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Créditos: Paolina Albani
Tiempo de lectura: 20 minutos

 

Dos presidenciables, un aspirante a diputado y un excandidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala cuentan cómo el uso malicioso de la institucionalidad los dejó fuera de las elecciones generales de 2023, y la estrategia de batalla legal para hacer valer su derecho a elegir y ser electos.

Por Paolina Albani

El binomio Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); Roberto Arzú, de Podemos; el aspirante a diputado por Vos, Aldo Dávila; y Juan Francisco Solórzano Foppa de la coalición de partidos de izquierda Semilla/URNG/Winaq, han sido cuatro de los 3 mil 939 candidatos excluidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en ocasiones, por la Contraloría General de Cuentas (CGC), de participar en las votaciones generales del 25 de junio próximo. De éstas exclusiones algunas son de carácter político.

Este bloqueo ha pasado por temas administrativos como la invalidación de asambleas de los partidos, señalamientos de campaña anticipada, negar la validez o negarse a extender el finiquito a aspirantes que han sido funcionarios en el pasado.

El bloqueo también se ha extendido a la criminalización. El 22 de marzo pasado, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal (decreto 8-2023) en la que penaliza hasta con 8 años de cárcel el robo de energía eléctrica.

Esta reforma parece dirigida contra los integrantes del MLP, algunos de los cuales también pertenecen al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) que, durante años, ha sido señalados y estigmatizados de robo de energía y que, a su vez, ha demandado que se haga realidad la electrificación rural como una política nacional.

No todas las incongruencias y arbitrariedades en las decisiones del TSE ha sido uno de los factores que dan soporte a la teoría de un fraude electoral en preparación e incluso, respaldan lo que el excanciller, Edgar Gutiérrez, ha augurado que serán “las elecciones más vulnerables y manipuladas en 40 años”.

Por un lado, la contraloría ha extendido finiquito a funcionarios con procesos penales abiertos, como es el caso de Ricardo Quiñonez, alcalde de la metrópoli y aspirante a la reelección por el partido Unionista, que fue inscrito el 15 de febrero. No obstante, ha negado el finiquito a Solórzano Foppa aludiendo a que tiene procesos abiertos sin resolver.

A Jordán Rodas, el vicepresidenciable del MLP, el TSE le invalidó el finiquito que se le extendió en diciembre pasado, por un par de denuncias no esclarecidas de parte del interponente, el procurador de Derechos Humanos Alejandro Córdova. Y que han llevado al tribunal a argumentar que el finiquito de Rodas “no está actualizado”, pese a que se mantiene con vigencia.

Por su cuenta, el TSE ha permitido la inscripción de candidatos con claras prohibiciones constitucionales como es el caso de Zury Ríos, del partido conservador y de ultraderecha Valor, por ser hija de un dictador de facto; también ha inscrito a narcotraficantes confesos como el actual alcalde de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, Exadillas Dionel Ramos Aguilar; líderes de culto como el vicepresidenciable de la UNE, Romeo Eduardo Guerra Lemus; y a personas con condenas por delitos como lavado de dinero como es el caso de Manuel Baldizón.

El defensor maya-Q’eqchi, Abelino Chub Caal, intentó postularse a la alcaldía de El Estor, Izabal, por la planilla del MLP, pero vio su participación obstaculizada, sin tener un impedimento legal, simplemente porque el sistema de justicia no ha limpiado sus antecedentes policiacos, aun después de haber sido absuelto hace más de cuatro años, de una acusación espuria que buscaba criminalizar su labor como defensor del medioambiente.

Esto ha confirmado que el TSE ha aplicado criterios distintos en el proceso de autorizar o no la participación política, aplicando limitaciones por procesos penales, denuncias, solicitud de antejuicio o investigación a solo unos pocos.

