Le tomó dos años completos a la fiscal general Consuelo Porras, pero finalmente lo logró. Transformó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de ser el equipo de investigadores más exitoso de todos los tiempos en combatir la corrupción y la perversión de las instituciones públicas, a una unidad que no solo frenó los casos contra estructuras criminales poderosas, sino también los manipuló para favorecer a sus aliados políticos.
Texto de Cristian García y Andrés García
Edición de Juan Luis Font
Peor aún, la FECI se convirtió en la sección del Ministerio Público más utilizada, aunque no la única, para perseguir a quienes investigaron y procesaron penalmente la corrupción en el país. Y es la dependencia que más ha insistido en cuestionar el proceso electoral que dejó como vencedor al Movimiento Semilla, un partido político que critica la corrupción y la impunidad.
Surgida como entidad de enlace de trabajo y operativización de las causas investigadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la FECI terminó desnaturalizada.
El preámbulo
El 17 de mayo de 2018, Consuelo Porras, nombrada por el expresidente Jimmy Morales asumió la fiscalía general de la República, ante la expectativa que generó el anuncio de la no renovación de la CICIG. Aunque en esa época hubo un murmullo sobre la alianza de Consuelo Porras con los intereses de un sector aliado a la corrupción, este no tuvo tanto eco.
Durante sus primeros meses en el cargo, Consuelo Porras fue apodada “la vigilante”, ya que, parecía solamente moverse con la inercia del funcionamiento del Ministerio Público. Fue hasta el 19 de marzo de 2019 cuando Melvin Medina, uno de sus fiscales afines, solicitó girar orden de captura en contra de Thelma Aldana.
Los señalamientos públicos se concentraron en el fiscal Melvin Medina y el juez Víctor Cruz, quien solicitó la captura de la exfiscal general. En ese tiempo, poca gente dirigió la mirada hacia Consuelo Porras como una de las encargadas de iniciar ese debilitamiento del Ministerio Público.
El inicio
Lo primero que cambió en la fiscalía cuando Consuelo Porras llegó a la jefatura del Ministerio Público para sustituir a Thelma Aldana fue la forma de trabajo. Hasta entonces, la FECI había sido el epicentro de la lucha contra la corrupción y los fiscales trabajaban afanosamente en sus casos.
Había varios filtros por superar previo a que el expediente fuera operativizable: después de conseguir la aprobación del agente fiscal y del jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval, el equipo de investigadores subía octavo nivel del edificio del barrio Gerona para conseguir la aprobación de la Fiscal General, previo a pasar a capturar y presentar a los sospechosos ante la justicia.
“Se le exponía los casos a Thelma Aldana y ella daba el banderazo de salida casi de inmediato. El jefe de la agencia fiscal ya había dado su visto bueno y el jefe de la FECI, igual. La fiscal general escuchaba y aprobaba. Nunca rechazó un proceso”, expresa uno de los fiscales asignados a esa unidad que prefiere guardar su nombre. Este agente fiscal fue luego criminalizado por investigar las denominadas “Comisiones Paralelas 2020”, un caso que revisa las trampas en la nominación de candidatos a magistrados de cortes de justicia.
Sin embargo, con Consuelo Porras la dinámica al principio no solo parecía ser retardataria, sino que con el tiempo llegó a ser incluso manipuladora. Para muestra, ese caso de las Comisiones de Postulación que fue develado en 2020 y fue utilizado por Porras para incidir en otro evento relevante de ese año: la elección de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad.
En víspera de las votaciones para elegir al magistrado titular para ese tribunal en el Colegio de Abogados, Consuelo Porras les dijo a quienes le presentaban sus hallazgos: “a mí el que me interesa es Estuardo Gálvez. Si solo tienen información sobre él, con ese nos vamos. Esto tiene que salir antes del viernes y no me importa si lo van a detener al Parque de la Industria o al Club La Aurora”, sostienen dos ex trabajadores de la FECI.
Estuardo Gálvez, antiguo decano de la Facultad de Derecho y exrector de la Universidad de San Carlos, encabezaba a una corriente de abogados que lo hacía un candidato formidable para ese puesto. Su contendiente, el magistrado de la Corte Suprema Néster Vásquez Pimentel, tenía menos probabilidades de obtener el cargo si Estuardo Gálvez competía con toda su fuerza.
Por eso, la orden de captura solicitada por la FECI en contra del exrector y otras siete personas por el caso Comisiones Paralelas 2020 lo debilitó fatalmente, más cuando esta se buscó ejecutar el 26 de febrero de ese año: la misma fecha en la que se llevó a cabo la primera vuelta en el Colegio de Abogados. Néster Vásquez Pimentel resultó electo; Gálvez tuvo que declinar a competir en el balotaje; y Consuelo Porras se anotó un logro.
Claroscuro
Los inicios de Consuelo Porras en el Ministerio Público fueron relativamente normales para el personal de la FECI. Empezó visitando cada agencia, se presentaba y pedía un resumen de los casos que llevaba cada auxiliar fiscal, nombres de sindicados, un sumario del hecho delictivo bajo investigación, la etapa en la que se encontraba el proceso si este ya había sido judicializado y las diligencias realizadas.
Ella escuchaba atentamente las explicaciones y sus asesores tomaban nota de todo lo que se decía. Pero pronto empezaron a llegar circulares o memorandos a las agencias fiscales, en los cuales solicitaba información detallada y por escrito. Posteriormente, cada agencia comenzó a subir a su despacho. Fue entonces cuando surgió la primera señal de alarma para los miembros de la fiscalía.
Hubo presiones en contra del fiscal Andrei González, primero para retrasar y luego detener la persecución en contra de Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, señalada en un caso de financiamiento electoral irregular. Era 2019 y Andrei González vio con extrañeza que la Fiscal General tuviera dudas en el primer caso que le presentó.
González estaba acostumbrado a recibir opiniones técnicas y fundamentadas para mejorar sus investigaciones, por lo que consideró que Consuelo Porras no tenía las mismas capacidades que sus antecesoras, pero creyó que la situación mejoraría en el camino. No fue así.
Entorpecimiento
Andrei González explicó que para octubre de 2018 ya tenían avanzada la investigación al 90 por ciento, por lo que se reunieron con Consuelo Porras para presentarle los resultados y comenzar a judicializar el caso sobre el financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Cuando aún era fiscal, Andrei González fue citado por Consuelo Porras a su despacho para cuestionarlo sobre un oficio que él envió como respuesta y que generó que en redes sociales se señalara a la fiscal general de proteger a Sandra Torres. Quien hizo público este memorial fue Ricardo Méndez Ruiz, el Presidente de la Fundación contra el Terrorismo, convertido luego en aliado de la fiscal Porras.
