En los lugares más alejados de Guatemala las comunidades rurales y sus autoridades comunitarias han manejado por décadas sus propios sistemas de agua, ante la ausencia del Estado.
En un contexto en el que el gobierno de Bernardo Arévalo busca impulsar una ley de aguas, como lo establece la Constitución Política, las autoridades indígenas, organizaciones y otros sectores de la sociedad civil participan en los diálogos para aportar desde sus experiencias y saberes y consideran que su mirada es esencial para construir una normativa orientada hacia el bien común.
Por Prensa Comunitaria *
Guatemala atraviesa un momento importante en la construcción de una Ley de Aguas, una materia pendiente en el país desde 1985. Autoridades indígenas, mujeres organizadas, dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido convocados a participar en los diálogos del gobierno para realizar aportes en la elaboración de esta iniciativa que busca regular el uso del agua.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) convocó a un proceso nacional en 13 regiones del país que dio inicio el 29 de abril pasado en Chimaltenango y que concluirá a finales de julio en la ciudad capital, con la participación de sociedad civil y autoridades indígenas y comunitarias en camino a la construcción de una Ley de Aguas.
La experiencia muestra que el cuidado y la gestión del agua ha estado en manos de los comités comunitarios en las áreas rurales. Aunque es deber de las municipalidades proveer de este servicio, el estudio de Johana Speer y William Vásquez, muestra que estas solo proveen el 15 % del servicio.
Según el MARN, alrededor del 76 % de los sistemas de agua a nivel nacional que llegan a los hogares han sido construidos por las comunidades. A nivel rural es el 85 %. En estas realidades los comités locales tienen un papel preponderante. De ahí la importancia de tomar en cuenta los conocimientos comunitarios en la elaboración de esta normativa.
En varias regiones del país hay varios ejemplos de cómo las comunidades se involucran para gestionar sus sistemas de agua, muchas veces sin el apoyo del Estado. Y aunque en esta ocasión fueron convocados al proceso que busca concluir con una ley, quienes participaron consideran que es importante incluir a más personas y cuidar que la iniciativa de ley que llegue al Congreso contenga sus propuestas y no sea al contrario, que afecte a las comunidades y a los pueblos indígenas.
Dirigentes y autoridades indígenas consideran que es importante que desde el gobierno se escuche sus voces y que se respete la autonomía comunitaria y los mecanismos de decisión locales como las asambleas comunales.
La gestión del agua en Copal AA La Esperanza
“Sin el agua se acaba el mundo”, así describe don Guillermo Ramírez, fundador de la aldea Copal AA La Esperanza, en Alta Verapaz, lo que representa este recurso natural para las comunidades, donde carecer de agua puede significar pérdida de cosechas, enfermedades y la muerte de animales.
Antes de que Copal AA La Esperanza tuviera su propio sistema de agua, las mujeres de la aldea tenían que ir a buscarla en tinajas a los arroyos y pozos más cercanos. Algunas debían caminar hasta 400 metros de su hogar con sus bebés a la espalda o un manojo de leña y con un yagual sostener la tinaja en la cabeza.
Ir a traer agua a los ríos es una tarea que comúnmente realizan las mujeres que administran los hogares en las comunidades. “Cuando no había agua entubada, dependiendo de dónde vivimos buscábamos algunos arroyos y pozos con pequeños nacimientos”, recuerda doña Jesús Alvarado, ama de casa.
“Íbamos al pocito que está en el lote de don Jorge Laínez y los de la parte más baja tenían que cruzar el rio Copalá para buscar agua en un arroyo que está en la parcela de don José Pérez”, agrega doña Jesús.
Copal AA La Esperanza fue fundada en 1996 por familias guatemaltecas que fueron desplazadas por la violencia provocada por el ejército durante el conflicto armado interno y se refugiaron en México. El origen de su nombre se debe a un árbol de copal, que se ubicaba en el centro de la aldea que está rodeada de los ríos Chixoy y el Copalá. Está habitada por familias maya de los pueblos Mam, Q’anjobal y Q’eqchi’, principalmente.
En los idiomas Mam el agua se traduce como Ya; en Q’anjob’al, es Ja; y en Q’eqchi’, Ha, de ahí proviene la doble AA que significa sus ríos más importantes. Le agregaron La Esperanza, porque eso representó para las familias retornadas que regresaron a Guatemala y que comenzarían una nueva vida.
Para llegar a Copal AA se tienen que recorrer 298 kilómetros de la ciudad capital y 95 kilómetros desde Cobán, Alta Verapaz. El centro urbano más cercano es Playa Grande, Ixcán, en Quiché, que queda a dos horas.
