La Procuraduría de los Derechos Humanos inició una investigación contra Walter Mazariegos Biolis e integrantes del Consejo Superior Universitario de la USAC y fijó un plazo de cinco días para que se pronuncien por la violación de derechos humanos de la comunidad universitaria.
Por Prensa Comunitaria
La denuncia fue presentada por los diputados de la bancada del Movimiento Semilla, Brenda Mejía y Raúl Barrera para prevenir la violación del derecho a la educación de 39 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes están siendo criminalizados por el Consejo Superior Universitario (CSU) y Walter Mazariegos, ex decano de Humanidades tras denunciar el fraude electoral en mayo de 2022 y la reiterada violación de la autonomía universitaria.
La cédula de notificación recibida por la diputada Brenda Mejía hace referencia al expediente PDH-2.24-2757 del 19 de marzo de 2024, en la cual la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) inició una investigación contra los miembros del CSU y Walter Mazariegos, conocido como “rector de facto”.
La información proporcionada por la diputada Mejía revela que la denuncia del 19 de marzo ante la PDH en contra de las autoridades universitarias, es por la violación al derecho a la educación de estudiantes de la USAC y que esta ha procedido. Además, señaló que estarán atentos a las acciones que tomen dichas autoridades señaladas durante el plazo de cinco días establecido por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En cuanto a estas acciones, la diputada Mejía, a quien hemos contactado, nos comentó que durante la mañana de este 2 de abril estarán enviando un oficio a la PDH para dar seguimiento al expediente abierto.
Asimismo, planean preguntar al procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, si procederá a interponer el amparo solicitado el mes anterior para proteger los derechos de los universitarios, solicitud que le plantearon en la reunión del 19 de marzo y que en ese momento Córdoba se negó a realizar.
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Denuncian que PDH no auxilió, ni protegió a estudiantes y personal de la USAC sancionados por el CSU
La diputada a través de sus redes sociales confirmó la recepción en su despacho de una Cédula de Notificación de la PDH el 1 de abril. En dicha comunicación se informa que la institución de los derechos humanos ha solicitado al Consejo Superior Universitario y a Walter Mazariegos, un informe detallado sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en el ámbito educativo, afectando a varios universitarios de la USAC.
Ha procedido nuestra denuncia ante la @PDHgt en contra del CSU y Walter Mazariegos por la violación al derecho a la educación de estudiantes @usacenlinea q fueron expulsados según la última reunión de dicho Consejo. Estaremos vigilantes en estos 5 días. No daremos paso atrás. 😡 pic.twitter.com/yp7qa3gwrf
— Dipu Semilla Brenda Mejía (@brendamejialo) April 1, 2024
Ambos parlamentarios señalaron la inminente violación de derechos humanos contra 73 universitarios a quienes se les instauró un procedimiento disciplinario, que busca expulsar a los estudiantes y despedir a los trabajadore y docentes de esta casa de estudios superiores.
¿Qué generó la denuncia contra las autoridades universitarias?
El pasado 20 de marzo, una mayoría de integrantes del CSU sancionaron a docentes, estudiantes, trabajadores y activistas por oponerse al fraude en la elección a rector de la USAC, realizada el 14 de mayo de 2022, en el Parque de la Industria.
Los integrantes del Consejo Superior Universitario, en una sesión virtual, ratificaron el Acta 6-2024 que fue presentada por el secretario general de la Universidad, Luis Fernando Cordón Lucero, en la que se conoció y aprobó instaurar un procedimiento disciplinario en contra de 39 estudiantes, 34 docentes, trabajadores, jubilados y 7 personas que no tienen vínculo con la USAC.
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Consejo Superior Universitario sanciona a 73 estudiantes, docentes y trabajadores
Todos son criminalizados junto a activistas que se sumaron a denunciar el fraude en la elección a rector y que cuestionaron la violencia con la que las autoridades del CSU actuaron en contra de la comunidad universitaria el 4 de agosto de 2022, cuando un grupo de choque dirigido por Luis Pedro Ortiz, director de la Dirección General de Administración (DIGA) irrumpió violentamente en las instalaciones del campus central.
Incluso, las personas criminalizadas por la administración del rector de facto enfrentan un proceso penal, por parte del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras en el caso denominado Toma USAC: Botín Político. Varias de las personas externas a la USAC señaladas por el departamento jurídico son los diputados Raúl Barreda, Román Castellanos y Marcela Blanco Fuente, integrante del partido Movimiento Semilla, señalados de irrupción, obstaculización, impedimento al acceso y toma del campus central, ubicado en la zona 12 de Guatemala.
“La permanencia y limitación de ingreso a las instalaciones universitarias produjo para esta universidad detrimento, deterioro y destrucción al patrimonio físico y cultural, así como un impacto financiero en la reconstrucción y revitalización de los espacios universitarios producto del abandono a las que fueron sujetas, las consecuencias académicas ulteriores pueden resumirse en que se afectó gravemente el desarrollo académico de los estudiantes y aspirantes de nuevo ingreso, asimismo, se perjudicó la calidad de los servicios que presta esta Universidad, en su ámbito docente, de investigación y extensión a la sociedad guatemalteca y comunidad sancarlista”, cita el Acta No. 06-2024 de la sesión ordinaria del CSU del 28 de febrero de 2024.