Andrei González decidió grabar la conversación. En la reunión, el fiscal dice que el memorial fue un extracto de un informe que envió a la Fiscalía de Asuntos Internos a raíz de una investigación por una denuncia planteada en su contra.
La fiscal general le solicita a Andrei González que le envíe los seis informes que envió porque considera que la información en los mismos no era real. Andrei González le explica que el caso contra Sandra Torres se deriva de la investigación de Traficantes de Influencias, por lo que la misma comenzó en 2018 y ella fue la única fiscal general en conocerlo.
Poco después González presentó su renuncia y salió del país. Una vez resguardada la integridad del fiscal, presentó la denuncia contra Consuelo Porras y el secretario de Política Criminal, Julio César Cordón.
González presentó una amplia descripción de los hechos ante el propio el Ministerio Público y entregó copia del audio grabado. La denuncia fue archivada.
Primero, fue el caso del partido verde. Después, el que involucraba al partido Unionista en el manejo de recursos públicos para financiar campañas para la alcaldía metropolitana. Entre los implicados, según la FECI conducida por Sandoval, estaban: Ricardo Quiñónez (jefe edil) y Héctor Cifuentes (vicepresidenciable de Zury Ríos en las elecciones). Andrei González comenta que Consuelo Porras quería que no se accionara legalmente en contra de ellos. Por la insistencia de la CICIG, lo hicieron en 2019.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, recuerda que ella atrasó esa investigación y se tuvo que presentar apenas dos días antes de los comicios generales de aquel año. De esa manera, la jefa del Ministerio Público evitó que la candidatura de Ricardo Quiñónez fuera cuestionada y con la postergación de la judicialización del caso, logró mitigar los daños que el partido Unionista pudo haber tenido en los comicios si la investigación se hubiese dado a conocer con anticipación.
Presiones
Al principio, Consuelo Porras y su entorno se expresaban positivamente del trabajo de Juan Francisco Sandoval. Incluso, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción de 2019, la Fiscal General le entregó un reconocimiento a la FECI por combatir ese flagelo. “Es admirable el esfuerzo y valentía que cada uno de los que integran la fiscalía realizan, comprometidos no solo con el Ministerio Público, sino con toda la población guatemalteca”, dijo la funcionaria en aquella ocasión.
Por supuesto, esas palabras se esfumaron, porque paulatinamente las presiones de Consuelo Porras hacia la FECI se volvieron recurrentes. Juan Francisco Sandoval, quien vive en el exilio, cuenta que hubo múltiples incidentes al respecto con la Fiscal General y uno de ellos estuvo relacionado con uno de los principales colaboradores del Ministerio Público en su administración: la Fundación contra el Terrorismo, la cual impulsa junto al ente investigador múltiples casos de criminalización de operadores de justicia y periodistas.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de esa organización creada por militares veteranos, con vínculos con empresarios y respaldada por múltiples netcenter, había divulgado información reservada en torno a Alejandro Sinibaldi. La decisión judicial sobre ese hecho fue investigar a la Fundación por violar la confidencialidad de los datos. Era una resolución que la sometía a escrutinio, especialmente a su líder, con quien Ángel Pineda –persona de confianza de Consuelo Porras– compartía opiniones adversas hacia Juan Francisco Sandoval.
La orden para investigar a la Fundación fue emitida en 2020 por el entonces juez Miguel Ángel Gálvez, quien además resolvió que debía ser la FECI la encargada de hacer las pesquisas. Eso molestó a Consuelo Porras y quería que Juan Francisco Sandoval denunciara al juzgador, bajo el argumento de que invadía la autonomía del Ministerio Público. El exjefe de la fiscalía no lo hizo, pero sí recibió un oficio de la fiscal general para que, en el plazo de una hora, remitiera el expediente a la Oficina de Atención Permanente, la cual se encargó de reasignar el caso hacia otra sección del Ministerio Público.
En ese mismo 2020, se eligió a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La designación se realizó sin sobresaltos con el apoyo de la alianza oficialista en el Congreso, dirigida por el partido del presidente Alejandro Giammattei. No obstante, previo a que se designara a los miembros titulares y suplentes de la autoridad electoral, Consuelo Porras maniobraba para someter a una de las personas elegidas: Blanca Alfaro.
Juan Francisco Sandoval menciona que la fiscal general quería involucrar a la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral en el caso Fénix. El nombre de la funcionaría sí aparecía en la documentación, pero como denunciante, porque Blanca Alfaro fue gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y advirtió la sustracción de fondos que le pertenecían a la institución.
“(Los asesores de Consuelo Porras) vieron el nombre de ella. Entonces dijeron: ‘ella (Blanca Alfaro) tiene que ver en ese caso’. En sí, tiene que ver, porque ella lo denunció, pero (los asesores) no lo entendían”, agrega el exjefe de la FECI.
“(Consuelo Porras) solo quería que se investigara a quien ella quería”, refiere el exfiscal, quien afirma que ella también presionó y tenía mucho interés en que se iniciara un expediente en contra de Ranulfo Rojas, otro de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. La FECI sí pidió el retiro de su inmunidad no porque la Fiscal General lo exigiera, sino porque se encontraron suficientes elementos para presumir que, cuando fue agente fiscal, quiso garantizar impunidad para los implicados en el caso Fénix.
Ejecutivo: intocable
Consuelo Porras, a quien el gobernante Alejandro Giammattei considera como una amiga, se opuso a que la fiscalía a cargo de Juan Francisco Sandoval investigara un caso de presunto tráfico de influencias del gobernante en la compra de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según Sandoval y sus agentes fiscales, el delito era fácilmente demostrable, pero los esfuerzos para determinarlo se frustraron.
Los asesores de Consuelo Porras promovieron un proceso administrativo para sancionar tanto a Juan Francisco Sandoval como al fiscal encargado porque se le había “faltado al respeto a la investidura del Presidente”. Después de esa acción, las pruebas de la defensa oficiosa de la Fiscal General, silenciando los potenciales casos de corrupción del gobierno, se fueron apilando una a una.
La FECI ya avanzaba en las investigaciones sobre actos de corrupción durante la pandemia del COVID-19 en las áreas de salud de Sololá y Quiché. Había escuchas telefónicas y documentos que probaban la comisión de hechos ilícitos. No obstante, nuevamente, el procedimiento administrativo sancionatorio fue puesto en marcha para repeler las pesquisas. “Entonces, pensé: ya no podemos investigar al Ejecutivo, porque (Consuelo Porras) se enoja”, expresa Juan Francisco Sandoval.
