf en Las Lagunas, entregaron un soborno millonario en la casa de Giammattei en ciudad de Guatemala en la zona 15, según declaró un testigo en junio de 2021, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público que entonces dirigía el fiscal Juan Francisco Sandoval. A ese testigo que habló con la FECI le llamaremos Portland, por razones de seguridad.
Prensa Comunitaria tuvo acceso a testimonios e insumos proporcionados al MP por Portland, quien había sido agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala (SAAS) durante la presidencia de Jimmy Morales (2016-2020) y luego se dedicó a labores de seguridad privada. Portland fue contratado como personal de seguridad para acompañar a la comitiva de extranjeros durante su estadía en Guatemala.
En Petén estuvo también Julián Shocron, un argentino israelí que era parte de la comitiva de Machkevish. Shocron fue uno de los enviados de Mayaníquel que, antes de Petén, había ido hasta la casa de Giammattei a entregar el dinero del soborno envuelto en una alfombra, según contó el testigo Portland.
Fue Portland el que identificó al kazajo-israelí Machkevish como líder de la delegación. Entre los miembros de la seguridad de la comitiva lo llamaban “el ruso”, aunque el empresario tiene otras nacionalidades, no esa. Prensa Comunitaria hizo llegar a Portland una foto de Machkevish para corroborar la identidad del hombre que lideró la delegación de mineros que llegó a Guatemala en 2021. El testigo confirmó que quien estuvo al mando de todo durante aquel viaje fue Machkevish, uno de los dueños de TelfAg, la empresa rusa que es propietaria de Mayaníquel.
La declaración de Portland, hecha el 23 de junio de 2021, motivó el inicio de una investigación de la FECI. Los primeros indicios fueron los detalles que el testigo proporcionó sobre la visita de los rusos y la extracción de información de su celular, como fotos y mensajería, que hizo un técnico del Ministerio Público aquel día. De ahí partieron memoriales, oficios y pesquisas que darían pie, unas semanas después, a una hipótesis sobre el motivo de los sobornos.
“El testigo accedió a que le vaciáramos el teléfono. Ahí estaban las evidencias -mensajería y fotos- del Operativo Shine, como se llamó al viaje de los rusos a Guatemala. El técnico hizo copia de todo, incluida la galería de imágenes”, aseguró a Prensa Comunitaria uno de los funcionarios que participó en el interrogatorio inicial a Portland.
Portland contó a los fiscales que, al salir con la delegación de Mayaníquel de la residencia del presidente Giammattei tras haber entregado una alfombra llena de dinero, Julián Shocron, el argentino-israelí miembro de la delegación de extranjeros, dijo: “Con este dinero hay puerta abierta en el puerto”. Portland viajaba en el mismo vehículo que Shocron cuando la comitiva salió de la residencia presidencial. Cuando los fiscales que entrevistaron a Portland días después escucharon aquello no supieron, en un primer momento, de qué estaba hablando el argentino.
Luego, cuando iniciaron la investigación, los fiscales pidieron información a los hoteles en que, según Portland, se había hospedado la comitiva. Fue así como obtuvieron los nombres completos y nacionalidades de los miembros de la delegación y de los guatemaltecos que los acompañaron. Obtuvieron, además, un dato valioso: la compañía que estaba cubriendo la mayoría de los gastos era Mayaníquel, según consta en facturas que luego anexaron al expediente.
Al revisar contratos y negocios en los que Mayaníquel había estado involucrada hasta entonces, los fiscales entendieron que el puerto del que hablaban los extranjeros es el de Santo Tomás de Castilla, en el Caribe guatemalteco, por donde esa compañía y Solway Investment Group, otro consorcio extranjero que también está implicado en explotación minera en Izabal y Alta Verapaz, realizan sus exportaciones de níquel y otros metales.
Las pretensiones de Mayaníquel en el puerto
Los fiscales elaboraron una hipótesis sobre el supuesto soborno que recibió Giammattei y las dádivas entregadas a Antonio Malouf, el ministro de Economía, como la estadía en el hotel de Petén. El motivo de los extranjeros, dedujeron los agentes de FECI, era garantizar acceso libre y a bajo costo al Puerto Santo Tomás de Castilla.
