Cuarenta y ocho familias Q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista fueron desalojadas de forma ilegal de la finca Tz’inté en el municipio de El Estor, Izabal. El supuesto propietario Luis Fernando Arriaza Migoya iba al frente del operativo.
Por Juan Bautista Xol
El 22 de mayo aproximadamente 500 policías fueron movilizados para desalojar a 48 familias Q’eqchi’ de la comunidad de Buena Vista ubicada en el interior de la finca Tz’inté. En el operativo policial y judicial estuvo presente Luis Fernando Arriaza Migoya, quien afirma ser el supuesto dueño de la finca que se ubicada en el municipio de El Estor, Izabal.
Desde las seis de la mañana los comunitarios de Buena Vista informaron a Prensa Comunitaria vía telefónica de la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en La Ensenada, una comunidad vecina, ubicada a dos kilómetros de distancia de la comunidad desalojada. Las familias se instalaron en el lugar desde el 2015, luego de sufrir la pérdida de su tierra en un deslave en la Sierra Santa Cruz, a unas dos horas de la finca Tz’inté.
El desalojo fue ilegal según José Luis Puac quien es abogado y forma parte del Comité de Unidad Campesina (CUC). El abogado asegura que los funcionarios no presentaron ni un solo documento legal para proceder a realizar el desalojo y no quisieron que se leyera el amparo a favor de las comunidades.
“No presentaron una notificación como tal, nos presentan una resolución de una actividad procesal defectuosa, se hace notar los intereses de los funcionarios a favor del supuesto dueño”, comentó el abogado Puac.
De forma simultánea a las fuerzas de seguridad del Estado, participaron cuadrilleros de Arriaza Migoya y agentes de la seguridad privada de la empresa VIP Security SA quienes podrían haber destruido las casas y sembradíos de las familias. Las familias que vivían en la comunidad Buena Vista buscaron refugio durante la noche en la comunidad Santa Rosita, otras pernoctan a la orilla de la carretera.
Sobre Arriaza Migoya, se sabe que durante el juicio en contra de Abelino Chub Caal, maya Q’eqchi’ y dirigente campesino, se demostró que la familia Arriaza ha obtenido las tierras en Izabal inscribiéndolas de forma irregular o anómala a su favor. Sin demostrar la propiedad de la tierra de la finca El Murciélago en 2019, además se demostró la inocencia de Chub Caal sobre el delito de usurpación de la tierra.
A las 8 de la mañana del miércoles 22 de mayo, las fuerzas policiales que incluyeron fuerza antimotines, procedieron a entrar a la comunidad, el abogado José Luis Puac buscó establecer un diálogo para suspender el desalojo, ya que aseguraron que existen documentos donde solicitaron un recurso de amparo a favor de la comunidad que evitaría cualquier desalojo. Pero la jueza Sandra Nineth Ayala Tello no los quiso escuchar.
El CUC informó a través de un comunicado que dicha “orden de desalojo” está siendo ejecutada por la juez de Paz del municipio de El Estor, expediente número 18002-2019-00162 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitida por el juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Barrios.
“De existir una orden de desalojo vigente, no notificaron con antelación, no presentaron la cédula de notificación del desalojo, violando todas las formas del debido proceso, garantías y formas legales, en pocas palabras no existe una orden de desalojo”, afirmó el abogado vía telefónica.
Ayala Tello quien preside el Juzgado de Paz de forma prepotente ignoró la petición del abogado del CUC y señaló que ella era la encargada de dar las órdenes y de decidir a quién se iba a escuchar y a quien no.
Las familias afectadas manifestaron su inconformidad, pero la jueza insistía en dar órdenes a los agentes para realizar el desalojo, “no vine a escucharlos, vine a realizar lo solicitado en una mesa técnica”, respondía Ayala.
#ElEstorResiste 🚨 Tristeza y angustia se percibe en los rostros de mujeres desalojadas en Buena Vista, El Estor, Izabal, que están acompañadas de sus hijas e hijos.
Trabajadores de la finca Tzinté y agentes de la PNC llevaron a cabo el desalojo.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 22, 2024
Momentos de tensión en la comunidad
Por otro lado, Arriaza propuso a las familias brindarles alimentación, atención médica y un lugar donde pudieran estar durante tres meses si decidían abandonar sus casas.
“Dejen el terreno ya que me pertenece, les puedo ofrecer un lugar por tres meses mientras soliciten a la municipalidad un lugar donde vivir, también les prometo retirar las órdenes de captura que tienen sus compañeros”, señaló.
Pese a dichos ofrecimientos, las familias Q’eqchi’ se resisten a dejar sus hogares. El fiscal del Ministerio Público (MP) José Antonio Hernán, pidió a la jueza que se ejecutara el desalojo ya que no podrían regresar sin cumplir con las órdenes que les pidieron.
“Necesitamos realizar el desalojo ya que no podemos regresar sin cumplir las órdenes, además somos una institución independiente y no recibimos órdenes del gobierno”, dijo Hernán, mientras que Ayala daba media hora a las familias para abandonar sus viviendas.
Optan por abandonar la finca
Las intimidaciones de parte de la jueza, el MP y Arriaza hizo que los comunitarios optaran por abandonar sus viviendas, ya que temieron por la integridad física de los niños, mujeres y ancianos, rechazando la propuesta de Arriaza.
Nos iremos, pero pedimos que nos respeten y que nos dejen recoger todas nuestras pertenencias, expresaron los comunitarios mientras, esto debido a que los agentes policiales rodeaban cada una de las casas.
#ElEstorResiste ? Piden al Estado detener desalojo
Comunitarios de la aldea Buena Vista Tzinté piden que se suspenda el desalojo ya que hay niñez, mujeres y ancianos. “No tenemos a donde ir, aquí vivimos, aquí estamos” indicaron.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 22, 2024
Antes del desalojo, uno de los afectados hizo un llamado al Estado para respetar sus derechos. “No tenemos a donde ir, aquí vivimos, hay niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad”, señaló.
El CUC condenó el desalojo y lo catalogó como ilegal y arbitrario.
Las autoridades ancestrales maya Q’eqchi’ condenaron el desalojo
Los antecedentes del problema con la finca
La llegada de las familias a Buena Vista en el 2015 se dio después de un desastre natural en la Sierra Santa Cruz. Por medio de evaluaciones la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) confirmó que la comunidad estaba ubicada en un lugar inhabitable.
Aunque el gobierno de Otto Pérez Molina les ofreció a las familias comprar un terreno donde pudieran vivir, esa promesa jamás se les cumplió. Esto motivó que las familias se desplazaron hasta la finca Tz’inté y reorganizaran la comunidad en este lugar.
Ahora, tras el desalojo los pobladores buscarán refugio en la comunidad Santa Rosita, a hora y media de distancia, donde pernoctaron en el campo de fútbol. Sus cosechas de maíz se quedarán en Buena Vista.
Arriaza intentó realizar un desalojo de la comunidad Buena Vista en 2015.
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Intento de desalojo ilegal a comunitarios de Buena Vista en El Estor, Izabal
En 2022 Arriaza buscó nuevamente otro desalojo de la misma finca.
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Mas de mil agentes de la PNC intentaron desalojar a 36 familias en El Estor, Izabal
