MP acusa de “terrorismo” a dos autoridades de 48 Cantones por manifestaciones de 2023 y los detienen

COMPARTE

Créditos: Meme Solano
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

El Ministerio Público detuvo a dos de las autoridades indígenas que participaron en las protestas de 2023 para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Los arrestos afectaron a Luis Pacheco, actual viceministro y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, y a Héctor Chaclán, también exdirectivo. El arresto de Pacheco y Chaclán se suma a una serie de persecuciones del MP en contra de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

Por Alexander Valdéz

El Ministerio Público (MP) presentó una nueva investigación dirigida contra actores que han sido críticos de su gestión y han exigido su renuncia a través de manifestaciones pacíficas en octubre de 2023, luego de que buscara anular los resultados de las elecciones generales de ese mismo año.

El caso no sorprende por su origen, sino por su método: la investigación se mueve bajo el velo de la reserva judicial, un mecanismo que, en los últimos años, ha servido para justificar la opacidad en procesos donde la defensa de los señalados queda en desventaja. Mientras la Fiscalía Contra el Crimen Organizado maneja el caso sin revelar hechos concretos, las órdenes de detención ya comenzaron a ejecutarse.

La fiscal general Consuelo Porras no estuvo presente en la escueta conferencia de prensa que dieron luego de los allanamientos. En su lugar, comparecieron su mano derecha, Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, junto al fiscal regional Dimas Jiménez y Klayber Sical, jefe de la unidad investigadora a cargo del caso.

Bajo el escudo de la reserva legal, las autoridades confirmaron que se emitieron cinco órdenes de captura, pero solo se ejecutaron dos: las de Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de Desarrollo Sostenible de Energía y Minas, y Héctor Chaclán, también de esa organización comunal. Además, informaron que buscan quitarle la inmunidad al gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien también fue parte de las autoridades indígenas visibles durante el Paro Nacional del 2023.

“En un operativo donde se perseguía la captura de cinco personas, logrando la captura de dos de ellas. Quiero indicar que estas personas ya fueron puestas a disposición del órgano controlador y me voy a permitir mencionar el tema o el caso, porque este cuenta con reserva judicial (…) la Fiscalía contra el Crimen recibió una denuncia donde se establecen hechos violentos que alteraban la seguridad y el estado constitucional del país”, afirmó el fiscal Sical.

Luis Pacheco y Héctor Chaclán son acusados de los delitos de sedición, asociación ilícita, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. “Hay medios de investigación que hacen creer al Ministerio Público que son responsables de esos hechos”, añadió Sical quien además señaló que “no se está criminalizando a ningún grupo específico ni el derecho a la libre expresión”.

Horas antes de la conferencia de los fiscales, Bernardo Arévalo en conferencia de prensa rechazó las acciones del MP, aunque no mencionó ninguna acción concreta.

“Estamos siendo testigos de lo que es capaz de hacer una cuadrilla de criminales. Estamos indignados como gobierno y como ciudadanos, es un ataque contra la democracia y lucha de resistencia del pueblo de Guatemala para evitar que estas redes político criminales agazapadas en el Ministerio Público se robaran las elecciones”, dijo.  Reiteró la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del MP por medio del Congreso de la República. “Señoras y señores diputados tienen en sus manos impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente desde el MP”, expresó.

Por su lado, Pineda mostró su descontento a esa reacción y adelantó acciones contra el presidente, por lo que él consideró como “ataques infundados”. “Si el presidente sostiene que el MP actúa como una gavilla, le exigimos que presente las pruebas. Por nuestra parte iniciaremos las investigaciones correspondientes de oficio”, añadió.

Trasladado en una panel blanca

Pacheco es maya K’iche’ originario del cantón Juchanep. Previo a llegar a la Presidencia de la Junta Directiva de 48 Cantones, también fue alcalde comunitario y presidente del Comité de Caminos. Su trayectoria ha estado respaldada por su comunidad.

El traslado de Pacheco a la Torre de Tribunales fue inusual. Se le mantuvo detenido junto a Chaclán por más de cuatro horas en una casa de la zona 1 donde se hospedaban y sin permitir que sus abogados entraran para auxiliarlos. Luego fue trasladado en una panel de color blanco sin identificación oficial de la PNC o del MP.

El traslado en ese vehículo generó varias reacciones en redes sociales, quienes pedían explicaciones al Ministerio de Gobernación por prestarse a un traslado en una panel que recordó el vehículo utilizado por la Guardia de Hacienda, encargada de detener, desaparecer y asesinar a ciudadanos en la época más violenta del conflicto armado interno.

“El carro es de la PNC, se usó de esa manera para que el traslado de la persona fuera lo más discreto posible”, señaló el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

A su llegada al área de las carceletas, Luis Pacheco se mostró con un semblante tranquilo e indicó que no ha cometido ningún tipo de hecho ilícito.

