Entre el 23 de agosto y el 2 de septiembre pasado la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) adjudicó 40 contratos para el mantenimiento de rutas no pavimentadas (de tierra). Algunos empresarios se han quejado de las modificaciones de última hora en los proyectos. En 14 eventos se presentaron inconformidades.
Por Angel Sas
El “chorro” en la adjudicación de obras por parte de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) del Ministerio de Comunicaciones (CIV) se abrió entre los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre. En solo 11 días se adjudicaron 40 concursos de mantenimiento de red vial no pavimentada por un costo de Q262 millones 331 mil 919.
Los proyectos se desarrollarán en 15 departamentos: Santa Rosa, San Marcos, Retalhuleu, Quiché, Petén, Sololá, Escuintla, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Jutiapa, Totonicapán, y Huehuetenango.
Sin embargo hay una sombra de señalamientos y supuestas “anomalías” en la adjudicación porque algunos empresarios que participaron en los procesos dijeron que en esos eventos hubo cambios importantes a última hora que les hizo replantearse su participación por los costos. Uno de ellos, quien habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato, dijo que un día antes de que se venciera el plazo para ofertar las autoridades de Covial, unidad dirigida por Lizzette Benítez, cambiaron el departamento donde se realizaría el mantenimiento a las carreteras no pavimentadas y también el número de kilómetros a reparar.
“Mantuvieron por más de dos meses los lugares donde se haría la reparación y dos meses después lo cambiaron y solo dieron 8 días para presentar ofertas. En ese tiempo había que replantear toda la logística para la maquinaria y los costos. A lo mejor hubo empresas que ya estaban al tanto de estos cambios antes de que publicaran y por eso dieron mejores precios, pero con los ojos cerrados era difícil. Da la sospecha que todo estaba dirigido”, explicó el empresario.
Un caso que representa a todos
El evento “T-046-2024 mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada” fue publicado en Guatecompras con el NOG: 23092769, el 3 de junio pasado. Consistía, originalmente, en la reparación de siete tramos en Quetzaltenango, con un total de 51.29 kilómetros. Las empresas tenían hasta el 16 de julio para presentar ofertas. Pero un día antes -el 15 de julio- se realizó una modificación en aspectos técnicos, pero manteniendo los mismos tramos a reparar. Así que se corrió la fecha para presentar ofertas hasta el 1 de agosto.
Sin embargo, el 29 de julio -tres días antes que venciera el nuevo plazo para presentar ofertas- se dio otro cambio en aspectos técnicos y se volvió a correr la fecha para presentar ofertas para el 16 de agosto.
El 1 de agosto se registró un tercer cambio al evento y, en lugar de reparar siete tramos en Quetzaltenango, se decidió que las reparaciones fueran 15 tramos por un total de 194 kilómetros, pero ahora en Santa Rosa.
El 16 de agosto se marcó como la fecha límite para que los interesados presentaran ofertas, pero con más kilómetros y diferentes lugares. Al final cinco empresas presentaron ofertas. Ganó la oferta de Marcos Román López Garay, por un total de Q4 millones 885 mil 151.
Una empresa nueva y una persona señalada
La empresa de Marcos Román López Garay – con nombre comercial CyC construcciones- estaba sin vender al Estado, desde 2020, cuando vendió Q7 mil a la municipalidad de Puerto de San José. Desde esa fecha no había obtenido contratos hasta que hace unos días ganó uno por Q4.8 millones.
La junta de calificación y adjudicación fue integrada por Edgar Armando Coronado, quien labora como director de un área de Covial. Los otros dos integrantes de la junta son María Julia López Cruz y Mónica Isabel Nájera Socorec, a quién diferentes medios de comunicación la señalaron de actos vinculados a casos de corrupción. El medio Factor 4 publicó que Nájera Socorec participó en juntas de licitación que beneficiaron a empresas ligadas al exministro Alejandro Sinibadi.
Mientras tanto el periódico La Hora dijo que Nájera participó en juntas de licitación donde se descalificó por motivos pocos claros a empresas para beneficiar a otras.
¿Es para beneficiar a contratistas?
Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, dijo que los múltiples cambios a las bases de los eventos tienen como objetivo claro beneficiar a determinadas empresas. “Es evidente interés por beneficiar a ciertos contratistas. No es normal que se hagan tantos cambios. Menos que se cambie el lugar donde se realizará la obra. Para eso hay una planificación. Además al cambiar el lugar conlleva cambio de especificaciones técnicas ya que no es el mismo suelo en Chimaltenango que en Petén por ejemplo”, explicó Marroquín.
Un ejemplo de esto es en el evento con el NOG 23092858 que originalmente estaba para el mantenimiento de 84 kilómetros en Quiché, pero a última hora se cambió para reparar 116 kilómetros en Santa Rosa. Este fue adjudicado por Q2 millones 566 mil 219, que benefició a una empresa individual a nombre de Jose Manuel López Pérez, quien este año ha vendido Q16.7 millones al Estado. Ha ganado concursos en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), pero también en las municipalidades de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Chimaltenango.
Otro caso es el evento con el NOG 23092564 que se había destinado para el mantenimiento de 96 kilómetros en Petén y terminó cambiándose para reparar un tramo de 168 kilómetros en San Marcos. El concurso fue adjudicado a Nidia Auristela Maldonado Calderón, por Q3.9 millones. Esta persona ha recibido obras por un total de Q11.9 millones entre el MICIVI y municipalidades de Huehuetenango.