La jefa del Ministerio Público también se enojó cuando supo de una investigación que realizaba la FECI y alcanzaba a Alejandro Giammattei sobre la recepción de un soborno para financiar su campaña política. Los hechos fueron narrados voluntariamente en la fiscalía por Jorge Baldizón, el denominado “Testigo A”, quien además señaló a Giorgio Bruni, el exsecretario privado del presidente, de estar involucrado en ese hecho ilícito.
Porras comenzó a llegar una o dos veces a la semana a la FECI para pedir que se le presentaran los casos que la fiscalía investigaba. Revisaba documentos y le pedía a los fiscales informar ampliamente sobre las diligencias que practicaban, pero los fiscales notaron que ponía mayor interés a las investigaciones que estaban practicando en contra del círculo cercano al presidente.
Más información sobre presuntos actos irregulares del presidente siguieron llegando a la fiscalía, ahora con un testigo que aseguró que empresarios rusos le entregaron un alfombra llena de dinero, con el objetivo de que el Estado les cediera una porción del puerto Santo Tomás de Castilla. El que la FECI tuviera un expediente sobre este hecho, según Juan Francisco Sandoval, provocó más molestia en Consuelo Porras. “Ella no quería que se investigara”, dice el exjefe de la FECI.
La transición
La FECI dejó en evidencia que era la mejor sección del Ministerio Público para investigar la corrupción en el país. Incluso, ya había recopilado información sobre posibles actividades ilícitas del círculo de confianza de Consuelo Porras. Eso surgió del caso Operación Lavado de Activos, en el que estaba señalado el controversial abogado Francisco García Gudiel de recibir millones de quetzales, aparentemente, de procedencia ilícita.
El exdiputado y constructor Guillermo Samayoa Soria, fue señalado de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, por lo que el abogado García Gudiel le dijo que depositara todo el dinero a sus cuentas y así evitar un embargo. Samayoa finalmente denunció la situación porque temía que el abogado se apropiara de su dinero.
“Fue un gran lío”, explica Juan Francisco Sandoval. El exjefe de la FECI expuso que se extrajo información del teléfono de Francisco García Gudiel y allí constaba que desde el despacho de la fiscal general se vendía información a los abogados y se les anticipaba los movimientos de la fiscalía. Después, el abogado Marco Aurelio Alveño fue a declarar a la FECI y reveló quién revelaba la información.
Alveño dijo tener documentadas las filtraciones de información a cambio de comisiones pagadas a Claudia Paola Mansilla Figueroa de Morán, exasistente de Héctor Aníbal De León Velasco, uno de los asesores de la Fiscal General, Consuelo Porras. “(La fiscal general) se enojó”, recuerda Juan Francisco Sandoval.
Este expediente, al igual que el del Testigo A y el de la alfombra entregada por los rusos, estaba asignado a la Agencia 8 de la FECI. La jefa del Ministerio Público, tras notar que Juan Francisco Sandoval cuestionaba sus decisiones, empezó a crear un mecanismo para controlar esa agencia y enterrar, principalmente, las investigaciones relacionadas con Alejandro Giammattei. Fue así como decidió darle un ascenso a Carlos Videz, el director de la Agencia 8, al que convirtió en jefe de la intrascendente Fiscalía de Ejecución.
Una vez dado el primer paso, la Fiscal General citó a Juan Francisco Sandoval, Cinthia Monterroso y Pedro Otto Hernández, a quien se atribuye cercanía a Consuelo Porras y quien auxiliaba en las investigaciones a Cinthia Monterroso en la Agencia 9 de la FECI. La junta tenía un interés marcado y la instrucción que en esta se dio fue la siguiente: que los casos de Carlos Videz se le entregaran a Cinthia Monterroso.
Había información delicada en esas carpetas y Juan Francisco Sandoval no confiaba en Cinthia Monterroso, a quien ya había denunciado por malas prácticas como investigadora. La respuesta del entonces jefe de la FECI a la directriz de la fiscal general fue la objeción, una facultad que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público a sus trabajadores para oponerse a una instrucción por considerarla contraria a la ley.
El haberlo hecho provocó que Consuelo Porras lo destituyera, aunque ella públicamente expresó que era porque había sufrido “vejámenes” y “perdido la confianza” en él. Era el 23 de julio de 2021 y Juan Francisco Sandoval salió al exilio. Fue rápidamente sustituido por Carla Valenzuela, fiscal asignada a la Unidad de Métodos Especiales. Tras ser presentada ante el equipo de la FECI, Carla Valenzuela empieza a citar a cada uno de los agentes fiscales.
“En ningún momento voy a obstaculizar las investigaciones que están realizando”, les dijo y les pidió que continuarán con el trabajo como lo venían haciendo. “Yo no haré nada ilegal”, expuso Carla Valenzuela, quien también les expresó a los agentes fiscales que reconocía la labor que estaba realizando la FECI. Quienes trabajaron con ella, dicen que fue respetuosa y les mencionó que no iba a cumplir la orden de enviarle a Cinthia Monterroso los casos que a Consuelo Porras le interesaban.
Valenzuela fue sustituida del puesto apenas unos días después de su nombramiento. Para principios de agosto de 2021, el Ministerio Público anunciaba que el nuevo jefe de la FECI era Rafael Curruchiche. Curruchiche no había llenado los requisitos para convertirse en Jefe de Sección y Consuelo Porras hubo de promover que se modificara un reglamento para hacerlo apto, al menos en el papel, para el cargo. Comenzaron cambios profundos en la fiscalía.
Dos años más tarde la fiscal Monterroso fue incluida por Estados Unidos en la Lista Engel por considerarla una operadora corrupta y antidemocrática (títulos que comparte con Consuelo Porras).
La imposición
La FECI era una dependencia a la que muy pocos querían llegar. Le temían, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, por el nivel de exigencia que requerían las investigaciones. Asimismo, llegar a esta sección del Ministerio Público les daba una mayor exposición a represalias. El peligro era latente, pero quienes trabajaron en esa antigua fiscalía apreciaban estar en este lugar, pese al contexto adverso que lo rodeaba.
Los agentes fiscales y auxiliares fiscales eran experimentados. Habían hecho una carrera en el Ministerio Público y eran sometidos a pruebas rigurosas de confidencialidad, previo a que pudieran lograr un puesto en la fiscalía. La salida de la CICIG no impidió que la FECI continuara revelando estructuras criminales, gracias a la calidad de su personal. De hecho, Juan Francisco Sandoval reiteraba que su unidad no era un lugar para aprender.
Con la llegada de Consuelo Porras, los procedimientos de selección se perdieron y, en lugar de personal de confianza de Juan Francisco Sandoval, empezó a imponer en la FECI a varias personas. Para muestra, Pedro Otto Hernández, su presunto ahijado (aunque la Fiscal General asegura que esto es falso); o Evelyn del Carmen Flores Cisneros, amiga del magistrado constitucional Rony Eulalio López y quien fue la mano derecha de Consuelo Porras por algunos años en el Ministerio Público.
