“He tenido relación con don Ermitaño y con don Rigoberto, me he dado cuenta de que en aquel momento cuando ocurrió esa crisis, realmente al final, los que lograron que todo esa no desembocara en una mayor violencia fueron ellos y otros líderes”, aseguró Álvaro Ramazzini.
Por Simón Antonio Ramón
El obispo Álvaro Ramazzini manifestó, este viernes, su respaldo a Rigoberto Juárez Mateo y a Ermitaño López ante la nueva persecución del Ministerio Público que intenta encarcelarlos por delitos por los que no fueron juzgados en 2016.
“Estamos siendo testigos de procesos de criminalización por parte de las autoridades, especialmente de la fiscalía general. Es increíble que todo esto está pasando en un país donde hay democracia, sabemos que el fundamento de la democracia es la aplicación de la justicia de modo objetivo, de modo totalmente de acuerdo a la verdad y es lo que no está pasando en este país”, señaló el cardenal y arzobispo de Guatemala.
En 2016, el Ministerio Público apeló ante la Sala de Apelación del Ramo Penal de Mayor Riesgo, que revirtió la absolución y agregó delitos de detención ilegal en contra de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y Ermitaño López, dirigente comunitario, lo cual elevaría su sentencia a 7 años de prisión y a 23 años en el caso de Ermitaño López.
El 22 de agosto pasado Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y Ermitaño López, dirigente comunitario, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el riesgo que corren de ser enviados a prisión, tras reactivarse un caso de criminalización en su contra.
Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, acude a la CC para evitar una sentencia injusta
Ramazzini dijo que tiene conocimiento de los hechos de los que se les señala a Rigoberto Juárez y Ermitaño López. “He tenido relación con don Ermitaño y con don Rigoberto, me he dado cuenta de que en aquel momento cuando ocurrió esa crisis, realmente al final, los que lograron que todo eso no desembocara en una mayor violencia fueron ellos y otros líderes”, aseguró Ramazzini.
El amparo presentado por Juárez y López plantea cuatro violaciones, se denunció la violación del principio de legalidad, ya que según los abogados, a la Sala y la Cámara no le compete tipificar hechos que no son delitos; se violentó la independencia judicial del Tribunal de Mayor Riesgo A, porque la Sala y la Cámara se entrometieron en valorar pruebas que no les corresponde.
También se denunció la violación al debido proceso y el derecho de defensa, porque la forma que resolvió la sala y la confirmación por parte de la Cámara Penal, exponen a los comunitarios y otras autoridades indígenas el peligro de mediación entre la población el poder público.
El inicio de la criminalización
El 22 de julio de 2016, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmín Barrios, dijo en la sentencia que les otorgo su libertad que confiaba en la inocencia de ambos dirigentes comunitarios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, respectivamente. En diferentes momentos señaló que, para ella, su actuación no implicaba delito alguno.
Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes fueron criminalizados por el excoordinador del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, Pascual Tiu Zapeta y otros trabajadores de instituciones del sector justicia. A Ermitaño López se le acusó de convocar a comunitarios para amedrentar y encerrar a operadores de justicia el 23 de enero de 2014 en el CAJ mientras se realizaba una audiencia contra Francisco Pedro, Arturo Pablo y Adalberto Villatoro, quienes eran acusados por trabajadores de la hidroeléctrica Santa Cruz, que buscaba operar en Santa Cruz Barillas.
A Rigoberto Juárez se le acusó de encerrar a trabajadores del CAJ el 19 y 20 de enero de 2015, cuando en horas de la mañana del 19 de enero se habían realizado dos detenciones en la aldea Pojom de San Mateo Ixtatán. Se trataba de hermanos denunciados por la empresa Energía y Renovación, S.A que intentó construir dos hidroeléctricas en la región de Yichk’isis, conformada por ocho aldeas y cuatro caseríos.
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