Virginia Laparra fue condenada por segunda ocasión como represalia por su labor de fiscal y operadora de justicia, por medio de un juicio que reúne las características de ser injusto, según el jurista Ramón Cadena.
Por Prensa Comunitaria
Virginia Laparra fue condenada en un segundo caso a cinco años de prisión conmutable, una multa de Q50 mil, la inhabilitación para ejercer la abogacía por cinco años y la prohibición de ocupar cargos públicos por diez años. “Este juicio es una venganza porque no acepté los cargos y no lograron la disculpa pública que querían los querellantes”, señaló Laparra momentos antes de finalizar el juicio que la condenaría nuevamente el pasado 8 de julio.
Laparra también ha denunciado que las injusticias en el sistema judicial de Guatemala se deben a la cooptación de las instituciones, lo que ha llevado a una justicia parcializada que beneficia a unos y criminaliza, persigue y afecta a otros. “Estamos en una época en la que personas con cantidades millonarias de corrupción están libres, con condenas absurdas en temas de corrupción. Tenemos a un Stuardo Campo, que está preso con control telemático; a un Jose Rubén Zamora que está preso por toda la información independiente que ha vertido, y a una Virginia Laparra, dos veces condenada, que estuvo dos años presa por presentar denuncias administrativas. No me arrepiento”, afirmó Laparra al salir del juicio.
#JusticiaParaVirginia ✊🏾 “No me arrepiento”
Virginia Laparra afirma que no se arrepiente de haber denunciado de manera administrativa a un juez y por haber pedido la suspensión de una audiencia, casos por los cuales ha sido condenada.
“Estamos en épocas en que personas con… pic.twitter.com/eJ8XAlvHlJ
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Ahora, Laparra esta exiliada. El 18 de julio la exfiscal anunció su salida del país como medida de seguridad para protegerse y proteger a su familia, señaló en un comunicado. Laparra dijo que las dos sentencias en su contra y la “amenaza de que la persecución no se detenga” fueron los factores que la inclinaron a tomar la decisión de salir de Guatemala.
Sobre la persecución y criminalización que ha vivido Virginia Laparra, mediante la utilización del sistema de justicia hemos conversado con el jurista y experto en de derechos humanos Ramón Cadena.
Cadena señala que Laparra ha enfrentado un juicio injusto ya que el tribunal fue creado específicamente para perseguirla, lo que demuestra una manipulación del sistema judicial.
El caso de Virginia Laparra es emblemático. ¿Cuál es su opinión sobre los casos que ha enfrentado? ¿Cuáles son los vicios que se han dado en estos procesos?
El caso de Virginia Laparra es muy importante porque es paradigmático. Un ejemplo de otras situaciones en el país en términos de justicia. Virginia Laparra ha enfrentado una clarísima persecución judicial y un juicio injusto. Esta persecución se ha manifestado en varias etapas del proceso judicial. Desde la elección de jueces, predispuestos a condenarla, hasta la falta de garantías procesales. Todo apunta a un uso indebido del sistema judicial para acallar voces críticas contra la corrupción. Este caso no solo afecta a Laparra, sino que envía un mensaje de intimidación a otros que luchan contra la corrupción.
¿Qué hace que un juicio sea justo o injusto?
Para que un juicio sea considerado justo y, esto lo dice la doctrina del derecho internacional, es necesario que se lleve a cabo ante un tribunal independiente, imparcial y competente. En el caso de Laparra claramente no fue así. El tribunal fue creado específicamente para perseguirla, lo que demuestra una manipulación del sistema judicial.
Además, el juicio debe cumplir con las garantías judiciales y los estándares internacionales del debido proceso. Esto incluye el derecho a una defensa adecuada, la presunción de inocencia, y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. En el caso de Laparra, no se respetaron estos derechos. Ella no pudo ejercer su derecho de defensa correctamente, lo que viola los principios básicos de un juicio justo.
Por último, la sentencia debe ser emitida por un juez independiente e imparcial, aplicando las reglas de la sana crítica. En este caso, la condena parecía predeterminada, sin un análisis objetivo de las pruebas presentadas. Todo esto demuestra que el juicio de Virginia Laparra es injusto y, según el sistema interamericano, no causa cosa juzgada, lo cual es fundamental para la seguridad jurídica.
