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Créditos: Diseño Estuardo de Paz
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

El Ministerios Público busca que la persecución contra universitarios y defensores de derechos humanos en el Caso Toma USAC: Botín Político se extienda internacionalmente a través de la Interpol. Ramón Cadena Rámila, uno de los vinculados al caso explica las razones por las que esta persecución alcanza las dimensiones de un delito de lesa humanidad y que los ha llevado a presentar una denuncia a nivel internacional en contra de dos expresidentes, la fiscal general Consuelo Porras y dos fiscales más.

Por Prensa Comunitaria

Ramón Cadena Rámila, abogado especializado en derechos humanos, conversó con Prensa Comunitaria desde el exilio sobre la persecución política que ha sufrido la comunidad universitaria de la USAC por parte del Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras y cómo estas acciones se tipifican como un delito de lesa humanidad.

El pasado 16 de junio, el MP solicitó a la Interpol activar la alerta roja con el objetivo de lograr la detención internacional de nueve señalados en el caso USAC, entre ellos el abogado Cadena.

Derivado de esta persecución, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos ha realizado una comunicación urgente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger la vida de Cadena y asegurar que no se emitan alertas rojas injustificadas por parte de la Interpol, garantizando el respeto a los derechos humanos de todos los criminalizados en este caso.

Días antes, Cadena junto a varias organizaciones campesinas e intelectuales, presentaron una denuncia internacional contra la fiscal General, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, por delitos de lesa humanidad.

Pero ¿por qué en la denuncia internacional presentada se señalan delitos de lesa humanidad cometidos por dos expresidentes, la fiscal general y dos fiscales del Ministerio Público?

En la siguiente entrevista el abogado Cadena nos explica las razones:

Documento del Bufete Jurídico de Derechos Humanos dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Conoce lo que ha presentado el Ministerio Público (MP) en contra de los universitarios y personas vinculadas en el caso Toma USAC: Botín Político?

No tengo información específica, pero sé que a todos los denunciados los acusan de haber cometido cuatro delitos. Y eso es incorrecto, porque si fuera un crimen de verdad, cada uno debería haber tenido su propia función. Hacer la misma acusación para todos los implicados es uno de los graves errores que tiene esa denuncia.

A los vinculados a este caso se les acusa de cuatro delitos: sedición, asociación ilícita, depredación de bienes culturales y usurpación agravada…

Lo que yo creo que está sucediendo con esos cuatro delitos es que los están utilizando para restringir el derecho a la resistencia digna, en este caso específicamente a los estudiantes que actuaron como defensores de Derechos Humanos. Lo que siguió a eso fue una estrategia de criminalización y persecución a través del juez.

El delito de sedición ya debió ser derogado, pues únicamente se utiliza para perseguir a la gente. En base al delito de asociación ilícita se buscó perseguir a Bernardo Arévalo, a Karin Herrera, a miembros de partidos políticos no afines y a personas defensoras de derechos humanos.

El delito de depredación de bienes culturales también se ha vuelto muy común para perseguir a personas, podemos recordar el caso del 21 de noviembre de 2020 contra Nanci Sinto y Dulce Archila.

¿Por qué el MP se ensaña en unificar estas denuncias con el partido Semilla? ¿Qué intereses existen detrás de esta persecución?

Se trata de los intereses del crimen organizado y de la mafia que están gobernando en la Universidad, y que no quieren que gobierne Bernardo Arévalo y el partido Semilla, porque dicho partido y el presidente no son corruptos.

El pasado 31 de mayo, durante la audiencia contra cuatro implicados, el juez Víctor Cruz señaló que no veía indicios de persecución pues se carecía de sistematicidad para ello. ¿Qué piensa de estas declaraciones del juez?

Es incorrecto lo que dice el juez Cruz. Hay persecución y se presenta tanto la generalidad como la sistematicidad. Pero no hay que verlo de forma aislada, encontramos que el elemento de la generalización sí existe porque empezaron persiguiendo a jueces, continuaron persiguiendo a fiscales, atacaron el derecho de la libertad de expresión y a la resistencia, y el derecho a la defensa cuando inician a perseguir abogados.

Los jueces y fiscales se encuentran en el exilio, otros se encuentran presos, tienen preso a Jose Rubén Zamora, y persiguen a universitarios. ¿Qué más generalidad queremos? La generalidad se presenta como un elemento cuantitativo, mientras la sistematicidad se refiere a lo cualitativo. Y esto último se presenta en las estrategias de judicializar, criminalizar y perseguir.

¿Cree usted que los jueces actúan junto al MP en estas persecuciones?

Hay una confabulación de persecución entre fiscales y jueces, la Fiscalía y los jueces están promoviendo impunidad y en este caso se trata de un delito. Por eso tuvimos que recurrir a la Corte Penal Internacional, porque las cortes internas son ineficaces.

Una prueba de ello es la posición del juez que afirma que no hay persecución. No es correcto, es seguir la misma tesis del Ministerio Público. La persecución es un delito de lesa humanidad y no puede quedar impune, ya que, en este caso, como en los otros que se amarran con este delito, se presenta tanto la generalidad como la sistematicidad.

El juez Víctor Cruz, a petición del MP, solicitó declarar en rebeldía a nueve personas, pero hay muchas dudas en cuanto a este procedimiento. ¿Qué podría decirnos al respecto?

Yo sí creo que se están extralimitando, definitivamente, y está mal planteado eso de la rebeldía, porque se plantea cuando una persona es citada al tribunal y no comparece.

Después de plantear la rebeldía, se podría plantear la orden de captura, pero ese no es el procedimiento que están siguiendo. Están equivocando el procedimiento a propósito para poder perseguir más a la gente.