Cuando retornaron a Guatemala, la dirigencia evaluó alternativas para contar con agua en sus viviendas y no tener que ir a traerla a los pozos o nacimientos de agua cercanos.
Pese a estar rodeada de ríos no tenían agua en los hogares. “Costaba mucho traer agua de una distancia de 10, 15 o 20 minutos”, recuerda don Miguel Gómez Ramírez, uno de los fundadores de la comunidad y actual presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE).
Don Hugo Evaristo Ramírez Caal, otro de los fundadores de Copal AA, recuerda que cuando llegaron del refugio (la forma en que llaman su estancia en territorio mexicano durante los años 80) y fundaron la comunidad surgió la posibilidad de que las familias contaran con un proyecto de agua apoyados por una agencia de Naciones Unidas.
La decisión fue algo que se realizó a través de consultas de los líderes con la comunidad, ya que para llevar adelante el proyecto la población se tenía que involucrar. Antes de que se iniciara el trabajó hicieron una ceremonia para pedir el permiso a los sagrados cerros para que todo saliera bien, refiere don Hugo.
El trabajo comunitario fue vital para el proyecto
Antes de tener el agua entubada, se instaló un proyecto de emergencia que consistió en instalar tinacos en puntos estratégicos al centro de la comunidad para acceder al agua, únicamente para consumo humano. Para lavar la ropa y bañarse tenían que acudir a los arroyos más cercanos.
Las familias se dieron cuenta que el agua recolectada no era suficiente para abastecer a las familias. “Varias señoras iban a traer agua en cántaros al arroyo Mololá, donde había un pequeño nacimiento, pero era peligroso, por las culebras”, recuerda don Hugo. Fue así como pensaron en impulsar un proyecto definitivo y buscaron apoyo.
Si bien contaron con la ayuda de un organismo internacional, don Miguel recalca que todo se hizo en colectivo, como el zanjeo y la colocación de tuberías desde el arroyo donde se captó el agua, hasta llevarlo a la comunidad. El proceso les llevó más de un año.
“Todo es un esfuerzo porque teníamos que trabajar por el agua y teníamos que trabajar en las parcelas. Mucha gente a las 5 de la mañana ya estaba haciendo el zanjeo porque era una necesidad urgente. Ya terminando a las 7 de la mañana, se iban a las parcelas”, recordó.
Don Hugo narró que trabajó toda la gente, “jóvenes, mujeres, viudas”. Otra comunidad, El Rosario, también se involucró en los trabajos porque también necesitaban el agua.
La comunidad aceptó compartir el proyecto de agua con El Rosario porque, como ella, eran mozos colonos de otra finca que también necesitaban de este servicio. La condición que les dieron era apoyar con la mano de obra para instalar el tanque y las tuberías de principio a fin. En la actualidad siguen beneficiándose del agua pero quien administra su manejo es Copal AA. Doña Jesús Alvarado recuerda que cuando finalizó el proyecto y, por fin el agua llegó a la comunidad, su disposición en las casas era más que suficiente, ya no había necesidad de ir al río; pero durante los últimos cinco años, la situación se ha agudizado ya que con la crisis climática empezó a escasear.
El desafío de gestionar el uso del agua
El uso y manejo del agua implica varios desafíos. Los miembros del Comité de Agua o COCODE son quienes se encargan de verificar que esta se utilice de manera adecuada ya que algunos vecinos no cambian sus llaves o no arreglan los tubos que están mal acondicionados y eso provoca fugas.
Actualmente solo existe un reglamento a nivel de comunidad sobre el manejo del agua, pero con su escasez, don Hugo considera que es importante que se piense en un reglamento propio para que se establezca cuántos litros consumen diariamente las familias o si hay problemas de escape porque hay una llave mal colocada.
El entrevistado dice que cada persona debe ser responsable del uso que se le da al agua.
Uno de los personajes que juega un papel importante y, al mismo tiempo es responsable para que el agua llegue a los hogares, es el de los fontaneros comunitarios. Estas personas son nombradas en asambleas comunitarias y tienen que prestar sus servicios por dos años.
Los fontaneros deben limpiar la basura, el punto de captación de agua, controlar si no hay fugas en la tubería principal o en las viviendas, y si las hay, con los conocimientos empíricos que han ido adquiriendo durante el tiempo deben arreglar los daños, dice don Guillermo Pérez, vecino de la localidad que en algún momento prestó sus servicios.
