Search
Close this search box.

Exministro Degenhart busca que el gobierno le devuelva su esquema de seguridad

COMPARTE

Créditos: Archivo Mingob
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Enrique Degenhart enfrentó diversos cuestionamientos durante su gestión por su respaldo en la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y porque retiró agentes de la PNC que apoyaban investigaciones por corrupción asignadas a la FECI y a ese organismo.

Por Alexander Valdéz

Un expediente de la Corte de Constitucionalidad (CC), con el número 5213-2024, fue analizado en los últimos días por el pleno de magistrados, en el que consta que Enrique Degenhart, exministro de Gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales, busca que se le ordene a esa institución devolverle su esquema de seguridad.

Degenhart dejó el cargo en 2020, hace cinco años. Fue un hombre de confianza del expresidente Morales. Durante su gestión enfrentó diversos cuestionamientos por su colaboración con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y porque retiró agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que apoyaban investigaciones por corrupción asignadas a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y a ese organismo.

En el amparo que sigue su trámite, Degenhart reclama que el 4 de julio de 2024, los agentes de seguridad designados para su protección personal y perimetral fueron requeridos para presentarse a la sede de la División de Protección de Personas y Seguridad de la institución policial referida, a efecto de que estos se reconcentraran y fueran designados a otros puestos de servicio, habida cuenta que la medida de protección otorgada en su oportunidad fue modificada por seguridad perimetral.

Enrique Degenhart en conferencia de prensa durante su gestión como ministro. Foto: Archivo / Mingob.

“Se encuentra en estado de indefensión al haberle sido retirada la seguridad personal sin que exista una resolución definitiva, pues es de conocimiento público que el 31 de octubre de 2012 fue objeto de un atentado físico, lo que provocó que estuviera internado por varios días en un hospital privado y después tuvo que abandonar el país, hecho que motivó una investigación por parte del Ministerio Público”, alegó el abogado que lo representa.

Además, insiste en que haber prestado sus servicios como ministro de Gobernación es “razón suficiente para determinar la obligación de prestarle protección a él y a su familia por parte del Estado, por lo que esa medida no está sujeta a discusión ni puede ser modificada, ni encaja dentro de los exfuncionarios a quienes se les deba hacer un análisis previo a determinar su procedencia o continuidad”.

Por ahora la CC consideró viable suspender el trámite de la apelación presentada por el exministro, debido a que aún existe otra acción legal que se debe dilucidar en el Juzgado Cuarto de Instancia Civil. Es decir, será allí donde se determine si se ampara o no al exfuncionario de gobierno.

“La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Enrique Antonio Degenhart Asturias –postulante–. II. Notifíquese y remítase certificación de lo resuelto”, concluyó.

Arévalo retiró beneficio para exfuncionarios

El 19 de enero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo anunció el retiro de la seguridad y los vehículos a los ministros y secretarios de la Presidencia de Alejandro Giammattei cuando estos concluyeran con sus funciones, a través del acuerdo gubernativo 24-2024.

Ese acuerdo derogó el 320-2023 que Giammattei había firmado y con el que le otorgaba a sus ministros y algunos secretarios de la Presidencia vehículos y agentes policiales para que los cuidaran a ellos y sus familiares durante un período igual al tiempo que prestaron sus servicios.

Se determinó que la protección se proporcionaría a partir del día en que el funcionario cesara el cargo, “por el plazo proporcional y razonable a la necesidad comprobada, según análisis de riesgo realizado por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.

Además, se establece que los beneficiarios de la seguridad podrán solicitar expresamente el cese de la seguridad personal antes del vencimiento del plazo determinado, y restablecerse, si el interesado lo gestiona con base en causa justificada, siempre y cuando no exceda el plazo de cinco años.

COMPARTE