Eso, aunado al nombramiento de Rafael Curruchiche, provocó un giró al enfoque laboral de la FECI: de combatir la corrupción a denunciar a quienes la evidenciaron; de poner en el estrado a figuras políticas prominentes señaladas de cometer actos ilícitos a buscar mecanismos para beneficiarlas; de ser una dependencia reconocida por su buen trabajo a ser una unidad cuestionada por efectuar acciones antidemocráticas.
Es más, si antes los fiscales temían llegar a la fiscalía por lo exigente del trabajo, ahora no quieren que se les traslade a este lugar por el tipo de casos y acciones que promueve. Eso ha llevado a que oficiales como Wendy Marisol Jordán Virula o Milton Adán Pérez Romero sean rápidamente ascendidos a auxiliares fiscales, pese a tener escasa experiencia sobre cómo se trabaja una investigación. Incluso, hay investigadores como Boniek Alexander Maldonado Chacón y Edwin Alexander de León Menchú que, sin tener carrera fiscal, ya son parte del malogrado equipo de la FECI.
“Nuestro trabajo era desarticular redes políticas-económicas-ilícitas, estructuras enquistadas en el Estado. Ahora, se dedican a boicotear los mismos casos que tiene la fiscalía y, con ese pretexto, no pelean por ellos y los utilizan para perseguirnos a quienes los investigamos”, indica Juan Francisco Sandoval. Un ejemplo es el caso Periodistas, en el que la FECI de Rafael Curruchiche no llevó toda la prueba al debate, cerraron el caso a favor del exdiputado Julio Juárez y el Ministerio Público inició una persecución en contra de quienes realizaron la pesquisa.
También sucedió con el caso de Blanca Stalling. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fue librada de los cargos. En lugar de que la FECI impugnara el fallo del juez Víctor Cruz, se giraron órdenes de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y Claudia Gónzalez a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos. “En el caso Odebrecht, la pena de la FECI fue revocar los convenios de colaboración eficaz y ya no persiguieron a 107 personas que recibieron sobornos”, subraya el exjefe de la FECI.
Experiencias
Juan Francisco Sandoval afirma que no hay una buena dirección en la FECI con Rafael Curruchiche al mando y agrega que el personal que llegó a la fiscalía ya tenía la instrucción de perseguir a los anteriores integrantes de la sección. “Ya no hay mística de trabajo”, apunta. De hecho, quienes han trabajado con Rafael Curruchiche han descrito la experiencia como “horrible”.
Algunos de ellos, califican a Rafael Curruchiche como una persona que no inspira confianza y que se “dormía” cuando tenían reuniones para dialogar sobre las acciones a tomar en un proceso penal. Previo a su llegada a la FECI, él obtuvo poco éxito. Estuvo a cargo del caso que involucraba a cinco empresarios de los grupos más poderosos de Guatemala en supuestas irregularidades para financiar el partido FCN-Nación, pero no logró que se les condenara.
Muchos lo han definido como una persona “resentida” que celebraba los “fracasos” del equipo de Juan Francisco Sandoval y aseguraba que en la Fiscalía contra Delitos Electorales, en donde trabajaba, no se hacían “shows” como los del “nivel cuatro” (en donde está la FECI). Pese a su patente desprecio hacia la FECI, aceptó el puesto para dirigirla cuando se lo ofreció Consuelo Porras.
Al llegar al cargo pidió un informe sobre todos los casos. Fue la primera operación de Rafael Curruchiche y ya generaba suspicacia. Y es que él, tras hacer un “análisis” de lo que se le había remitido, decidió abruptamente reasignar algunas investigaciones. En ese contexto, el extenso caso Comisiones Paralelas 2020 se le trasladó al recién ascendido como agente fiscal Pedro Otto Hernández; y el apetecido caso Odebrecht se le entregó a Vilma Pérez, quien fue nombrada inicialmente como fiscal especial. Esa acción tuvo un efecto inmediato: impunidad para los involucrados.
En el primero, la FECI ya tenía preparado accionar en contra de varios abogados prominentes, pero con Rafael Curruchiche ya no hubo avances en las indagaciones. En el segundo, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón lograron salir de prisión sin oposición de la fiscalía. Progresivamente, fueron saboteados otros casos como el Comisiones Paralelas 2014, Plazas Fantasma, Manipulación de Justicia y Operación Lavado de Dinero.
Los casos contra el presidente Alejandro Giammattei fueron olvidados y las investigaciones sobre corrupción o financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, dejaron de ser recurrentes en las labores diarias en la FECI, al ser sustituidas por pesquisas contra operadores de justicia, periodistas y opositores al régimen.
Opiniones
Para el constitucionalista Gabriel Orellana hubo dos factores que cambiaron drásticamente la orientación de la FECI. El primero, la conclusión de la cooperación de Guatemala con la Organización de Naciones Unidos en torno al mandato de la CICIG. Los implicados en terminar con esa colaboración, según el abogado, tenían interés en hacer una purga de aquellos que consideraban los herederos intelectuales de la Comisión, lo cual llevó al segundo factor: “anular completamente todo cuanto se había conseguido con esta”.
El entrevistado indica que, tras la salida de la CICIG, Juan Francisco Sandoval se quedó solo y, a partir de entonces, su fiscalía venía en declive. “Desde ese instante, él ya estaba en desventaja”, añade. Además, Orellana refiere que si bien al exfiscal y a la CICIG se le achacaban luces y sombras, la FECI actual es “poco independiente”, “demasiada sesgada en favor del Ejecutivo” y hasta ha tenido “injerencia en temas electorales”.
Respecto a Consuelo Porras, el constitucionalista expuso que “no hay duda” que su gestión deja más sombras que luces. “La personalidad de la fiscal general no es muy atractiva y simpática para la opinión pública. Esto, indudablemente, ha generado desmotivación en algunas fiscalías”, expresa Orellana, quien señala que ella “nos ha puesto en un problema muy grave desde la perspectiva internacional (por lo sucedido en el tema electoral)”.
Para este reportaje se le consultó al Ministerio Público sobre cuál era su postura en torno a las afirmaciones de que se ha debilitado a la FECI que dirige Rafael Curruchiche; si considera adecuada la continuidad que se le ha dado a los casos presentados por su antecesor; por qué hubo un cambio de enfoque en el tipo de persecución penal que tenía la fiscalía; y su opinión sobre los señalamientos de que esta unidad de investigación es servil a los intereses del gobierno de Alejandro Giammattei. Sin embargo, no respondió a los cuestionamientos.