El vínculo de mujeres y comunidades indígenas con la gestión del agua
La dirección comunal de Copal AA apenas ha escuchado hablar sobre la Ley de Aguas. “He escuchado que quieren hacer una ley pero hasta el momento en la comunidad no hay un concejal o institución que llegué acá a decir qué hay qué hacer”, dice don Miguel.
Sin embargo, reconoce la importancia de discutir una ley en ese sentido, “para que la gente aprenda a cómo consumir el agua. Aunque estamos en medio del agua, pero también es agua entubada, muchas veces la poca que hay se termina luego”, dice.
En Alta Verapaz, el primer diálogo con la sociedad civil se realizó el 9 de mayo. Estos son coordinados por el viceministerio del Agua, encabezado por Jaime Luis Carrera. Sin embargo, la participación de organizaciones sociales e indígenas fue escasa, según dirigentes sociales que participaron.
Una de las demandas fue la necesidad de incluir a más actores, especialmente a pueblos originarios y comunidades rurales, que son los más afectados por la contaminación, el desvío de ríos y los monocultivos en la región, señaló Sandra Calel, coordinadora de la Asociación de Mujeres Mayas IXOQ MAYAJ.
Una de las preocupaciones, dice Calel, es que la ley centralice decisiones y limite el control comunitario sobre los recursos, tomando en cuenta que algunas comunidades ya no tienen acceso a fuentes de agua por la construcción de hidroeléctricas y túneles que la desvían, y se teme que al legislar sin representación real, se pierda incluso la capacidad de proteger pozos y ríos locales.
Rosy Pérez Ordoñez, de la Organización Mamá Maquín con sede en Ixcán, Quiché, quien participó en el diálogo, compartió que hay muchas problemáticas relacionadas al tema de agua y aún más en los últimos años, como las sequías que repercuten en el tema de la producción agrícola, afectando principalmente a las mujeres que son quienes priorizan el tema de la siembra de hortalizas, maíz, frijol, y lo que se consume en los hogares.
También señala la contaminación de los ríos en estas comunidades a falta de una educación ambiental, siendo nuevamente las mujeres las más afectadas al asumir el cuidado de los integrantes en el hogar, implicando que sean ellas quienes tenganque resolver dónde conseguir el agua y cómo cargarla cuando está a distancias lejanas de casa, para sostener el consumo de la familia.
Las comunidades por medio de sus prácticas han creado acuerdos para utilizar el agua de mejor manera. Las mujeres son las que más cuidan y tienen relación con ella, y también los hombres se involucran porque los abastecimientos son comunitarios y es ahí donde se integran.
Para Pérez Ordóñez esta iniciativa “es importante que desde la administración se tenga la opinión de las mujeres y de los pueblos para que el Estado también reconozca nuestras prácticas de cuidado”. Agrega que las comunidades no son las que contaminan el agua pues hay empresas extractivas y privadas que están detrás de esas actividades.
“Escuchar las diferentes voces”
Hasta la fecha y según el calendario del MARN se han realizado 21 diálogos en distintas regiones del país, con participación de dirigentes comunitarios de Chimaltenango, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Quiché, Sololá, Huehuetenango, Suchitepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Izabal, Chiquimula y el Progreso. Se prevé que los diálogos concluyan en la ciudad capital el 24 y 25 de julio.
Esto obedece a la necesidad urgente de regular el uso del agua, ya que hasta la fecha la falta de una ley en la materia ha propiciado la inacción del Estado, la acumulación de conflictos sociales y la creciente escasez e incertidumbre en el uso del agua, tanto para el consumo humano como para la economía nacional, según el MARN.
Dora Marina Coc, responsable de Justicia Climática y Pueblos Indígenas para Oxfam en Guatemala, considera que lo prudente ahora es escuchar las diferentes voces alrededor de este diálogo, lo cual no implica apoyo a una ley concreta, ya que aún no existe una propuesta formal.
“Muchos de los recursos hídricos se encuentran en territorios comunales o bajo cuidado comunitario, y hay regiones más afectadas por el estrés hídrico. Por ahora, los diálogos son espacios para recoger opiniones y no para discutir una propuesta específica, más bien es un espacio de escucha”, indicó.
De acuerdo al seguimiento que han dado a los diálogos, Coc dice que han visto que las poblaciones tienen la duda de a quién beneficiará esta propuesta de ley, si a la población o a los sectores empresariales.
En el occidente del país, las autoridades comunitarias y ancestrales de los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos manifestaron su preocupación por una posible privatización del agua.
