Aunque el presidente Arévalo anunció un supuesto acuerdo con EE. UU. para recibir a más migrantes extranjeros deportados, no existe ningún documento oficial que respalde sus declaraciones. El IGM y el Minex niegan tener directrices para ejecutar esas acciones.
Por Prensa Comunitaria
En febrero el presidente Bernardo Arévalo, junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que recibirían 40 por ciento más de los vuelos con personas deportadas desde los Estados Unidos; este incremento abarcaría también la recepción de migrantes extranjeros, en donde Guatemala solamente fungiría como puente para el traslado a los países de origen.
Pese a que el presidente Arévalo dijo que “acordó” estas acciones para ayudar al gobierno de EE. UU. con su política migratoria, no existe ningún documento que constate esas acciones y tampoco hay instrucciones para prepararse en ese sentido.
Según solicitudes de información pública planteadas al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), “en los registros citados no aparece que la República de Guatemala haya celebrado acuerdos de cooperación con Estados Unidos de América durante los años 2024 y 2025”.
Además, las unidades de comunicación del Minex y del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) negaron que se estén recibiendo migrantes extranjeros deportados desde los EE. UU.
Al cuestionar al IGM sobre si hay alguna instrucción específica para realizar las coordinaciones correspondientes para recibir a migrantes extranjeros, el departamento de comunicación de la institución señaló: “por el momento no se tiene contemplado”, por lo que siguen atendiendo únicamente la recepción de guatemaltecos retornados.
Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, comentó que la visita del secretario Marco Rubio y los acuerdos alcanzados demuestran la importancia de una relación bilateral efectiva para el gobierno de Arévalo.
Además, McFarland agrega que para Guatemala es esencial implementar adecuadamente los acuerdos migratorios y fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, especialmente considerando las amenazas de desestabilización por parte de adversarios políticos internos.
Por su parte, el especialista en migraciones, Pedro Pablo Solares, dijo que aunque no hay detalles del acuerdo binacional en otros países como Panamá, es el gobierno norteamericano el que asume los costos para la atención de migrantes estadounidenses. Sin embargo, Guatemala debería tener la capacidad para crear la infraestructura necesaria para tener a los migrantes retornados en condiciones satisfactorias.
Solares también advirtió que 9 de cada 10 guatemaltecos en Estados Unidos no están de forma regular por lo que el escenario de un retorno masivo significaría una tragedia humana para las familias y sus economías que dependen de sus familiares en EE. UU.
“Si no se firmó acuerdo alguno es una movida diplomática astuta y ágil porque se dio el anuncio para llevar la fiesta en paz y no perder la alianza con EE. UU.”, indicó Solares.
Pese a las amenazas de Donald Trump sobre deportaciones masivas, el número de guatemaltecos deportados por Estados Unidos disminuyó un 60 por ciento entre enero y marzo de 2025, según los datos comparados durante el primer trimestre de 2024.#MonitorMigrante 🔎
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La variante de tercer país seguro
El 26 de julio de 2019, durante la administración del presidente Jimmy Morales, el ministro de Gobernación (Mingob), Enrique Degenhart, firmó un acuerdo con el primer gobierno de Donald Trump conocido como “Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección”. Este convenio establecía que Guatemala recibiría a solicitantes de asilo que, habiendo pasado por su territorio, buscaran protección en EE. UU., obligándolos a solicitar asilo en Guatemala en lugar de en Estados Unidos.
Aunque el acuerdo no utilizaba explícitamente el término “Tercer país seguro”, en la práctica funcionaba de manera similar, ya que implicaba que los migrantes debían buscar asilo en Guatemala antes de hacerlo en EE. UU., a pesar de que se carecía de la capacidad y condiciones necesarias para ofrecer seguridad y atender adecuadamente a los solicitantes de asilo.
Aunque todavía no hay acciones concretas para la recepción de migrantes extranjeros, el presidente Arévalo ha dicho que, a diferencia del acuerdo firmado en 2019, el actual “acuerdo” se centra en facilitar la repatriación de deportados a sus países de origen, sin otorgarles la posibilidad de solicitar asilo en territorio guatemalteco.