Estos hechos han llevado a concluir a algunos de los aspirantes excluidos, que este bloqueo es el resultado de un fraude electoral, uno con características muy distintas a otros procesos electorales del pasado, especialmente, de Latinoamérica, que han sido ampliamente documentados. Son los fraudes clásicos en los que las alertas de amaño y corrupción surgieron en el día de las votaciones con acarreados, compro de votos, manipulación del padrón electoral, caída del sistema receptor de resultados como ocurrió en México, en 1998; intervención militar, en el caso de Nicaragua; negar los resultados de un plebiscito que se opuso a la reelección de Evo Morales en Bolivia o el bombardeo de noticias falsas en Brasil, para favorecer la victoria de Jair Bolsonaro, en 2018.

Este fraude que se está creando en Guatemala es distinto por su carácter preventivo. El objetivo es limpiar la mesa mucho antes de que se establezca la lista de invitados al evento.

De acuerdo a un informe de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE), hay 5 binomios presidenciales que no tienen certeza de su inscripción por amparos interpuestos en la CSJ y la CC o bien por solicitudes de antejuicio. Esto ha significado que, el 24 % de las inscripciones de los binomios están judicializadas.

Este hecho hace temer al MOE que está en peligro la credibilidad de las elecciones “pues el uso indebido de recursos judiciales para alterar la competencia electoral se ve motivado, en parte, por una aplicación de criterios contradictorios e inconsistentes por parte del pleno de Magistrados del TSE”.

“El razonamiento de los votos de los magistrados evidenciaron diferencias marcadas en la aplicación de los criterios para calificar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los aspirantes”, alertó el informe. El MOE ha recomendado al TSE revisar y analizar sus decisiones para asegurarse de la idoneidad de los candidatos y el libre ejercicio del derecho de ser electo de quienes han sido o son víctimas de señalamientos espurios.

El fraude previo al día de las votaciones, no ha sido un hecho sin precedentes en Guatemala. Apenas el año pasado, las elecciones para elegir a un nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sentaron las bases para excluir a candidatos incómodos, que las mafias veían con grandes posibilidades de arrebatarles la victoria.

Uno de los excluidos fue Jordán Rodas, en ese entonces era procurador de los Derechos Humanos.

En esa oportunidad, algunos miembros del Consejo Superior Universitario excluyeron a varios cuerpos electorales y eso favoreció a que se impusiera Walter Mazariegos, escogido  por el presidente Alejandro Giammattei, minando la autonomía universitaria. Desde entonces, varias voces de la academia y expertos en política anunciaron que las elecciones generales de 2023, serían un remedo de la votación fraudulenta de la Usac. Meses después, esas advertencias han probado estar en lo correcto.

Si bien el fraude se ha caracterizado por excluir a candidatos con posibilidades de ganar, también busca beneficiar a otros para que consigan la victoria política. Zury Ríos y Sandra Torres serían las favorecidas, de acuerdo al actuar de la CSJ que, el 13 de abril, denegó en definitiva los amparos planteados por Cabal y Todos en contra de la inscripción de los binomios de Valor y la UNE.

Si en elecciones anteriores la inquietud de los votantes ha sido “votar por el menos peor”, estas elecciones la preocupación es otra: ¿se terminará de ejecutar el fraude? y ¿a favor de quiénes será? La sombra de la duda mantiene en suspenso cuáles candidatos serían los más fuertes en la contienda y que podrían pasar a segunda vuelta.

El abogado Adrián Zapata ha dibujado una línea en un escenario que confirmaría, en definitiva, la constatación del fraude: la exclusión de Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el partido Valor, que logró ser inscrito por el TSE y quien en las últimas semanas ha sufrido ataques judiciales para revocar su inscripción.

Bloqueo de propuestas disruptivas

Las cuatro opciones políticas excluidas mencionadas antes son alternativas disruptivas. Por ejemplo, el MLP, Semilla/Urng/Winaq y Vos forman parte del voto anti sistémico, e incluso  Podemos, que en discurso ha ofrecido acabar con los monopolios. Este último le ha generado a Roberto Arzú disputas con grupos de la élite económica que fue aliada de su padre, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, pero, sobre todo, con su hermano, el diputado y candidato a la reelección, Álvaro Arzú Escobar, por el partido Unionista.

Roberto Arzú viene de esa élite económica, pero ha elegido distanciarse del sector procorrupción que ha estado detrás del proceso de “recooptación”, según lo ha llamado el antropólogo y sociólogo, Alejandro Flores.

