Dos autoridades indígenas fueron enviadas a prisión preventiva tras una audiencia reservada. Luis Pacheco y Chaclán se suman a otros casos, como el del periodista Jose Rubén Zamora y Stuardo Campo, con más de 1000 días detenidos.
Por Alexander Valdéz
En una audiencia a puerta cerrada, sin acceso para la prensa u observadores internacionales, la jueza del Juzgado de Turno, Carol Patricia Flores, accedió a la solicitud de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y procesó penalmente por dos delitos a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, quienes además deberán permanecer en prisión preventiva.
El abogado Francisco Vivar, representante legal de Pacheco y Chaclán, declaró al salir de la diligencia que no podía informar sobre el resultado de la audiencia debido a que el caso está bajo reserva judicial. Solo confirmó que sus defendidos habían sido vinculados a proceso por dos delitos y serían trasladados a un centro carcelario.
“El caso sigue en reserva, lo que nos limita bastante para dar información sobre lo ocurrido en la audiencia. Lo único que puedo decir es que mis patrocinados fueron ligados por dos delitos de los cinco que se les imputaron (…). Ahora serán trasladados a un centro de detención correspondiente. Más adelante informaremos cuando sea posible”, explicó el defensor.
#URGENTE 🚨 Jueza Carol Patricia Flores envía a prisión preventiva a Pacheco y Chaclán
Los dos exintegrantes de los 48 Cantones fueron enviados a prisión preventiva y se les procesó por dos de los cinco delitos imputados. Por la reserva de la investigación la defensa se limitó… pic.twitter.com/cbSCwEnWsb
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 25, 2025
Al haber quedado en prisión preventiva, la fiscalía tendrá un plazo máximo de tres meses para completar la investigación y presentar una acusación formal contra los dos sindicados. Posteriormente, se llevará a cabo una etapa procesal para determinar si el caso avanzará a juicio.
Las dos exautoridades indígenas se suman a otras figuras encarceladas, como el periodista Jose Rubén Zamora, Stuardo Campo y Eduardo Masaya, quienes también se encuentran en prisión preventiva en casos distintos. Algunos de ellos, como Zamora y Campo, han permanecido detenidos por más de 1000 días en una cárcel.
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Un caso de criminalización
Bajo el escudo de la reserva legal, el ente investigador informó que se emitieron cinco órdenes de captura, pero solo se ejecutaron dos: las de Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible de Energía y Minas, y Héctor Chaclán, también de esa organización comunal. Además, informaron que buscan quitarle la inmunidad al gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien también fue parte de las autoridades indígenas visibles durante el Paro Nacional del 2023.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron sindicados de los delitos de sedición, asociación ilícita, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. “Hay medios de investigación que hacen creer al Ministerio Público que son responsables de esos hechos”, añadió Kleyber Sical quien además señaló que “no se está criminalizando a ningún grupo específico ni el derecho a la libre expresión”.
La movilización social se inició el 2 de octubre de 2023, cuando varias autoridades indígenas en representación de sus pueblos se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, tomando vías de tránsito y cerrando comercios a nivel nacional, en protesta ante la permanencia en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y orden constitucional”.
Su articulación social y resistencia puede considerarse como un ejemplo de la dinámica que han asumido los pueblos originarios de todo el país. En esa oportunidad se organizaron desde la base, desde la comunidad y salieron en delegaciones rumbo a la sede central del Ministerio Público, para representar a sus regiones o territorios y mostrar su indignación frente al golpe de Estado que se encontraba en curso y para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
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