Cuando Machkevish y su comitiva llegaron a Guatemala, Mayaníquel llevaba desde septiembre de 2020 negociando con el gobierno de Giammattei la concesión de una porción de Santo Tomás de Castilla conocida como El Arenal para almacenar ahí el níquel y otros metales que la empresa extrae de su licencia minera en Cahaboncito, Alta Verapaz, y la que procesa en el Proyecto Minero Fénix, propiedad de Solway y de las filiales guatemaltecas Pronico y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
En enero de 2021, una italiana llamada Marina Pozzi, ejecutiva asociada a Mayaníquel, comunicó al gobierno de Alejandro Giammattei, por escrito, los detalles del negocio que querían hacer en Santo Tomás. Se trataba de arrendar 150,000 metros cuadrados en el recinto del puerto, en El Arenal, para manipular hasta 5 millones de toneladas de carga. Mayaníquel ofrecía pagar US$15 millones por 30 años de arrendamiento. Pozzi era, entonces, directora de International Metal Supply (IMS), una empresa relacionada a TelfAg, la compañía de capitales rusos que es la casa matriz de Mayaníquel. Para operar en Guatemala y, entre otras cosas, intentar hacerse con el negocio en Santo Tomás de Castilla, IMS creó Atlantic Bulk Cargo (ABC), cuya dirección en Ciudad de Guatemala es la misma que la de Mayaníquel, según consta en documentos registrales anexos al expediente a los que Prensa Comunitaria ha tenido acceso.,
Uno de los representantes legales de ABC, en 2021, era Edgar Estuardo Asturias Santamaría, quien además tiene relación con Mayaníquel, a la que ha representado ante la junta directiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT). En las facturas que enviaron los hoteles a requerimiento de la FECI consta que Asturias acompañó a la comitiva de Mayaníquel que estuvo en Ciudad de Guatemala, Sololá, la Antigua Guatemala y Petén entre el 26 de abril y el 5 de mayo de 2021, y que fue él quien pagó, con dinero de Mayaníquel, la estadía de Malouf en el hotel Las Lagunas Luxury de Petén. Es decir: el directivo de la compañía que buscaba un contrato favorable con el gobierno de Guatemala para administrar parte del Puerto Santo Tomás de Castilla pagó la estadía en un hotel de un ministro del gobierno que debía otorgar ese contrato.
El escándalo mediático que siguió luego de que el testimonio de Portland se hizo público en medios guatemaltecos malogró las intenciones de Mayaníquel en el puerto, pero la empresa sí logró, tras la visita de la comitiva de Machkevish y los rusos a Guatemala, otro permiso de explotación minera que llevaba años buscando. El 18 de mayo de 2021, el Ministerio de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata mediante resolución DGM-RESOL-001-2021, emitió la Licencia de Exploración Minera La Ruidosa a favor de Mayaníquel para explotar sitios de extracción en Morales, Izabal.
El negocio del puerto quedó en suspenso. El 20 de agosto de 2021, en un campo pagado, ABC, la empresa de la que Estuardo Asturias era representante legal, hizo una defensa pública de su oferta para hacerse con El Arenal. Dijo que era una oferta transparente e invitó a los medios de comunicación a pedir cualquier información adicional a la Empresa Portuaria Nacional (Empornac), la instancia pública con la que había estado negociando la posible concesión en Santo Tomás de Castilla. El 31 de aquel mes, Empornac desestimó la oferta, que había mantenido oculta y la cual se hizo pública solo después de que estalló el escándalo de la trama rusa. De Pimentel y el exviceministro Óscar Pérez se sabe que ambos están sancionados con la ley Magnistky por corrupción en el sector minero.
Un viaje de lujos y negocios
Durante la estadía en Petén, la comitiva de Machkevish gastó Q197 mil 457 (unos US$25,169 al cambio actual) en hospedaje, alimentación y transporte, según el detalle de facturas y registros de huéspedes que la compañía Inversiones Quixil S.A., propietaria del hotel Las Lagunas, envió al MP el 15 de julio de 2021.
En el legajo que Inversiones Quixil envió al MP consta que empleados de Mayaníquel fueron los encargados de gestionar la estadía en Las Lagunas y que fueron ellos, con cuentas bancarias de la minera, los que pagaron los gastos, incluida la habitación que ocupó Malouf.
