El Juzgado Décimo de Penal mantiene en reserva desde 2024 un expediente contra el partido Vamos, del expresidente Giammattei y Miguel Martínez. La PGN denunció que el juez Víctor Cruz le ha negado acceso al caso pese que figura como denunciante.
Por Alexander Valdéz
En el Juzgado Décimo de Penal se tramita, desde 2024, un expediente relacionado con un caso en contra del partido Vamos, del expresidente Alejandro Giammattei, y de Miguel Martínez. Se trata de un proceso en el que el Ministerio Público (MP) aún no ha anunciado avances y que mantiene bajo reserva judicial, lo que impide conocer y reportar a fondo los hechos denunciados.
El caso fue asignado al juez “A” Víctor Cruz, quien desde entonces ha autorizado la reserva del expediente. La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó acceso al mismo, así como participación y representación del Estado, pero Cruz denegó la petición.
Ante esto, la PGN acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) y denunció que, pese a haber solicitado a la Fiscalía de Delitos Electorales acceso al expediente, sus peticiones también fueron rechazadas. Alegó que esto constituye un agravio y una vulneración al derecho de acceso a la información pública, a la publicidad procesal y a la tutela judicial efectiva, debido a que el órgano jurisdiccional que conoce del caso penal niega el acceso al Estado de Guatemala.
Además, la PGN señaló que fue ella misma, en representación del Estado, la que presentó la denuncia original y que ahora se considera agraviada por lo que buscará en su momento oportuno una reparación del daño. “Se vulneran los derechos de la Procuraduría General de la Nación para solicitar informes y exigir cooperación en las diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones”, sostuvo.
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El caso está en manos de Cruz
El juez Víctor Cruz, incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. que sanciona a los actores corruptos y antidemocráticos, es quien conoce la investigación que involucra al partido Vamos por supuestos delitos electorales.
Desde 2023 circuló en redes sociales una denuncia contra esa agrupación política y se remonta a hechos del 2015, aunque se desconoce si se trate de ese caso. En el mismo señalan varias irregularidades en la conformación del comité pro formación de la referida agrupación política. Hechos similares a la acusación que se hace contra el partido Semilla.
La utilización de la reserva
Durante la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público, organizaciones sociales y operadores de justicia han denunciado el uso de la reserva para beneficiar a personajes de la élite política que estarían implicados en actos de corrupción. Además, para evitar que actores criminalizados puedan ejercer su derecho de defensa.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio, dijo que la reserva de las investigaciones no es absoluta ni indefinida. Su fundamento jurídico se encuentra en el artículo 314 del Código Procesal Penal, que establece que la reserva podrá decretarse únicamente cuando sea indispensable para garantizar el resultado de diligencias específicas de investigación. Es decir, su finalidad es proteger el éxito de actos concretos, como allanamientos, interceptaciones o declaraciones, y no convertir el proceso penal en un procedimiento oculto o arbitrario.
“No puede utilizarse la reserva como una herramienta para ocultar irregularidades, demorar la información a los sujetos procesales o negar el acceso de las víctimas o sus representantes a la investigación. Toda declaración de reserva debe estar debidamente fundamentada, referida a diligencias puntuales y sujeta a control judicial, para asegurar que no se desvirtúe su verdadera naturaleza como medida excepcional y temporal. La excepción es la investigación por lavado de dinero”, añadió Sandoval.
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