La recooptación no es más que la recuperación  de la institucionalidad estatal al servicio de intereses particulares, cuyo objetivo es impedir que sean, nuevamente, enfrentados a la justicia, como ocurrió con las detenciones por corrupción por denuncias de la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando Solórzano Foppa dirigía esa entidad, y como cuando los empresarios fueron llevados al banquillo por las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

En tanto, los aspirantes continuaron haciendo campaña:

Qué dicen las encuestas

MLP, Podemos, Vos y Semilla/Winaq/URNG podrían tener grandes posibilidades de arrancar la victoria a las propuestas políticas lanzadas por el oficialismo y el sector privado. Si bien los resultados de las encuestas no son definitivos, pues aun falta que se diluciden las respuestas institucionales y de las cortes sobre la participación de los excluidos, estas sí muestran que Sandra Torres, de la UNE, y Zury Ríos, de Viva, las encabezan.

Una de las encuestas en línea es la TResearch, del 13 de marzo, en la que muestran que la intención de voto favorece en los resultados a Ríos en primer lugar, a Torres en segundo, a Mulet en tercero.

Una segunda encuesta de Dzenterprises con datos de TResearch y CID-Gallup, publicada el pasado 17 de abril, deja a Ríos en primer puesto (22%), a Mulet en segundo (19%) y a Torres en tercero (17.8%).

Expertos en datos y encuestas como Juan Pablo Pira, analista de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies); y Carlos Mendoza, analista de Diálogos Guatemala, en una entrevista reciente, mencionaron que algunas encuestas que se muestran en redes sociales no son legítimas porque no son transparentes respecto a la metodología utilizada, por ejemplo, quién la realizó, en qué fechas, cómo se determino la muestra, los lugares en los que se realizó, si hubo representatividad por regiones, el costo, entre otras.

Pira dijo que los encuestadores toman muestras de 2 mil 500 a 4 mil personas, pero que, si la muestra es significantemente mayor a esta, por ejemplo, de 35 mil personas, entonces genera desconfianza sobre si la cifra fue inflada.

“Pareciera que quieren posicionar candidaturas, eso enciende las alarmas. Pareciera que hay un intento de desinformación”, indicó Mendoza. Además, advirtió que los partidos hacen sondeos y suelen sesgar los resultados, tienen el objetivo de engañar a sus financistas, “porque no quieren apostarle a caballo perdedor”.

“Los políticos creen que, si llevan la delantera en las encuestas, eso les da una ventaja porque la gente buscará votar por el más fuerte, pero no hay evidencia científica de esto”, explicó Pira.

En 2021, el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en su informe anual sobre “La autocratización se vuelve viral”, nombró a Guatemala como uno de los países que hizo la transición de la democracia electoral hacia una  “autocracia electoral”, que se caracteriza por gobiernos que atacan a medios de comunicación y sociedad civil, polarizan a los oponentes políticos difundiendo información falsa, que luego socavan a la institucionalidad estatal.  Este es un síntoma que se ha extendido en América Latina, Asia-Pacífico y Central, y Europa del Este.

MLP: bloqueo político como modo de criminalización

Cuando la Asamblea Nacional del MLP decidió invitar a Jordán Rodas para que fuese, junto a Thelma Cabrera (defensora maya-mam y activista de Codeca), parte del binomio para las elecciones generales de 2023, ya se esperaban la oposición e interferencia de la clase conservadora del país y de las redes político-económicas. Esas redes que, en años recientes, han armado un frente de oposición a la lucha contra la corrupción que el MLP promete continuar. Pese al bloqueo por el finiquito de Rodas, Cabrera ha dicho que el MLP no cambiaría a su vicepresidenciable, pues están seguros de que el problema no es él, sino solo una excusa por el miedo que la propuesta ha ocasionado en quienes quieren perpetuarse en el poder.

Foto: Paolina Albani

“No nos prestamos a esos juegos. Como MLP tenemos palabra y la palabra se respeta. Nosotros podríamos cambiar al vicepresidenciable, pero lo mismo nos van a decir `no llenaron los requisitos` y nos van a volver a dejar afuera”, advirtió Cabrera.