Varios de los participantes expresaron que no están a favor de una Ley de Aguas que legalice o que siga permitiendo el desvío de ríos para riego de monocultivos y el uso excesivo de agua para empresas mineras o industriales, ya que se considera que es una forma de seguir con la privatización del agua.
En Izabal, las autoridades indígenas Q’eqchi’ y garífuna comparten una preocupación similar. Reconocen la importancia de una ley para regular el uso del agua pero saben que representa retos. Ellos indican que de manera ancestral los pueblos indígenas han cuidado este bien natural.
“Mis ancestros cuidaban el agua que es como una vena de nuestra sangre. El agua es un ser vivo y es vital para nuestro cuerpo”, dijo una representante del pueblo garífuna en la reunión realizada el 14 de junio. Defender el lago y los ríos son importantes ya que forman parte de la vida ancestral del pueblo Q’eqchi’.
Por otro lado, manifestaron que son las empresas como la minería y la palma africana las mayores responsables de contaminar el agua.
Para Coc lo que han podido observar, en el trabajo de Oxfam Guatemala, es que los pueblos indígenas trabajan por el bienestar de las comunidades, por la defensa de su territorio, con base en las decisiones comunitarias, porque ninguno de ellos actúa a título personal.
La responsable de Justicia Climática y Pueblos Indígenas señala que Guatemala tiene un serio problema de gestión del agua, que se ha contaminado y hay una necesidad de que todas las partes tengan una responsabilidad en el uso apropiado del agua, pero eso significa transformar muchas de las prácticas políticas que tienen que ver también con las actividades económicas que puedan tener un impacto en la gestión del agua.
Diego Padilla, investigador independiente, considera que uno de los riesgos de no tomar en cuenta las voces de quienes nunca han sido escuchados es degradar aún más las relaciones entre el Estado y la población, generar más discordia y que eso pueda desembocar en violencia y conflictos más agudos en torno al agua.
Otro riesgo es que el agua sea controlada desde otras formas. Por ejemplo, que todo lo que tenga ver con extender derechos de uso se convierta en una especie de mercado y que ese mercado esté al servicio de la acumulación de derechos y por lo tanto de la acumulación de la propiedad del agua en pocas manos.
El agua como ser vivo y sujeto de derechos
Algo que resaltan las personas entrevistadas es la importancia que tiene el agua para la vida del ser humano visto desde una perspectiva no comercial.
Para don Miguel Gómez Ramírez es lo primero. “El pescado vive en el agua, nosotros somos un segundo pescado, si nos quedamos sin agua ya no hay vida”, reconoce.
En tanto para don Hugo, el agua es la vida y con eso sobrevive el ser humano, las plantas y los animales. “El agua fertiliza la tierra, la humedece, para que los cultivos sean buenos, para que den sus frutos, que revienten las semillas, es importante en todo momento, para los peces, los animales de monte, sin el agua se acaba el mundo, las montañas, todos los seres vivientes”, reflexiona.
La importancia y sentido que las comunidades indígenas le dan al agua es algo que se busca sea reconocido en la ley de aguas.
Desde la sociedad civil, organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, así como autoridades comunitarias han tratado de posicionar 19 puntos ante el MARN sobre el agua.
En estos puntos proponen el reconocimiento de la administración y gestión del agua por los pueblos, el derecho colectivo del agua, permisos para su uso y un punto muy importante, el reconocimiento como ser vivo, sujeto de derechos.
“Desde mi visión como parte de una comunidad indígena he visto cómo el concepto de declarar al agua como sujeto de derechos todavía es poco conocido en Guatemala, pero es sumamente importante. Para nosotros, no es solo un recurso, es un ser vivo sagrado, que ha estado presente en nuestras vidas desde siempre, según nuestras cosmovisiones, idiomas y creencias”, expresa Paulina Caal, de la Red Nacional Por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), participante en el diálogo en Alta Verapaz.
Desde otros espacios paralelos, como el promovido por la Instancia K´amolb´e del Pueblo Maya Q´eqchí-Poqomchí de Alta Verapaz se planteó dar seguimiento a las discusiones.
“Las personas sí están de acuerdo que haya una ley de aguas, pero que esa ley también regule y sancione a quienes han hecho bastante daño, no sólo al medio ambiente, sino a las personas y a todo el ecosistema en sí”, señala Rosa Yalibat, participante de este espacio.
Según Yalibat, las comunidades y las mujeres demandan que se respeten sus prácticas y que el agua sea vista como un sujeto de derechos, no como un elemento más o una mercancía. “Es necesario entenderla desde la espiritualidad, desde el sentir del pueblo, pues es un ser vivo, es un ser espiritual que fluye a través de toda la tierra, y se ve también, la importancia y la necesidad que tenemos de poder ser parte de ese cuidado”, expresó Rosa.