Los nuevos casos
Las investigaciones de la FECI pasaron de sustentarse con interceptaciones telefónicas y otros métodos especiales de investigación a basarse en vídeos de redes sociales o capturas de pantalla de tuits o notas de prensa. Por cierto, para Rafael Curruchiche pasó a ser un crimen una noticia, una opinión o un chat. Lo que antes parecía impensable para respaldar una pesquisa, con él se convirtieron en las pruebas reinas de los casos. Entre ellas, se encuentran las siguientes:
Acuerdos Fraudulentos: Se giró una orden de captura a David Gaitán, exmandatario de la CICIG, por recibir varios emails relacionados con el caso Odebrecht. En ese mismo expediente, la fiscalía persigue a Thelma Aldana, a su exsecretaria Mayra Véliz, a Juan Francisco Sandoval y a las exfiscales Siomara Sosa y Amy Girón, porque supuestamente cometieron errores en el proceso de elaboración de los acuerdos de colaboración eficaz, que paradójicamente permitieron que tres personas fueran condenadas y varias más resultaran procesadas penalmente.
Cooptación y Corrupción Judicial: Se criminalizó a Leydi Santizo por supuestamente obstuir la justicia, luego de que se localizaron mensajes cruzados con Juan Francisco Sandoval, a quien asistía legalmente. En el chat, el exjefe de la FECI le pedía procurar casos en los cuales se encuentra señalado y eso fue suficiente para que se giraran órdenes de captura en contra de ambos. Este hecho forma parte de una segunda etapa de la “pesquisa”, ya que en la primera se había perseguido a Leydi Santizo y Siomara Sosa.
Jose Rubén Zamora: Este caso en contra del fundador de elPeriódico fue fabricado en apenas 48 horas, tiempo en el que la fiscalía le formuló imputaciones por lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero. El expediente sirvió para perseguir a tres abogados del periodista, quien tuvo que ser auxiliado por un defensor estatal hasta el término del proceso penal.
Periodistas de elPeriódico: La publicación de notas periodísticas y columnas de opinión que hacían énfasis en las falencias de la investigación de la FECI previo a detener a Jose Rubén Zamora, fueron motivos suficientes para que la fiscal Cinthia Monterroso (amparada por Rafael Curruchiche) iniciaran pesquisas en contra de periodistas y columnistas que salieron al exilio, sin tomar en cuenta la protección a la libertad de expresión establecida en la Constitución y la Ley de la Libre Emisión del Pensamiento.
Corrupción Semilla: La investigación en contra del partido político Movimiento Semilla parte de la denuncia por una firma falsa en las hojas de adhesión del partido. Se convirtió, según Rafael Curruchiche, en el hallazgo de infinidad de afiliaciones fraudulentas, pese a que no contaba con dictámenes forenses que respaldaran sus palabras. El caso se ha unido al que se sigue por presunto fraude electoral. La fiscalía secuestró actas electorales. El Tribunal Supremo Electoral rechaza los señalamientos de fraude.
La estructura
La FECI actualmente está conformada por doce agencias, entre ellas una especial y una en Quetzaltenango. En cada agencia hay un equipo que se encarga de hacer la investigación. Los equipos son coordinados por un agente fiscal, quien se apoya en diversos auxiliares fiscales. Lo que los diferencia, es que el agente fiscal ya posee el título de abogado y puede defender una investigación ante los tribunales. Mientras que los auxiliares fiscales pueden o no ser abogados, pero sí tienen la oportunidad de intervenir en las diligencias de investigación, bajo la supervisión de su agente fiscal.
Para este reportaje se identificaron a 41 personas que, entre el 3 de agosto de 2021 y el 15 de septiembre de 2023, trabajaron por lo menos un año con Rafael Curruchiche. Hay personal que formó parte de la FECI de Juan Francisco Sandoval y efectivamente desarrollaron casos de alto impacto. Ellos se identificarán con un cuadro celeste. Se excluye a Pedro Otto Hernández y a Evelyn del Carmen Flores Cisneros, quienes trabajaron poco tiempo con el exfiscal. Hay otros que ya no pertenecen al equipo, ya sea por renuncia, traslado, destitución o ascenso; tales situaciones se resaltarán con amarillo.
Es necesario resaltar algunos de los motivos por los cuales se quedó una alta cantidad de investigadores de la antigua FECI trabajando en este lugar, según personas que conocen la situación, es porque no tienen una alternativa laboral y pedir el traslado hacia otra dependencia es arriesgado, ya que implicaría ser enviado a un lugar remoto como medida de venganza.
Las agencias fiscales
La información de la estructura que ha dirigido Rafael Curruchiche se describe a continuación. Para recopilarla, se recurrió a fuentes internas y externas del Ministerio Público, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Nacional de las Personas.
Rafael Curruchiche empezó a figurar en la palestra cuando integraba la Fiscalía de Delitos Electorales. Tuvo a su cargo los casos, por ejemplo, del diputado Orlando Blanco y el de los empresarios que financiaron al partido de Jimmy Morales. En ninguno consiguió condena. Debido a su poca preparación al momento de defender la investigación sobre los fondos recibidos por FCN-Nación, posiblemente de manera ilícita, la entonces jueza Erika Aifán ordenó que se le investigara por su incompetencia. Por aparte, su hermana Rosalia Curruchiche está vinculada al partido Vamos; mientras que su hermano Rolando Curruchiche tiene formación militar.
En la dirección de la FECI, Rafael Curruchiche es apoyado por Ruth Patricia Arrazola González, quien fue nombrada por la fiscal general Consuelo Porras como subjefa de la unidad. Llegó procedente de la Fiscalía Liquidadora.
Si bien para este reportaje no se mencionarán a los oficiales (que hacen labores administrativas), sí vale mencionar el papel de Karin Maribel Reyes Orantes, quien posee una relación sumamente estrecha con Rafael Curruchiche. Ella participó en el allanamiento en el que la fiscalía despojó al Tribunal Supremo Electoral de las actas que contienen los resultados de los partidos políticos en las elecciones generales del 25 de junio.
Esta agencia inició el proceso más determinante en la lucha contra la corrupción en el país: La Línea. También se le asignaron los casos Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Terminal de Contenedores Quetzal, RIC: Caja de Pagos, el caso contra Blanca Stalling, la investigación contra el expresidente Alfonso Portillo, entre otros.
Antecedentes
El equipo de la agencia está encabezado por Rubenia Marisol López y lo terminaban de conformar Édgar Leonel Cabrera y Luis Eduardo Sian, cuyos auxiliares fiscales trabajaron para la antigua FECI. El primero laboró en la fiscalía hasta mayo de este año. Mientras que el segundo fue despedido este mes.
