Estudiantes universitarios señalan anomalías en notificaciones y en el proceso de recepción de pruebas de descargo, tras la aplicación de medidas disciplinarias en su contra por las autoridades de la USAC. Universitarios buscan detener proceso con el que busca el CSU criminalizarlos y reprimirlos por oponerse al fraude en la elección a Rector.
Por Prensa Comunitaria
Desde el pasado 10 de abril, varias personas han sido notificadas por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) sobre la aplicación de medidas disciplinarias en su contra. Durante el proceso se han señalado anomalías en las notificaciones y en la entrega de sus memoriales de defensa.
El 28 de febrero, el CSU conoció y aprobó el dictamen que indicaba instaurar procedimientos disciplinarios contra 74 personas, de las cuales 47 no estaban incluidas en el caso USAC: Botín Político. Con este proceso se busca expulsar a 39 estudiantes y despedir a 15 docentes y 12 trabajadores, y sancionar sin sustento legal a 1 jubilado y 7 personas sin vínculo jurídico con la USAC.
El proceso disciplinario ha sido percibido como un mecanismo utilizado por Walter Mazariegos y el CSU para criminalizar a los universitarios y personas que se han opuesto al fraude electoral que impuso a Mazariegos como rector de facto. También se considera una represalia contra quienes exigen elecciones generales en la USAC, ya que 37 de los 40 consejeros del CSU se encuentran fuera del periodo electoral para el que fueron electos.
El procedimiento disciplinario se inició por el CSU el 29 noviembre de 2023, tras conocerse sobre las órdenes de captura y allanamiento realizado en residencias de 27 personas por solicitud del Ministerio Público en un caso llamado USAC: Botín Político.
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En esa ocasión los consejeros solicitaron al Departamento de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Administración y Seguridad Física crear un dictamen conjunto para determinar las acciones legales a tomar contra los involucrados.
Sin ser notificados de forma personal
Desde la aprobación de estas medidas disciplinarias por el CSU, el proceso ha presentado varias irregularidades, que han entorpecido la defensa de los afectados. Varios estudiantes han señalado que no fueron notificados de manera personal y que los documentos fueron pegados en las puertas de lugares que no correspondían a sus residencias.
Engelbert Blanco señaló en sus redes sociales el pasado 17 de mayo que “las notificaciones no fueron entregadas personalmente, sino fijadas en lugares incorrectos, entorpeciendo el derecho a la defensa y el debido proceso”.
Pese a que le señalé a la Universidad que mi lugar de residencia ya no es el mismo, hoy fueron a pegar la notificación del proceso disciplinario a la casa donde vivía, como 15 días después que notificaran a las demás personas. ¿Por qué los retrasos? pic.twitter.com/p49Pee5fJE
— Archivo Histórico en Internet de Engelberth Blanco (@Engelgblanco) May 17, 2024
Mientras que el pasado 22 de abril el representante estudiantil de la Facultad de Agronomía ante el CSU, Eduardo Parada Villalta señaló que su familia fue intimidada por la persona que fijó la notificación en su residencia. Villalta indicó que esta persona se conducía en una camioneta blanca y que tomó varias fotografías de la residencia. “Hago del conocimiento público que el Consejo Superior Universitario hoy envió personal aparentemente armado a casa de mis padres para intimidarlos”, dijo en su cuenta de la red social “X”.
⚠️Hago del conocimiento público que el Consejo Superior Universitario hoy envió personal aparentemente armado a casa de mis padres para intimidarlos ⚠️ https://t.co/Gcqh1ixw0t pic.twitter.com/v3iQlyv7P4
— Eduardo Villalta (@edu_phaseolus) April 23, 2024
Entorpecen presentación de pruebas de descargo
Otra irregularidad se observó en la recepción de las pruebas de descargo en el edificio de la rectoría. Desde el 10 de abril, día en que se iniciaron las notificaciones, el secretario Administrativo, Elfego René Jerez Chacón, informó mediante una circular que solo se permitiría el ingreso a Rectoría de las personas interesadas en hacer alguna gestión, mientras que los acompañantes debían permanecer fuera del edificio. Para la recepción de las pruebas de descargo se instauró una oficina improvisada a la entrada de rectoría, señalada con una manta vinílica.
Las pruebas de descargo solo podían ser entregadas físicamente en esta oficina improvisada, a diferencia de otros procesos administrativos donde se aceptan recepciones por vía correo electrónico, como las solicitudes de información pública, comunicaciones con Rectoría o con el Secretario General.
