“Hay un llamado a la clase política, incluyendo a los diputados, a que pudiésemos tomar decisiones más contundentes en contra de los actores que han ocasionado una crisis específicamente en el Ministerio Público”, diputado Samuel Pérez.
Por Simón Antonio Ramón
En lo diez meses que lleva el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se han realizado varios cambios en diferentes dependencias. El más reciente fue la renuncia del exministro Félix Alvarado en la dirección del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), el viernes 15 de noviembre, quien declaró que su salida se debió a diferencias con el presidente Arévalo.
El gobierno, en paralelo emitió un comunicado de prensa en el que se informó que había aceptado la renuncia de Félix Alvarado. El domingo 17, el Ministerio Público (MP) allanó dos propiedades de Félix Alvarado, por un caso, bajo reserva, de supuesto lavado de dinero. Ese mismo día por la noche, el presidente Bernardo Arévalo salió a condenar la acción del MP que dirige Consuelo Porras y respaldó al exministro.
En entrevista con Prensa Comunitaria, Samuel Pérez, diputado al Congreso de la República por el partido Movimiento Semilla, comparte su lectura sobre la salida del exministro, las acciones del Ministerio Público y del sistema de justicia guatemalteco.
El domingo, en redes sociales, hizo una publicación pidiendo contundencia al presidente ¿No es suficiente la comunicación en el partido que ustedes que tienen con el presidente y hay que hacerlo por redes sociales?
En realidad, no era un mensaje para el presidente. Para mí, creo que tuvo una interpretación que no era necesariamente mi intención. Lo que estaba tratando de hacer es un llamado, en general, a la clase política, incluyendo a los diputados, a que pudiésemos tomar decisiones más contundentes en contra de los actores que han ocasionado una crisis específicamente en el Ministerio Público, pero también, por ejemplo, con jueces como Fredy Orellana.
Hay actores que toman decisiones políticas porque son poderes del Estado, como la anterior Corte Suprema de Justicia, que decidió no remover a Fredy Orellana de su cargo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Creo que tienen que reflexionar en general, la clase política, sobre si, de verdad, queremos seguir sometidos a un régimen de imposición, de extorsión, de amenazas, o si queremos liberarnos y empezar a dar resultados al pueblo de Guatemala.
Cuando habla de acciones contundentes ¿cuáles serían esas acciones concretas?
Hay varios temas. Nosotros tenemos en el Congreso algunas iniciativas que permitirían fortalecer la independencia del sistema de justicia, y también permitir independencia en el Ministerio Público. El Ejecutivo tiene instrumentos que seguramente podría utilizar.
No diría en contra de la fiscal general, porque creo que no hay que utilizar el aparato del Estado para la persecución de absolutamente nadie, pero sí en contra de quienes amenacen la democracia en Guatemala, porque son enemigos de Guatemala, y no porque son adversarios políticos, como se ha hecho en casi todos los gobiernos anteriores. Esa no es la vocación de este gobierno.
También en el sistema de justicia, como decía, la Corte Suprema de Justicia puede tener autoridad sobre algunos jueces que no son independientes en sus resoluciones, que son mercenarios y que son torturadores, como Fredy Orellana, entre otros. Lo bueno es que creo que no son muchos los que van quedando, o que más bien van leyendo mejor cómo está la temperatura social y que entienden que hay un proceso de transición en la sociedad guatemalteca y tienen que detener de una vez por todas la persecución política con fines inadecuados. Hay mecanismos que tiene el poder público para utilizar en contra de quienes son enemigos del pueblo de Guatemala y del país en general.
¿Cómo trabajar esas acciones que menciona si no es contra la fiscal o contra el sistema de justicia? ¿Cuál sería el punto de partida?
No, yo creo que sí es contra la fiscal. Lo que digo es que tiene que ser extensivo. La interpretación que le doy a todo esto que ha venido pasando es que estamos en un proceso de transición de régimen. Un régimen que está terminando de morir, que sigue teniendo piezas dentro de algunas instituciones que son clave.
Entre ellas, la fiscal general, pero también hay algunas personas alrededor que eran financistas de Giammattei y que siguen intentando utilizar caletas para comprar diputados en el Congreso, jueces como Fredy Orellana, algunos diputados como Allan Rodríguez. Son todavía piezas que, aunque cada día están más debilitadas siguen siendo parte de un régimen mucho más amplio que no es simplemente un momento político de un gobierno de cuatro años, sino que es un proceso de transición.
