El Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana empezaron su celebración de fin de año de forma anticipada. Primero, el MP realizó un allanamiento a la casa del exministro de comunicaciones, luego Orellana ordenó la cancelación del partido Semilla. Esta semana, el MP empezó con una oleada de cambios en las fiscalías que podrían conducir a botar de una vez por todas los casos contra militares involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado y las investigaciones de grandes casos de corrupción. Pero las acciones no se quedan ahí, también ha amenazado a los magistrados del TSE y podría haber incluido ya en la lista de persecuciones al superintendente de Administración Tributaria (SAT). Los movimientos han sido rápidos y los mismos podrían reflejar una paralización y desestabilización del Ejecutivo, según declaraciones del superintendente Marco Livio Díaz.
Por Isela Espinoza
El Ministerio Público (MP) liderado por Consuelo Porras continúa asestando golpes a instituciones clave para el Estado de derecho, la democracia y economía del país. Ahora ha movido sus piezas hacia la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tras anunciar los últimos casos de defraudación tributaria, B410 y Eureka-B410, en donde figuran un conglomerado de empresas que evadieron el pago del IVA e ISR y que proveyeron al Estado y municipalidades entre 2021 y los primeros meses de 2024.
“Si es cierto que quieren capturarme la única razón sería para detener las investigaciones y desestabilizar el país. Hay una intromisión seria en las funciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, el MP está impidiendo que se investigue la defraudación tributaria”, dijo Marco Livio Díaz en una entrevista a Prensa Comunitaria.
La SAT no solo es un eslabón de un ataque sistemático, es una parte toral de la recaudación de impuestos que financian el presupuesto de cada año. El MP está cerrando filas y ajustando las tuercas para evitar cualquier sorpresa luego que en el Congreso se haya logrado un acuerdo entre bancadas que permitió la aprobación de varias leyes entre ellas la que le devolvía la vida al Movimiento Semilla.
Sus más recientes pasos incluyen cambios y despidos de personal en fiscalías clave como de Derechos Humanos, así como el allanamiento a la vivienda del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), Félix Alvarado, tan solo dos días después de haber presentado su renuncia.
Estos son los recientes pasos que ha dado Porras en conjunto con sus fiscales entre ellos el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
Allanamiento a casa de exministro y financista de Semilla
El viernes 15 de noviembre, durante una conferencia de prensa en el MICIVI, el entonces titular de la cartera anuncia su renuncia por diferencias con el presidente Bernardo Arévalo sobre cómo enfrentar la corrupción enraizada en las diferentes dependencias de ese ministerio. Además, de no confiar en el personal que le rodeaba.
Tras su salida, el 17 de noviembre el MP realizó un allanamiento en la vivienda de Alvarado y de su hija, María del Pilar Alvarado Cóbar. La diligencia fue parte de un nuevo caso “bajo reserva” contra el exfuncionario, durante el proceso fue despojado de su pasaporte y teléfonos.
El allanamiento fue avalado por Mario Solórzano, quien estuvo en el turno del 16 y 17 de noviembre, cuando el MP acudió a pedir la autorización judicial. Mientras que, el allanamiento en el inmueble de la hija del exministro fue autorizada por Juan José Lemus Chacón, juez de Turno de Primera Instancia Penal.
Prensa Comunitaria pudo constatar que en ambas autorizaciones judiciales no se indica con exactitud que se podrá decomisar el pasaporte, como lo hicieron los fiscales de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
“Quitarle los pasaportes a @FelixSinExcusas fue una gran ilegalidad del MP”, escribió el exjefe de la FECI y en el exilio, Juan Francisco Sandoval en su cuenta de X. Sandoval resaltó que el secuestro de los pasaportes no tiene que ver con la investigación. “El MP retuerce la ley para perseguir a actores incómodos para el sistema”, agregó.
