Mirna Ovando Arias fue señalada en ese caso cuando aún era secretaria del Juzgado de Ejecución Penal, que dirigía Coralia Carmina Contreras, también vinculada al caso. Pero, semanas después de la vinculación a ese expediente, fue ascendida y nombrada jueza, obteniendo inmunidad.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) negó un amparo provisional solicitado por Mirna Yarakia Ovando Arias, jueza suplente en el Organismo Judicial (OJ), señalada en el caso denominado Fugas del Sistema Penitenciario, presentado por la antigua FECI y la CICIG, en 2019. La investigación detectó a una supuesta red criminal que habría colaborado con la fuga de distintos reos, entre ellos, el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa.
Ovando Arias fue señalada en ese caso, cuando aún era secretaria del Juzgado de Ejecución Penal, que dirigía Coralia Carmina Contreras, también vinculada al caso. Pero, semanas después de la vinculación a ese expediente, fue ascendida y nombrada jueza, obteniendo así inmunidad.
De esa cuenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) tuvo que agotar el trámite de antejuicio y, fue hasta el pasado 28 de febrero de este año, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad y autorizó que fuera investigada por el delito de cooperación para la evasión.
En respuesta, la jueza señalada acudió ante la CC buscando suspender esa decisión, sin embargo, al haberse denegado la protección provisional ella podría ser investigada por el MP en el caso conocido como Fugas SP.
“Resolviendo la petición que al respecto formuló en el escrito originario la solicitante del amparo, por razón de que, a juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado. III) Se tiene como tercero interesado y, por lo tanto, como parte en el presente amparo al Ministerio Público”, falla la CC.
El caso
En 2019, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad develó una investigación relacionada con la evasión del centro de detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien, en 2016, fue condenado por el Tribunal de Sentencia Penal para procesos de Mayor Riesgo “C”, a 24 años de prisión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero y otros activos.
Al haber descubierto la fuga del narcotraficante mexicano, la FECI siguió la investigación y determinó que existían, por lo menos, seis personas más quienes se evadieron del centro de detención utilizando órdenes de libertad falsificadas y que eran avaladas por la autoridad judicial.
Otros antecedentes:
Entre los fugados también figuran Luis Alejandro Orozco Vargas, quien cumplía dos condenas, una de 12 años por comercio y almacenamiento, del 5 de marzo de 2013 y la otra por 12 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, impuesta el 26 de septiembre de 2013. Ambas condenas estaban firmes. De acuerdo con el cómputo efectuado, a Orozco Vargas le correspondía recobrar su libertad el 17 de mayo de 2032.
Otra jueza señalada
Otra de las juezas señaladas fue Coralia Contreras, quien actualmente está procesad con arresto domiciliario. Contreras está señalada por los delitos de falsedad ideológica y cooperación para la evasión. La jueza suspendida del cargo estuvo prófuga de la justicia durante 11 meses.
Según la FECI, la jueza emitió un oficio dirigido al Sistema Penitenciario (SP) informando que en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, se modificó la pena impuesta. La orden de libertad y oficio dirigido al Sistema Penitenciario fueron objeto de peritaje grafotécnico, y se determinó que la firma atribuida a la abogada Contreras Flores tiene correspondencia grafotécnica con las atribuidas a la juzgadora, y que ella misma aportó en forma voluntaria, apuntó el MP.
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