La exdiputada y directora actual del Instituto de la Víctima, espera mantenerse con dos amparos como directora de esta institución e impedir un nuevo nombramiento en el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Uno de los amparos fue presentado por la exmagistrada Silvia Valdés, y otorgado por la jueza Karin Sorelly Gómez Girón, quien trabajó como secretaria del Juzgado Sexto del Ramo Civil cuando Valdés fue jueza titular.
Por Prensa Comunitaria
La exdiputada del Partido Patriota, Alejandra Carrillo, debió dejar el cargo de directora del Instituto de La Víctima (IDV) desde el 20 de diciembre de 2023. Dos amparos puestos a su favor buscan que ella se quede en ese puesto e impedir un nuevo nombramiento. Del primer amparo, el presidente Bernardo Arévalo pidió que sea revocado y así se pueda continuar con la elección de otro profesional para el puesto. Este lunes, se espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) conozca una apelación que busca dejar sin efecto la protección provisional que la favorece.
Los amparos fueron puestos por personas conocidas por su afinidad a Carrillo. Silvia Valdés fue quien presentó el primero y es el que la mantiene en el puesto, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sancionada por Estados Unidos, es conocida por su relación de amistad con la exdiputada.
Su amistad se evidenció en chats publicados en redes sociales, también por las decisiones asumidas por Valdés, al proteger en más de tres ocasiones al diputado del partido TODOS Felipe Alejos, esposo de Carrillo, evitando que le levantaran su derecho de antejuicio por su vinculación en el Caso Traficantes de Influencias. Alejos también ha sido sancionado por los Estados Unidos con la Ley Magnitsky.
Carrillo es conocida por sus conexiones políticas y judiciales, fue muy cercana a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, llegó al cargo por nombramiento del presidente Jimmy Morales, desde entonces han pasado cuatro años y un mes. No es casualidad que continúe en el cargo, durante su gestión, familiares de políticos y magistrados han sido beneficiados con plazas de trabajo en esa institución que pasó de tener 36 trabajadores a 170.
Las dos acciones que favorecen a Carrillo
El primer amparo para impedir el cambio de autoridades en el IDV, fue presentado por Silvia Valdés, Ingrid Johana Romero Escribá, directora del Inacif; Lilian Karina Xinico Xiquita, defensora de la Mujer Indígena; en su calidad de integrantes del Consejo Directivo del IDV.
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Con ese amparo, se buscaría simular una disputa entre el Consejo Directivo y la actual Directora, bajo el supuesto de que se están violentando derechos constitucionales al no permitir que cualquier persona interesada pueda optar al cargo de Director/a de Instituto, por carecerse de un procedimiento para ese efecto. Sin embargo, la Ley Orgánica del IDV es clara en indicar que, este es un nombramiento que realiza el presidente de la República.
Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria aseguran que se están obstaculizando las facultades del presidente otorgadas por el artículo 183 literal s) de la Constitución, al ordenar de forma “anómala e ilegal” que la actual directora desarrolle el procedimiento para que se nombre a su propio sucesor, lo cual consideran está fuera de ley.
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Nexos y relaciones que le favorecen
Quien dio trámite al primer amparo y otorgó la protección provisional fue el Juzgado Quinto Civil a cargo de Karin Sorelly Gómez Girón, una de las juezas con mayor cercanía a Valdés Quesada, ya que trabajó con ella como secretaria del Juzgado Sexto del Ramo Civil donde Valdés fue jueza titular.
Además, aseguran que una vez logradas las pretensiones de Carrillo y Valdés en los juzgados civiles, el siguiente paso es garantizar el blindaje de la resolución del amparo provisional con sus aliados en la Corte de Constitucionalidad (CC), utilizando sus nexos con los actuales magistrados.
Johana Romero Escribá, Directora del INACIF, es familiar de la magistrada de la CC Dina Ochoa Escribá. Además, Nester Vásquez Pimentel y Valdés, fueron magistrados de la CSJ durante los mismos períodos hasta que Vásquez Pimentel fue nombrado magistrado de la CC.
En relación al magistrado suplente Walter Paulino Jiménez Texaj, su hija Mélida María Jiménez Rosales, tuvo una plaza en el IDV hasta diciembre de 2023.
La segunda acción de amparo fue puesta en el mismo sentido por un trabajador del IDV, la cual fue acumulada al expediente del amparo promovido por el Consejo Directivo del Instituto. Este expediente se encuentra a cargo de la jueza Sara Leticia Folgar Lemus, dado que la jueza Karin Sorelly Gómez Girón fue nombrada magistrada de una Sala de Apelaciones del Ramo Civil.
El objetivo de las acciones legales según algunas fuentes, sería además de perpetuar a Carrillo en su cargo, poder continuar con beneficios, espacios y plazas para familiares, amistades o allegados de funcionarios y políticos dentro del IDV.
Carrillo beneficiada por el MP
La directora Carrillo, ha sido señalada también por su supuesta participación en el caso Comisiones Paralelas 2020. En el 2021, Evelyn Vega denunció a su antigua jefa Alejandra Carrillo, su testimonio alcanzó a la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés y a la magistrada Vitalina Orellana, quienes habrían participado en la manipulación de la elección de CSJ y Sala de Apelaciones, conocidas en este caso. Luego la testigo, tuvo un caso penal en su contra a solicitud de las magistradas involucradas.
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La investigación que llevaba el MP sobre 109 plazas que podrían ser fantasmas en el IDV, era llevada por Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal a quien cambiaron de puesto días después de que trascendiera la investigación. Pantaleón fue criminalizado y encarcelado bajo acusaciones como incumplimiento de deberes para otro caso.
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El pasado 12 de octubre, se conoció que Alejandra Carrillo, no será investigada por el caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, pese a la existencia de una denuncia, documentos y chats que señalan un supuesto negocio irregular.
Incluso, el 10 de junio del 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a una denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP comunicó que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio donde funciona la institución.
Según la investigación que anunció el MP en 2021, la exdiputada Carrillo se habría beneficiado con una comisión ilícita por el arrendamiento del edificio donde actualmente opera el Instituto de la Víctima.
Chats de WhatsApp que expuso elPeriódico y que son parte de una denuncia contra Carrillo, evidenciaron cómo se hizo la negociación para conceder la adjudicación a la empresa Inversiones Herzasa S.A. por recomendación de Cristian Castañeda, amigo de Carrillo, a cambio del supuesto pago de un soborno.
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