Mayaníquel había hecho un abono al hotel antes del viaje a Petén, antes incluso de que la comitiva de Machkevish llegara a Guatemala, el 20 de abril de 2021. Ese día, Eduardo Asturias pagó a Inversiones Quixil Q62,752.09 (unos USD 8,000) a través de la cuenta 21-5960-0 del Banco G&T Continental registrada a nombre de Mayaníquel. El 5 de mayo de 2021, el mismo empleado pagó, con la misma cuenta bancaria, los restantes Q175,678.04 (unos USD22,000). Ambos pagos, las facturas totales y los detalles de gastos por habitación están, todos, a nombre de Mayaníquel.
Uno de los fiscales que adelantó las investigaciones en este caso, al que luego la prensa guatemalteca bautizó como la Trama Rusa o la Alfombra Mágica -atendiendo al detalle que ofreció Portland en su testimonio de que el dinero que los extranjeros llevaron a la casa del presidente de Giammattei iba en paquetes envueltos en una alfombra-, aseguró a Prensa Comunitaria que, por haber recibido pagos de una empresa que negociaba posibles contratos con el gobierno guatemalteco y siendo funcionario de ese gobierno, Malouf puede haber incurrido en una conducta delictiva.
“Pueden aplicar los delitos de cohecho pasivo o aceptación ilícita de dádivas”, dijo el fiscal, quien habló desde al anonimato por razones de seguridad y atendiendo a que al actual Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, emprendió una persecución penal sin tregua a los fiscales e investigadores de la antigua FECI que trabajaron en casos que afectaban al expresidente Giammattei o a otros miembros de las élites política y económicas que gobernaron el país antes de la toma de posesión de Bernardo Arévalo, el actual presidente.
El artículo 438 del Código Penal de Guatemala estipula que comete el delito de cohecho “el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo”. Y el 443 del mismo código define el delito relacionado con la aceptación ilícita de regalos: “El funcionario o empleado público que aceptare dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que tuvieren algún asunto pendiente ante él” y establece que será sancionado con prisión de uno a tres años.
Juan Francisco Sandoval, quien era el jefe de FECI a cargo de esta investigación antes de ser destituido poco después de la declaración de Portland, cree que la evidencia que lograron recabar ya indicaba que el ministro Malouf podría haber incurrido en esas dos conductas delictivas. “Son hechos que sí pueden constituir delitos”, aseguró.
El 17 de agosto de 2021, llamado al Congreso por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Antonio Malouf tuvo que dar algunas explicaciones sobre su viaje con los extranjeros. Fueron muy pocas, al menos las que quedaron recogidas en los registros públicos de la cita, y apenas sirvieron para que el entonces ministro aceptara que había estado con la comitiva de Machkevish. Malouf también dijo que no supo la nacionalidad de los visitantes. Y nada dijo sobre el pago de la habitación número 15 del Hotel Las Lagunas Luxury en Petén.
Quien dirigió los cuestionamientos fue Carlos Barreda, entonces jefe de bancada de la UNE. A finales de febrero de 2023, Barreda recordó aquellas sesiones. Dijo que después de analizar los documentos sobre la trama rusa que tuvo frente a él llegó a la conclusión de que Malouf no era el único funcionario implicado con los rusos. “Malouf aceptó que se había reunido con los rusos, pero hubo más”, dijo. A Barreda le parece una hipótesis lógica que los intentos de los empresarios extranjeros de Mayaníquel por influir en funcionarios guatemaltecos estén relacionados con el Puerto Santo Tomás de Castilla. “(Los extranjeros) habían hablado de expansión y de más explotación del níquel y para eso necesitaban asegurarse la explotación del puerto”, dijo.
Puede ser que el exministro de Economía no haya sido el único funcionario del gobierno Giammattei implicado con los mineros, pero sí fue uno de los más visibles. Durante varios días, Prensa Comunitaria trató de hablar con el exministro pero no se logró mantener una llamada telefónica, por mala señal telefónica o porque estaba en reunión.
El 4 de junio de 2021, poco de un mes después de haber pernoctado con los ejecutivos de Mayaníquel en Petén, Malouf representó al gobierno guatemalteco en un foro económico en San Petersburgo al que asistieron empresarios mineros, entre ellos representantes de TelfAg, la compañía de la que Aleksander Machkevish es dueño y que es la casa matriz de Mayaníquel. Antes, en 2018, Malouf viajó a Moscú como representante de AGEXPORT y el CACIF para preparar la visita a Guatemala de empresarios rusos, del sector minero entre ellos. En aquellas reuniones también estuvo TelfAg.
