La reparación de dos carreteras en Izabal estuvo plagada de irregularidades, al punto que la Contraloría General de Cuentas (CGC) indicó que las rutas atendidas no pertenecen al Estado. El proyecto fue impulsado por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).
Por Cristian García
La cartera de Comunicaciones ha sido un botín político y un ejemplo del mal manejo de los recursos públicos. Para muestra, destinó Q10.76 millones para darle mantenimiento, de emergencia, a dos vías que se ubican en Puerto Barrios.
El contrato para ejecutar los trabajos se firmó con la Constructora de Obras Civiles de Guatemala el 6 de septiembre de 2021. Sin embargo, las múltiples irregularidades en torno a la obra fueron divulgadas por la Contraloría en noviembre del año pasado.
El informe de auditoría detalló que los fondos para financiar la obra fueron erogados por Covial, una dependencia que para la fecha de suscripción del convenio era dirigida por Mario Aguilar, durante la administración de Alejandro Giammattei.
El objetivo era atender dos tramos que conectan varios caseríos izabalenses, entre ellos Creek Negro del Mar, Machacas del Mar y San Francisco del Mar. No obstante, las carreteras en las que se planteó hacer las labores no son propiedad del Estado.
La CGC explicó que estas no se encontraban en el Inventario Vial, que es el registro e inscripción de rutas públicas creado por la Dirección General de Caminos. Tampoco existen los documentos para certificar los derechos de paso.
“Por lo que se estaría ejecutando los renglones de trabajo (labores establecidas en el contrato) en posibles propiedades privadas, repercutiendo en menoscabo de los intereses del Estado”, expresó el ente fiscalizador.
Además, la Contraloría mencionó que Covial no realizó la solicitud para inscribir estos nuevos caminos ante las autoridades competentes, un procedimiento que se debe agotar antes de que se haga la licitación o cotización del proyecto.
Por aparte, Covial refirió que tenía una licencia ambiental para ejecutar trabajos en la red vial de Izabal. Sin embargo, esta aplicaba para rutas estatales, por lo que en este caso no se contaba con la licencia para efectuar la obra.
Por eso, el ente fiscalizador dijo que esta se ejecutó sin la aprobación y medidas pertinentes para proteger el medio ambiente de la región. Es más, la CGC señaló que hubo una “deficiente planificación”.
Esta última afirmación se debió a que no se elaboraron los planos constructivos, que permitieran determinar las cantidades y calidades requeridas para desarrollo de los trabajos y establecer las áreas afectadas en el tramo.
Defensa
Mario Aguilar, exdirector de Covial, dijo que no laboraron en propiedades privadas. Después, se contradijo y expresó que en situaciones de emergencia no se puede esperar a que se hagan “otras gestiones” para atenderlas.
Lo anterior lo afirmó cuando la Contraloría lo cuestionó por hacer contrataciones para rutas que no son estatales. Incluso, pidió que no se le sancionara porque mantener las líneas terrestres de comunicación, porque permite la realización del bien común.
“La población no puede esperar a que las vías de comunicación sean expeditas luego de pasados varios días o semanas, anteponiéndose una gestión administrativa (la inscripción de las carreteras) al derecho de acceder a servicios de salud, por ejemplo”, agregó.
Aguilar también confirmó que nunca se hicieron los planos del proyecto, porque los trabajos ejecutados se hicieron sobre el tramo ya existente y no se le hizo modificación alguna a esta. “(Por eso), no existen ni se consideró la elaboración de los mismos”, puntualizó.
La CGC no aceptó ninguno de sus argumentos. No lo denunció, pero sí le impuso una multa de Q76,922. También penalizó a otros cinco trabajadores de Covial, quienes pagarán Q83,237.
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