Francisco Pop conducía su motocicleta cuando fue asesinado en la frontera entre México y Guatemala. El hecho ocurrió un día antes de acudir a una audiencia programada por una acusación penal presentada en su contra por Industria Chiquibul, S.A., una empresa de palma de aceite.
Por Prensa Comunitaria
El agricultor Francisco Pop Ico, de 40 años, originario de la comunidad de Santa Elena Salinas, del municipio de Sayaxché, Petén, fue asesinado con arma de fuego la noche del 17 de octubre de 2024. Era dirigente de un grupo de personas que peleaba por sus derechos laborales ante la empresa Industria Chiquibul, S.A. porque consideraban que estaban esclavizados, pero al iniciar estas acciones la empresa los acusa de vuelta.
Pop Ico trabajaba en una gasolinera mexicana, conducía su motocicleta de regreso a su hogar cuando fue asesinado en la frontera entre México y Guatemala.
El alcalde comunitario Antonio Pop Rax comentó que el 11 de octubre recibió una llamada telefónica del gerente de relaciones comunitarias de la empresa de palma, Carlos Cú, indicándole que tenía que acompañar a Francisco Pop al Juzgado para solventar su situación legal.
Este hecho se registró un día antes de presentarse a una audiencia programada para este viernes 18 de octubre, a las 11:00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con sede en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
El proceso se deriva de una denuncia presentada por la empresa en la Fiscalía Municipal del Ministerio Público (MP) del municipio de Chisec en 2020, y en la cual señala a Francisco Pop de detenciones ilegales y amenazas, junto a otros defensores de las comunidades de Esperancita del Río de Chisec, Alta Verapaz; Tezulutlán I y II de Sayaxché, Petén.
El Tribunal de Sentencia Penal y Delitos contra el Ambiente de San Benito, Petén, en 2021 condenó por los delitos de usurpación y detenciones ilegales a cuatro defensores del territorio: Nicolas Pop Chen, Armando Pop Caal, Mario Pop Tux y Matías Pop Asig, de la comunidad de Santa Elena Salinas. En este proceso, también estaba acusado Francisco Pop Ico.
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Petén: condenan a cuatro defensores de DDHH criminalizados por industrias Chiquibul
El dirigente comunitario
La criminalización de dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos en Guatemala ha sido una táctica utilizada con frecuencia para silenciar las voces que se oponen a los intereses económicos de grandes industrias y empresas.
El caso de Pop Ico, un dirigente comunitario Q’eqchi’ de Santa Elena Salinas es un ejemplo claro, ya que, en los últimos años, Francisco y otros defensores de su comunidad han enfrentado una persecución sistemática por su lucha en defensa de la tierra y los derechos de las comunidades indígenas, en medio de un conflicto con la empresa Industria Chiquibul, S.A. que busca expandir su control en la región.
En octubre de 2021, la criminalización de Francisco Pop Ico se hizo evidente cuando él y otros defensores de derechos humanos fueron acusados de usurpación y otros delitos relacionados con la tierra. Según la versión de la empresa, los dirigentes comunitarios habían invadido terrenos pertenecientes al cultivo de palma de aceite, un argumento que los defensores rechazan, insistiendo en que esas tierras son parte de su territorio ancestral y que los cargos son una táctica para deslegitimar su lucha.
“Las denuncias y acusaciones contra Pop Ico se enmarcan en una tendencia más amplia de criminalización de defensores de derechos humanos en Guatemala, especialmente aquellos que protegen los derechos de los pueblos indígenas y los recursos naturales. El uso del sistema de justicia para perseguir a dirigentes es una estrategia comúnmente empleada para debilitar los movimientos sociales y, al mismo tiempo, generar miedo entre las comunidades, inhibiendo su capacidad de movilización”, dijo un dirigente del municipio de Sayaxché, quien prefirió omitir su nombre.
Importancia de la región
Santa Elena Salinas, una pequeña comunidad en el municipio de Sayaxché, Petén, ha sido escenario de una creciente tensión entre sus habitantes y la poderosa Industria Chiquibul, S.A. una empresa dedicada a la producción y extracción de recursos forestales y agrícolas. La comunidad, mayoritariamente Q’eqchi’, lleva años denunciando los intentos de despojo de sus tierras ancestrales, alegando que las prácticas de la empresa no solo violan los derechos de los pueblos indígenas, sino que también atentan contra la biodiversidad y la sostenibilidad del territorio.
El acceso a la tierra en Petén ha sido históricamente un tema de disputa, especialmente desde los años del conflicto armado y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas. A lo largo de las décadas, empresas como Industria Chiquibul, S.A. han aprovechado la falta de regulación y la complicidad de las autoridades locales para expandir sus operaciones a expensas de las comunidades locales, a menudo utilizando estrategias que incluyen la cooptación de autoridades comunitarias, la corrupción de funcionarios y, en casos extremos, la criminalización de quienes se oponen a sus intereses.
Pop Ico, como dirigente de su comunidad, fue una figura clave en la resistencia contra los intentos de expansión de la empresa. Junto con otros comunitarios, denunciaron públicamente la ocupación ilegal de tierras, la destrucción de recursos naturales y los actos de intimidación que los habitantes de Santa Elena han sufrido a manos de la empresa y de las fuerzas de seguridad locales, indicó Antonio Pop Rax.
