La Sala Tercera de Apelaciones, cuyos integrantes incluyen abogados que defendieron a señalados por la CICIG y la FECI, así como a la hermana del fiscal Rafael Curruchiche, fue la que giró las órdenes de captura contra exfuncionarios anticorrupción, incluyendo a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo.
Por Alexander Valdéz
La estrategia con la que la FECI logró las 26 órdenes de captura contra exintegrantes de la CICIG y la FECI, entre ellas contra el excomisionado Iván Velásquez y la fiscal colombiana, Luz Adriana Camargo, ha sido cuestionada porque en lugar de ser un Juzgado fue una Sala de Apelaciones la que autorizó las detenciones.
Pero el procedimiento no es el único hecho cuestionable. Los integrantes de la Sala Tercera de Apelaciones también guardan un vínculo con políticos señalados por corrupción y que fueron investigados por los que hoy son perseguidos y que integraron la CICIG y la FECI.
Velásquez y Luz Adriana Camargo, la actual fiscal general de Colombia, investigaron distintos casos, como el de la empresa Odebrecht junto a otros exfiscales guatemaltecos cuando integraron la CICIG, pero hoy enfrentan órdenes de detención firmadas por los magistrados que antes, como abogados, representaban a los involucrados en casos de corrupción.
Alejandro Prado, el presidente de la Sala, mantiene un vínculo pasado con la hermana del fiscal Curruchiche. Según los expedientes 2929-2014 y 2949-2014 de la Corte de Constitucionalidad (CC), Prado fue uno de los abogados que representó en 2014 a Rosalía Curruchich Cucul, hermana del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en un litigio por el cobro de tarifas eléctricas en San Benito, Petén.
En ese entonces, ella se desempeñaba como presidenta y coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Vista Hermosa del municipio, donde también fue candidata a concejal Quinta por el partido Vamos.
Abogados consultados y los propios exfiscales obligados a salir al exilio cuestionan la acción de la Sala, porque consideran que el procedimiento rompe con el manual básico de justicia: en lugar de ser un juez de primera instancia como manda el proceso penal, fue la Sala que de oficio asumió el rol de girar las capturas, luego de que el juzgado original fuera recusado.
Las órdenes de detención sólo pueden ser emitidas por el juez de primera instancia a cargo del proceso penal. Las salas de apelaciones, como lo indica su función, están restringidas a conocer recursos en segunda instancia, por lo que su rol en este caso es manifiestamente ilegal, indicaron.
La exfiscal general Thelma Aldana, Siomara Sosa, David Gaitán y Juan Francisco Sandoval añadieron que se están utilizando magistrados ad hoc para violar flagrantemente las garantías del debido proceso. “Esta práctica compromete gravemente el Estado de derecho en Guatemala”, afirmaron en un comunicado.
🚨 Exfiscales del Ministerio Público emiten un comunicado denunciando “la instrumentalización de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal” en el caso #Odebrecht
@JSandoval1982, Siomara Sosa, David Gaitán y Thelma Aldana firman el documento señalando el acto ilegal… pic.twitter.com/sAQGGXAqKW— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 4, 2025
El pasado que persigue a los magistrados
El 13 de octubre de 2024 se completó la integración de las 52 Salas de Apelaciones, órganos jurisdiccionales encargados de revisar las resoluciones de los juzgados de primera instancia. Entre ellas, la Sala Tercera destacó por su peculiar conformación: quedó integrada por Alejandro Prado Estrada (presidente), Ingrid Vanessa García Vásquez (vocal I) y Mario Federico Hernández Romero (vocal II), todos con antecedentes como litigantes en defensa de personas señaladas o condenadas por corrupción.
En la reciente resolución que emitió las controvertidas órdenes de captura contra los exintegrantes de la CICIG, Hernández Romero no participó, siendo reemplazado por el suplente Otilio Benjamín López Maldonado.
El magistrado presidente de la Sala, Alejandro Prado Estrada defendió al expresidente Jimmy Morales. También fue abogado defensor del diputado Felipe Alejos en el caso “Tráfico de Influencias” investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. Pese a las evidencias presentadas, Alejos nunca perdió la inmunidad parlamentaria, gracias a resoluciones favorables de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones de esa época.
La magistrada vocal Ingrid Vanessa García Vásquez comparte formación con el suplente Otilio Benjamín López Maldonado, quien desarrolló su carrera en el Ministerio de Educación durante la administración de Alejandro Giammattei.
Mario Federico Hernández Romero, vocal II, no conoció esta acción con la que se giró la orden de captura contra el excomisionado. Sin embargo, en su currículum consta, que fue abogado del expresidente Otto Pérez Molina en el caso “La Línea” y “Cooptación del Estado” y de Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima, señalada en varios casos de corrupción.
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“Actuaron de una manera oficiosa a petición de los fiscales”
Prensa Comunitaria conversó con dos de los afectados en ese caso. Siomara Sosa, la fiscal en exilio y exintegrante de la FECI, dijo que hay conflicto de intereses, ya que anteriormente dos de los magistrados fueron abogados defensores en los casos de corrupción presentados por la CICIG y que en esta ocasión actuaron de una manera oficiosa a petición de los fiscales.
Añadió que el proceso es anormal, porque una sala no tiene facultades para dictar órdenes de captura, ya que es facultad de un juez natural (el que conoce el caso). Además, explicó que el procedimiento legal establece que cuando los expedientes están detenidos por una recusación, como sucede en este caso, el MP acude al juez de diligencias urgentes; por ser actos que no admiten demora.
“Si es una instrumentalización yo le llamaría “revancha o venganza”, es tan simple de entenderlo cuando los anteriormente acusados como ahora Sinibaldi, obtienen un sobreseimiento y se le devuelven sus bienes y en respuesta ahora es querellante en contra de los fiscales”, señaló.
Por su lado, el abogado y exmandatario de la CICIG, David Gaitán, coincidió en que existe conflicto de interés y resaltó que jamás había visto que una sala de apelaciones se tomara atribuciones que corresponden a jueces exclusivamente de primera instancia. Además, dijo que agotará las vías legales nacionales e internacionales para denunciar las graves violaciones a sus derechos.
“¿Por qué la sala emite las órdenes? Eso es claro. El MP, junto con la Fundación contra el Terrorismo tiene una estrategia y es recusar a todos los jueces que no se pliegan a sus intereses corruptos. Entonces lo que hicieron en este caso es recusar a la jueza para quitarle el expediente y que lo tuviera la sala, y la sala teniendo que conocer la recusación, en lugar de resolver lo que se había planteado amplía sus funciones, se atribuye competencias que no le competen y emite entonces no solo órdenes de captura, sino además establece la rebeldía en pleno desconocimiento de lo que dentro del proceso ha pasado en primera instancia, lo cual es sumamente grave”, expresó.
Gaitán y Sosa son parte de un grupo de exfiscales que están siendo señalados de distintos delitos por haber investigado el caso Odebrecht y principalmente haber gestionado acuerdos de colaboración eficaz con los trabajadores de la empresa brasileña.
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