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Cancelación definitiva de Movimiento Semilla
Los pasos del MP son rápidos. Al menos eso volvió a mostrar luego de la última sesión ordinaria en el Congreso, que inició el martes 26 de noviembre a las 16:00 horas y se extendió hasta la madrugada del miércoles 27. En la larga jornada se aprobaron los presupuestos del Estado y del Congreso para el próximo año, así como varios decretos entre ellos reformas al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada que permite levantar la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.
La aprobación del mayor presupuesto en la historia, el gobierno contará con Q148 mil 526 millones para ejecutar en 2025, fue el resultado de negociaciones entre legisladores opositores y oficialistas.
Semilla buscaba reformas a tres leyes: A la ley orgánica del Ministerio Público (MP), para remover a la fiscal general; reformas a la Ley Orgánica del Congreso, para darle más campo de acción a los diputados declarados independientes; y reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para impedir la cancelación de Semilla. De todos los cambios que Semilla quería solo logró la reforma que levantaría la suspensión del partido.
A cambio de esa reforma los diputados de otras bancadas habían pedido tener más recursos para los Codede y llevarlos a sus distritos. El paquete final quedó en Q12 mil millones.
Aunque los legisladores oficialistas celebraron la reforma al artículo 82, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, esta aún no ha entrado en vigencia y un día después a petición de la FECI, el juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica de Semilla.
Mientras la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmaba que el partido seguía vigente debido a que solo el Registro de Ciudadanos podía cancelarlo, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Pero la notificación del juez le dio 12 horas de plazo al registrador de ciudadanos, Sergio Escobar Antillón, quien cumplió la resolución del juez. “En caso de desobediencia de dicha orden judicial se certificará lo conducente en contra de quien corresponda para la deducción de las responsabilidades penales correspondientes”, dice la orden judicial. Para analistas esto fue interpretado como una amenaza.
Semilla presentó una apelación al TSE debido a que no se cumplieron con los procesos estipulados en la LEPP previo a cancelar un partido. Además, presentaron un amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Registro de Ciudadanos y el Congreso se abstengan de ejecutar “cualquier acto que derive en la consumación de la amenaza de efectuar la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido político”.
El TSE admitió para trámite el recurso de apelación. Ahora el pleno de magistrados del ente electoral, tendrán que conocer los argumentos de la agrupación política.
Mientras, el recurso presentado ante la CC no fue otorgado a favor ya que buscaba prevenir al Congreso por decisiones originadas por órdenes judiciales por lo que la cancelación de Semilla continúa vigente. Mientras, lo relacionado al Registro de Ciudadanos fue remitido a una Sala Civil para resolución.
Relevos en las fiscalías
En el último mes, se ha registrado una oleada de destituciones y cambios internos en el MP. Recientemente, Porras despidió a Tomás Ramírez López y designó a Noé Rivera como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Ramírez López dirigió esa sección del Ministerio Público por tres años y su llegada a la fiscalía fue criticada por la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala y otras organizaciones.
En su gestión, fue anulado un nuevo juicio por genocidio e invalidado todo el caso Creompaz. En ambos expedientes se estaban juzgando delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno. Estas decisiones judiciales beneficiaron principalmente al general Benedicto Lucas García, acusado en los dos casos.
Rivera fue señalado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático ya que fue artífice de la persecución en contra de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra; exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; la exfuncionaria, Siomara Sosa; Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción; Paola Escobar, Aliss Morán, entre otros exfiscales.
Hace un mes Porras también despidió al fiscal Erick de León, quien trabajaba en la Fiscalía de Derechos Humanos e investigó el caso de genocidio perpetrado en contra del pueblo maya Ixil, proceso en el que se sometió a un juicio y una condena (anulada posteriormente) al fallecido presidente de facto José Efraín Ríos Montt.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Asociación para la Justicia y Reconciliación recordó que De León fue destituido un día antes de la presentación de conclusiones por parte del MP, así como el traslado de los auxiliares que apoyaban el caso: Luis López, Edgar del Cid y Mario Rosales a otras fiscalías.
El desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos también incluyó la destitución, el 2 de diciembre, de la agente fiscal Cándida Morales Santos y el fiscal de sección, según el comunicado de la Oficina del Arzobispado.
