Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptaron una apelación presentada por el Enrique Degenhart, ordenando al Ministerio de Gobernación que le devuelva su esquema de seguridad.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) favoreció a Enrique Degenhart, exministro de Gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales, ordenando al Ministerio de Gobernación que le devuelva su esquema de seguridad.
El equipo de seguridad asignado al exministro Degenhart estaba integrado por al menos 42 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) más vehículos para su seguridad. Él dejó el cargo hace aproximadamente cinco años.
Degenhart reclamó que el 4 de julio de 2024, los agentes de seguridad designados para su protección personal y perimetral se le habían retirado y requeridos para presentarse a la sede de la División de Protección de Personas y Seguridad de la institución policial, a efecto de que estos se reconcentraran y fueran designados a otros puestos de servicio.
Es decisión surgió porque el presidente Bernardo Arévalo, recién llegado al cargo, derogó el 320-2023 que Alejandro Giammattei había firmado y con el que le otorgaba a ministros y algunos secretarios de la Presidencia vehículos y agentes policiales para que los cuidaran a ellos y sus familiares durante un período igual al tiempo que prestaron sus servicios.
En la nueva normativa se determinó que la protección se proporcionaría a partir del día en que el funcionario cesara el cargo, “por el plazo proporcional y razonable a la necesidad comprobada, según análisis de riesgo realizado por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.
La seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos.
He derogado el acuerdo con el que se pretendía brindar seguridad del Estado a un gran número de exfuncionarios.
El Acuerdo Gubernativo 24-2024 deroga el 320-2023. pic.twitter.com/JHoL541LRt— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 19, 2024
Ese fue el motivo por el que accionó legalmente y ahora la CC le dio la razón. El fallo se dictó por mayoría, los magistrados Nester Vásquez, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto respaldaron al exministro, mientras que Héctor Hugo Pérez Aguilera votó en contra.
A criterio de los magistrados, la decisión de retirarle el equipo de seguridad asignado por la División de Protección de Personas y Seguridad representa una vulneración directa a las medidas de protección asignadas a su persona, puesto que al concretarse ese retiro, se materializa la amenaza a su seguridad personal, dejándolo en una situación de indefensión.
“La medida de protección no puede ser modificada, así como tampoco puede ser objeto de análisis previo para determinar la procedencia o continuidad de ella, en virtud que al haber ostentado el cargo de Ministro de Gobernación por más de un año tiene derecho a recibir las medidas de protección necesarias”, dice la CC.
Un ministro con cuestionamientos
Durante su gestión enfrentó cuestionamientos por su colaboración con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y porque retiró agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que apoyaban investigaciones por corrupción asignadas a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y a ese organismo.
La asignación del alto número de agentes de la PNC para la protección del exministro ha sido cuestionada. En un informe del programa Prioridades para el Desarrollo (PND) reflejan que Guatemala disponía, para el año 2023, de un total de 233 policías por cada 100 mil habitantes, cifra por debajo de lo recomendado por la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, de 300 policías por cada 100 mil habitantes. Es decir, la cantidad policial no cubre la cifra poblacional.
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