El MLP ha argumentado que existe fraude electoral por la arbitrariedad con la que se invalidó el finiquito a Rodas, un finiquito que la contraloría aseguró no está actualizado, pese a diciembre pasado se lo entregó y que tiene vigencia por seis meses. Este documento prueba que no tiene denuncias o procesos pendientes de esclarecer por su tiempo como PDH.

Su participación ha experimentado otros bloqueos administrativos.

“Nos botaron las asambleas municipales en 2022. Nos costó llegar a la Asamblea Nacional el 28 de diciembre pasado. Cumplimos con todos los requisitos, incluido el famoso finiquito, que Jordán obtuvo a finales de diciembre. En enero, nos presentamos en la inscripción, pero utilizaron el finiquito como una justificación para dejarnos fuera. Está claro el mensaje. Esta es la forma del sistema de sacarnos de la jugada. Ya estamos en la cancha, ahora sienten el peligro. No les queda de otra que dar justificaciones”, dijo Cabrera.

El 13 de abril, la CSJ, que se ha perpetuado en el cargo por más de tres años, celebró una sesión extraordinaria en la que denegó el amparo presentado por el MLP que impugnó la decisión del TSE de dejarlos fuera de las elecciones.

“La CSJ, TSE, CC y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos están cooptados por criminales. Ya hubiera resuelto –el recurso-. Entonces, tuvimos que acudir afuera para hablar de cómo Guatemala viola su Constitución, viola los acuerdos de solidaridad de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres.

Eso es parte del fraude, ahora lo que se espera es el show del voto el 25 de junio. El fraude ya se está dando. En 2019, se rieron de nosotros al denunciar el fraude. Al tiempo, nos dieron la razón. Eso nos ayuda a que otros hermanos y hermanas sepan de nuestras luchas en cuanto a elegir y ser electo”, indicó Cabrera.

A Cabrera le han señalado de incurrir en campaña anticipada en dos ocasiones. Una por dar una entrevista sobre la cura de la tierra, en donde aseguró “no se pidió voto a la gente”, y la otra, en el 30 aniversario de Codeca, cuando hizo una aparición para dar un reconocimiento a invitados, por lo que tuvo que presentar descargos ante el TSE, pese a no estar inscrita.

El rol de Cabrera y Rodas ha sido determinante en la visibilización del fraude. Es más, la denuncia del bloqueo en instancias nacionales e internacionales, fue el primer síntoma de dolo en el proceso.

Parte de esa gira que Cabrera y Rodas realizaron en Europa les ha ayudado a atraer la atención internacional.  El 17 de abril, Peter Stano, vocero de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, anunció que están pendientes del proceder de la CSJ en el caso de Cabrera y Rodas, y pidió a las autoridades del gobierno que aseguren que el proceso eleccionario sea imparcial y transparente.

Una de las últimas acciones del MLP fue presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que tendría la última palabra sobre su participación política. El 18 de abril, la corte les notificó que dio trámite al recurso y pidío a la CSJ el expediente del caso. Finalmente, el 2 de mayo la CC informó en un comunicado que había declarado sin lugar el recurso de apelación, por lo que el binomio queda fuera de la contienda electoral.  Para Jordán Rodas, esto es ya la consolidación del fraude que han estado anunciando desde el principio.

Cuatro años antes, en 2019, el MLP lanzó a por primera vez a Thelma Cabrera como candidata a la presidencia. Pese a la campaña austera y a que era una propuesta nueva, consiguió quedar en cuarto lugar. Este año, que sería la segunda vez que el MLP y Cabrera participarían en las elecciones, el mecanismo para vedarles la inscripción en el TSE ha sido a través de la vía administrativa.

La defensora no solo propuso continuar con la lucha anticorrupción sino refundar al Estado y esto pasaría por crear una nueva Constitución Política en la que se respetaran los derechos humanos y se incluyera la participación de los pueblos indígenas en las decisiones nacionales, específicamente, en la consulta de proyectos extractivos.

La propuesta encendió las alertas del sector privado y de la clase política quienes, desde la presidencia de Jimmy Morales, se han reorganizado para “recooptar” al Estado.

