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Créditos: FGER
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

El juez Víctor Cruz programó audiencias relacionadas con los estudiantes y profesionales criminalizados por el Ministerio Público (MP) en la investigación contra la resistencia estudiantil que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

Por Alexander Valdéz

El juez “A” del Juzgado Décimo Penal, Víctor Cruz, programó audiencia de primera declaración para el abogado Ramón Cadena, quien está siendo criminalizado por el Ministerio Público (MP) en el caso que se dirige contra la resistencia universitaria que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector.

La audiencia se agendó por solicitud del abogado de Cadena, quien ha permanecido en el exilio y con una orden de captura.  “Deseo comparecer voluntariamente ante el juez contralor con el objeto de aclarar, solventar y resolver mi situación jurídica, para lo cual me pongo a disposición de este Órgano Jurisdiccional para que se me escuche en audiencia de primera declaración y se señale día y hora para la misma”, indicó.

Cruz aceptó la solicitud de Cadena, sin embargo, no revocó la orden de aprehensión y únicamente programó la audiencia para el próximo 9 de julio a las 13:00 horas. Es decir, cuando el abogado se presente corre el riesgo de ser detenido por la Policía Nacional Civil (PNC).

“Por recibido el escrito presentado por Ramón Cadena Ramila el que se manda agregar a sus antecedentes; Il) Como se solicita se tiene por propuesto a sus abogados defensores, así como señalado el lugar para recibir notificaciones”, resolvió el juez.

En una reciente entrevista con Prensa Comunitaria, el abogado especializado en derechos humanos, se pronunció sobre la persecución política que ha sufrido la comunidad universitaria de la USAC por parte del Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras y cómo estas acciones se tipifican como un delito de lesa humanidad.

A criterio de Cadena, la imputación de la fiscalía busca restringir el derecho a la resistencia digna, ratificando que los estudiantes que actuaron como defensores de Derechos Humanos. “Lo que siguió a eso fue una estrategia de criminalización y persecución a través del juez”, mencionó.

“Hay una confabulación de persecución entre fiscales y jueces, la Fiscalía y los jueces están promoviendo impunidad y en este caso se trata de un delito. Por eso tuvimos que recurrir a la Corte Penal Internacional, porque las cortes internas son ineficaces. Una prueba de ello es la posición del juez que afirma que no hay persecución. No es correcto, es seguir la misma tesis del Ministerio Público. La persecución es un delito de lesa humanidad y no puede quedar impune, ya que, en este caso, como en los otros que se amarran con este delito, se presenta tanto la generalidad como la sistematicidad”, añadió.

Acá puede leer la entrevista completa:

Ramón Cadena: “La persecución política es un delito de lesa humanidad que no puede quedar impune”

Otra audiencia del caso

Para el próximo 15 de mayo, el juez Cruz también programó una audiencia en la que atenderá una solicitud de revisión de la medida que plantearon Eduardo Velásquez, Marcela Blanco, Javier de León, Alfredo Beber y Rodolfo Chang. Esa diligencia se realizará a las 12.00 horas.

Por ahora no se conocen las razones de la solicitud que realizaron las personas y será hasta el día de la audiencia cuando se pronuncien ante el juez.

Criminalización de estudiantes y profesionales

El 16 de noviembre de 2023, el MP y la PNC allanaron las casas de varios profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicios de la USAC.  Se llevaron detenidos al decano de la Facultad de Veterinaria, Rodolfo Chang; al profesor e investigador, Eduardo Velásquez; al estudiante, en Física Aplicada, Javier de León Gómez; al profesor, Alfredo Beber; a la excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco; y posteriormente, al sindicalista y trabajador de la Universidad, Martín Jorge Macario, entre otros.

Fue un listado de 27 personas con órdenes de aprehensión cuyas denuncias penales se promovieron desde la propia Universidad y firmadas por Walter Mazariegos. Los señalados fueron procesados en diferentes grupos, pudiendo salir de prisión con medidas sustitutivas.

En el “Caso Toma Usac: Botín Político”, como lo nombró el Ministerio Público, se criminaliza a la comunidad universitaria por rechazar un acto ilegal como fue la “elección de rector”, al mismo tiempo que el caso es usado para implicar a varios diputados y al binomio presidencial electo, todos pertenecientes al partido Semilla.

En relación a Jordán Rodas, se le persigue por sus publicaciones en redes sociales y por haber participado como candidato a dirigir la Usac y haberse postulado como candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

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