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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

La CSJ no otorgó el amparo provisional solicitado por los magistrados del TSE que fueron perseguidos y procesados por el MP en el caso TREP. Los magistrados seguirán sin poder ejercer sus cargos, pese a que no fueron enviados a prisión preventiva.

Por Alexander Valdéz

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no otorgaron el amparo provisional solicitado por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes fueron criminalizados por el Ministerio Público (MP) dentro del caso iniciado por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales del 2023.

Dicho fallo mantiene la resolución de la Sala Primera de Apelaciones, que el pasado 5 de abril, conoció de manera exprés una apelación presentada por el MP y, aunque confirmó la libertad condicional para los magistrados, aumentó el pago de la fianza y les prohibió acercarse al TSE y ejercer el puesto.

Esa resolución no es definitiva, debido a que la acción legal seguirá su curso en la CSJ, hasta que se dicte un fallo final. Por aparte, los togados ya accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) buscando que se revierta la decisión provisional.

Hace un mes, la Sala integrada por Rafael Morales Solares, Aura Marina Mancilla Solares y German Augusto Gómez, ordenaron que la caución sea de Q700 mil y no pueden acercarse al TSE, lo que implica que no puedan continuar ejerciendo el cargo.

“Parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el MP en contra de la resolución de fecha 14 de marzo de 2024, dictada por el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal II. como consecuencia de lo anterior, declara: a) se adiciona la medida sustitutiva de prohibición de seguir ejerciendo en el cargo de magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral a los sindicados (…), y además igualmente se les prohíbe relacionarse con ningún trabajador o empleado de dicha entidad, ni presentarse a ninguna de las sedes de la misma, debiendo el TSE, integrarse como corresponde con los magistrados suplentes correspondientes”, dice la resolución emitida en abril.

La Sala no solo modificó las medidas, sino que revocó la falta de mérito que había concedido la jueza Karen Chinchilla a favor de Palencia y le agregó el delito de abuso de autoridad.

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Dudas por persecución contra magistrados

Este caso y otras acciones del MP contra las autoridades electorales, que avalaron los resultados de los comicios del 2023, han sido cuestionadas debido a que surgió después de que se oficializaron los resultados de las elecciones generales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo. Además, por las acciones del MP que buscaron anular los resultados.

El MP señaló a las autoridades electorales de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, abusaron de su autoridad e incumplieron su deber porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.

Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.

El 14 de marzo, la jueza Karen Chinchilla ligó a proceso, a los magistrados únicamente por el delito de fraude. En su resolución consideró que el MP únicamente logró establecer la posible comisión del delito de fraude y descartó el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes.

Debido a esa resolución, el MP anunció un antejuicio contra la juzgadora, pese a que existe una vía de impugnación de la resolución dictada en la primera declaración.

 

Otros antejuicios

Actualmente, dos Comisiones Pesquisidoras conocen los expedientes de antejuicio avalados por la Corte Suprema de Justicia por nuevas denuncias presentadas contras los cinco magistrados titulares del TSE.

Recientemente se citó a los denunciantes y a los magistrados para que presentaran sus pruebas de descargo. Después se emitirá un informe para el pleno de diputados, quienes tendrán la decisión final de autorizar o no una investigación contra los funcionarios.

En esta denuncia, la UNE acusó a las autoridades electorales de avalar una serie de irregularidades en los resultados de las elecciones generales de 2023. La solicitud de antejuicio señala supuestas anomalías en la segunda vuelta, presuntamente la existencia de actas con el mismo número de mesa, lo cual generó un excedente de 164 actas, según la UNE.

Por aparte, la pesquisidora conoce otra denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, a raíz de hechos denunciados por Giovanni Frati y Pedro Cruz, por haber aceptado la inscripción de Manuel Baldizón, como candidato a diputado en los recientes comicios. Una decisión que los mismos magistrados cambiaron días después. Baldizón está señalado en los casos Odebrecht y Transurbano. El primero se trata de una trama de corrupción que involucra a altos exfuncionarios de varios gobiernos de la región.

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