Tras denuncias de las comunidades sobre la disminución del caudal del río y la muerte de peces, autoridades señalaron que dos empresas que operan sin estudio de impacto ambiental podrían ser una de las causas.
Por Simón Antonio Ramón
La población de las comunidades de Entre Ríos, Limones, Veracruz, Champona La Inta y Machacas Carretera de Puerto Barrios, Izabal, con el apoyo de varias organizaciones sociales enviaron dos cartas al presidente Bernardo Arévalo donde se denuncia que el río Machacas, que provee agua a las cinco comunidades, desde hace más de 24 años, disminuyó su caudal y la muerte de peces que lo habitan.
La crisis ambiental, según la denuncia de las comunidades es creada por un dragado sobre el río. “Consideramos que este caso refleja una clara violación al derecho a la salud humana, acceso al agua, a un ambiente sano, a una vida libre de violencia basada en género, salud sexual y reproductiva”, se lee en el memorial que se envió a la Presidencia el pasado 4 de junio.
Además, denunciaron intimidaciones contra las personas que han buscado información sobre el dragado.
“Los permisos fueron otorgados por la municipalidad de Puerto Barrios a cargo del señor Hugo Sarceño y por la Gobernación Departamental de Izabal que contaban con todos los permisos de todas las instituciones”, según el memorial.
Dos empresas que operan sin licencia ambiental
Las comunidades señalan a las empresas Grupo ITSA y PUCOM Project Management como responsables de la construcción del dragado.
Tras una inspección ocular realizada el 11 de marzo de este año, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) determinó que la construcción del dragado no cuenta con estudios de impacto ambiental.
Las comunidades piden el cierre y retiro de las dos empresas que construyeron el dragado en el río Machacas, desde el año 2022, según la resolución número 0452022, que fue aprobada durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Además, piden acciones para reparar los daños que ahora se denuncian y proteger el río para que las presentes y futuras generaciones cuenten con acceso al agua para múltiples usos. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido respuestas de las autoridades del gobierno de Arévalo.
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La primera carta fue enviada a la Presidencia, el 23 de mayo, y la segunda, el 4 de junio con las mismas peticiones.
En las mismas, se denuncia que se ha pedido en más de una ocasión, audiencia con la ministra Patricia Orantes, pero no se ha concretado, la última solicitud de audiencia con el MARN se realizó el pasado lunes 17 de junio.
En las cartas enviadas, el 23 de mayo y 4 de junio, también se notifica a varias instituciones del Ejecutivo como la ministra de Ambiente; al procurador General de la Nación, Julio Saavedra; al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera y organismos de Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
