En 2020, el Mides realizó una adjudicación exprés para la compra de galletas “fortificadas” por más de Q 14.6 millones el mismo día en que venció el estado de calamidad pública por la pandemia, sin tener informes de Salud y Educación, y cuando el ciclo escolar estaba por finalizar. Con el cierre del caso se beneficia al ahora exministro de desarrollo y diputado electo al Parlacen, Raúl Romero, entre otros cuatro exfuncionarios.
Por Alexander Valdéz
La Fiscalía contra la Corrupción desestimó y archivó la investigación anunciada en 2020 por las supuestas irregularidades en la compra millonaria de galletas fortificadas para niños y niñas de comunidades necesitadas del país. El costo de esa adquisición ascendía a Q14.6 millones.
Documentación a la que tuvo acceso Prensa Comunitaria confirma que la investigación fue archivada el 20 de septiembre de este año. Se consultó al Ministerio Público (MP) sobre las razones de la desestimación del caso, pero al cierre de esta nota no trasladó una respuesta.
En el documento menciona que el estado actual de la investigación identificada como MP001-2020-42643 y con el número de proceso 01079-2022-00206, fue enviada al archivo general desde hace tres meses.
En este caso, Acción Ciudadana figuraba como denunciante del hecho de presunta corrupción durante la gestión del exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, quien dejó el cargo en octubre de 2022.
La denuncia iba dirigida contra Marcos Soto exdirector ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social (FODES), el exministro Raúl Romero y tres funcionarios más, por haber participado en el proceso de compra de galletas nutricionalmente mejoradas para la niñez afectada por COVID-19.
En esa denuncia se señaló que la compra por más de Q 14.6 millones se hizo a contratiempo y sin cumplir con todos los requerimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que el concurso fue colocado en el portal Guatecompras el 30 de septiembre, día en que venció el estado de calamidad pública y tan solo cinco horas después ya se le había adjudicado la compra a la empresa Continental Alimentos y Bebidas de Guatemala S.A. Ese mismo miércoles fue destituido del cargo el director Soto.
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Una compra dudosa de galletas fortificadas
En el portal de Guatecompras consta que el evento se registró con el NOG 13375873, fue publicado el 30 de septiembre a las 10.34 horas y cerró el mismo día a las 16.15, con los dos oferentes. Dichas acciones ocurrieron en el último día de vigencia del estado de Calamidad por la emergencia de la COVID-19.
Si bien, la compra de las galletas fue suspendida ante las críticas y el rechazo social por las publicaciones que hicieron medios de comunicación. Se pudo evidenciar que el FODES realizó la compra sin ningún dictamen técnico que respaldara que la adquisición de las galletas fortificadas se realizó en conjunto con el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Salud y Asistencia Social, quienes son los ministerios rectores en esa materia, según se establece en la Ley de Alimentación Escolar.
Debido a la pandemia de la COVID-19 las niñas y niños no acudían con regularidad a los centros educativos y en los documentos de la compra de galletas que se colocó en Guatecompras no se especificó a quienes se les entregarían las galletas y cuál será el mecanismo de coordinación con el Mineduc para realizarlo, además, esa compra se realizó en plena pandemia y cuando el ciclo escolar 2020 estaba por finalizar.
Cux: “Se trata de un mecanismo para elevar estadísticas”
Edie Cux, de Acción Ciudadana, aseguró que el MP intentó desestimar el caso en dos ocasiones. En la primera se rechazó la petición y fue hasta la segunda que una jueza aceptó la solicitud de la fiscalía. “Estamos con la intención de reactivar la denuncia”, dijo el denunciante.
Cux informó que al menos un 79% de denuncias de corrupción no son investigadas y se desestiman. “Hemos trabajado en los últimos dos años oponiéndonos a las desestimación. Tenemos 90 denuncias activas en el MP y de esas han desestimado más del 40 por ciento”, agregó.
Asimismo, considera que el hecho de desestimar denuncias es una estrategia fiscal para dar una apariencia de eficiencia. “La tendencia en general es que el MP usa la desestimación como mecanismo para liberarse de casos y aumentar supuestamente la eficiencia, pero sacrifica la objetividad y la averiguación de la verdad”, explicó Cux.
El exministro no será investigado
Uno de los beneficiados con esa decisión del MP es Raúl Romero, exministro de Giammattei, quien no sería investigado por esta posible adquisición anómala. Su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue ampliamente cuestionada por la sobrevaloración en la compra de bienes y el alquiler de un lujoso edificio para esa cartera.
Pese a ello, el partido Vamos, del presidente Alejandro Giammattei, para las recientes elecciones generales le otorgó la primera casilla del listado de aspirantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Romero resultó electo y será diputado titular, mientras que Sonia Argentina Segura Varsoly, su madre, será su suplente.
Además de Romero, Edvin Marroquín, quien fungía como asesor del Fondo de Desarrollo Social, Alan Barrientos, ex director ejecutivo de ese mismo fondo y personeros de la entidad que había sido favorecida, no serán investigados con el archivo del caso.
Otros casos desestimados
Este evento de posible corrupción y que estuvo bajo investigación del MP que dirige Consuelo Porras, no es el único expediente que se desestima. En otros se ha justificado que al no haberse concretado la compra, no se ocasionó un daño al erario público.
En el caso de la compra de los aviones Pampa lll, que vinculó al expresidente Jimmy Morales. La Fiscalía contra la Corrupción anunció que pidieron el cierre del caso, ya que se determinó que al no haberse ejecutado la adquisición de las aeronaves, no hubo una afectación al patrimonio.
El pasado 25 de octubre de este año, se confirmó que la Fiscalía contra la Corrupción cerró la investigación relacionada con el supuesto pago de sobornos rusos para el presidente de la República, Alejandro Giammattei, con el que la empresa minera Mayaniquel, S.A. buscaba obtener por arrendamiento por un plazo de 20 años una porción de terreno por 120,000 metros cuadrados del área del puerto Santo Tomás de Castilla en el Caribe guatemalteco.
El motivo fue que “se determinó que el hecho solamente quedó en intención ya que el consejo directivo de la Empornac no autorizó dicho contrato”. Además, justificó esa decisión en lo establecido en el artículo 310 del Código Procesal Penal, “que establece que cuando no se puede proceder, se puede desestimar”.
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