Para Dora Coc, parte del reto es que probablemente se necesite más diálogo. “Quizá no sea suficiente uno o dos encuentros, sino una mayor interacción porque venimos de administraciones pasadas que no necesariamente han sido tan abiertas a los diálogos, entonces hay una necesidad, no solo de saber encontrarse con la gente, sino de saber escuchar, de construir esos espacios”, señaló.
Recordemos que la presencia del Estado en los territorios también es escasa y no todas tienen el alcance comunitario como quizá en el sentido ideal debería de ser, agregó Coc.
La crisis climática afecta el acceso al agua
Dora Coc mencionó que hablar del agua y la naturaleza es fundamental en el contexto actual de cambio climático, cuyos efectos como inundaciones, sequías y temperaturas extremas dificultan la recuperación de la biodiversidad y que la restauración de espacios naturales como los bosques es clave, ya que ayudan a generar agua y absorber carbono, mitigando el calentamiento global.
Copal AA La Esperanza es el reflejo de los efectos de la crisis climática y cómo afecta su acceso al agua.
Aunque la comunidad tiene más de 25 años con agua entubada en las casas, el proyecto ha encontrado obstáculos. En 2023, el agua empezó a escasear. Uno de los factores, según los comunitarios, es el incremento poblacional de la comunidad, que pasó de tener 86 familias desde su fundación a 146 en la actualidad, sumado a la crisis climática.
La comunidad ve la necesidad de instalar una nueva tubería para que en tiempos de verano puedan contar con el servicio.
Considerando que necesitaban otro tranque, solicitaron apoyo a la municipalidad pero se quedaron sin respuesta. “La muni no ha puesto ni un solo quetzal para la gestión del agua o para una nueva tubería, para que se instale otro tanque más”, dice don Miguel.
A raíz de eso la población ha investido sus propios recursos para la construcción de otro tanque de almacenamiento, por lo que ahora ya cuentan con dos tanques, pero la necesidad de fortalecer este sistema sigue presente ya que se necesita buscar un nuevo punto de captación de agua, refiere don Miguel.
Y aunque las familias tienen la voluntad de cooperar a veces no se cuentan con los recursos económicos.
El cardamomo, que es una de las principales fuentes económicas de la región, se “quemó” por las altas temperaturas de verano y la falta de agua para el riego del cultivo y no hay producción desde el 2023. “No hay dinero en muchas familias para hacer una nueva instalación”, señaló don Miguel.
Riesgos de no contar con una Ley de Aguas
Desde 1985, en Guatemala se han realizado al menos 13 iniciativas de ley que cumplen con los requisitos para ser consideradas como una normativa pero ninguna ha sido aprobada.
Para Padilla, si en esta oportunidad el gobierno no logra la aprobación de la referida ley, el escenario es que todo continúe como siempre y que los diferentes grupos que tienen un interés en que no se regule su uso mantengan su postura. Las implicaciones es que se sigan deteriorando las fuentes de agua y que aumenten los conflictos en torno a este bien común, sobre todo en épocas de escasez.
Otro escenario es que el viceministerio del Agua, pese a que no existe una ley, continúe con la realización de los esquemas de gobernanza, que consiste en reunir a los usuarios de las cuencas. Sin embargo, dice que el problema que se ha visto es que el gobierno y los intereses más poderosos tienen a trabajar juntos excluyendo a los actores con menos voz y que no se obliga a nadie a cumplir con su parte.
Una vez concluidos los diálogos, el MARN prevé integrar los aportes recibidos, tanto del sector privado, que también participa en la búsqueda de consensos, como de los actores sociales, en una propuesta de ley, entre junio y agosto. Se espera que el proyecto entre en su etapa legislativa entre agosto a octubre de este año.
Para Padilla, una de las características principales de una Ley de Aguas es que responda al bien común y que esté orientada hacia eso, que a la vez respete y reconozca el dominio público del agua, y que el Estado se tome en serio su papel de protector y de rector de este bien común, incluyendo a los actores que utilizan el agua en las diferentes cuencas.
Los diálogos deben de servir para abonar a esa mirada colectiva, señala Coc. Por parte de las participantes esperan que se revise críticamente cualquier ley que no respete los derechos colectivos e individuales y que los diálogos no se queden solo en palabras sino que se traduzcan en acciones concretas.
- Con información de Yeimi Alonzo y Joel Pérez