“Desconozco el delito por el que me están acusando, creo que también hay otras personas, no sé aún. Estoy sorprendido pero como repito, la conciencia la tengo tranquila porque en ningún momento se ha hecho algo ilícito. Pero estamos acá para responder a la justicia y esperaría que lo haya. Como líderes comunitarios solo ejercemos una función delegada por la comunidad y no es a título personal. Es una función colectiva y desde que entregué el cargo dejé de ser autoridad indígena”, expresó.

Estas fueron sus declaraciones:

El abogado de los dos detenidos, Francisco Vivar, ya conocido en los pasillos de los tribunales de justicia por el apoyo legal que brinda en casos de criminalización, indicó que el expediente está bajo reserva y aún sin conocer los hechos concretos que usará la fiscalía para la acusación, se preparan para la audiencia de primera declaración.

Del juez “A” del Juzgado Cuarto Penal, Mario Rodrigo Maldonado, que conocerá el caso, aún se sabe poco, hasta hoy había pasado desapercibido en su judicatura. Sin embargo, a partir de ahora sus decisiones respecto al caso lo podrían definir como un juez objetivo e imparcial, de lo contrario, se sumará a la larga lista de juzgadores con serios cuestionamientos o sanciones internacionales por corrupción.

La audiencia de primera declaración de Pacheco y Chaclán se realizará mañana entre las 7:00 horas y las 19:00 horas. Mientras tanto, ambos permanecerán detenidos en la Torre de Tribunales.

Un antejuicio

Entre las acciones el Ministerio Público también anunció la solicitud de retiro de inmunidad contra el gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien asumió el cargo el pasado 29 de abril. Tuy fue uno de las autoridades indígenas destacadas en las protestas ciudadanas de ese año.

Anteriormente, se desempeñó como síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá. Su trayectoria en la lucha social fue clave para su nombramiento como gobernador del departamento, cargo desde el cual prometió fiscalizar el uso de los recursos públicos y combatir la corrupción.

Un histórico movimiento colectivo

Apenas el pasado 14 de enero, se cumplió un año de los 106 días de la movilización social que se inició el 2 de octubre de 2023, cuando diversas autoridades indígenas en representación de sus pueblos se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, tomando vías de tránsito y cerrando comercios a nivel nacional, en protesta ante la permanencia en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y orden constitucional”.

Octubre de 2023 puede considerarse como un ejemplo de la dinámica que han asumido los pueblos originarios de todo el país. En esa oportunidad se organizaron desde la base, desde la comunidad y salieron en delegaciones rumbo a la sede central del Ministerio Público, para representar a sus regiones o territorios y mostrar su indignación frente al golpe de Estado que se encontraba en curso y para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Ese año miles de pobladores de las comunidades se sumaron al plantón, que desde el 2 de octubre, lideraron las autoridades ancestrales, frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en el Barrio Gerona, zona 1.

“El liderazgo indígena está siendo atacado para cobrar venganza contra los movimientos sociales del 2023. Este embate judicial sesgado amenaza el auge de este liderazgo en temas de alta sensibilidad política, como su rechazo a las acciones espurias de la mayoría parlamentaria”, escribió Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia.

Acá otra nota que puede leer:

Octubre en Guatemala: entre el paro nacional indefinido y la Revolución del 44

“Los pueblos no se van a callar”

Las actuales autoridades de Los 48 Cantones hicieron una conferencia de prensa en la que exigieron a las autoridades la liberación inmediata de Pacheco y Chaclán. Anticiparon que de no tener respuesta a sus solicitudes estarán presionando al Congreso de la República para que apruebe la reforma que permitiría la destitución de Porras.

“Los pueblos no se van a callar, nos seguimos manifestando, estamos siempre en la lucha de nuestros derechos”, expresó Leticia Zapeta, vicepresidenta de los 48 Cantones. La vicepresidenta de los 48 Cantones advirtió que si el MP no escucha las peticiones “los pueblos se levantarán” y presionarán para que se aprueben leyes como la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permitiría al presidente de la República remover a la fiscal general “por causa debidamente establecida”.

Se declaran en asamblea permanente

“Rechazamos que nuestras formas de organización sean tipificadas como estructuras criminales”.

Los integrantes de la Municipalidad Indígena de Sololá han entrado en asamblea permanente para analizar acciones en defensa de la legítima resistencia tras la detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y el anuncio de un antejuicio contra Edgar Tuy Bixcul.

La criminalización de uno es la amenaza de todos señalaron las autoridades ancestrales de San Juan Comalapa y señalaron que el MP hace uso indebido del derecho penal e instaron a defender la autonomía y los derechos colectivos.

COMPARTE