Durante la gestión de Rafael Curruchiche, esta agencia logró la condena en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes deberán cumplir 16 años en la cárcel por el caso La Línea. En el debate contra el exbinomio todavía intervino como agente fiscal Leslie Rosales. Después del juicio, fue trasladada hacia la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.
Además, Otto Pérez Molina se declaró culpable en el caso Cooptación del Estado. En la audiencia de aceptación de cargos, celebrada este año, estuvo Luis Eduardo Sian y en la misma el exgobernante fue condenado a ocho años de prisión.
Regresiones
Esta agencia fue la encargada de investigar a la magistrada Blanca Stalling, señalada de solicitar a un juez que favoreciera a su hijo con arresto domiciliario. El caso fue cerrado y la FECI de Rafael Curruchiche no apeló el fallo. Si bien Otto Pérez Molina aceptó los cargos, a esta agencia se le “cayó” posteriormente el caso Cooptación del Estado porque la jueza Eva Recinos admitió un incidente en el que la acusada Emilia Ayuso alegó que todos los indicios presentados por la CICIG debían catalogarse como nulos, por lo que el exgabinete del Partido Patriota fue enormemente beneficiado.
Tiene a su cargo casos de corrupción en el Congreso. Por ejemplo, el caso en contra de Pedro Muadi, expresidente del Legislativo, por crear plazas fantasma; y el caso Tigo, en el que se investigaba la supuesta entrega de sobornos a diputados para la aprobación de leyes. Asimismo, fue la encargada de impulsar el caso Caja de Pandora, en el que estaba señalado el exalcalde Álvaro Arzú.
Antecedentes
En esta no hay una agente fiscal designado, por lo cual es dirigida interinamente por Pedro Ramiro Mendoza Morales. En esta agencia trabaja Luis Pablo Matta Corado, quien fue parte del equipo de Juan Francisco Sandoval. Luis Mejía era quien estaba a cargo de esta agencia en la antigua FECI; ahora se encuentra en el exilio.
Regresiones
Si bien se logró la condena de Pedro Muadi en tiempos de Juan Francisco Sandoval, la FECI de Rafael Curruchiche no pudo sostener la acusación en contra del resto de exdiputados que presuntamente avalaron contrataciones irregulares en ese organismo del Estado. Por eso, el caso fue cerrado el año pasado. El convenio de colaboración eficaz suscrito en dicho expediente fue revocado en la presente administración de la fiscalía.
El mismo se firmó con el exlegislador Édgar Cristiani, quien también colaboró en el caso Tigo. Ninguno de los funcionarios señalados de recibir coimas de la compañía fue llevado ante la justicia. No obstante, el exministro Acisclo Valladares Urruela aceptó en Estados Unidos que él entregó las dádivas.
La agencia recibió los casos Patrullas, Municipalidad de Antigua Guatemala, Fugas del Sistema Penitenciario y Mecanismos de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, por citar algunos.
Antecedentes
Esta es la agencia que tiene asignada Pedro Ramiro Mendoza Morales y en la unidad hay tres miembros de la antigua FECI: Ingrid Miozotis Letona García, Astrid Angélica Morán Mayén y Luis Alberto Ixcot. En tanto que Evelyn del Carmen Flores pertenece al círculo cercano de Rafael Curruchiche. Ella trabajaba en la Oficina de Atención Permanente, una dependencia que se encarga de recibir denuncias en el Ministerio Público y no hace investigaciones de alto impacto. Fue colocada en la FECI por ser amiga de Rony Eulalio López, el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y amigo de la fiscal general.
Regresiones
La sentencia que se impuso en contra de algunos antiguos directivos de la Policía Nacional Civil, fue anulada este año por la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, por lo que podrían quedar libres en la repetición del caso Patrullas.
La agencia se ha encargado de investigar principalmente hechos criminales violentos, aunque también incursionó en pesquisas en torno al Ministerio de Salud Pública. Entre los casos a su cargo estaban Cancerbero y Génesis, que involucraban a la familia Mendoza Matta, quienes gobernaban clandestinamente Izabal y Petén Además, tuvo a su cargo el caso por el asesinato de Byron Lima, quien murió supuestamente a manos de Marvin Montiel Marín, alias el Taquero.
Antecedentes
Milton Pérez era un oficial (una especie de secretario), pero fue ascendido este año y ahora participa en labores de investigación, pese a su escasa experiencia en ese tema. En tanto que Damaris González fue parte del equipo de la FECI de Juan Francisco Sandoval, pero diversas fuentes indican que es cercana el ahijado de Consuelo Porras: Pedro Otto Hernández.
Damaris González está vinculada al Ejecutivo. Su hermano, Daniel Esteban González Ramírez, tiene contratos con el Estado y desde el año pasado trabaja para el Crédito Hipotecario Nacional, un banco controlado por el gobierno. Su esposo, Noe Antonio Martínez Samayoa también ha brindado servicios técnicos al Estado durante la actual administración gubernamental.
Regresiones
Esta agencia ha tenido a su cargo los casos de criminalización denominados Cooptación y Corrupción Judicial y Periodistas de elPeriódico. Además, tiene asignado el caso Asalto al Ministerio de Salud, un expediente sin avances y en el que está señalada Opción Técnica, una de las constructoras favoritas del gobierno de Alejandro Giammattei. El caso Ejecuciones Extrajudiciales, en el que estaban acusados Carlos Vielmann y Stu Velasco, se le encargó a esta agencia. No obstante, el proceso penal de ellos fue cerrado este año.
Esta agencia tiene asignados los casos de Comisiones Paralelas 2014, Industria Militar, Periodistas, Cleopatra, Odebrecht y Fénix. En este último, se investigó a la constructora brasileña y su vinculación con políticos del país, entre ellos Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, quienes presuntamente recibieron sobornos. El caso lo investigó la Agencia 3, cuando la misma era dirigida por Amy Girón. Después de que se traspasó el caso a Vilma Pérez Pineda, los políticos mencionados empezaron a beneficiarse de impunidad.
Antecedentes
Vilma Pérez Pineda fue señalada por la exjueza Erika Aifán de revelar información de un testigo al abogado de uno de los sindicados en el caso Odebrecht y ordenó que se le investigara, sin que a la fecha ella haya sido sancionada. La fiscal trabaja junto a Nora Liceth López, quien es su amiga. La única integrante de la antigua FECI que todavía mantiene su cargo es Aurora Estela López.
Regresiones
Es la agencia favorita de los sindicados de corrupción, ya que tanto el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, como Sergio Roberto López Villatroro y los exdiputados Manuel Baldizón y Julio Juárez fueron beneficiados por el deficiente trabajo de este equipo fiscal. Sinibaldi y Baldizón gozando de medidas sustitutivas por el caso Odebrecht, pese a permanecer prófugos por mucho tiempo; Juárez y el apodado el “Rey del Tenis” porque consiguieron que la FECI no los condenara por el asesinato de periodistas y la manipulación de la elección de las cortes, respectivamente.