¿Podría explicar un poco más sobre lo que significa el término cosa juzgada en el derecho?
La cosa juzgada es una institución rígida, desde el derecho romano, que proporciona seguridad jurídica. Si alguien es juzgado por un juez imparcial e independiente, en un proceso justo, no puede ser juzgado nuevamente por los mismos hechos. Este principio protege a las personas de ser perseguidas repetidamente por el mismo delito, garantizando que una vez se haya alcanzado un veredicto final, este sea definitivo.
Sin embargo, en el caso de Laparra, al tratarse de un juicio injusto no se aplica el principio de cosa juzgada. Según la doctrina de la Corte Interamericana, el juicio debe repetirse ante un juez independiente e imparcial. Esto es crucial para asegurar que se haga justicia verdadera y que no se utilice el sistema judicial para perseguir a individuos injustamente. El respeto a la cosa juzgada es esencial, pero cuando un juicio es flagrantemente injusto, como en este caso, no puede aplicarse el principio de cosa juzgada. El caso de Virginia Laparra es paradigmático, porque ese es también el caso de Jose Rubén Zamora, el caso de muchos estudiantes de la Universidad de San Carlos y también mi caso. No estamos siendo juzgados ante un juez independiente e imparcial, sino que estamos siendo juzgados por un juez que tiene interés en sancionarnos porque es parte del pacto de corruptos.
Es claro que este problema deriva de la cooptación de las instituciones del Estado, en este caso, las instituciones de justicia. ¿Qué podría decirnos sobre el fenómeno de la cooptación?
Efectivamente, las instituciones fueron cooptadas mediante fraudes electorales. Esto es uno de los elementos básicos de la denuncia que hemos presentado ante la Corte Penal Internacional, el 5 de junio. Denunciamos a la fiscal general, a dos expresidentes, al fiscal Rafael Curruchiche y a la fiscal regional, Cinthia Monterroso, por el crimen de persecución como crimen de lesa humanidad. La cooptación de las instituciones de justicia se ha manifestado en la manipulación de procesos de selección y designación de jueces, asegurando que aquellos que están en el poder tengan control sobre los fallos judiciales.
Hoy día estamos otra vez frente a una elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia manipuladas por actores, como el exrector Estuardo Gálvez, Sergio López conocido como el Rey del Tenis y el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez Pimentel. No podemos permitir que estas personas, con intereses corruptos, continúen manipulando el sistema judicial a su favor. La comunidad internacional y la sociedad civil deben estar vigilantes y denunciar estas prácticas para restaurar la integridad del sistema de justicia.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional en este caso?
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias ha emitido opiniones importantes sobre casos como el de Laparra y otros como el de Mauro Bay, en el caso de Rubén Zamora y creo que también en el caso de Claudia González quien fue abogada de Laparra y otros operadores de justicia.
En el caso de Laparra, ellos consideran que fue detenida arbitraria y abusivamente por el gobierno de Alejandro Giammattei. Debemos volver a presentar su caso a este grupo para que se pronuncien nuevamente y decirles: Virginia Laparra fue condenada por haber defendido a la población de la corrupción y la impunidad. La presión internacional es fundamental para exponer y combatir las injusticias en países donde el sistema judicial está corrompido.
Además, la comunidad internacional puede imponer sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones de derechos humanos y ofrecer apoyo a las víctimas de persecución judicial. La solidaridad internacional y la presión diplomática pueden ayudar a generar cambios y proteger a quienes están en riesgo por luchar contra la corrupción y la impunidad.
¿Qué puede hacer la población contra la injusticia?
Virginia Laparra defendió a la población del crimen organizado y fue injustamente juzgada. La población debe levantarse y resistir, como lo hicieron los estudiantes de la Universidad de San Carlos, en 2022, con la resistencia digna, que no es un delito sino un derecho. La movilización ciudadana y la resistencia pacífica son herramientas poderosas para exigir justicia y responsabilizar a los corruptos.
La sociedad debe estar unida y organizada para enfrentar la represión y exigir la restauración del Estado de derecho. La educación y la concienciación sobre los derechos humanos son esenciales para empoderar a la población y motivarla a participar activamente en la lucha contra la corrupción y la injusticia.
Cuando Virginia estuvo presa fue declarada presa de conciencia. ¿Podría ampliarnos qué representa esto?