En esa elección, el MLP denunció por primera vez el fraude electoral porque nunca les entregaron los fondos que les correspondía por cada voto ganado, que se destina para la formación política de los partidos, porque les entregaron la credencial tarde (el 6 de mayo de 2019) y porque el TSE no les autorizó abrir una cuenta bancaria para la recepción de fondos para la campaña política.

Al preguntarle a Cabrera su opinión respecto al bloqueo de estos los candidatos dijo que “es para seguir teniendo el control y el poder entre las elites. El daño que han hecho al pueblo es el miedo que tienen en cuanto a la propuesta del MLP”.

Sin ellos en la contienda, el camino quedará liberado para Zury Ríos, Sandra Torres y Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana.

Los Arzú: la familia oligarca enfrentada y dividida

Parte de la oligarquía está fragmentada en estas elecciones. De un lado del pulso está Álvaro Arzú Escobar, actual diputado por el partido conservador y de ultra derecha Unionista (aspirante a la reelección), a quien se ha identificado como aliado del Pacto de Corruptos. El pacto, en los últimos años, ha logrado la expulsión de la CICIG y la “recooptación” de la institucionalidad del Estado, específicamente, del sector justicia que ha logrado detener el avance de importantes casos de corrupción y de memoria histórica.

Foto: Paolina Albani

Arzú Escobar fue pieza clave en la obstaculización de la labor de Jordán Rodas cuando fungió como PDH.

En la misma rama familiar se encuentra su hermano mayor, Roberto Arzú, candidato a la presidencia por el partido Podemos, quien ha prometido acabar con los monopolios, una propuesta que el sector privado no ha asimilado nada bien. Arzú, por inusual que parezca, es uno más de los candidatos al que el TSE no le ha permitido inscribirse.

PC: ¿Quiénes están detrás del bloqueo para que no participe?  

RA: “El sector privado, los banqueros, los farmacéuticos, los azucareros, los harineros, todos a los que les hemos dicho que se les acabaron los privilegios y los monopolios y todo el pacto de corruptos. Todos diputados, partidos políticos, las dos candidatas, Zury Ríos, Sandra Torres, el presidente y el muchachito, todos están contra nosotros”, dijo Roberto Arzú.

PC: ¿Hay algún familiar entre ellos? 

RA: “Sin duda alguna mi hermano Álvaro Arzú Escobar está ahí metido. Si yo soy presidente, él no puede ser diputado”.

Arzú, a diferencia de Cabrera y Rodas, fue inscrito el 27 de enero pasado, por el Registro de Ciudadanos. El 4 de febrero, el TSE anuló esa inscripción por, supuestamente, no haber pagado una multa por campaña anticipada. Es a partir de la revocatoria que viajó a Washington, en febrero, para denunciar el bloqueo ilegal y el fraude.

Los motivos que llevaron a que Arzú fuera sacado de la contienda, la campaña anticipada, han sido ignorados en el caso de Torres, Manuel Conde Orellana, del partido oficial Vamos, y Ríos con Valor, quienes no han sido sancionados.

 

Como consecuencia, Arzú ha iniciado una batalla legal para pelear su reinscripción. Podemos acudió a la CSJ y también planteó una recusación contra los magistrados titulares. Finalmente ésta resolvió negarle el amparo, por lo que ahora está en manos de la CC resolver su situación.

Mulet: “guerra psicológica” y el espionaje

La obstaculización también ha estado dirigida en contra uno de los candidatos inscritos ante el TSE, como es el caso de Edmond Mulet, presidenciable del partido Cabal. Mulet, quien quedó en tercer lugar en las elecciones de 2019, ha dicho que su partido y él mismo han sido acosados y hostigados desde 2022, cuando armaron la propuesta política del partido.

El 11 de diciembre, cuando fue proclamado como presidenciable, Mulet expuso que inició una campaña de rumores de parte de “segmentos administrativos y políticos del país” sobre el bloqueo de su inscripción.

Foto: Paolina Albani

Uno de los mensajes directos que dijo recibir fue: “Ahorita vamos a bloquear a Roberto Arzú, a Thelma Cabrera y A Neto Bran, están en la lista de los que no vamos a inscribir”.

