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Créditos: Juan José Guillén
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

De 2019 a la fecha se han criminalizado a operadoras de justicia con acciones que van desde denuncias múltiples, violaciones al debido proceso, hasta hostigamiento en redes sociales, según el informe presentado por Amnistía Internacional.

Por Simón Antonio Ramón

La organización Amnistía Internacional publicó su informe Todo el sistema en contra en el cual se revela cómo se articularon diferentes actores para criminalizar a operadoras de justicia en Guatemala que laboraron en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El informe recoge cuatro casos de criminalización en contra de la jueza Erika Aifán, las fiscales Aliss Morán, Paola Escobar, Virginia Laparra y la abogada Claudia González.

El documento de Amnistía Internacional muestra que la criminalización contra operadoras de justicia se materializó con numerosas denuncias penales, administrativas y disciplinarias con la finalidad de castigar y silenciarlas.  Este tipo de acciones forman parte de una modalidad conocida como juicios estratégicos que se realizan contra la participación pública conocida como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).  Los SLAPP se tratan de juicios destinados a intimidar o silenciar a críticos del sistema haciendo que gasten sus recursos en contratación de abogados hasta que desistan de la crítica u oposición.

El documento señala que en los procesos de criminalización se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa; se generaron restricciones a la publicidad de las audiencias, y retrasos injustificados de procesos. También resalta que se documentaron ataques en redes sociales que van desde insultos, mensajes denigrantes hacia las operadoras de justicia, amenazas de detención, daños y amenazas de muerte coordinadas por cuentas de netcenter.

Según Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se identificó a por lo menos tres tipos de actores: Al Ministerio Público, al Organismo Judicial y querellantes adhesivos.  “Es un actuar coordinado del Ministerio público y de algunos tribunales del Organismo Judicial para avanzar procesos que llevan a esta criminalización, además hay un tercer tipo que representan actores privados como querellantes adhesivos, que aparecen denunciando, que aparecen activamente en estos casos haciendo las denuncias y que lleva a su vez a la continuación de procesos penales”, señaló Piquer.

El informe indica que la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido, desde 2019, los desafíos para combatir los casos caracterizados como SLAPP. “Se presentan de manera aparente, hacen un uso legítimo de herramientas legales, pero en realidad están destinados a manipular la opinión pública o el mismo sistema de justicia para beneficios particulares”, cita el informe.

El documento apunta que los efectos de la criminalización afectan la independencia judicial. “La criminalización no permite el actuar independiente de jueces, juezas y fiscales. Si no se atiende debidamente esta criminalización esta afectará de manera muy estructural la independencia del poder judicial”, agregó Piquer.

Entre las recomendaciones se pide a los tres organismos del Estado reconocer de forma pública y sin ambiguedades la labor legítima de las personas operadoras de justicia, y adoptar políticas públicas, ampliamente consultadas con la sociedad civil y con participación de organismos internacionales para identificar, evitar y sancionar la discriminación y la violencia de género en contra de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso en entornos digitales.

También se pide revisar la legislación nacional y adoptar medidas que incluya el desistimiento anticipado de estas demandas, medidas de reparación del daño causado a las víctimas y medidas de prevención de los casos registrados entre 2019 y 2024, periodo en que se han incrementado los casos de criminalización con demandas estratégicas contra la participación pública.

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