El alto Presupuesto que tendrá a disposición el Ejecutivo, para 2025, ha sido cuestionado por no tener un respaldo técnico en cuanto a las fuentes y los destinos. Los recursos se aprobaron en una jornada de más de 15 horas en donde los diputados se autorrecetaron un incremento al salario e indemnización.
Por Prensa Comunitaria
El Estado de Guatemala tiene a partir del 1 de enero de 2025 Q148 mil 526.0 millones disponibles para su ejecución presupuestaria. Es el plan de gastos más alto que ha aprobado el Congreso de la República en las dos últimas décadas, cuestionado por dejar fondos abiertos como el destinado para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y el fondo para la reactivación de carreteras que será manejado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
La jornada, que duró más de 15 horas entre negociaciones, señalamientos y presiones de sectores interesados, marcó la sesión plenaria del martes 26 y madrugada del miércoles 27 de noviembre en la que se aprobaron polémicos decretos, más el acuerdo para la reforma al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que trae de nuevo a la vida jurídica al partido Movimiento Semilla.
El decreto 36-2024 aprobado de urgencia nacional, avaló el techo de gasto del Estado para 2025, con una cifra cuestionada por el aumento en la deuda bonificada, que de Q12.5 millardos este año, pasaría a Q25.1 millardos en el próximo ejercicio fiscal. Con esta alza el déficit fiscal se elevará a 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB), superior a los limites prudentes señalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y diversos analistas que acudieron a las audiencias previas de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Legislativo.
Sin respaldo técnico
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, presentó el dictamen a la iniciativa del presupuesto el viernes pasado. En el documento se realizaron ajustes para incrementar las asignaciones a los Codede, sin que existiera un respaldo técnico que avalara los montos extraordinarios que se repartieron y con los que recibirán Q12 mil millones.
Lo cuestionable es que a la fecha, la ejecución del gasto alcanza el 79% de la asignación vigente de Q131.2 millardos. Los rubros de gasto que mayor nivel ejecutado tienen son el pago del servicio de la deuda pública y las obligaciones a Cargo del Tesoro, que incluye los aportes a entidades estatales, a las municipalidades, Codede y las clases pasivas del Estado.
Bajo estos cuestionamientos la iniciativa fue aprobada con el apoyo de un grupo de alcaldes que permaneció en uno de los palcos del hemiciclo del Congreso en apoyo a la aprobación del Presupuesto para 2025, y la diputada Gladys Cifuentes aprovechó para decir en el pleno que “ellos han viajado desde muy lejos” y que por respeto a los alcaldes pidió la moción privilegiada para conocer de urgencia nacional los presupuestos del Congreso y del Estado para 2025.
Precio alto
Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indicó que el presupuesto aprobado tiene asignaciones que van en beneficio de la salud y educación, pero persiste la opacidad en los aportes de los Codede, que recibirán Q4,300 millones de aportación ordinaria, más Q5,012 millones en asignación extraordinaria para el desarrollo de infraestructura. Se sumarán Q1,881 millones de arrastre de la asignación que el Congreso aprobó en septiembre con la ampliación presupuestaria.
“Darles dinero a los Codede no es malo, porque bien ejecutados esos recursos son de beneficio, el problema está en la distribución que se aprobó sin una justificación técnica, pero con motivos políticos”, agregó Barrientos.
Con el aporte extraordinario de Q5 mil millones se le duplica la asignación a los Consejos, que ha demostrado poca transparencia y capacidad de ejecución, señaló el exviceministro de Finanzas Públicas, y analista Erick Coyoy. Esta situación se irá agravando cada año, debido a que pueden acumular los recursos que no utilicen y trasladarlos al siguiente periodo fiscal, eso lo creará un bolsón que se reparten las redes que existen en los Consejos, agregó, al recordar los mecanismos usados por el exalcalde Arnoldo Medrano, en Chinautla.
Diputados distritales, gobernadores departamentales y alcaldes son los que se ponen de acuerdo con las empresas que se reparten por territorios o departamentos, “es una cultura de corrupción que no cambiará solo con discursos”, apuntó el exfuncionario.
Se hacen transacciones espurias con la legislación, se pasa una ley ganadera que facilita el lavado de dinero (Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario) a cambio de una Ley de Competencia, y se negocia con la inversión pública la aprobación del Presupuesto y poder recuperar el Partido (Semilla), dijo el representante de ICEFI. “Es cuestionable que el precio a pagar sea un bolsón de corrupción”, comentó.