A pesar de las disposiciones de la administración, el pasado 23 de abril, tres estudiantes no pudieron ingresar a la oficina improvisada para la recepción de pruebas. Los agentes de seguridad cerraron las puertas y colocaron candados para impedir su acceso. Según denunciaron los estudiantes, esta medida fue tomada para rechazar su ingreso.
⬆️ Pese a que este 23 de abril se cumplía el plazo para entregar las pruebas de descargo, al llegar a las instalaciones encontraron la puerta cerrada con una cadena y un candado. Varias de las personas señaladas también están procesadas en el caso “Toma USAC: Botín Político”. pic.twitter.com/Es3xPuk6s5
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 23, 2024
El 21 de mayo, la estudiante de la Facultad de Agronomía, Neydi Juracán, se presentó a entregar sus pruebas de descargo acompañada por autoridades ancestrales y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), pero sus pruebas fueron recibidas en una mesa colocada afuera del edificio de rectoría. “Estamos preocupados con el dictamen que recibimos porque parece ser que el CSU ya tomó una decisión”, dijo Juracán.
La misma situación ocurrió el 22 de mayo con la estudiante Naomi Valdés.
2️⃣🧵 Juracán llegó a la rectoría acompañada por autoridades indígenas y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
La estudiante de la facultad de Agronomía informó que también presentará las pruebas de descargo a la @PDHgt, @copadehgt, @UDEFEGUA y al @ccdaoficialgt… pic.twitter.com/5H6cJ2O3KL
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 21, 2024
#USACResiste ✊🏽Naomi Valdes, estudiante de la Escuela de Historia, acude a la Rectoría a entregar pruebas de descargo
“El Consejo Superior Universitario piensa que va a silenciar al estudiantado, pero no saben que le están dando fuerzas y herramientas para continuar”, dijo en… pic.twitter.com/rmC0ayx6e4
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 22, 2024
Medidas contra personas sin vínculos con la USAC
A pesar de no tener jurisprudencia el CSU decidió aplicar medidas disciplinarias contra personas que no tienen relación jurídica con la USAC, como es el caso de varios diputados o excandidatos políticos. “Este proceso es ilegal, ya que no tengo y nunca he tenido ningún vínculo jurídico con la Universidad de San Carlos”, dijo Marcela Blanco, al ser notificada de las imputaciones en su contra. El diputado Raúl Barrera también se pronunció en un video mostrando la notificación que recibió del CSU y la cual tiró a la basura.
Recibí esto en mi despacho. Le daré el trámite que corresponde. pic.twitter.com/2TppfQmiV2
— raúl barrera⌚🌱 (@raulbarreragt) April 23, 2024
Denuncian persecución y criminalización
“El proceso en mi contra es el resultado directo de la persecución que he enfrentado por parte de las autoridades de la USAC desde 2020, cuando revelé varias contrataciones ilegales. Una de las más controversiales fue la de Brenda Consuegra, quien incluso me amenazó de muerte ese mismo año. En 2022, Consuegra conspiró para repetir las elecciones en el Colegio de Ingenieros para beneficiar a Walter Mazariegos. Es evidente que existe un vínculo entre mis denuncias y las acusaciones en mi contra”, señaló un estudiante que pidió omitir su nombre.
Pamela Samayoa, otra estudiante criminalizada por el CSU, expresó: “Desde el principio, me pronuncié en contra del fraude de Walter Mazariegos y sigo manteniendo mi postura de que es un usurpador. A pesar de sus intentos por demostrar autoritarismo y poder, no me intimida”.
Carlos Castro, estudiante y miembro de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas, señaló: “Creo que el procedimiento está relacionado con mi participación en la Asociación de Estudiantes, desde donde nos hemos opuesto al fraude electoral y las disposiciones del CSU respecto a la Escuela”.
El 15 de abril, los miembros del sindicato STUSC denunciaron haber sido notificados por el CSU en la sede sindical. “Estamos frente a una situación arbitraria del CSU, del señor Walter Mazariegos y del secretario general, Luis Cordón, quienes nos imputan hechos ajenos a nosotros. Vemos con preocupación que en estos temas la universidad es super diligente, pero en otros temas como la política de educación superior, los temas académicos y laborales no avanzan, y están empecinados en un proceso que consideramos ilegal e ilegítimo”.
