Entre mayo y junio se han producido una serie de desalojos de familias Q’eqchi’ en tierras de Izabal y Alta Verapaz, que han llevado al Comité Campesino del Altiplano a plantear un amparo contra la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos para que impida el uso de la violencia contra las familias desalojadas. Esta nueva crisis agraria nos muestra cómo una problemática histórica reaparece en el contexto del gobierno de Semilla, que necesita encontrar salida a estos atolladeros.
Por Prensa Comunitaria
La tenencia de la tierra es un problema histórico en nuestro país que no ha sido resuelto pese a los intentos de reforma agraria y de acuerdos de paz, por su importancia en los patrones de dominación mantenidos desde la colonia y reforzados con la revolución liberal. En las últimas décadas, la renovación de la actividad agroindustrial en su forma extractiva ha vuelto a sacar a luz las injusticias e irregularidades sobre las que está organizada la distribución de la tierra y del trabajo en Guatemala.
Por su historia y su geografía, en el territorio Q’eqchi’ se concentran muchas de estas problemáticas agrarias, a las que ahora se unen las provocadas por actividades mineras e hidroeléctricas y, sobre todo, el agresivo y expansivo cultivo de la palma aceitera, cuyo amplio margen de beneficio está provocando una gran deforestación y desecamiento de ríos y tierras del norte del país.
Y, además, está provocando –de hecho y de derecho- una nueva concentración de la propiedad después de los intentos por regularizar su tenencia que se hicieron con el catastro. La expansión de este cultivo se está haciendo de formas poco claras. Estos mismos desalojos son producto de resoluciones de una de las judicaturas más proclives a empresarios y crimen organizado de todo el país, protegida por los últimos gobiernos. Las organizaciones campesinas y autoridades ancestrales maya Q’eqchi’ denuncian de que varios de ellos han sido ordenados a pesar de que no se habían agotado el diálogo ni las vías jurídicas en marcha.
No sería de extrañar que, además de buscar aumentar sus ganancias, quienes han promovido estos desalojos pretendan también seguir entorpeciendo las labores del gobierno que salió electo para acabar, entre otras cosas, con sus formas impunes de obtener ganancias. Hace poco los palmeros se reunieron con la fiscal general Consuelo Porras y, al acelerar ahora varios de estos desalojos, parece que pretendieran abrir una brecha entre Bernardo Arévalo y los pueblos indígenas, la ciudadanía y las organizaciones que le apoyaron y se podría esperar que recibieran al menos cierta comprensión. El amparo del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) parece mostrar que en alguna manera se está logrando.
Pero esta crisis es más preocupante porque muestra los efectos del desmantelamiento por los últimos gobiernos de la institucionalidad pública. Más allá de la lógica neoliberal, la necesidad de impunidad llevó a desmantelar o hacer inservibles buena parte de los mecanismos creados tras los acuerdos de paz para la resolución de conflictos. Es el caso de la Secretaría de Asuntos Agrarios, en cuyo seno se deberían encauzar los conflictos que están llevando a los desalojos. Por eso, es la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) quien se ve obligada a intervenir, aunque no le corresponda ni tenga capacidad institucional para resolver estos temas.
Pese a estas dificultades, el gobierno del presidente Arévalo tiene la obligación de encarar y dar solución a estos problemas. Existe una mesa agraria y un asesor en asuntos agrarios que podrían haber previsto y buscado soluciones. No es posible que la Policía Nacional Civil (PNC) permita que se incendien casas y propiedades en un desalojo sin hacer nada por evitarlo, y que no se investigue la responsabilidad de quién lo hizo. No se puede dejar a los pobladores durmiendo a la orilla de la carretera con las lluvias que nos acechan: podemos estar ante una nueva crisis humanitaria que fomente aún más la migración.
No es cuestión de favores políticos, sino de empezar a pensar el Estado de una forma diferente y gobernar para las mayorías.