La masiva persecución contra comunitarios de la comunidad de Nueva Esperanza, Barberena, responde a una denuncia de propietarios de la finca Cerro Redondo. Hasta la fecha 20 personas han sido ligadas a proceso por el delito de usurpación agravada, una persona detenida por el mismo delito, otras 35 aún con órdenes de detención.
Por Simón Antonio Ramón
El 3 de septiembre, 10 pobladores de la comunidad de Nueva Esperanza, Barberena, Santa Rosa se presentaron de forma voluntaria al Juzgado de Primera Instancia Penal de Cuilapa, para solventar su situación legal porque tenían orden de detención.
Al presentarse al Juzgado fueron ligados a proceso por el delito de usurpación agravada, por una denuncia interpuesta por los propietarios de la finca Cerro Redondo en el municipio de Barberena, Santa Rosa.
En total, suman 20 personas procesadas por el mismo delito; Mauricio Rivas, fue el primer detenido por estos señalamientos, el 12 de julio en El Cerinal, Barberena. El 28 de agosto, otras nueve personas fueron detenidas cuando se dirigían al Juzgado a presentarse por la orden de detención que tenían en su contra. Esa misma tarde fueron procesados y se les otorgó medidas sustitutivas.
El comunitario Carlos Obdulio Noriega Mérida fue detenido en la ciudad capital el 28 de agosto y pese a que se tenía previsto que compareciera ante el juez, el 2 de septiembre, la audiencia de primera declaración no se ha llevado a cabo.
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dijo que la voluntad de los comunitarios de presentarse al juzgado era muestra de buena fe.
“La actitud de nuestros hermanos difiere de la de los delincuentes de cuello blanco que fingen trastornos, enfermedades para no darse cita a los tribunales, nuestras hermanas y hermanos no son delincuentes para recibir tal trato”, señaló el CCDA, en un comunicado de prensa, al denunciar las detenciones.
Las familias de la comunidad de Nueva Esperanza fueron denunciadas por los propietarios de la finca Cerro Redondo, quienes los acusa de invadir una propiedad, pero las familias compraron el terreno en 2017, bajo la modalidad conocida como cesiones de derechos hereditarios.
Desde que las familias llegaron al terreno han sido desalojados en cuatro ocasiones desde el año 2018. El último, ocurrió el 28 de noviembre de 2023. En ese contexto, el juez Iván Estuardo Morán Navas, emitió 56 órdenes de detención por el delito de usurpación agravada.