Entonces, creo que el punto de partida es definitivamente la fiscal general, pero no se agota con eso. Hay que terminar de dar la batalla por sepultar el régimen anterior y a partir de eso empezar a construir un régimen distinto, que es nuestro objetivo como partido político, como Semilla, que es un régimen democrático, transparente, que no permite caminos hacia la corrupción, pero que tiene que transicionar la sociedad hacia eso. Y no puede ser si sigue habiendo una fiscal general cuyo único objetivo es mantener la supervivencia de su régimen, porque no es combatir la delincuencia.
El 99% de los casos los desestima. Lo que hace es darle vía libre a los delincuentes a que cometan delitos. Lo que sí avanza es la denuncia contra el exministro, lo que sucedió con Ligia Hernández, la gente que está exiliada, que pertenecían a nuestro partido, como Cyntia Rojas, entre otras personas. Creo que el ataque directo que montaron contra el partido de gobierno, sí inicia con la fiscal, pero se hace extensivo a los actores del régimen.
¿Cómo podría quitarle aire a este régimen como el sistema de justicia, que reciente se eligieron magistrados de la Corte, donde hay algunos magistrados por los cuales el partido votó, sin embargo, están emitiendo resoluciones en Salas como la anulación del proceso judicial del caso de CREOMPAZ, detener el juicio por genocidio o la resolución que revierte el arresto domiciliario de José Luis Zamora?
Sí, de hecho, nosotros pusimos mucho énfasis en la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay que ponerle más atención a las diferencias que tiene esta Corte Suprema y su integración y sus magistrados con respecto a otras Cortes.
La distribución de Salas (de Apelaciones) fue completamente distinta a la que a nosotros nos hubiera gustado. De hecho, ahí hay personas que yo estoy seguro de que casi ningún diputado conocía porque eran más de 300 personas postulándose y el margen para tomar una decisión era muy corto. Entonces, no nos daba tiempo de hacer entrevistas exhaustivas y conocer a profundidad cada uno de los perfiles.
Lo que podíamos hacer era analizar las tendencias. Pero, en fin, tampoco quiero excusar este tema con esto, sino que más bien yo pondría atención a cómo hay resoluciones de la actual Corte Suprema que sí son muy diferentes a cómo resolvían en el pasado las Cortes anteriores. Por ejemplo, en el caso de Ligia Hernández, en una Corte anterior nunca se hubiera ganado un amparo.
Ella, por decisión personal, que a mí me parece racional, tomó la decisión de irse por una ruta expedita, que fue la aceptación de cargos, bajo un mecanismo de extorsión, que es lo que utiliza el Ministerio Público. Pero la Corte ya le había dado un amparo el jueves anterior al lunes que ella tomó esa decisión, por ejemplo. Eso no hubiera pasado antes, ¿verdad? Hay jueces que han tenido el respaldo de una Corte Suprema que no los va a destituir por una resolución como el juez Erick García, que ordenó la libertad de Jose Rubén Zamora.
Hay otros que sí siguen siendo actores del régimen. No es una corte que esté diseñada a nuestro gusto particular, pero sí hay mensajes muy claros que empieza a haber un proceso, por muy pequeño que sea, de transición. Lo que nosotros con la bancada hemos dicho y en general con el proyecto político es que, si bien es cierto, no es una corte que a nosotros nos hubiese gustado si tuviésemos 81 votos, pues sí da un paso hacia adelante en términos de un poco más de independencia. No está sometida al régimen.
Con estos mensajes que publicaron tanto de usted como otros diputados de la bancada, había en el ambiente una idea de ruptura entre el presidente y la bancada ¿Cómo es la relación con él?
Con el presidente tenemos una relación estable, tenemos comunicación permanente. Creo que nos ayuda mucho el hecho de ser colegas de partido desde hace varios años. Nosotros a lo mejor y en ocasiones podemos tener diferencias sobre acción política, sobre qué interpretación le damos a la lectura de la situación, pero por lo menos puedo afirmar que cada quien sabe su lugar, ¿verdad? Él es el presidente.
Nosotros, a pesar de que constituimos un poder distinto del Estado, que el Congreso es distinto del Ejecutivo, pertenecemos a un mismo proyecto político. Y si en ocasiones tenemos algunas diferencias, tenemos espacios en los cuales podemos plasmarlas y ponerlas sobre la mesa.