La detención arbitraria puede llevar a que una persona sea considerada presa de conciencia, como lo hace Amnistía Internacional. Virginia Laparra fue detenida por oponerse a la impunidad y la corrupción en su función como fiscal del sistema de justicia guatemalteco, lo cual la convierte en una presa de conciencia. Este término se utiliza para describir a aquellos que son encarcelados por sus creencias, opiniones o actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.
Ser declarada presa de conciencia no solo reconoce la injusticia de su detención, sino que también destaca su valentía y compromiso con la justicia y los derechos humanos. Es un llamado a la acción para la comunidad internacional y una denuncia del uso del sistema judicial para reprimir la disidencia y la defensa de la verdad y la justicia.
Laparra fue condenada a cinco años de prisión conmutables y una multa de Q50 mil, y también fue inhabilitada para ejercer como abogada por cinco años y trabajar en cargos públicos por diez años. ¿Qué nos podría decir de esta condena?
La criminalización busca afectar a la persona, lo que buscan los corruptos es que las personas honestas y comprometidas con los derechos humanos no participen en el gobierno y mantener así el sistema de la impunidad.
Aquí cabe preguntarse, ¿quién le va a reparar el daño a Virginia Laparra? Debería ser el Estado el que repare los daños causados a ella y a su familia y la fiscal general deberá responder con su patrimonio a quienes ha afectado. En Guatemala, en una sociedad con historial de impunidad, los gobiernos no han establecido la responsabilidad de los funcionarios ni el pago de los daños y perjuicios. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU siempre considera que el Estado debe reparar los daños y perjuicios causados.
Hay que tener en cuenta que esta sentencia no solo castiga a Virginia Laparra, sino que también envía un mensaje de intimidación a otros profesionales que luchan contra la corrupción. Porque la inhabilitación para ejercer como abogada y la prohibición de ocupar cargos públicos son medidas desproporcionadas y arbitrarias que buscan silenciar a una defensora de derechos humanos. El Estado debe reconocer la injusticia cometida y trabajar para revertir estas decisiones y garantizar que no se repitan en el futuro.
Virginia Laparra mencionó en una entrevista “que estamos en una época donde las personas acusadas por grandes cantidades de dinero, corrupción y cooptación están libres, mientras que aquellos que han trabajado contra la corrupción están siendo perseguidos y permanecen presos”. Vemos una premura del Ministerio Público para implicar a las personas, pero también una lentitud del ente juzgador para prolongar los casos. Esto parece ser un castigo oculto…
El retardo malicioso en los procesos judiciales es una táctica para causar sufrimiento innecesario. Deberíamos tener un Ministerio Público independiente que persiga a los responsables de estos retrasos y así se sancione a los jueces que comete el retardo malicioso. Estoy de acuerdo con Virginia Laparra, se retrasan los casos con el objetivo de que las personas continúen en la cárcel y continúen sufriendo. El Estado tendrá que reparar algún día los daños y perjuicios causados por este retardo malicioso de la justicia.
¿Qué más puede hacer el Estado para retribuir estos atropellos?
El gobierno debería abandonar su política de silencio y hacer mucho más. Estamos en un período de transición de la dictadura a la democracia, similar al período que vivió el papá de Bernardo Arévalo cuando asumió la presidencia después de la dictadura de Jorge Ubico.
Durante la guerra interna se cometió genocidio, y ahora, en la posguerra, se comete persecución judicial como crimen de lesa humanidad. Si no se reparan los daños no habrá medidas de no repetición, y el Estado continuará cometiendo crímenes internacionales. Debemos ponerle un alto a esto.
El gobierno debe tomar medidas de fondo para crear mecanismos de no repetición y reparar los daños causados. Esto incluye el retorno digno de los refugiados, el rescate de la independencia de poderes y la lucha contra la corrupción e impunidad con mecanismos internacionales. No basta con reconocer a Virginia Laparra; se necesita hacer mucho más.
El Estado debe implementar políticas y reformas que aseguren la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia del sistema judicial.
#JusticiaParaVirginia ✊🏾 “No me arrepiento”
Virginia Laparra afirma que no se arrepiente de haber denunciado de manera administrativa a un juez y por haber pedido la suspensión de una audiencia, casos por los cuales ha sido condenada.
“Estamos en épocas en que personas con… pic.twitter.com/eJ8XAlvHlJ
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