Ante la decisión, el partido político oficialista presentó una apelación ante el Tribunal Supremo Electoral y un amparo provisional ante la CC.
Por Isela Espinoza
El pulso entre el Movimiento Semilla y el Ministerio Público continúo este viernes luego que el registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Sergio Escobar Antillón, cumplió la resolución judicial de cancelar definitivamente la personalidad jurídica del partido político.
El juez séptimo Fredy Orellana dio al Registro de Ciudadanos un plazo de 12 horas para cumplir con la orden judicial emitida el 27 de noviembre en donde advierte que “en caso de desobediencia de dicha orden judicial se certificará lo contundente en contra de quien corresponda para la deducción de las responsabilidades penales correspondientes”.
Según la resolución del ente electoral “en cumplimiento de la orden judicial” procedió a cancelar la personalidad jurídica del Comité pro formación de Movimiento Semilla y del partido político.
En conferencia de prensa desde el Congreso de la República, la diputada Andrea Reyes, acuerpada por parte de la bancada, informó que presentaron una apelación al TSE en contra de la decisión del registrador de ciudadanos para hacer valer su derecho de defensa.
“No fuimos notificados de esta resolución a pesar de que estamos como parte en el proceso penal. Se nos afectan nuestros derechos directamente sin haber cumplido con ninguna de las audiencias que establece la Ley Electoral”, dijo Reyes.
El artículo 94 de la Ley Electoral establece que previo a la declaratoria o cancelación de un partido político, el Registro de Ciudadanos deberá “correr audiencia al partido afectado por un plazo de 30 días”.
Al evacuar la audiencia, el partido podrá ofrecer pruebas de descargo. “Si se pidiere, el Registro de Ciudadanos abrirá a prueba el proceso por el plazo de 30 días para que reciban los elementos de convicción ofrecidos con apego a las normas del Código Procesal Civil y Mercantil”, cita el artículo. Cuando haya vencido el plazo de la audiencia o el periodo de prueba, el Registro de Ciudadanos resolverá en 10 días, agrega.
La diputada confirmó que esta mañana recibieron la notificación de la cancelación y que esperan resolver la situación a corto plazo. En cuanto a la denuncia que plantearán en contra de Orellana comentó que se trata por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y por resoluciones violatorias a la Constitución ya que la Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene rango constitucional y es en donde se establecen los motivos para cancelar una organización política.
Tras brindar declaraciones en el Congreso, una comitiva de diputados oficialistas se dirigió a la Torre de Tribunales con el objetivo de obtener el audio de la audiencia que derivó la cancelación del Movimiento Semilla. Tras insistir que se le proporcionara la grabación, Reyes comentó que la escucharán e impugnarán la resolución. “Necesitamos el audio para poder tener los argumentos y poder conocer cuál fue el mecanismo que utilizó el juez para poder cancelarnos de forma anómala”, agregó la diputada.
Ayer por la tarde, el diputado Samuel Pérez también presentó un amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Registro de Ciudadanos y el Congreso se abstengan de ejecutar “cualquier acto que derive en la consumación de la amenaza de efectuar la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido político”.
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“Batalla jurídica en las cortes”
En tanto, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, fue cuestionado este viernes sobre la resolución del Registro de Ciudadanos. Según el fiscal “lo que debe imperar es la ley”. Agregó que se enteró a través de los medios de comunicación sobre los desacuerdos de “algunas personas” por la orden judicial y recordó que existen medios de impugnación.
“Esperaríamos de ahora en adelante una batalla jurídica en las cortes”, manifestó Curruchiche.
En cuanto al caso contra Semilla iniciado por la FECI en 2023 por presuntas irregularidades en la formación del partido político, Curruchiche recordó que está bajo reserva. Sin embargo, poseen “información sensible” que sustenta la investigación. “Cada una de las acciones que interponga el partido se tendrá que llevar a una batalla jurídica en los próximos meses sino es que años”, afirmó.
Dos días atrás, los 23 diputados electos por Semilla celebraron en el Congreso la reforma del artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con la que se restituye la personalidad jurídica del partido político y su derecho de volver a ser bancada.
Bajo el artículo 82 sobre Suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas, Orellana suspendió hace un año la personalidad jurídica del Movimiento Semilla a solicitud de la FECI. Pero la Ley contra la Delincuencia Organizada es de carácter ordinario la cual fue emitida en 2006 para combatir estructuras del narcotráfico, tráfico ilícito de personas, terrorismo, asesinato, lavado de dinero, entre otras.
El artículo reformado señala que “las disposiciones de esta ley no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativas específicas o rango constitucional. Tampoco son aplicables a organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y/o cancelación están únicamente sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”. Pero la reforma aún no ha entrado en vigencia.
Según la Fiscalía, la agrupación política cometió lavado de dinero durante el proceso de constitución del partido. El hecho supuestamente deriva de la adhesión al Movimiento Semilla de varias personas por medio de firmas falsas. La organización política ha rechazado los señalamientos y ha denunciado que no se le ha permitido tener acceso al expediente.
La persecución contra Semilla se inició luego de que resultados preliminares de las elecciones generales confirmaran que la agrupación había logrado pasar a la segunda vuelta junto a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El abogado Edgar Ortiz afirmó que la resolución del juez Orellana establece un “precedente peligroso” ya que se canceló a Semilla sin seguir el proceso legal establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). “Es un ataque a la institucionalidad electoral”, expresó Ortiz.
La UNE sobrevive a cancelación
De todos los casos de cancelación de partidos políticos, la única agrupación que ha logrado sobrevivir es la UNE. Algunos atribuyen al poder que mantiene Sandra Torres sobre las Cortes y los acuerdos con los diferentes gobiernos como parte de la razón por la cual el partido a logrado enfrentar todos los procesos. En 2021, la UNE también enfrentó denuncias en el TSE que pudieron haber cancelado a la agrupación por irregularidades en el financiamiento y por no tener integrado el Comité Ejecutivo Nacional.
Entonces, el TSE denunció presiones de integrantes del partido político para que nombrara observadores para la realización de asambleas municipales “habiendo prohibición expresa de la Ley y de la Corte de Constitucionalidad en una sentencia de amparo”.
Además, Sandra Torres, secretaria general de la UNE y excandidata presidencial también advirtió que accionarían de forma legal si no les levantaba una sanción que tenían por no haber pagado una multa. Al final, el Registro de Ciudadanos notificó el pago de la multa, sin embargo, el proceso de cancelación del partido continúo hasta que la influencia de Torres y sus aliados llevó a que el TSE desistiera del proceso de cancelación.
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