Para los migrantes, este “acuerdo” implica que aquellos deportados desde EE. UU. pasarán temporalmente por Guatemala antes de ser enviados a sus países de origen. Si bien se asegura que este tránsito será breve, existen preocupaciones sobre las condiciones durante su estancia en Guatemala.
Al aceptar este acuerdo, Guatemala asume un rol activo en la política migratoria de Estados Unidos, lo que podría interpretarse como una cesión parcial de su soberanía en asuntos migratorios.
Además, en el acuerdo verbal se establece que EE. UU. financiará la repatriación de los migrantes, pero la logística y gestión de este proceso podrían representar costos adicionales para Guatemala, aunque se desconocen los alcances porque aún no se ejecuta ninguna acción o planteamiento.
La recepción y tránsito de migrantes de diversas nacionalidades plantea desafíos en términos de garantizar el respeto a sus derechos humanos, evitando situaciones de detención prolongada o condiciones inadecuadas.
Solares también resaltó que existen variaciones importantes sobre el acuerdo del gobierno del presidente Arévalo comparados con los alcanzados durante el gobierno de Jimmy Morales. Comenzando porque en la primera presidencia de Trump, fue Guatemala quien planteó convertirse en un tercer país seguro y ahora es el gobierno estadounidense quien pide a Guatemala ser un país de tránsito.
Además, el experto indicó que, en el primer acuerdo, Guatemala debía garantizar las condiciones adecuadas para que los migrantes solicitantes de asilo pudieran tener una permanencia más prolongada en el país, mientras que actualmente Guatemala serviría únicamente como país de tránsito.
Las cantidades de remesas enviadas a Guatemala por hombres y mujeres radicados en Estados Unidos, solo durante marzo, rompieron un récord histórico en comparación con otros meses.#MonitorMigrante
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¿Por qué Guatemala acepta la solicitud de EE. UU.?
La administración del presidente de EE. UU. Donald Trump ha buscado activamente que países de la región colaboren en la gestión migratoria, utilizando incentivos y presiones diplomáticas para alcanzar sus objetivos, principalmente a través del uso de palancas de cooperación para proyectos en Guatemala.
En tanto, que el gobierno de Arévalo busca mantener una relación favorable con EE. UU., principal socio comercial y la cooperación en temas migratorios puede traducirse en beneficios económicos y apoyo en otras áreas.
Ante las presiones desde el gobierno de Trump, Arévalo aceptó implementar el “cinturón de fuego” en la frontera del occidente guatemalteco con México, en donde se creó una nueva fuerza combinada entre el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) para cubrir los 300 kilómetros de frontera y combatir el crimen trasnacional del tráfico de migrantes y drogas, particularmente el de fentanilo (principal preocupación de Trump).
A cambio de esos compromisos, EE. UU. se comprometió a ejecutar proyectos de cooperación en temas de infraestructura terrestre, aérea y marítima, en donde se incluyeron proyectos particulares para el mejoramiento de los puertos guatemaltecos y la creación de un metro en la ciudad.
Para Solares la llegada a este acuerdo es una concesión hábil del Gobierno guatemalteco en aras de poder trabajar asuntos de manera armoniosa con EE. UU. y no ponerse en el foco negativo de un presidente Trump.
Sin centros de atención
Desde la visita de Rubio, el gobierno anunció la creación de un albergue para recibir a los migrantes retornados, proponiendo inicialmente la habilitación de un espacio en el Parque de la Industria.
Sin embargo, a finales de febrero, Danilo Rivera, director general del IGM, dijo que ya no se utilizaría el Parque de la Industria, pero que en su lugar se adecuaría un espacio en el Parque Erick Barrondo.
“Estamos en la preparación y construcción del espacio para la atención y registro de personas retornadas (…). El espacio sí se tiene programado para poderlo implementar en el Parque Erick Barrondo”, dijo Rivera el 21 de febrero.
Dos meses después de sus declaraciones, el IGM indicó que no tienen fecha prevista para la implementación del albergue, ya que en el caso del Parque Erick Barrondo hay una acción legal presentada por un vecino. También indicó que ahora se suma un acuerdo con Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), en la zona 1, para instalar el Centro de Atención y Registro de Personas Guatemaltecas Migrantes Retornadas.