“Con dichas acciones, lejos de apoyar la tesis de sus fiscales, la fiscal general Consuelo Porras obstruye la justicia en favor de los victimarios”, agrega la ODHAG en un comunicado emitido ayer. En los 99 días de juicio por genocidio Ixil contra Benedicto Lucas García, la fiscalía de Derechos Humanos presentó más de 1,300 pruebas entre ellos 75 testimonios y 55 peritajes para demostrar la responsabilidad del militar.
A inicios de noviembre, fuentes internas del MP confirmaron también la destitución del fiscal Juan José Mendizábal, conocido porque encabezó casos de criminalización de exfiscales anticorrupción, y el traslado de la fiscal de la FECI, Vilma Pineda, quien estuvo en la audiencia de Jose Rubén Zamora y se opuso a que le otorgaran medidas sustitutivas.
El traslado y destitución de fiscales de carrera ha sido una constante en la gestión de Porras en el MP. El fundamento para el despido de fiscales se basa en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que fue modificado en la actual gestión del MP y convirtió esos cargos como “puestos de confianza”, es decir, de libre remoción.
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Posible denuncia en contra del Superintendente
El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, informó este miércoles 4 de diciembre que tiene conocimiento de una posible denuncia en su contra por extorsión y tráfico de influencias que lleva a cabo el MP.
A través de un comunicado, Díaz Reyes señaló que la acusación está basada en declaraciones de los imputados en los casos de defraudación tributaria B410 y Eureka-B410. El primero fue presentado en agosto en el que identificó a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones a través del incumplimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Estas empresas comparten al mismo representante legal, abogado y notario y contador y se relacionan con una off shore en Belice. Al menos 200 de las compañías reportaron un mismo domicilio ubicado en la colonia BAMVI, en la zona 7 capitalina.
En una continuación de las investigaciones en este caso, el pasado 26 de noviembre la SAT dio a conocer Eureka-B410. Esta vez la empresa Construcción y Transportes Espiba habría defraudado al fisco Q6.9 millones durante los últimos cuatro años. La compañía, propiedad de Douglas Alexis Espinales Baños recibió entre 2021 y 2024 un total de Q 133.5 millones de instituciones públicas, pero apenas reportó impuestos. Su forma de operar también se basaba en registrar domicilios fiscales y comerciales inexistentes por lo que la SAT procedió a inhabilitarla.
Hace dos días, Díaz Reyes dio una conferencia de prensa en donde hizo un llamado a los contribuyentes involucrados en el caso B410 a acercarse a la institución para regular el pago de impuestos.
Este miércoles confirmó que tiene el conocimiento de la investigación en su contra. En el comunicado divulgado a través de las redes sociales de la SAT, resalta que ambos casos han sido denunciados ante los órganos jurisdiccionales.
Durante una entrevista con Prensa Comunitaria, el funcionario resaltó que de concretarse un arresto en su contra sería para detener estas investigaciones y desestabilizar el país.
“Si me capturan van a paralizar a la SAT y también al Ejecutivo porque el MP está judicializando a todos los funcionarios públicos”, dijo.
Según detalló Díaz Reyes, su caso estaría a cargo de la fiscal Nely Verónica Guerra y algunos de los denunciados han sido citados para preguntarles si como superintendente les ha pedido dinero, si él ha usado un intermediario para pedirles dinero y si los ha obligado a trabajar con Moore Díaz Reyes, una firma de abogados familiares del funcionario.
#RegresiónAutoritaria 🚨 Superintendente de Administración Tributaria rechaza supuestas denuncias en su contra
A través de un comunicado, el superintendente Marco Livio Díaz dio su postura sobre una supuesta denuncia en el MP en su contra por extorsión y tráfico de influencias… pic.twitter.com/BGhA2irAB7
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 4, 2024
La FECI amenaza a magistrados del TSE
Este miércoles, la fiscal de FECI, Leonor Morales Lazo, envió un oficio a los magistrados del TSE en el que les advierte que cualquier acción que realicen que incumpla la orden judicial del juez Fredy Orellana de cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla “es punible”.