“Estos esfuerzos se traducen como una guerra psicológica, crea un ambiente de incertidumbre. Eso le llegaba a la gente que quería participar con nosotros, candidatos, activistas y eso afectaba la moral”, refirió.

“Teníamos en el partido a varios alcaldes en funciones que querían ser candidatos nuestros para nuestra reelección, gente proba, gente decente. Uno por uno vino a renunciar porque me dijeron que los habían amenazado si no salían con el partido oficial. Decían que les iniciarían unas acciones de parte de la contraloría, denuncias penales en el MP y que no les darían presupuesto para los proyectos del municipio. Me decían: quisiera estar con usted, pero no puedo, no puedo”, indicó.

Mulet ha asegurado que cuenta con más de 60 casos documentados de funcionarios que fueron despedidos del gobierno por simpatizar con Cabal.

“En el Ministerio de Gobernación hay una unidad de control digital y esa unidad está vigilando todas las redes sociales. Ahí vigilan cuando saco un tuit, averiguan quién da le like o comenta, cómo se llama, dónde trabaja. Si trabaja en el gobierno, lo despiden. Los llaman y lo dicen en voz alta: usted ha sido despedido porque está apoyando a Mulet o a Cabal”, advirtió el candidato en una de sus conferencias temáticas semanales.

Mulet ha sido señalado de haber dirigido un esquema de adopciones irregulares en los años 80, aprovechando las separaciones familiares provocadas por la guerra interna. De acuerdo a la investigación de Plaza Pública, de 2015, en 1981, fue detenido por sacar del país a los bebés como turistas por motivos humanitarios. La investigación reveló que en los procesos de adopción evadió controles nacionales y que desamparó a varios niños. Aunque no hubo procesos penales o condenas, debido a que utilizó sus vínculos políticos para evitar ir a prisión, este señalamiento continúa siendo una mancha que todavía pesa en su historia.

El quiebre en las denuncias a Mulet

La persecución contra Mulet inició en marzo pasado, cuando se pronunció a favor de que se detuviera la persecución a periodistas independientes quienes estaban dando cobertura al juicio del director de El Periódico, José Rubén Zamora.  En ese momento, presentó dos memoriales ante el MP y la PDH para proteger a los comunicadores.

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI y mano derecha de la fiscal general Consuelo Porras (quien es aliada del presidente Alejandro Giammattei), dijo que este posicionamiento sobre un caso judicial y haber sido entrevistado en CNN en el programa de Fernando Rincón, Conclusiones, fue campaña anticipada.

Curruchiche presentó una denuncia ante el TSE contra el candidato y una solicitud de retiro de antejuicio. Este 20 de abril, según Cabal, las denuncias fueron archivadas.

Pero el tribunal sí lo amonestó por las denuncias del fiscal. Esta amonestación lo limitó a únicamente, expresarse sobre su plan de gobierno. Antes de la decisión del TSE, el candidato se mostró confiado en que las denuncias serían archivadas.

Edmond Mulet ha sido uno de los detractores de Zury Ríos. En enero de este año, Cabal impugnó la candidatura de Zury Ríos, argumentando el impedimento que señala el artículo 186 de la Constitución de Guatemala que prohíbe participar a los familiares de jefes de un golpe de Estado, como José Efraín Ríos Montt, su padre. 

Juan Francisco Solórzano Foppa: bloqueo por el finiquito y persecución por la defensa de José Rubén Zamora

Bajo este bloqueo también hay candidatos a diputaciones y alcaldías. El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa ha sido uno de ellos. Hasta hace poco, era el aspirante a la comuna metropolitana por la planilla #FoppaXLaCiudad de la coalición de izquierda Semilla/URNG/Winaq, pero dijo que cedió su espacio a la arquitecta urbanista Ninotchka Matute, el pasado 17 de abril, al comprender que no lo inscribirían.

Este 20 de abril, ceder el espacio en la planilla fue definido por el pleno del TSE, como un acto ilegal.

