El caso 07025-2021-00308, conocido como “Caso CAIMI de Santiago Atitlán”, se suspendió por la ausencia de un abogado defensor de uno de los acusados, quien argumentó problemas de salud. La audiencia se ha reprogramado para el próximo 29 de julio. El caso está a cargo de la Jueza Ruth Amabil Ambrosio Peña, de la Sala “A” del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del Municipio de Santiago Atitlán, Sololá.
Por Diego Petzey
La audiencia de primera declaración en el caso del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI), en Santiago Atitlán, Sololá, que fue construido con deficiencias, se suspendió este 25 de junio.
En el caso están señalados Rafael Ángel Díaz Fión y Luis Enrique Tobar Castillas Compañía Constructora de Obras Civiles Sociedad Anónima (COCISA) y Edwin Alfredo Pérez Reynoso, quien fungió como supervisor de obras de la municipalidad de Santiago Atitlán durante la construcción del CAIMI, entre 2012 y 2015.
En la audiencia del martes, la jueza Ruth Amabil Ambrosio Peña, de la Sala “A” del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia del Municipio de Santiago Atitlán, Sololá, dijo que uno los señalados se comunicó vía telefónica para informar que estaban atrapados en el tráfico debido a un supuesto bloqueo a la altura de Palín-Escuintla.
La jueza, en acuerdo con las demás partes del proceso, dio un receso de una hora y treinta minutos para que el acusado llegara al juzgado, argumentando que no era oportuno suspender la audiencia dada la importancia del caso y las ocho cuestiones adicionales por resolver en la misma sesión.
Al final el receso, la jueza verificó la presencia de todas las partes procesales, pero Rafael Ángel Díaz Fión, representante de COCISA, informó que su abogado defensor no pudo asistir debido a un diagnóstico de sinusitis. A pesar de que en la llamada telefónica realizada más temprano, Díaz Fión dijo que estaba acompañado por su abogado, pero que ambos iban retrasados por el tráfico.
Ante esta situación, la Jueza resolvió suspender la audiencia, no sin antes advertir a Díaz Fión que, en caso de no comparecer con su abogado defensor en la próxima audiencia, se le asignaría un abogado de la Defensa Pública Penal.
El caso
En este caso están señaladas Rafael Ángel Díaz Fión y Luis Enrique Tobar Castillas, representantes legales de la empresa COCISA, y Edwin Alfredo Pérez Reynoso, quien fungió como supervisor de obras de la municipalidad de Santiago Atitlán durante la construcción del CAIMI, entre 2012 y 2015.
Los acusados enfrentan cargos por los delitos de estafa, caso especial de estafa e incumplimiento de deberes. El caso se deriva de la mala construcción de las instalaciones del Centro de Atención Integral Materno Infantil, debido a que el techo de concreto no fue construido adecuadamente y presenta filtraciones de agua.
La construcción del CAIMI se inició en 2012, bajo el proyecto “Programa de Desarrollo Integral en Santiago Atitlán”, suscrito entre la municipalidad local y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía. Este programa de cooperación nació como parte de la reconstrucción tras la tormenta Stan ocurrida en 2005. La construcción se realizó en dos fases: la primera con un costo de Q18 millones y la segunda de Q4 millones 615 mil 331.
La abogada Rocío Lec López, quien representa a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Sololá, indicó durante la audiencia que este caso vulnera directamente derechos constitucionales, como el derecho a la salud, por lo que solicitó que la próxima audiencia se realizara en una fecha próxima.
El alcalde municipal, Francisco Coché Pablo, también declaró su preocupación por el prolongado retraso en el avance del caso. Agregó que la cooperación internacional que financió la obra está solicitando la devolución total de los fondos destinados a la construcción del CAIMI, lo que representa un desafío significativo para la municipalidad. “La solicitud de la devolución de los fondos por parte de la Cooperación Andaluza es bastante preocupante porque la municipalidad no tiene los recursos para devolver más de 2 millones de euros”, dijo.