También se encuentra el evento con el NOG 23092491 que consistía, al principio, en reparar 64 kilómetros en Petén, pero se cambió a 186 kilómetros en Suchitepéquez y Retalhuleu por un monto de Q4 millones 393 mil 547 y fue adjudicado a Grupo Técnico en Construcción Serima, S.A.
“Por ejemplo uno hace sus costos de mover maquinaría a Quiché y los costos de operación. Pero después lo cambian a Santa Rosa y solo dan ocho días para hacer la oferta. Allí hay algo raro y quizás hasta ya se tiene la empresa designada y solo lo hacen para que más empresas participen y validen que están haciendo las cosas bien” señaló un empresario de la construcción afectado por los cambios de última hora.
En un 35% por ciento de los eventos se presentaron inconformidades por el comportamiento de la junta de recepción, calificación y adjudicación de los proyectos. Unas 15 empresas presentaron quejas por las acciones de las juntas, sin embargo, en ninguna se dio la razón a las quejas presentadas por los empresarios de la construcción.
Consultada la directora de Covial, Lizzette Benítez, dijo desconocer los motivos de los cambios a las bases. “Yo vine el 2 de agosto” al puesto y esos eventos fueron subidos antes al sistema de compras del Estado, indicó.
El viceministro de Infraestructura, Max Alejandro García, opinó que los cambios de destino de obra se dieron luego de la modificación del Plan Anual de Covial, pero al consultarle cuándo fue la aprobación del plan y por qué se modificaron varias veces las bases no supo responder. “Los cambios se hicieron porque hubo modificación en el plan anual de Covial. Fue por eso y por modificación de presupuesto”, indicó García.
Para Marroquín los cambios en las bases se han dado en el pasado y aunque no es la primera vez que se hace “sí es cuestionable que ahora, cuando dicen que se harán las cosas diferentes, se siga haciendo”, acotó.
Más acusaciones
Otro empresario que habló con la condición del anonimato señaló que a todas las empresas se les pide Q40 mil si quieren participar en eventos y, si ganan los procesos, un 15% de pago por lo adjudicado. “Piden el 5% por ciento por adelantado y el 10% al recibir el primer pago. Quienes piden dicen que van con la autorización de la directora de Covial y el viceministro de Infraestructura”, explicó la fuente quien aseguró que son varios constructores que han recibido las presiones.
Consultada sobre este señalamiento la directora de Covial desmintió las acusaciones y agregó que ella no participa en las juntas de evaluación. “Desconozco de dónde vienen esas acusaciones”, anotó.
Por su parte el viceministro García señaló que este tipo de denuncias surgen porque ellos abrieron los requisitos y entonces más empresas pueden participar en los eventos y eso a algunos constructores les molesta. “Si alguien tiene una prueba que lo presente. Nosotros estamos privilegiando la transparencia”, indicó.
Agregó que acepta que se ha reunido en su oficina con constructores, pero para explicarles que ahora los procesos son más transparentes y privilegiando las mejores ofertas.
Corrupción: continúan destituciones en la Dirección General de Caminos y en el MAGA
Un ministerio de pleno cambio
El Ministerio de Comunicaciones ha estado en el ojo público por las diferentes acusaciones de actos de corrupción. El presidente Bernardo Arévalo nombró al principio del gobierno a Jazmín de la Vega como ministra de Comunicaciones. Un cuadro de la Cámara de Constructores y allegada al CACIF, con experiencia previa como diputada del PAN, entre 1996-2000. Además ya había tenido un paso por ese ministerio durante el gobierno de Óscar Berger, en 2004-2005, cuando fue destituida por solicitar dinero a empresas interesadas en la construcción de cárceles en el país.
El 17 de mayo pasado el presidente Arévalo destituyó a De la Vega después que irrespetó un plan de pagos a Constructores para evitar pagos repetidos a empresas. Félix Alvarado, quien asumió luego de la salida de De la Vega, señaló “que recibía un ministerio “que se había pervertido” con administraciones anteriores.
“Nos han dejado un ministerio que está ahogado en compromisos que ni siquiera reflejan caminos por hacerse bien, sino simplemente arreglos entre personas”, denunció el ministro. En este contexto, Alvarado expuso que una de sus prioridades será “limpiar” el CIV con el objetivo de que la cartera sea “capaz” de gestionar la obra pública.
En julio pasado Alvarado denunció una estructura “corrupta” en la Dirección de Caminos, que saboteaba las acciones del gobierno para atender la emergencia registrada en la autopista Palín-Escuintla. En esa unidad fueron destituidos el director y otras tres personas.
El Ministerio de Comunicaciones es el segundo ministerio con más baja ejecución de todo el gobierno, con un 37.41%, solo superado por el Ministerio de Agricultura con 29.44%.
Según el reporte generado por Sistema de contabilidad integrada (Sicoin) el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones asciende a Q6 mil 416 millones de los que se han ejecutado hasta el momento Q2 mil 400 millones.
En desarrollo de infraestructura vial -donde se tienen asignados Q4 mil 503 millones- se han ejecutado Q1 mil 806 millones un 40.11%. Mientras que en el rubro de construcción de obra pública -Q237 millones- se ha ejecutado un 35%. Para el desarrollo de vivienda le fue asignado al ministerio Q671 millones y sólo ha ejecutado Q91 millones que representa el 13%. Mientras que para la atención de desastres naturales y calamidades públicas se asignó Q240 millones y se han ejecutado Q60 millones para un Q25%.
