Las familias señalan a Walter Alfonso Divas Canúz, recién electo como magistrado suplente para el departamento de Santa Rosa, asesor del diputado Inés Castillo y quien ha criminalizado a los comunitarios de Nueva Esperanza.
Por Simón Antonio Ramón
Comunitarios de Nueva Esperanza en el municipio de Barberena, Santa Rosa, que fueron desalojados el 28 de noviembre de 2023, piden que la investigación que se desarrolla sobre este caso sea trasladada a la ciudad de Guatemala, para evitar la influencia que pueda ejercer el recién electo magistrado suplente de la Sala de Apelaciones, Walter Alfonso Divas Canúz.
Las familias de la comunidad de Nueva Esperanza habían comprado la finca 219 con folio 97 del libro 50 de Santa Rosa, sin embargo, han sido desalojadas en cuatro ocasiones, quienes fueron señaladas de usurpación por parte de supuestos propietarios de la finca Cerro Redondo.
Según los comunitarios, el recién electo magistrado suplente, ha sido representante legal de la finca Cerro Redondo y asesor del diputado Inés Castillo, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
“Vemos que hay algunos intereses dentro de este grupo que está trabajando en el departamento de Santa Rosa, entre ellos el señor Walter Divas. Lo que pedimos como comunidad es que nuestros documentos que están en una investigación en proceso sean trasladados hacia la ciudad capital”, dijo Arnoldo Martínez, miembro de la Junta Directiva de Nueva Esperanza.
“Walter Divas electo como magistrado suplente para la Sala de Santa Rosa, que está respaldado por el diputado, ha estado criminalizando a los compañeros que han defendido su territorio”, indicó Leocadio Juracán del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
Este miércoles 30 de noviembre, los comunitarios de Nueva Esperanza dieron a conocer la situación en una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional de la Cultura.
El caso
El juez Iván Estuardo Morán Navas había aceptado un recurso de prejudicialidad para que el caso se conociera en un juzgado civil y no penal. Pero el 28 de noviembre de 2023 ordenó el desalojo de las familias y emitió 56 órdenes de detención por el delito de usurpación.
Hasta el momento, están sujetos a investigación penal 10 personas, entre ellos Mauricio Rivas que fue detenido el 12 de julio en El Cerinal, Barberena y ocho personas más cuando se iban a presentar el 28 de agosto a la audiencia de primera declaración, mientras que Carlos Obdulio Noriega Mérida, fue detenido en la ciudad de Guatemala, ese mismo día.
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