Un aspecto que llamó la atención de los integrantes del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) fue la decisión de comisionados de aceptar únicamente aquellas objeciones contra candidatos que tengan sentencia firme. El aspecto ético a la hora de evaluar a los candidatos no está siendo considerado y los instrumentos de evaluación son limitados y favorecen a magistrados y exfuncionarios comprometidos con redes político económico ilícitas.
Por Regina Pérez
El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) publicó su primer informe sobre la elección de Cortes en Guatemala en el que piden a los comisionados no premiar con una magistratura a las personas que han promovido la criminalización o han sido señalados internacionalmente.
En una rueda de prensa, la experta mexicana, Ana Lorena Delgadillo, señala que las Comisiones de Postulación están obligadas a hacer una lectura integral sobre los antecedentes de cada uno de los aspirantes, particularmente sobre la honorabilidad.
En este proceso, varios candidatas y candidatos, entre ellos jueces y fiscales que forman parte del círculo de confianza de la fiscal general y que figuran en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de EEUU o han sido sancionados por la Unión Europea y otros países han presentado su expediente.
“Hay al menos nueve personas sancionadas por el Departamento de Estado de EEUU, la Unión Europea y Canadá por obstruir investigaciones anticorrupción, presentar investigaciones espurias contra exfiscales, judicializar el proceso de elecciones generales, perseguir periodistas independientes y otras causales”, señala el informe.
Para el panel de expertos, las Comisiones de Postulación no deben de cerrar los ojos ante los señalamientos de esa magnitud aunque no haya sentencias condenatorias firmes.
A pesar de las tachas de la sociedad civil, las Comisiones de Postulación han rechazado los impedimentos y los candidatos señalados aún continúan en el proceso.
Entre sus recomendaciones piden a los comisionados excluir a aquellos que tengan conflicto de interés y a aquellos jueces, fiscales y funcionarios que han hecho un uso abusivo de las instituciones para perseguir y criminalizar arbitrariamente a jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin tomar en cuenta el aspecto ético
Sidney Blanco, magistrado de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de El Salvador (2009-2018) señaló que los documentos requeridos a los candidatos son insuficientes para valorar el aspecto ético, un aspecto transversal.
“Una persona puede tener los doctorados que sean necesarios, pero si no es ético, desde el punto de vista del papel que les corresponde a estos funcionarios, prevalece más aquel que tiene demostrada capacidad, idoneidad, integridad y honorabilidad”, dijo el experto.
Para Blanco, habría sido importante exigir a los candidatos unas declaraciones juradas que demuestren que carecen de señalamientos de gobiernos internacionales.
#LuchaPorCortes ⚖️ “Actores que promueven la criminalización no deberían ser premiados con una magistratura”
Ana Lorena Delgadillo del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) señala que las Comisiones de Postulación están en la obligación de hacer una lectura integral… pic.twitter.com/cdViFk2GUr
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) September 11, 2024
Si bien esto no constituyen sanciones de carácter penal y menos una sentencia firme, son señalamientos graves de gobiernos extranjeros de ser actores corruptos, violadores de derechos humanos o por socavar la democracia, y candidatos con estas características no deben ser incluidos en la nómina de la CSJ, dijo.
Una de las recomendaciones del Panel es analizar rigurosamente la ética de las candidaturas con señalamientos graves de corrupción, procesos judiciales abiertos, que hayan sido objeto de sanciones internacionales o tengan objeciones de la ciudadanía.
Instrumentos son limitados y tienen sesgo
El PEI-GT también evaluó los instrumentos aprobados para calificar a los candidatos y señala que son limitados. “Hemos escuchado a la propia sociedad civil que son los peores instrumentos aprobados en mucho tiempo”, indicó Delgadillo.
En estos se omiten entrevistas, pruebas psicométricas; la tabla de gradación favorece a magistrados que están actualmente en el cargo y se pusieron restricciones a objeciones ciudadanas.
“Los instrumentos aprobados tienen un sesgo que favorece a magistrados que se extendieron indebidamente en 2019 y 2023, magistraturas actuales y exfuncionarios públicos comprometidos con redes político económica ilícitas que carecen de experiencia en el ejercicio de la judicatura. Esto afecta severamente la posibilidad de una renovación real de las Cortes en el país”, señaló la experta.
Debido a los retrasos injustificados, los comisionados tuvieron que aprobar los instrumentos de prisa, sin profundizar en su contenido. “Nos encontramos con unos instrumentos deficientes, insuficientes y hasta contradictorios”, dijo Blanco.
Asimismo el PEI-GT rechazó de manera tajante la postulación de integrantes de las Comisiones por representar conflicto de interés y por ser una práctica antiética e hizo un nuevo llamado para que declinen sus candidaturas. Treinta y tres comisionados de ambas Postuladoras buscan ser magistrados en CSJ y Salas de Apelaciones.
Limitación de las tachas
Un aspecto que preocupó a los expertos fue la decisión de ambas Comisiones de limitar la auditoría ciudadana al acordar que solo tomarían en cuenta los impedimentos con sentencias condenatorias firmes. Para Delgadillo esta restricción contradice los estándares internacionales que se aplican en muchos países.
Blanco indicó que uno de los aspectos que llamaron su atención fueron el reglamento que se exigió para objetar una candidatura, que requiere de una sentencia condenatoria firme, lo que fue una limitante a la auditoría social porque las sentencias condenatorias firmes no son de acceso publico inmediato y no solo con una sentencia se puede hacer una valoración sobre comportamientos éticos y honorables de una persona.
La sociedad civil presentó 82 tachas contra candidatos a CSJ y Salas de Apelaciones de las cuales solo una fue aceptada.
Elección Cortes: 81 postulantes con tachas continúan en el proceso
Un contexto de acoso e intimidación alrededor del proceso
Los expertos señalan que la elección de Cortes se está dando en un contexto de impunidad, corrupción y persecución. Guatemala sigue siendo un país con una impunidad muy alta. Hasta 2023, los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial parecían estar alineados con la Fiscalía que se encargaba de criminalizar a fiscales, jueces y periodistas.
Con la victoria de Bernardo Arévalo hubo un ligero cambio que pareciera haber roto con esa sincronía. Sin embargo, el país sigue presentando graves retrocesos en el combate a la corrupción.
El PEI-GT ha documentado algunas acciones de criminalización y destaca que la fiscal general, Consuelo Porras, ha presentado un antejuicio por tercera ocasión contra el presidente Bernardo Arévalo; se destaca el caso de la exfiscal de Virginia Laparra, quien ha tenido que exiliarse frente a los ataques que ha sufrido.
También documenta la detención de Ligia Hernández, una de las fundadoras de Semilla y la denuncia anónima en contra de decanos, por una supuesta reunión con la fiscal general, Thelma Aldana. Este contexto ha generado un ambiente de acoso e intimidación alrededor del proceso de elección de Cortes.