Malouf renunció en marzo de 2022 del gobierno de Giammattei. Lo hizo en forma discreta y lo aceptó sólo cuando fue consultado por un medio de comunicación guatemalteco. Se iba, dijo, para atender otros proyectos personales. A finales de noviembre del año 2022, el exministro emprendió una corta carrera por la presidencia de Guatemala que inició cuando fue elegido secretario general del partido Prosperidad Ciudadana y culminó con su salida abrupta de esa formación política en enero de 2023. Antes, en julio de 2022, también estuvo durante un periodo breve con el Partido Humanista de Edmond Mulet, donde fue coordinador de afiliación. Ninguna de las aventuras políticas posteriores al paso por el gobierno de Giammattei ha prosperado.
En la hoja de vida de Antonio Malouf queda, además de sus fallidos periplos políticos, el viaje al Petén con la delegación de mineros extranjeros que, según la investigación de la FECI, sobornó al expresidente Giammattei.
La gira de los rusos y kazajos por Guatemala
La escala en Petén de la comitiva del kazajo Machkevish fue solo una etapa en la gira que los de Mayaníquel y sus invitados hicieron por varios destinos en Guatemala entre el 26 de abril y el 5 de mayo de 2021. Los extranjeros también estuvieron en Ciudad de Guatemala, en un hotel de Sololá y en La Antigua. De acuerdo con los documentos que el MP solicitó luego de entrevistar al testigo Portland en junio de ese año, el ministro Malouf solo estuvo presente en Petén.
A partir de la declaración de Portland y con mucha prudencia para no alertar a las autoridades que aparecían implicadas en el viaje de los mineros, incluido el presidente, los fiscales de FECI determinaron que los extranjeros llegaron a Ciudad de Guatemala el 26 de abril de 2021 en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Esa misma noche, la comitiva cenó en un restaurante ubicado cerca del Oakland Mall, en la zona 10 de la capital, donde se reunió con empresarios y funcionarios guatemaltecos, entre ellos el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez, según Portland declaró a los fiscales.
Una de las primeras cosas que los fiscales hicieron tras escuchar a Portland fue pedir a los hoteles que el testigo había mencionado los registros de huéspedes durante los días que duró el viaje. Con esa información los investigadores se dieron cuenta de que el 29 de abril se registraron en el hotel Hyatt de la Zona 10 cuatro rusos: Natalia Liubtskaia, que entró a las 8:17 de la noche, Aleksander Ajtekcahop, que ingresó a las 5:08 p.m., y Sergei Kubaek y Aleksei Prybitkov. Luego fueron ingresando otros miembros de la delegación, entre ellos Julián Shocron, el argentino que revelaría luego el objetivo del soborno al presidente Giammattei.
Luego llegó la información del Hotel Casa Palopó, en Sololá, donde la comitiva también se hospedó. Al recibir los nombres de quienes se habían hospedado ahí en las fechas que Portland había indicado, del 27 al 29 de abril, los fiscales se dieron cuenta de que los huéspedes eran los mismos que se habían registrado en el Hyatt de Ciudad de Guatemala. Uno de los nombres que se repetía era el de Shocron, quien junto a Estuardo Asturias aparece como nombre de contacto en la papelería que Abena S.A., la compañía dueña de Casa Palopó, envió a la FECI el 15 de julio de 2021.
“Desde el principio los hoteles fueron herméticos y hubo que insistirles, ponían excusas, pero la documentación fue llegando”, comentó a Prensa Comunitaria uno de los fiscales involucrados en la investigación.
La información que Abena envió a la FECI confirmó que era Mayaníquel la que pagaba las cuentas en los hoteles. Las facturas de Casa Palopó también reflejaban que la comitiva de extranjeros no reparó en gastos. Durante dos noches en el hotel de Sololá, los extranjeros y sus acompañantes guatemaltecos gastaron Q321,371 (unos US$41,000 al cambio actual). Un día, el 27 de abril, solo una de las habitaciones de la comitiva gastó Q6,400 (unos US$820 en bebidas). El 29 de abril, la comitiva de Mayaníquel pagó Q15,280 (unos US$2,000) en tragos. También constan facturas por masajes y spa.
Cuando vaciaron el teléfono de Portland, los fiscales también encontraron las coordenadas de la finca donde la comitiva se hospedó en la Antigua Guatemala. En la ciudad colonial, los de Mayaníquel pagaron por dos hoteles, uno tipo boutique en el que se hospedaron los extranjeros y otro en el que, según el testigo, se hospedaron mujeres que ofrecen servicios sexuales a las que habían llevado desde Ciudad de Guatemala.
