Hernández está ligada a proceso por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, su defensa pide que sea otro juzgado el que conozca el proceso por tratarse de delitos “menos graves”
Por Alexander Valdéz
El equipo legal de la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, planteó un incidente de cuestión de competencia por declinatoria, en el que señalan que el caso contra su patrocinada no puede seguir a cargo de Orellana por tratarse de un delito “menos grave”, y que en todo caso debe trasladarse a un Juzgado de Paz Penal.
“Consta en el proceso que se emitió auto de procesamiento en mi contra por delitos cuya pena máxima no supera los cinco años de prisión y por tanto, la competencia no corresponde a este órgano jurisdiccional, resultando imperioso que decline la misma, remitiendo certificación de las actuaciones para su conocimiento al órgano jurisdiccional competente que, según lo dispuesto en la normativa vigente es un Juzgado de Paz Penal”, señala la petición.
Hernández está ligada a proceso por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, que supuestamente cometió cuando fue secretaria adjunta del partido Movimiento Semilla, en 2019.
El tipo de recurso legal planteado por la defensa de la funcionaria del gobierno de Bernardo Arévalo busca que Orellana no siga a cargo del expediente, a su criterio, el hecho no es grave y por eso debe ser enviado a un juzgado de menor categoría.
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Directora del Instituto de la Víctima queda en prisión preventiva
La semana pasada, Hernández presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez séptimo penal, quien a pedido de la FECI de Rafael Curruchiche, ordenó que fuera enviada a prisión preventiva.
En el recurso legal, que será analizado por magistrados de una Sala de Apelaciones, la defensa señala que no existía peligro de fuga ni de obstaculización de la investigación por parte de su defendida.
Una audiencia secreta
Este martes, el juez séptimo penal Fredy Orellana realizó una audiencia de anticipo de prueba para el caso que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirige contra integrantes del partido Movimiento Semilla y extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a esa audiencia fue trasladada la directora del Instituto de la Víctima.
Los detalles de la audiencia se desconocen, debido a que la misma se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación por la reserva que fue decretada en ese expediente judicial.
El abogado de Hernández, Juan José Zaghi, señaló que la audiencia se trató de un anticipo de prueba “la cual se realizó con algunas arbitrariedades, estamos ejerciendo la defensa técnica con objetividad y esperamos que estas situaciones que se dan en un proceso totalmente arbitrario puedan finalizar”.
A la audiencia solo se permitió el ingreso de la fiscal Leonor Morales, de la FECI; Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima y su abogado.
#Criminalización 🚨 Se inicia la audiencia de anticipo de prueba de Ligia Hernández
Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, está en la audiencia de anticipo de pruebas, de este martes, en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal a cargo del juez Fredy… pic.twitter.com/Pv4Pe53LyK
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 27, 2024
Previo a esa audiencia, la FECI pidió clausurar provisionalmente la pesquisa contra la exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE, Alejandra Chiroy, señalada del delito de incumplimiento de deberes. La fiscal dijo que hace falta un documento para tener datos concretos en la investigación contra la procesada.
Eso quiere decir que durante el plazo de investigación, la fiscalía no pudo sustentar su tesis de acusación, por esa razón, desistió provisionalmente de continuar con el proceso, hasta poder sustentar el hecho.