En ese contexto, según escribió en X el presidente Bernardo Arévalo, “la aprobación del presupuesto es un gran paso para traer bienestar y vida digna a las familias guatemaltecas”. Se tiene un “presupuesto sólido y responsable”, añadió.
En contraste, Coyoy indica que en el Congreso están aprobado leyes que afectan los ingresos y el gasto público: la de infraestructura vial, que crea una nueva unidad ejecutora; el aumento al régimen de clases pasivas, y la creación de una nueva entidad de competencia; mientras que con la ley de ganaderos se van a reducir los ingresos.
Pero, en el largo plazo, la preocupación del analista es el papel del Ministerio de Finanzas Públicas como encargado de la administración financiera del Estado. “Pareciera que su rol ahora es de receptor-pagador bancario”, se perdió la visión de cuál debe ser su función, dijo.
Se complica saber cuál es la situación real de las finanzas públicas, pero las crisis de deuda que hemos visto en Costa Rica o El Salvador no estarían lejos de ocurrir en el país, si se mantienen las malas prácticas, como el uso de deuda para financiar gastos de funcionamiento.
Un segundo bolsón
El diputado oficialista Román Castellanos logró incluir el artículo 142 para dejar la posibilidad al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el uso de Q3,500 millones adicionales para el plan extraordinario para la rehabilitación de puentes y carreteras, que se financiará con recursos disponibles de caja, bonos y préstamos.
Barrientos critica que la forma de aprobar este fondo es opaca, porque no se establece con claridad la fuente de financiamiento.
El mismo día que se dictaminó el Presupuesto, Castellanos y Estrada presentaron una enmienda para suprimir el artículo 110 de la iniciativa, que daba prioridad a cinco obras a cargo del CIV, y destinaba Q900 millones para atender tres tramos del Anillo C-50; libramiento en Sayaxché y la construcción a cuatro carriles de Santa Cruz Verapaz a Cobán.
Otra enmienda que aprobaron los diputados fue modificar el artículo 140, para atender incrementos de salarios y reclasificación de puestos del personal salubrista, que en protesta por las malas condiciones laborales y del sistema de salud nacional, permanecieron apostados en las afueras del Legislativo.
Aumento salarial
Impulsados por concluir con la agenda pactada, los diputados también se autorrecetaron el acuerdo 31-2024 que contiene el Presupuesto del Organismo Legislativo para 2025. Aunque se había indicado que se mantendría sin mayores cambios, la Junta Directiva autorizó el incrementó a Q987 millones, más las transferencias para la Procuraduría de Derechos Humanos por Q245 millones, para el Parlamento Centroamericano por Q13 millones y para la Corte Centroamericana de Justicia por Q2.4 millones.
En total, el presupuesto aprobado alcanza Q1,464.6 millones, pero los reclamos se iniciaron tan pronto se conoció la enmienda con la que los congresistas votaron para tener un salario igual al que perciben los magistrados de la Corte de Apelaciones; además de una indemnización y el pago de las prestaciones de Ley.
Con esto, un diputado pasaría de ganar Q29 mil por mes a Q46 mil y gozaría de prestaciones e indemnización. Aunque en contra de este acuerdo votaron 62 diputados, cuatro estuvieron ausentes y seis se excusaron de la sesión, fueron suficientes los 88 votos a favor que obtuvo.
Cambios a la PNC
El presidente del Congreso, Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) también ganó su batalla, al aprobarse el decreto 35-2024 que contiene una nueva ley para esa entidad. Desde el palco del Congreso, altos mandos de la institución policial y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, respaldaron la iniciativa, que desde su discusión en el pleno levantó la posibilidad de tener que disputarse la vigencia en el plano Constitucional.
Los aspectos de la iniciativa para dignificar el salario y las condiciones en las que laboran los agentes lograron persuadir a la mayoría de diputados, pero otros casos, como la obtención de los ingresos propios, y el artículo de la presunción legal que tendrán los policías que utilicen sus armas en cumplimiento de sus funciones.
Además, crea un Instituto de Previsión Social Complementario para los agentes y sus familiares, se fortalece el escalafón y se apoya la profesionalización de los policías.