En el escrito, Morales indica que “no es competencia del TSE la revisión, modificación, revocación o adición de resoluciones judiciales dictadas por órgano jurisdiccional en materia penal”.
Sin embargo, el ente electoral emitió un comunicado en el que reafirma que la LEPP establece en el artículo 121 que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado.
“Rechazamos las medidas intimidatorias y amenazas recibidas contra autoridades y personal de esta institución, recordando que este tipo de prácticas no se empleaban desde regímenes militares”, se lee en el comunicado.
La persecución en contra de funcionarios del TSE inició el año pasado cuando el entonces registrador de Ciudadanos, Ramiro José Muñoz, se negó a obedecer la orden judicial de cancelar la personalidad jurídica de Semilla debido a que la Ley Electoral era la única que establece los parámetros para cancelar a un partido político.
Luego de esas declaraciones, el exregistrador se ausentó de sus labores a cuenta de vacaciones y la persecución se trasladó a la subregistradora, Leonora Castillo Pinzón contra quien Orellana a petición del MP giró una orden de captura por obstrucción de la justicia porque también se negó a cumplir con la orden del juez.
En agosto de este año, Ramiro Muñoz fue destituido por la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, ante denuncias sobre “convulsiones” en Registro de Ciudadanos en referencia a acciones en contra de Semilla y que algunos partidos políticos habían señalado que no eran atendidos en esa dependencia por lo que se analizó la continuidad de Muñoz, quien fue electo en octubre por el Congreso como magistrado para una Sala de Apelación.
Sin embargo, pocas horas antes de ser juramentado fue capturado por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
¿Cuáles serán los siguientes pasos del Ministerio Público? Es una pregunta incierta, pero para analistas también es una muestra grupos con poder y beneficiados con impunidad se resisten a perder privilegios a través de haber establecido sus propias normas de gobierno siendo el sistema de justicia uno de sus bastiones.
“Tenemos que tener claro que el Pacto de Corruptos tiene como objetivo que este gobierno fracase”, dijo la exdiputada Sandra Morán a Prensa Comunitaria.
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La respuesta tardía de Semilla
El 26 de noviembre pasado, los diputados de Semilla lograron la aprobación de un paquete de leyes con el apoyo de más de 100 diputados. Entre los decretos aprobados lograron las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, cambio que levantaba la suspensión del partido. Pese al logro, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público quedó relegada de nuevo y eso generó la reacción inmediata del juez Fredy Orellana para pedir la cancelación en definitiva de la agrupación.
Las reformas para lograr destituir a la fiscal general fueron presentadas el 6 de mayo. Bernardo Arévalo, junto a la vicepresidenta Karin Herrera y parte de su gabinete, acudió al Congreso para impulsar las reformas al Decreto 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público. Ese día el presidente calificó como “un día histórico para la defensa de nuestra democracia y el efectivo combate contra la corrupción”. Agregó que Porras ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha dedicado “a atacar la democracia”.
La iniciativa reforma específicamente el Artículo 14, que se refiere a la remoción de la fiscal general, propone que el mandatario podrá remover al jefe del Ministerio Público por causa justificada debidamente establecida.
Sin embargo, desde mayo las reformas a la Ley Orgánica del MP no han avanzado en el Legislativo.
Ahora, los diputados Samuel Pérez, Andrea Villagrán, José Carlos Sanabria y Laura Marroquín volvieron a presentar la iniciativa de Ley, pero el Congreso ya ha finalizado su segundo período legislativo y volverá a empezar su trabajo ordinario hasta el 14 de enero entrante.
El Ejecutivo por su lado también anunció que citaría a la fiscal para que explicara su participación en la crisis del sistema de justicia. El anuncio lo hizo el domingo en la noche, luego del allanamiento a la casa del exministro de Comunicaciones. Sin embargo, la fiscal general se le adelantó y envió una carta de invitación al mandatario para una reunión en el MP.
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