La empresa que hizo la logística para la comitiva en Antigua Guatemala se llama Aventuras de Guatemala, S.A. Su representante es Gabriel Overall Salazar, quien también se había hospedado en el hotel Casa Palopó en Sololá. La FECI lo contactó por teléfono para solicitarle información; “se incomodó bastante”, recuerda uno de los investigadores. Dijo que a él lo había contactado un amigo para armar un paquete vacacional. Después de esa llamada, las alarmas se encendieron en el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Fue entonces cuando entró en acción Rafael Curruchiche, el fiscal al que Porras nombró jefe de la FECI en sustitución de Juan Francisco Sandoval, y quien a la postre se convirtió en uno de los funcionarios que lideraron la persecución política a exfiscales, jueces y periodistas que investigaron o reportaron sobre actos de corrupción atribuidos a Alejandro Giammattei y a otros actores políticos y empresariales de Guatemala.
II. EL SECUESTRO DE LA FECI Y LA IRRUPCIÓN DE CURRUCHICHE
Rafael Curruchiche pregunta por investigaciones al presidente
Cuando Portland contactó al MP tras haber servido como seguridad a la comitiva de Machkevish, a través de un intermediario no identificado, pidió de forma explícita hablar con la FECI. No confiaba en nadie más. Como quedaría demostrado luego, durante las pocas semanas que duró la investigación de los hechos narrados por Portland, los fiscales tampoco confiaban en sus jefes. Tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Juan Francisco Sandoval seguía siendo uno de los pocos que luchaba contracorriente para que no murieran casos de alto perfil de corrupción ante los obstáculos que le ponía Consuelo Porras, la fiscal general a la que el expresidente Jimmy Morales había elegido tras la salida de la comisión.
Fue por esa desconfianza que los fiscales mantuvieron las pesquisas iniciales en silencio.
“Nos surgió la duda de cómo exponerlo a la fiscal general. Ya había antecedentes de que Consuelo Porras trasladaba a otras unidades casos delicados que llevaba FECI. Se decidió robustecer la investigación y compartimentar la declaración del testigo”, cuenta uno de los investigadores que llevó el caso de la trama rusa.
Corría entonces julio de 2021 y en la Agencia 8 de la FECI había ya dos expedientes en los que aparecía directamente implicado el presidente Giammattei. Uno era el de los rusos; el otro, el de Q122 millones encontrados en una casa de Antigua Guatemala, los cuales, según un testigo, eran parte de un soborno entregado al presidente.
Una de las primeras decisiones que los fiscales asignados al caso de los rusos tomaron fue no pedir información a la Dirección de Aeronáutica Civil sobre el avión en el que el kazajo Aleksander Machkevish y los suyos habían llegado a Guatemala; sabían que de ahí la información no tardaría en filtrarse al palacio presidencial.
“Por eso solicitamos primero información a los hoteles mencionados por el testigo para establecer quiénes eran los rusos. A establecer eso, decidimos no empezar por las entidades públicas, como Aeronáutica Civil, que era la que mejor nos podía dar información sobre el avión en que llegó la delegación y sobre los helicópteros que se movieron por Guatemala, pero sabíamos que podían dar alerta al presidente”, dijo uno de los investigadores de la FECI que trabajó en el caso de los rusos.
Para mediados de julio, poco más de dos semanas después de la declaración que Portland dio a los agentes de la FECI, ya los fiscales contaban con la información de los hoteles y con otras indicios de prueba que les permitieron formular una hipótesis clara: Los extranjeros, liderados por el kazajo Machkevish, habían llegado a Guatemala a hacer negocios con el gobierno para obtener un trato favorable que les permitiera arrendar un buen espacio de almacenamiento y salida en el Puerto Santo Tomás de Castilla. Aquello que llamaron negocios no eran legales y podían calificarse como delitos, como la entrega de dinero al presidente Giammattei o el pago de la habitación de hotel al ministro Antonio Malouf en Petén. Los fiscales se enterarían, pronto, de que sus jefes no los dejarían seguir adelante para corroborar esa hipótesis.
Entre junio y julio, se precipitaron eventos en el Ministerio Público de Consuelo Porras destinados a apartar a Juan Francisco Sandoval de la FECI y a matar investigaciones como la de la delegación rusa.