Por aparte, esta agencia impulsó acciones de criminalización en contra de Siomara Sosa y Leydi Santizo por el caso Cooptación y Corrupción Judicial. Incluso, las abogadas anticorrupción señalaron a Vilma Pérez y a Nora López de utilizar documentos falsos en ese expediente, pero la denuncia fue desestimada.
Esta agencia tiene a su cargo los casos que involucran actos de corrupción en el Banco de los Trabajadores (Bantrab). Uno de los señalados en esos expedientes es Ronald García Navarijo, quien después se volvió colaborador de la FECI para criminalizar a operadores de justicia y periodistas.
Antecedentes
Astrid Paola Pimentel y Juan Manuel Guirola trabajaron para la antigua FECI. Aquí también laboró Samari Gómez, previo a que fuera detenida por el caso de Jose Rubén Zamora. Ambos fueron denunciados por Ronald García Navarijo, quien aún no ha resuelto su situación jurídica respecto a los señalamientos de lavado de dinero que le formuló esta fiscalía. Por cierto, la fiscalía no se opuso a que se le devolvieran alrededor de Q30 millones al denunciante, mismos que están embargados producto del proceso penal que todavía tiene que resolver.
Regresiones
Esta agencia desarrolló el caso Manipulación de Justicia. En este, se encontraba acusado el general retirado Erick Melgar Padilla, uno de los aliados del expresidente Jimmy Morales. No obstante, el proceso penal en su contra fue cerrado este año. En ese expediente, durante la gestión de Juan Francisco Sandoval, sí fue condenado a seis años de prisión el exfiscal Rony López, por desviar la investigación sobre la muerte de José Armando Melgar Moreno (padre del militar mencionado) y culpar del hecho a personas que no intervinieron en el crimen.
En esta unidad posee la investigación sobre una estructura que, presuntamente mediante la manipulación de las auditorías de la Superintendencia de Administración Tributaria, favoreció a Aceros de Guatemala. Luego, la FECI investigó a los “Traficantes de Influencias”, que aparentemente recibía comisiones ilícitas para agilizar la devolución del crédito fiscal a varias empresas. Parte de los sobornos recibidos por esa estructura, según la fiscalía de Juan Francisco Sandoval, sirvió para financiar a la Unidad Nacional de la Esperanza.
Antecedentes
Esta agencia la dirige interinamente Pedro Otto Hernández. En este equipo trabajan Velvet Paredes Monzón y Rolando Contreras Raymundo, quienes estuvieron en la FECI de Juan Francisco Sandoval. Mientras que, Andrea María Porta González es del círculo cercano de Rafael Curruchiche, ya que trabajó con él en la Fiscalía de Delitos Electorales y desde allí forjaron una amistad.
En su momento, la designación de Andrea María Porta Porta causó revuelo debido a que se divulgó un mensaje de apoyo hacia la gestión de Alejandro Giammattei. Esa simpatía hacia el gobernante quizá tenga relación con el incremento de los contratos que su hermana María Mercedes ha conseguido en esta administración, por medio de los que se comprometió a brindar asesorías en el Ministerio de Energía y Minas.
Regresiones
La principal es la relacionada con el caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza. El mismo, fue cerrado a finales del año pasado y benefició a la ex primera dama Sandra Torres. Eso la habilitó para participar en las elecciones de 2023, en las que nuevamente fracasó en su intento de alzarse la Presidencia.
Esta agencia recibió investigaciones que podrían alcanzar al presidente Alejandro Giammattei y personas cercanas a la fiscal general, pero desde que Juan Francisco Sandoval fue destituido las pesquisas prácticamente se esfumaron. El caso insignia de esta agencia es Construcción y Corrupción, en el que está sindicado el exministro Alejandro Sinibaldi.
Antecedentes
La agencia es dirigida por Pedro Otto Hernández González. Él, antes de llegar a la FECI, trabajó junto al esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres de Paz. Uno de los colaboradores del ahijado de Consuelo Porras, es Allan Javier Tánchez Castañeda, a quien Erika Aifán, cuando aún ostentaba el cargo de jueza, ordenó investigar por haber filtrado información en el caso de los Q122 millones que fueron encontrados en la Antigua Guatemala y pertenecían al exministro José Luis Benito. Nunca fue sancionado.
Regresiones
Esta agencia tuvo inicialmente asignado el caso Periodistas de elPeriódico. Tanto Allan Javier Tánchez como Boniek Alexander Maldonado, quien empezó a trabajar en el Ministerio Público apenas el año pasado, efectuaron acciones para criminalizar a los comunicadores. Sin embargo, el expediente fue reasignado a la Agencia 4.
La agencia se hizo cargo del caso Comisiones Paralelas 2020, en el que fueron señalados Gustavo Alejos, Murphy Paiz, Estuardo Gálvez y un conjunto de prominentes abogados que presuntamente buscaron manipular la elección de cortes. En la gestión de Rafael Curruchiche, el expediente ya no tuvo avances. En cambio, fueron criminalizados quienes intervinieron en la pesquisa: Rudy Herrera, Willy Racanac, Paola Escobar y Aliss Morán.
Los casos Alfombra Mágica y Testigo A, en los que se tenía información sobre presuntos sobornos recibidos por Alejandro Giammattei, quedaron en el olvido con la salida de Juan Francisco Sandoval. Mientras que el caso Operación Lavado de Activos, que alcanzaba a personas que trabajaban en el despacho de Consuelo Porras, fue cerrada en favor del principal sindicado: Francisco García Gudiel.
Esta agencia se convirtió en el brazo operativo del Ministerio Público para silenciar a todo aquel que tenga una posición contraria al gobierno. Uno de los casos más relevantes fue la criminalización del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, del que derivaron investigaciones contra periodistas de ese medio, abogados y familiares de Zamora.
Antecedentes
Cinthia Monterroso, quien forma parte de la Lista Engel, fue parte del equipo de Juan Francisco Sandoval. Sin embargo, el propio exjefe de la FECI la denunció por investigar una floristería, lo cual tenía como objetivo verificar si el esposo de una de sus amigas era infiel.
La exjueza Erika Aifán también la señaló de obstruir las pesquisas de los casos Asalto al Ministerio de Salud y Fénix para beneficiar a los implicados. Después, esas investigaciones fueron reasignadas a la Agencia 4 y 5, respectivamente. Pese a los cuestionamientos, sus actos no han sido sancionados en el país; por el contrario, en septiembre se le otorgó un ascenso para hacerse cargo de la Fiscalía Regional de Noroccidente-Zacapa.