Él no siempre está de acuerdo con las decisiones que tomamos en la bancada y viceversa, pero eso no quiere decir que va a existir una ruptura. Como digo, la relación es buena y cuando hay diferencias las expresamos en sus espacios.
¿Cómo impacta al gobierno la renuncia del exministro Félix Alvarado ante el Ministerio de Comunicaciones?
Es un mensaje que va en dos líneas. Por un lado, yo no conozco los detalles por los cuales el presidente toma la decisión de aceptar o no una renuncia o hace cambios en el gabinete. Sin embargo, cambiar una cartera como el Ministerio de Comunicaciones cuando acabamos de aprobar una Ley de Infraestructura Vial puede generar algún tipo de impase en términos de construcción de obra pública, de infraestructura, de obra gris, digamos.
Sin embargo, el gabinete va a tener que reestructurarse. Lo que sí es absolutamente inaceptable es que inmediatamente después el Ministerio Público llegue a allanar la vivienda del exministro. Cuando sabemos que es una persona incorruptible, que, a pesar de meterse en el epicentro de la corrupción del Ministerio de Comunicaciones, logró salir completamente limpio. Y, además, iniciando procedimientos internos que permitieron transitar no a la independencia, sino a la transparencia en el Ministerio de Comunicaciones.
Usted es uno de los fundadores del partido Semilla y tengo entendido que también el exministro Félix Alvarado ¿Cómo queda la relación de él ahora con el partido a partir de esas declaraciones que él señala que son discrepancias con el presidente al momento de tomar la decisión?
Como digo, no conozco los detalles sobre cuál fue el motivo de su decisión ni tampoco conozco los motivos de los cuales el presidente aceptó su renuncia en el momento en que lo hizo. Por otro lado, sí conozco los detalles sobre la relación que mantuvimos cuando el exministro ocupó el liderazgo en esa cartera y fue una excelente relación. De hecho, precisamente como lo indicaba, él no es fundador, pero estuvo en los inicios del partido y ha sido una relación de mucha reciprocidad, de compartir visión, de compartir hacia dónde tiene que transitar el tipo de Estado que tenemos y no simplemente un proceso de gobierno de cuatro años.
Él, de hecho, aceptó esa cartera por militancia política y más que otra cosa. Él asumió los riesgos y creo que la relación con el exministro para nosotros, por lo menos de parte de la bancada, se sigue manteniendo excelente y esperamos apoyarlo en el futuro que decida tomar.
Como uno de los fundadores del partido en su caso, cómo lee esta situación, qué está pasando en el Ministerio de Comunicaciones, que en menos de un año han pasado dos personas responsables, la exministra Jazmín de la Vega y ahora el exministro Félix Alvarado.
El caso de Jazmín de la Vega es que deliberadamente decidió incumplir consensos que tenía con el presidente y decidió, gracias a o como consecuencia de sus decisiones, ser complaciente con, por ejemplo, actores que están determinados con continuar con los planes golpistas. Aunque cada día son menos, aunque cada día pierde relevancia ese intento, me parece a mí, el presidente no podía consentir a alguien que le estaba jugando la vuelta en sus decisiones. Creo que ahí hay una decisión adecuada de parte del presidente en retirar oportunamente a alguien como Jazmín de la Vega.
Ahora el caso de Félix Alvarado desconozco, como lo digo, las motivaciones. Sin embargo, estoy consciente de las presiones a las que puede ser sometido un ministro independiente en el Ministerio de Comunicaciones, que ha sido el instrumento por excelencia de la corrupción. Ahí hay de todo, ahí hay narcotráfico, crimen organizado, intereses económicos, sectoriales, de todo.
Todos los actores políticos orbitan alrededor del Ministerio de Comunicaciones por la cantidad de recursos que maneja, por los intereses que tiene. Es un ministerio enorme, ve desde la construcción de carreteras hasta los correos de Guatemala, es gigante. Entonces, creo que ahí hay otro tipo de decisión que no es necesariamente la misma que tomó el presidente con Jazmín de la Vega.
En el contexto del Congreso y su bancada ¿cuál es el estado de la propuesta de reforma al Ministerio Público que presentó el presidente?