“Hubo coincidencia temporal en varias cosas. Por esas fechas se pidió información a estos hoteles y pudo desde ahí llegarle alguna información al presidente de la república”, dice Sandoval, el exjefe de la FECI, quien a finales de febrero de 2023 conversó durante varias horas sobre este y otros casos que motivaron que la fiscal Porras lo despidiera y lo orillara al exilio para, luego, pedir cuatro órdenes de captura contra él.
Uno de los fiscales que investigó a la comitiva de rusos recuerda que, tras la llamada al dueño del hotel en que los empresarios de Mayaníquel se habían quedado en la Antigua Guatemala, un grupo de abogados que se identificaron como representantes del presidente Giammattei, llegaron a la FECI en busca de información. No fue posible corroborar esa información con voceros del MP.
Por esas fechas también se estaba moviendo, en la Agencia 8 de la FECI, el caso de los Q122 millones encontrados en una casa de la Antigua. Las investigaciones habían vinculado ese dinero con José Luis Benito, ministro de Comunicaciones durante la presidencia de Jimmy Morales. En febrero de 2022, un testigo había declarado que Benito dio un soborno a Giammattei a cambio de que este lo mantuviera en el puesto de ministro al asumir la presidencia del país. Cuando el caso de los rusos avanzaba, en julio de 2022, fue llamado a declarar Giorgio Bruni, exsecretario privado de Giammattei, en el caso del soborno de Benito.
“Al presidente le habían informado que Bruni iba a declarar en el MP y que la FECI estaba ahondando en el posible involucramiento del Ejecutivo en la recepción de fondos de algunas constructoras en el Ministerio de Comunicaciones”, asegura Sandoval. Agrega: “Pudo haber sido por cualquiera de los dos hechos -Benito o los rusos- que el presidente se enteró de que algo estábamos investigando”.
Había otras señales de que Giammattei no estaba contento con lo que estaban haciendo Sandoval y la FECI. En junio, en una entrevista exclusiva con la agencia británica de noticias Reuters, el presidente había dicho que el trabajo del jefe de FECI estaba basado en un “sesgo ideológico”. En diciembre de aquel año, 2021, durante un viaje a Washington el presidente repitió en una reunión privada en la Fundación Heritage de Washington, que las investigaciones que lo implicaban a él y acusaciones de corrupción y malos manejos contra la fiscal general Consuelo Porras obedecían, también, a sesgos ideológicos, según confirmó a Prensa Comunitaria una diplomática centroamericana que fue informada sobre lo discutido en aquella reunión.
El MP de Porras no defendió a Sandoval de lo dicho por Giammattei a Reuters. El jefe fiscal entendió el silencio como una muestra más de que su trabajo estaba en entredicho.
“Todo esto coincidió con otras cosas. De varias embajadas se me acercaron para decirme que ese era el momento en que tenía que salir de Guatemala. Era junio de 2021. Luego me dijeron que las cosas se habían tranquilizado”, recuerda Sandoval.
Días después, la fiscal general Porras decidió tomar control de la FECI y acabar de una vez por todas con las investigaciones que pudiesen involucrar a Giammattei. Sandoval lo recuerda así:
“La fiscal general llegó a la FECI de lleno. Me dijo que iba a trabajar desde la fiscalía. Me pedían cosas. Ella estuvo ahí como tres semanas. Yo vi eso muy sospechoso, estábamos súper vigilados y eso se filtró a los medios, que salieron diciendo que la fiscal general estaba prácticamente allanando la FECI. En una de las visitas, ella me dijo que estaba triste por lo que los medios habían publicado; me dijo que ella no llegaba a intimidar, sino que a apoyarme. Me dijo que éramos una familia y que ella estaba ahí para respaldarme. Yo me limité a quedarme callado”.
Después de eso llegó la arremetida final de Consuelo Porras. El 21 de julio fue el “jaque mate”, en palabras de Sandoval. La fiscal general pidió al jefe de FECI que entregara a la fiscal Cinthia Monterroso todos los expedientes de la Agencia 8 de la fiscalía especial. “Le interesaban más porque ahí estaban los casos donde podía estar involucrado el presidente de la república, que eran la trama rusa, el del dinero de Antigua y el de las Comisiones Paralelas 2020”, cuenta el exjefe fiscal.