Regresiones
Debido a la forma en la que Cinthia Monterroso actuó durante la gestión de Juan Francisco Sandoval, ella ya no tenía casos de alto impacto. Sin embargo, junto a Ervin Joel Bolvito y Edwin Alexander de León arremetieron contra Jose Rubén Zamora y sus colaboradores. Lograron condenarlo, pero la sentencia fue anulada. La Agencia 9 también ha participado en el caso Corrupción Semilla y hasta dirigió algunos allanamientos que se realizaron en el Tribunal Supremo Electoral.
A esta agencia se le encargaron las tres fases del caso Transurbano: Sistema Prepago, Seguridad y Transporte Público, y Financiamiento Electoral Ilícito del Partido Líder (que fue fundado por Manuel Baldizón). También fue la encargada de investigar al cartel de Los Huistas, en donde estaba involucrado el hermano de la diputada Sofía Hernández, que fue asesinado tras ser condenado en ese expediente.
Antecedentes
Rocío del Carmen Lemus tuvo a su cargo los procesos de extinción de dominio de Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, pero tras la salida de Juan Francisco Sandoval estos fueron trasladados a otra dependencia del Ministerio Público. Ella es recordada por sus excompañeros de fiscalía como una persona afín a Cinthia Monterroso, con quien formó una amistad.
Regresiones
En el caso Transurbano, Alejandro Sinibaldi fue beneficiado con arresto domiciliario después de la salida de Juan Francisco Sandoval. En tanto que Manuel Baldizón, también sindicado en ese caso, fue dejado en libertad condicional y solo se le ligó a proceso por uno de los cuatro delitos en los que estaba señalado. Todo ello ocurrió en la gestión de Rafael Curruchiche.
Esta agencia trabajaba bajo las instrucciones de Cinthia Monterroso, a quien le pedían colaboración constantemente sobre cómo actuar en determinadas investigaciones, según algunas personas que laboraron en la gestión de Rafael Curruchiche. Posee la mayoría de expedientes de criminalización impulsados por la FECI.
Antecedentes
Leonor Eugenia Morales es amiga de Cinthia Monterroso. Antes de llegar a la FECI, se desempeñó en la Secretaría General del Ministerio Público y en la Fiscalía de Asuntos Internos. En tanto que Wendy Marisol Jordán era la secretaria de la agencia, pero fue ascendida a investigadora por Rafael Curruchiche, pese a su mínima experiencia (ingresó en el Ministerio Público en 2020).
Regresiones
La agencia es la responsable de los casos Acuerdos Fraudulentos, Corrupción Semilla y Cooptación y Corrupción Judicial (este último estuvo antes en las agencias 4 y 5). Leydi Santizo y Juan Francisco Sandoval denunciaron a Leonor Eugenia Morales. La querella fue admitida para su trámite, pero ya no tuvo avances. El presidente electo Bernardo Arévalo también accionó penalmente en contra de la agente fiscal por interferir en el proceso electoral de este año.
Esta agencia ha trabajado afanosamente en contra del Movimiento Semilla y es Leonor Eugenia Morales, la agente que se ha resistido decenas de veces a entregar copia del expediente a los abogados del partido político para que este ejerza su defensa. La agente fiscal, incluso, fue la encargada de remitir “de oficio” una circular al Congreso de la República para notificar sobre la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla, documento con el cual la Junta Directiva del Legislativo disolvió por un día el bloque legislativo.
Esta agencia dirigió el operativo en el que fueron secuestradas las actas 4 y 8 que contienen los resultados en las elecciones generales de la primera vuelta. Durante la diligencia, Leonor Eugenia Morales insultó a la magistrada Blanca Alfaro por intentar detener el decomiso del material electoral.
Se le asignaron los casos de las Municipalidades de Noroccidente, Corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, uno que involucraba al exdiputado Armando Paniagua, entre otros. En la gestión de Rafael Curruchiche ya no se anunció ningún caso nuevo para esta agencia fiscal.
Antecedentes
Lázaro Pirir y Vilma Grajeda Coto fueron parte de la FECI de Juan Francisco Sandoval. De hecho, Lázaro Pirir, por ejemplo, tenía a su cargo el caso Tigo cuando estuvo en la Agencia 2 que está en la capital, pero fue trasladado hacia Quetzaltenango para reemplazar como agente fiscal a Virginia Laparra, que ahora está en prisión. Este mes, Lázaro Pirir fue destituido.
Las cinco fases de la reconversión de la FECI
Fase 1
Debilitamiento de la FECI (3 de septiembre de 2019 – 24 de julio de 2021)
Con la salida de la CICIG, la FECI queda abrumada con casos y sin apoyo logístico y técnico tanto de CICIG, como de la PNC. La fiscal general Consuelo Porras, no pelea por retener al personal de la Comisión.
Fase 2
Limitaciones en casos específicos (octubre de 2018 – 24 de julio de 2021)
Andrei González renuncia a la FECI principalmente por las presiones de Consuelo Porras en el caso contra Sandra Torres. Primero, retrasa el caso. Luego, pide excluirla a ella. La fiscal general también retarda el caso del partido Unionista.
Fase 3
Hostigamiento Juan Francisco Sandoval (octubre de 2018 – 24 de julio de 2021)
La fiscal general y su entorno ejercen control e imponen limitaciones a Juan Francisco Sandoval. Hasta que lo vigila, ella directamente, para impedir que opere en los casos de corrupción denunciada contra el presidente Alejandro Giammattei.
Fase 4
Inicia la persecución (24 de julio de 2021 – hasta la actualidad)
Bajo las órdenes de la fiscal general y el liderazgo de la Fundación contra el Terrorismo, las fiscalías de Asuntos Internos y de Asuntos Administrativos intentan procesar a Juan Francisco Sandoval. La exfiscal Siomara Sosa es presionada para declarar contra Juan Francisco Sandoval y se niega a hacerlo. El fiscal de Asuntos Internos, Juan José Mendizábal, por no proceder. También hostigan a la fiscalía de Asuntos Administrativos por no proceder contra Juan Francisco Sandoval. El jefe de esa fiscalía es despedido, a pedido de Fundación contra el Terrorismo, por haber desestimado denuncias.
Fase 5
Criminalización (24 de julio de 2021 – hasta la actualidad)
La FECI inicia la persecución contra operadores de justicia, periodistas y opositores del régimen. Entre los criminalizados están David Gaitán, Rudy Herrera, Amy Girón, Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, Leydi Santizo, Thelma Aldana, Mayra Veliz, Jose Rubén Zamora, reporteros de elPeriódico y el Movimiento Semilla.
*Esta investigación fue realizada con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), la Red Centroamericana de Periodistas y el movimiento #NoNosCallarán.