“Cualquier planilla para alcalde que se quedé vacante no puede hacer un corrimiento, eso es ilegal. Solo si la planilla gana, hasta ese momento pueden hacer el corrimiento. Si usan como marketing el nombre de una persona que fue rechazada -Foppa-, ese es otro tema que analizaremos por una posible sanción”, dijo la magistrada del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana.

Momentos después, Foppa fue detenido y llevado a tribunales por su posible implicación en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, en el que está procesado su defendido, el periodista José Rubén Zamora, y en el que se aduce que la defensa presentó un documento fraudulento.  Esto ha puesto, una vez más, en duda la independencia judicial.

Foto: Paolina Albani

“Esto es 100 porciento político. Sabemos que nos tienen miedo, nos han visto que vamos en segundo lugar en el 90 porciento de las encuestas. Cuando se ven amenazados es cuando toman estas acciones”, afirmó respecto a su participación en política.

También señaló quienes están detrás de su criminalización es “la alianza diabólica de Zury Ríos, Ricardo Quiñones, los partidos Valor y Unionista” que han utilizando como instrumentos a la Fundación Contra el Terrorismo. “Están buscando la criminalización, en las vísperas del caso de José Rubén Zamora, para que nadie quiera defenderlo”.

Junto a Foppa fue detenido el abogado Justino Brito Torrez, quien también es abogado Zamora y de Foppa en el proceso en el que está acusado de lavado de dinero.

Cuando Foppa intentó inscribirse para competir por la alcaldía metropolitana, el problema fue el finiquito. El bloqueo vino de la contraloría que no le extendió el documento alegando que tenía procesos administrativos y penales pendientes de resolver. Por lo que no pudo presentar la papelería completa ante el TSE.

“Tengo una denuncia desde el 2021. El MP pidió la desestimación del caso, el tema es que el juez no ha dado audiencia. Ahorita la fijó para enero de 2024”, contó.

El caso de 2021, es conocido como “falsedad y política” en donde está acusado de haber falsificado un acta para inscribir al partido político por que se lanzó a las elecciones de 2019.

Por otro lado, la misma contraloría lo denunció por no publicar el acuerdo que dio vida a la Gerencia de Investigación Fiscal de la SAT, en 2018. Un caso que hasta hoy sigue activo.

Foppa ha mencionado que, en enero de este año, Consuelo Porras pidió un informe del estatus general de este caso y esto, según dijo, levantó sospechas por el interés inusitado en una causa que terminaría siendo desestimada por falta de sustento.

“Intentamos mediante varias acciones judiciales que la contraloría nos quitara esa denuncia del sistema, lo cual no ha procedido. Hemos presentado amparos. Al juez ya se le presentó una queja disciplinaria judicial y también una demanda civil por daños y perjuicios.

Consideramos que hay un retardo malicioso, malintencionado de denegarme la posibilidad de tener una audiencia.  La contraloría no ha querido bajarlo del sistema hasta que el juez resuelva, pero el juez lleva dos años sin resolver. Además, el caso de falsedad y política estuvo parado 18 meses y se activó justamente en marzo, en época electoral”, expresó.

Unas horas antes de su detención, el abogado refirió que el panorama sería: “seguir sacando a los que les son incómodos con criterios que no son parejos”.

“Lo que nosotros vemos es que, si por alguna razón lográbamos conseguir el finiquito a través de alguna acción judicial, nos iban a bloquear después por esta supuesta idoneidad, como hemos visto que han hecho con algunos candidatos, a otros los inscriben teniendo solicitud de antejuicio”, apuntó Foppa.

“Esto es una especie de fraude al no permitir participar a ciertos candidatos bajo parámetros distintos, mientras que a otros sí se les permite. Están eliminando a las opciones que en las encuestas van con posibilidades reales de quedar”, advirtió el abogado.

El bloqueo de Dávila: la factura por ser un diputado incómodo

Al diputado independiente que se postuló para la reelección por el partido Vos, Aldo Dávila, no lo inscribieron por las solicitudes de antejuicio que hay en su contra. Dávila tiene un total de 54 denuncias. Al menos tres de ellas vienen del presidente Giammattei, con quien ha tenido enfrentamientos que han rayado en los insultos y la discriminación.

