Gilberto Porres de Paz es uno de los 1383 abogados que aspiran llegar a las Cortes de Apelaciones. Su participación como candidato ha sido objetada por la sociedad civil, con dos tachas que fueron desechadas por la Postuladora.
Su relación de parentesco con la fiscal general, quien ostenta una posición de poder, podría influir en la decisión de los comisionados para incluirlo en la nomina final de aspirantes que será enviada al Congreso, argumentaron autoridades indígenas.
Por Regina Pérez
Gilberto Porres de Paz es un abogado y fiscal del Ministerio Público (MP) de Guatemala, quien no solo forma parte del círculo de confianza de la fiscal general Consuelo Porras, sino que además es su esposo. Aunque se ha mantenido alejado de los focos públicos su nombre comenzó a ser más conocido luego de que fuera sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU., en 2022.
Su candidatura fue objetada por la ciudadanía por considerarlo una persona que carece de reconocida honorabilidad e idoneidad para el cargo al que aspira. A pesar de los cuestionamientos continúa en el proceso para ser magistrado de la Sala de Apelaciones.
Porres de Paz inició su carrera como abogado hace más de 21 años. Desde el 2008 labora en el MP y, desde 2016, se ha desempeñado como fiscal adjunto en la Fiscalía contra la Corrupción. Su carrera como fiscal está vinculada a diversas investigaciones y procesos penales que no avanzaron o fueron archivados, aunque su perfil público es menos conocido que el de otros fiscales de alto rango.
A diferencia de los exfiscales Stuardo Campo o Eduardo Pantaleón, quienes trabajaron con él en esa unidad de investigación y fueron criminalizados, él conserva su posición sin que en algún momento se haya conocido de un posible trasladado o destitución.
Porres de Paz es parte de un grupo de fiscales y trabajadores del MP que buscan llegar a las Salas de Apelaciones. Aunque en principio su expediente fue excluido por la Comisión de Postulación por no adjuntar una declaración jurada que acreditara el ejercicio de la profesión de abogado por más de cinco años, no tuvo obstáculos para reincorporarse al proceso y presentar sus pruebas de descargo.
El fiscal adjunto fue designado por el Departamento de Estado de EE. UU., en 2022, después de Consuelo Porras fuera incluida por su participación en hechos significativos de corrupción. A Porras se le señaló de obstruir y menoscabar en reiteradas investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados y conseguir favores políticos indebidos. Esta designación pública se realiza conforme al artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado.
Trayectoria profesional
Porres de Paz nació en San Pedro Ayampuc, del departamento de Guatemala, en 1959. Según consta en su hoja de vida tiene 21 años de ejercer como abogado. Obtuvo ese título, en 2003, en la Universidad de San Carlos. Estudió una maestría en Administración Pública y Gobierno en la Universidad Galileo y cuenta con un pensum cerrado de un Doctorado en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez (UMG).
Entre 2011 a 2015 fue docente en la UMG. También se desempeñó en el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación. En 2008, ingresó al MP como agente fiscal itinerante y fue agente fiscal de 2010 a 2014. Posteriormente fue consejero del Consejo del MP, de 2012 a 2014, donde proponía nombramientos de fiscales de distrito, de sección, agentes fiscales y auxiliares.
De 2014 a 2016, trabajó en la Fiscalía de Medio Ambiente y, el 29 de noviembre de 2016, fue nombrado Fiscal Adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción.
En su currículo menciona que escribió el libro Seguridad y Desarrollo, un proyecto factible para Guatemala para la Comunidad de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), y que ha dado cursos para ese ministerio. Sin embargo niega tener vínculos con militares.
Impedimentos en su contra
En este proceso de elección, Porres de Paz recibió dos impedimentos. Uno de parte de las ciudadanas Eleonora Muralles y Margarita Castillo y otro por las autoridades ancestrales, quienes consideran que como candidato carece de honorabilidad e idoneidad para el cargo.
Además de haber sido sancionado por EE.UU. junto a su esposa en 2022, Muralles y Castillo señalan que a través del matrimonio de Porres de Paz con Porras se establece un parentesco que debe tomarse en consideración, por la cercanía y afinidad, que deviene en conflicto de interés entre la jefa del MP y su esposo subalterno. Al mismo tiempo resaltan que pertenece a los puestos de confianza ocupados por el círculo más cercano a Porras.
En el caso de las autoridades indígenas señalan que Porres de Paz ha gozado de privilegios debido a su relación con la jefa del MP. El fiscal adjunto gozaría de seguridad personal que le costaría al Estado Q937 mil 331 al año, un privilegio que otros fiscales de igual rango no tienen. “Esto denota que la fiscal general está utilizando el MP para beneficios personales”, señalaron en la tacha.
En el documento presentado por las autoridades indígenas se menciona la preocupación que existe de que Porras trate de utilizar su posición de poder para influir en las decisiones de la Comisión para que la Postuladora lo incluya en la nómina final de aspirantes que será entregada al Congreso el 23 de septiembre próximo. Por esas razones pidieron que sea excluido del proceso.
Sin embargo, ambos impedimentos fueron rechazados. Expertos han sugerido a las Comisiones de Postulación analizar rigurosamente la ética de los candidatos y excluir a actores vinculados a la corrupción o que han socavado la democracia para integrar la nómina final.