Lo que están haciendo es una doble criminalización. Eso lo debería tomar en cuenta el fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, quien conoce la denuncia que hemos interpuesto en esta instancia. Yo espero que lo tome en cuenta y que el pueblo de Guatemala se lo haga saber porque se está volviendo a criminalizar a la gente, se está mal utilizando la figura de la rebeldía.

Existe una solicitud a la Interpol para activar alerta roja en contra de las nueve personas, incluyéndolo a usted. ¿Qué piensa de este proceso?

Ya hay otras resoluciones en otros casos donde la Interpol ha dicho que no le presenten más denuncias espurias. Lo vimos en el caso de Juan Francisco Sandoval, que le solicitaron al Ministerio Público abstenerse de solicitar órdenes de captura contra personas que han luchado contra la corrupción. También está Carmen Rosa de León y otros casos. Entonces la Interpol tendría que hacer lo mismo con esta nueva solicitud.

¿Qué se puede hacer cuando tanto el que persigue delitos como el que sentencia actúan en conjunto?

El que persigue delitos es el Ministerio Público y actúa de manera conjunta con el que juzga, que es el juez. Tanto el Ministerio Público como el juez deberían ser objetivos, imparciales e independientes el uno del otro. Es un gran problema de impunidad, la falta de castigo para algunos o el castigo a las personas que ellos quieren. En este caso, quieren imponer un castigo ejemplar a estudiantes porque están atacando el derecho a la resistencia. No hubo crimen. Lo que hay es que el Ministerio Público no es objetivo y el juez no es imparcial.

¿Cómo se puede solucionar esta situación? No creo que esto se vaya a resolver rápido. Hay una serie de soluciones, no es solo una. La pregunta es, ¿puede el Estado de Guatemala resolver este asunto solo? Y la respuesta para mí es que no puede, pero eso lo tiene que reconocer Bernardo Arévalo, el Ejecutivo, y hay que buscar otro mecanismo internacional contra la impunidad.

Puedo mencionar tres vías, pero puede haber muchas más: establecer un mecanismo internacional contra la impunidad como fue la CICIG; reformar la Constitución para devolver a los jueces la independencia y fortalecer el sistema de justicia; y por último, ayudarse de los mecanismos internacionales como la denuncia penal internacional que nosotros usamos.

Hablemos un poco sobre la vía que ustedes están usando para denunciar el delito de persecución en la Corte Penal Internacional. ¿Podría explicar un poco más sobre qué significa un crimen internacional en este contexto?

El delito de persecución se puede implementar en el contexto de una guerra o conflicto, pero el Estatuto de Roma amplió la persecución en el contexto de la construcción de la paz o de un país en paz, aunque no tenga conflicto armado. Este es nuestro contexto, el crimen de persecución no tiene que darse solo en un contexto de guerra. Es un crimen gravísimo que comete una ofensa muy grave a la dignidad humana. Ataca los principios fundamentales y no puede quedar impune. Por eso presentamos esta denuncia.

Hemos comprobado que se trata de un ataque generalizado, contrario a lo que dijo el juez Cruz, de un ataque sistemático. Fue un ataque en contra de la población civil, de un grupo o de una colectividad. Se puede ver cómo la situación fue creciendo, fue generalizada, fue sistemática. El gobierno implementó una nueva estrategia de persecución, que es la judicialización de la persecución. No persiguieron como en los ochenta con el Ejército o la policía, sino con los jueces. Eso es lo peor.

La judicialización de la persecución era una estrategia conocida por el MP. Un crimen internacional es gravísimo, es lo más grave que se puede cometer. Todos los códigos del mundo tienen un capítulo sobre crímenes internacionales. Son los crímenes más graves, los que cometen una ofensa muy grave a la dignidad del ser humano. Deben ser investigados porque atacan los principios fundamentales de la carta de la ONU. No pueden quedar impunes estos crímenes internacionales.

¿A qué grupos o colectividad ha perseguido el MP y el sistema de justicia?

Principalmente a jueces, fiscales, periodistas, abogados, a estudiantes que llevaron a cabo la resistencia digna en base a un derecho. También atacaron a los pueblos indígenas cuando tomaron la calle frente al Ministerio Público. La sociedad debe saber y entender que defender derechos no es delito, al contrario, es una gran tarea.

En la entrevista anterior mencionó que uno de los casos presentados para sustentar la denuncia fue el del libramiento de Chimaltenango. ¿Cómo es que este caso puede encuadrarse dentro de este delito de persecución política?

Como abogado tuve una reunión en el Ministerio Público y le presenté una carta a la fiscal general, Consuelo Porras, donde le explicaba en qué consistía el pacto de corruptos. En esa reunión también estuvo el fiscal Estuardo Campos, quien considero que realizaba un buen trabajo. Estuardo Campos luego investigó el caso del libramiento de Chimaltenango, y bueno, él fue perseguido y detenido. A esto me refiero: hay una persecución selectiva para dar impunidad mientras que a quienes investigan, denuncian y luchan contra la corrupción los persiguen, los criminalizan y los apresan. Esto lo hacen con pleno conocimiento de quienes son y constituyen el pacto de corruptos.

El sistema de justicia enfrenta un retroceso ¿Hasta dónde cree que nos afectará y qué tanto afecta a la población de Guatemala?

Nos han hecho perder otra década. Reponer el daño va a ser muy grave, muy difícil. No solo el daño a la justicia, sino el daño a la salud mental de la gente. Pienso en los refugiados, el daño que hemos sufrido en el refugio es gravísimo, muy grave. Se está causando un daño generacional. Están provocando un daño muy grande al estudiantado y a la juventud. Es muy grave, esto es gravísimo. Así hay que verlo, en toda su magnitud, y no quitarle importancia a estos hechos.

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