En entrevista admitió que el bloqueo “es algo que ya esperaba”. “He sido muy incómodo para el Pacto de Corruptos y la alianza criminal. He evidenciado la corrupción y la impunidad, el despilfarro de los recursos, la falta de agua en establecimientos públicos. Esto tiene que pasar una factura”.

Expuso que las denuncias de Giammattei han evidenciado la interferencia en la independencia de poderes.  “El presidente me denuncia con una CSJ cooptada, pues no ha habido cambio en 36 meses, entonces pasan las denuncias. ¿A qué juez le toca lleva mi caso? Al hermano de dos diputados del bloque oficialista que han votado a favor de Giammattei y uno de ellos es candidato para la reelección”, explicó.

Ese juez terminó recomendando el retiro de la inmunidad de Dávila. Además de esto, el secretario general del partido oficial, Víctor Valenzuela, interpuso un recurso de nulidad a la inscripción del diputado, alegando que no es idóneo para ocupar una curul.

“No he sido procesado ni condenado, pero me entrampan la inscripción. Hay otro montón de candidatos a los que les dieron vía libre a pesar de que algunos hasta fueron sentenciados. Es complejo, absurdo e irónico.

Eso demuestra que el TSE también ha sido cooptado. Recibe ordenes de Giammattei, del principito (Miguel Martínez, quien dirigió el Centro de Gobierno), Consuelo Porras y Shirley Rivera”, expuso.

Foto: Paolina Albani

De momento, el diputado ha colocado amparos y prevé una denuncia masiva en contra de los candidatos que sí fueron inscritos en el proceso teniendo solicitud de antejuicio vigente.

“O todos hijos o todos entenados. Que sea parejo. La batalla legal se va a dar”, concluyó.

¿Democracia más allá de 2023?

A dos meses de la realización de las votaciones, la sombra del fraude acecha peligrosamente el futuro del país y de sellarse, podría significar el regreso a la dictadura, para algunos de los aspirantes con propuestas antisistémicas. De momento, la judicialización de las postulaciones arriba mencionadas, que esperan la respuesta de las cortes, ha dejado las puertas abiertas a lo que podría pasar.

Para Foppa esta podría ser la ultima elección “medianamente democrática”. “El régimen lo que quiere es perpetuarse en todo sentido. Se perpetuó la CSJ, la fiscal general, se están perpetuando de forma ilegal. Ya no digamos el fraude de la USAC.

Dentro de cuatro años, va a seguir la misma CSJ, la misma fiscal general, incluso los mismos diputados, la misma CC y el TSE… Van a utilizar a los militares para perpetuarse. No veo apertura o posibilidad democrática más allá que esta elección”, sentenció.

Una idea que comparte Dávila. “En este proceso, medianamente, podremos llevar buenos diputados al Congreso. Hemos hecho oposición muy pocos. Entonces la gente no tiene mucha memoria”, expresó.

Cabrera fue mucho más atinada cuando se le preguntó por el panorama más allá de 2023:

“En Guatemala nunca ha habido democracia. Esta democracia es de los poderosos, no de los pueblos. La supuesta democracia que nos han pintado eso es lo que ellos hacen, el fraude, la criminalización, los asesinatos, los encarcelamientos, matarnos con la desnutrición, sin el acceso a la salud, hasta matarnos con la pandemia.

Nunca ha habido democracia. Por eso, planteamos organizarnos para que el pueblo pueda construir su propia democracia. Los poderosos no nos van a dejar el espacio, eso es lo que podemos ver ahora”, acabó.

El antropólogo Flores y el excanciller Gutiérrez, han dicho que bajo las circunstancias actuales las elecciones no corregirán el giro autoritario que la presidencia del Giammattei ha impuesto, sino que ayudarán a consolidar la “recooptación” del Estado, provocada por la descomposición político-jurídica e institucional. Con lo cual, la situación inmediata del país no mejorará.

Una de las alternativas de Flores, ante este escenario, será que la ciudadanía se articule para apoyar las propuestas que están siendo excluidas, pero también para defenderse de la desinformación que los medios de comunicación corporativos y los netcenters están esparciendo para generar confusión.

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