La Corte de Constitucionalidad (CC) conoce cuatro amparos que fueron presentados por abogados que intentan evitar el relevo de los actuales magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones, los argumento son que recién tomaron posesión, que deben culminar un periodo de cinco años y que se convocó la integración de las postuladoras con cuatro meses de anticipación.
Por Alexander Valdéz
Arrancó el proceso de Elección de Cortes, y al mismo tiempo, grupos que intentan evitar que avance la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Actualmente cuatro acciones legales están en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), que de aceptarse retrasarían el proceso.
El retraso en la elección es un escenario que se maneja desde el año pasado, debido a que los integrantes del Poder Judicial fueron electos en noviembre del año pasado, lo que implicaría que solo estén en el puesto durante un año. Además, porque buscarían extenderles el cargo para atender intereses de grupos que figuran en la supuesta elección fraudulenta.
Las cuatro acciones legales fueron aceptadas para su trámite, como parte del proceso inicial, y van orientadas a mantener a los actuales magistrados de CSJ y Salas. El argumento es que los actuales magistrados juramentados el año pasado deben estar en los puestos cinco años.
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Primer amparo
El primer amparo que se tramitó en la CC fue presentado por el abogado Melkin Escobar Palma, quien actuó en contra del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ). Para Escobar los magistrados de la CSJ deben cumplir con cinco años en el cargo, período contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala, a partir del nombramiento, y que dicho plazo no puede ser reducido ni suspendido.
El abogado sostiene que la CSJ debe avisar con un año de anticipación al Congreso de la República la finalización del período de los magistrados en el cargo. El intento de Escobar busca prolongar el mandato de los actuales magistrados, cuyo periodo debería concluir en octubre de este año.
El abogado se basa en el artículo 208 de la Constitución, que establece que los magistrados tienen un mandato de cinco años y no pueden ser removidos ni suspendidos, excepto en los casos que establezca la ley.
Del interponente de la acción legal, se sabe que fue fiscal departamental del partido VAMOS, en Jalapa, y también se le atribuyen vínculos con el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Segundo amparo
La segunda acción fue presentada por el abogado Saúl Israel Ramos Zarate a título personal. Ramos cuestiona el acuerdo 21-2024, emitido por el pleno del Congreso de la República, en el que convocó a la integración de las comisiones de postulación para la renovación de las cortes para el periodo 2024-2029.
Según el abogado, existe una violación jurídica, ya que la convocatoria tendría como fin la destitución de los actuales magistrados. Mismos que para Ramos tendrían que ocupar el puesto por cinco años. Coincidiendo con el primer amparo.
“Tengo el temor que la autoridad impugnada disponga remover a quienes ejercen los cargos de magistrados de la CSJ y magistrados de Cortes de Apelación y Tribunal de igual jerarquía, sin tener en cuenta el periodo de duración del ejercicio del cargo es de cinco años conforme el artículo 208 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al pretender elegir a los mismos se les remueva del cargo”, indica el memorial de la acción.
Dos amparos más
Este viernes ingresaron dos nuevos amparos a la máxima corte. El Legislativo ya fue notificado del trámite de las mismas. Las nuevas acciones señalan que se convocó a las postuladoras antes de los cuatro meses que dicta la Ley de Comisiones de Postulación.
#LuchaXCortes ⚖️Cuatro amparos amenazan con retrasar la renovación de Cortes
A la CC ingresaron dos nuevos amparos contra el proceso de elección de magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones. En los amparos se alega que se convocó a la integración de las postuladoras antes de… pic.twitter.com/vFaI0Y0RTx
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 31, 2024
“Es una interpretación errónea”
A criterio del abogado Edgar Ortiz, los dos amparos se basan en una interpretación errónea del artículo 208 de la Constitución que, según los demandantes, establece que los magistrados y jueces duran en sus funciones cinco años.
El abogado recuerda que los actuales magistrados de la CSJ debían asumir el 13 de octubre de 2019, pero fue hasta el 15 de noviembre de 2023, cuando fueron finalmente electos por el Congreso. Los magistrados de la Corte de Apelaciones fueron electos el 21 de noviembre de 2023. En ambos casos, los acuerdos legislativos de designación especifican que es “para finalizar el periodo constitucional 2019-2024, que vence el 12 de octubre de 2024”.
Asimismo, mencionó que el retraso en la elección de los magistrados, en 2019, fue resultado de varios cuestionamientos que terminaron en una acción de amparo presentada por Consuelo Porras contra el Congreso de la República, por la “amenaza cierta, real e inminente” de elección de candidatos que no cumplían con los requisitos.
“Por lo tanto, la discusión es infundada. No hay duda de que el periodo de los actuales magistrados de CSJ y Corte de Apelaciones termina en octubre. Los amparos presentados en esta dirección denotan malicia o una profunda ignorancia sobre la jurisprudencia constitucional en la materia”, expresó el abogado.
1/ ¿Por qué el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Corte de Apelaciones (CdA) vence el 12 de octubre próximo y no en 2028 como equivocadamente pretenden hacer creer algunos? 🤔⚖️
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) May 29, 2024
Una elección entre operadores y amparos
La convocatoria del Congreso de la República para integrar las Comisiones de Postulación fue el punto de partida de un proceso en el que se elegirán a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, que deberán tomar posesión en octubre próximo para un periodo de cinco años (2024-2029).
No solo acciones legales amenazan este proceso, también existen dudas sobre la influencia que tendrán viejos actores vinculados a casos de corrupción y que ya enfrentaron señalamientos por la presunta manipulación en esta elección.
A partir de los hallazgos develados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de Juan Francisco Sandoval, se evidenció la manera de operar de algunos actores externos e internos en las elecciones de magistrados de Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En un informe del Movimiento Pro Justicia se señala que los procesos de postulación vislumbran ventanas de oportunidad para las buenas prácticas de selección de profesionales, debido a que se desarrollarán con nuevas autoridades en los tres poderes del Estado. Pero, no se puede ignorar que los actuales magistrados de las CSJ y de Apelaciones fueron nominados en el contexto de un “proceso amañado”. Además, fueron electos por la última legislatura con miras de asegurar cuotas de poder en las comisiones de postulación y, por ende, en el Organismo Judicial (OJ).
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