Sandoval alegó que Monterroso no podía hacerse cargo de aquellos expedientes, porque la jueza contralora de esas investigaciones era Erika Aifán, titular del juzgado de Mayor Riesgo D. Monterroso tenía prohibido acercarse al tribunal de Aifán debido a un proceso administrativo que inició por una denuncia de la fiscal a la jueza. Porras fue tajante: “Dijo que no, que se iba a hacer como ella decía… Ahí se perdió todo… Yo pasé a ser espectador y a ser borrado de las decisiones”, rememora Sandoval, quien dos días después, el 23 de julio, justo un mes después de que la FECI tomó declaración a Portland e inició las investigaciones de la trama rusa, fue destituido.
Aquella misma noche, Juan Francisco Sandoval tuvo que salir de Guatemala. Antes de hacerlo dio una conferencia de prensa en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde por primera vez habló en público de la investigación a los rusos y del posible soborno a Giammattei. “Recientemente obtuvimos alguna información, sin poder decir mucho por las instrucciones de la señora Consuelo Porras, a quien el presidente de la república llama su amiga, de la presencia de personas de nacionalidad rusa en la casa del presidente”, dijo.
Cuando Sandoval abandonó Guatemala, los investigadores que habían obtenido pistas sobre las intenciones de la comitiva de Mayaníquel, presidida por Aleksandr Machkevish, las dádivas al presidente y su ministro de Economía y los negocios en el Puerto Santo Tomás de Castilla decidieron resguardar la información. Todos sospechaban que Porras bloquearía cualquier intento de avanzar con el caso y que, al final, correrían la misma suerte que su exjefe: el exilio.
El 3 de agosto de 2021, Consuelo Porras nombró sustituto de Sandoval al frente de la FECI a Rafael Curruchiche, un fiscal que había alcanzado el ojo público por dirigir durante un tiempo una investigación por financiamiento electoral ilícito al expresidente Jimmy Morales. Aquella investigación no avanzó y el nombre de Curruchiche dejó de sonar hasta que su jefa lo llevó a la FECI.
Unas semanas después de ser nombrado, el 25 de agosto, Curruchiche envió un oficio a todas las agencias que conforman la FECI para inquirir si había investigaciones abiertas por un soborno a Giammattei. “Informe si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada con la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”, dice el oficio. Curruchiche, a juzgar por lo actuado después, no preguntó para seguir con las pesquisas, sino para enterrarlas. En el MP no se volvió a hablar de la trama rusa, de los viajes a Petén, de la alfombra, de los permisos de Mayaníquel, pero la investigación no estaba del todo muerta, al menos no en Estados Unidos, como se sabría luego.
Lo que sí hizo Curruchiche eje central de su gestión fue la persecución de su antecesor. Desde que el nuevo pupilo de Consuelo Porras asumió la jefatura de la FECI, el MP ha procesado cuatro órdenes de captura internacionales contra Juan Francisco Sandoval e incluso ha iniciado trámites para pedir su extradición de Estados Unidos. Los otros investigadores que trabajaron en el caso también salieron de Guatemala, y lo mismo ocurrió con Portland, el testigo inicial.
Al final, los señalamientos de corrupción alcanzaron a Mayaníquel y algunas de sus asociadas lejos de Guatemala, en Estados Unidos. En noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro en Washington sancionó a Mayaníquel, a dos ejecutivos de Solway, otra empresa de capitales rusos con negocios en Izabal y en Santo Tomás de Castilla, y dos de sus filiales guatemaltecas. De esas compañías dice el Tesoro que han participado en “múltiples esquemas de sobornos durante años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios guatemaltecos… (y de) llevar a cabo actos corruptos en apoyo a esquemas de tráfico de influencias rusos al dar pagos en efectivo ilegalmente a funcionarios públicos a cambio de apoyo a los intereses mineros rusos”. Luego, sin mayor explicación, el gobierno estadounidense levantó las sanciones.
La hipótesis de los investigadores de la FECI estaba clara en julio de 2021. Decía así: una delegación de la empresa Mayaníquel, presidida por el jefe de TelfAg, el kazajo-israelí Aleksander Machkevish, entregó sobornos en Guatemala para asegurarse más permisos de explotación minera y acceso preferencial al Puerto Santo Tomás de Castilla. Carlos Barreda, quien en nombre de la bancada de la UNE interrogó a Antonio Malouf y a otros implicados con la trama rusa, comparte el postulado.
Eso era lo que investigaban los fiscales de la FECI en Guatemala en 2021, sobornos y corrupción que involucraban al presidente Alejandro Giammattei y a su ministro de Economía.
