Las acciones afectaron particularmente a periodistas y medios de comunicación que investigan casos de corrupción, abusos de poder y violaciones de derechos humanos, resaltó el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Por Simón Antonio Ramón
En el informe 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó seis formas de agresiones y violaciones contra la libertad de prensa en Guatemala: amenazas, obstáculos en el acceso a la información, restricciones a la cobertura periodística, criminalización de periodistas, presiones económicas a medios de comunicación, y ataques en redes sociales, especialmente a través de estructuras señaladas como “netcenters”.
“Estas acciones afectaron particularmente a periodistas y medios que investigan casos de corrupción, abusos de poder y violaciones de derechos humanos”, señala el documento.
Impunidad y discriminación
En el informe la Relatoría señaló que las condiciones en 2024 se parecen a las del año anterior (durante el gobierno de Alejandro Giammattei).
“Al igual que en 2023, la Relatoría Especial observa que persisten desafíos en relación con la violencia contra la prensa y la falta de investigaciones adecuadas sobre estos delitos a fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala”, se lee en el documento.
Entre los desafíos que se señalaron están las de un mayor acceso a las fuentes para los periodistas indígenas. En el Estor, Izabal, se recolectaron testimonios en los que periodistas de origen indígena Q’eqchi’ se quejaron de la criminalización.
“A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que persisten desafíos en la implementación de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en el caso de los pueblos indígenas maya Kaqchikel de Sumpango. En particular, organizaciones locales informaron que el Estado no ha avanzado en las reformas necesarias para el reconocimiento legal de las radios comunitarias, ni en la asignación de licencias y frecuencias”, señaló.
Por las modalidades de violencia identificadas, la Relatoría Especial pidió a los Estados observar el principio 9 sobre libertad de expresión de la CIDH, que considera a acciones de asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
El documento resaltó la obstrucción a la prensa para la cobertura de casos judiciales como el caso de la abogada Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde se impidió cubrir las audiencias públicas. “Cuando las autoridades obstaculizan la cobertura periodística o imponen restricciones como la reserva de casos de relevancia pública, se pone en riesgo el principio de transparencia y la rendición de cuentas, lo que impacta negativamente en la institucionalidad democrática”, señaló.
También se resaltan los casos de criminalización del grupo de periodistas que publicaron en elPeriódico y la persecución penal de su fundador Jose Rubén Zamora, hechos que considera como formas de represalia e intimidación. “Cuando la ley es utilizada con el propósito de eliminar o apaciguar la crítica o disidencia, lo que existe es una persecución y no un intento legítimo para afianzar el Estado de derecho”, señala.
Justicia e iniciativas del gobierno
En este informe, se saludó el cierre del proceso penal contra el periodista Carlos Ernesto Choc; la sentencia condenatoria en enero de 2024, por la detención ilegal de la periodista Norma Sancir ocurrida el 18 de septiembre de 2014 y la sentencia condenatoria por la retención de la periodista Rolanda García ocurrido en 2018, aunque la sentencia fue apelada y está pendiente la fecha de repetición del juicio.
Pese a que se mantiene la violencia y amenazas a la prensa, el informe resaltó acciones impulsadas desde el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como la apertura del Estado de Guatemala al escrutinio internacional y el compromiso del gobierno con la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión, como la firma de la Declaración de Chapultepec por parte del gobierno y la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en noviembre de 2024.