Nosotros no descartamos, para nada, continuar conversaciones con diputados en ese tema. Lo que pasa es que puedo entender, de manera racional, un temor legítimo de parte de algunos diputados que no quieren enfrentarse a un Ministerio Público que no guarda ninguna forma y se salta los límites de cualquier tipo de Estado de derecho para terminar encarcelando gente o provocando su exilio. Y gente que le resultan incómoda para sus fines delincuenciales.
Nosotros vamos a continuar con los intentos de cabildeo en el Congreso, incansablemente, hasta que veamos una resolución favorable. Sin embargo, yo quisiera tener a mi disposición 81 votos para aprobarla lo antes posible, pero de momento somos 23 diputados de la bancada Semilla en una ley que genera mucha polémica, por lo menos dentro de los actores políticos, que es además una iniciativa de ley deseable me parece, por una amplia mayoría de la sociedad guatemalteca, pero que puede generar consecuencias en contra de quienes dentro del Congreso la aprueben.
¿Hay posibilidades de que el presidente remueva en el corto plazo a la fiscal general?
Quisiera pensar que sí. Pero esa no es una decisión o no es una respuesta que puedo dar con suficiente contundencia en este momento. Tenemos que continuar con el trabajo. Claro que hay momentos de momentos. Creo que ahorita podría abrirse la posibilidad de retomar la conversación, porque en los meses anteriores que lo hemos intentando impulsar, la reacción ha sido cerrada de parte de los diferentes bloques en el Congreso.
Sin embargo, todos están bajo amenaza de la fiscal general. Hay algunos que sí provocan y utilizan eso como instrumento, como por ejemplo Allan Rodríguez, pero hay otros que simplemente están sometidos a verse obligados a subordinarse ante un Ministerio Público que utiliza como instrumento de extorsión, la persecución penal.
Señala que el régimen de corrupción que hay está como perdiendo fuerza. ¿Dónde está perdiendo fuerza?
Lo veo en varios espacios. Sobre todo, porque a mí me tocó vivirlo directamente. Después de la segunda vuelta amanecía cada semana casi con un nuevo antejuicio y una conferencia de prensa de Curruchiche (Rafael Curruchiche) o la fiscal o Ángel Pineda (secretario general del MP) o alguno de ellos presentando otra denuncia contra mía.
Los domingos de la segunda vuelta para acá recibía llamadas que me indicaban que lo mejor era solicitarles a algunos colegas, no solo del partido, sino que cercanos, o que incomodaban al régimen, que a lo mejor lo adecuado era exiliarse porque al siguiente día iban a ir a capturarles.
Estoy convencido, de que si bien no es una Corte Suprema de Justicia que esté integrada por personas que pertenecen a mi partido o que son ideológicamente afines al cien por ciento con nuestro proyecto político, definitivamente no lo son tampoco con el régimen de corrupción e impunidad, y que, en otras ocasiones, le pasó a la Corte Suprema de Justicia de Silvia Valdés, que por años pasó extendiéndose en sus funciones, y eso era una decisión política.
Me parece que ya no tienen control en el Congreso, ahorita hemos pasado una agenda que es absolutamente favorable a la agenda legislativa que propusimos. Allan Rodríguez se queda cada vez más solo, de hecho, se tuvo que montar a varias iniciativas y tratar de reivindicarlas como propias cuando claramente él en este momento tenía 17 diputados y cada día que pasa pierde un diputado más.
El Ejecutivo no es un Ejecutivo golpista, para nada. Es un Ejecutivo que es completamente democrático, abierto y está con intenciones de construir una sociedad de ese tipo. Entonces, creo que ha habido una ocupación de espacios, que a lo mejor no se ven a simple vista, pero cuando lo vemos en retrospectiva y en tendencia, pues sí hay un avance significativo.
Para mí, eso es recuperar la capacidad de tener certeza que se puede ser optimista en el futuro, pero que no es tarea fácil y que no pasa simplemente porque sí, sino que realmente se tiene que impulsar, se tienen que dar decisiones políticas y esas requieren tiempo. No tenemos tampoco un presidente impositivo, como a lo mejor sería en otras ocasiones con otros partidos políticos. La democracia y el consenso llevan un poco más de tiempo, pero para mí que tiene más legitimidad cada decisión que se toma.
El diputado oficialista mantiene el optimismo que desde el Congreso se puede aprobar leyes que le favorezca al gobierno a partir de negociaciones con las distintas bancadas con iniciativas, como la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que le permita al presidente del Organismo Ejecutivo la destitución de María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del MP.
