El Departamento de Estado incluyó a 100 diputados en la lista de actores corruptos. En total, 300 guatemaltecos, entre políticos y empresarios, tendrán restricción para ingresar a ese país, esto por haber colaborado con acciones corruptas y antidemocráticas en Guatemala.
Por Alexander Valdéz
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro de la visa a más de 300 guatemaltecos, entre ellos, 100 diputados del Congreso de la República y miembros del sector privado que han “socavado la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”.
Si bien no se hicieron públicos los nombres de los políticos, empresarios y particulares que fueron incluidos en la lista de actores corruptos de ese país, se aclaró que la sanción consiste en el retiro de visa estadounidense con el alcance a sus familiares.
“Según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus familias por socavar la democracia y el Estado de derecho. Estados Unidos seguirá tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier persona que socave la democracia de Guatemala”, indica el comunicado.
#Urgente 🚨Estados Unidos retirará al menos 300 visas a diputados @CongresoGuate, miembros del sector privado @CACIFGuatemala y familias. #EEUU Condena enérgicamente acciones antidemocráticas del @MPguatemala y otros actores que socavan el Estado de derecho de Guatemala.📢 pic.twitter.com/5UmGrMExY2
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) December 11, 2023
Además, condenaron las acciones antidemocráticas del Ministerio Público (MP) y otros actores “que socavan el Estado de derecho de Guatemala”. La semana pasada el ente investigador anunció nuevas órdenes de detención contra trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y miembros del partido Movimiento Semilla. Además, de una solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo.
También dichas sanciones se dan, a una semana de las recientes acciones emprendidas por diputados del Congreso, quienes de manera exprés y como represalia por haber avalado los resultados de las elecciones generales, retiraron la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral y aprobaron un presupuesto que bloquearía su ejecución para el gobierno entrante.
“Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”, añadieron.
Aunque las autoridades estadounidenses no dio nombres si enfatizaron que las sanciones se dan por las recientes acciones de diputados al retirarle el derecho de antejuicio a los magistrados electorales. En dicha votación participaron 108 diputados el pasado 30 de noviembre. Entre los cuales figuran la mayoría de los diputados de la alianza oficial, partido Vamos, UCN, Todos, Unionistas, Humanistas, FCN, UNE, Valor, Bien, Creo, Podemos, y algunos independientes.
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Otra modalidad de sanción
En esta oportunidad, el gobierno estadounidense se fundamentó en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a ese país poder restringir el ingreso a quienes no cumplen con los requisitos para poder obtener una visa.
La normativa de Estados Unidos indica que una persona que resulta inelegible para una visa bajo esta sección podría tener impedimento para hacer la solicitud de una nueva en un futuro. Esa restricción alcanza a cónyuge, hijo o hija de la persona que no se le permite ingreso a ese país.
La lista de actores corruptos de Guatemala se amplía
En los últimos ocho años, la lista de actores corruptos de Estados Unidos se ha ampliado. Desde la propia fiscal general del MP, Consuelo Porras, hasta la mano derecha del actual presidente Alejandro Giammattei, han enfrentado una sanción del país norteamericano.
El último “actor corrupto” en ser sancionado fue Miguel Martínez. Al exdirector del Centro de Gobierno, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro le aplicó la Ley Magnitsky. La OFAC lo señala de participar en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales.
Martínez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo, señala el comunicado.
Esta misma sanción se ha impuesto contra empresarios y políticos guatemaltecos como Gustavo Alejos, acusado en diferentes casos de corrupción, y Allan Rodríguez, diputado y expresidente del Congreso, vinculado al oficialismo.
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Frente a un Golpe de Estado
El presidente electo Bernardo Arévalo denunció la intención de un golpe de Estado desde el pasado 4 de octubre. Dicha acción se habría concretado el pasado viernes, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció avances del caso contra el partido Movimiento Semilla y que, según la fiscalía, hubo irregularidades en el conteo y digitalización de votos. Además, aseguró que “los resultados de las elecciones eran nulos de pleno derecho”.
La FECI, por medio de Rafael Curruchiche y Leonor Morales, señaló al Tribunal Supremo Electoral de un supuesto fraude electoral, sin especificar a quién se pudo favorecer o si las actas con irregularidades influirían realmente en los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto.
En la conferencia de la semana pasada, la fiscal Leonor Morales enumeró una serie de supuestas irregularidades para sustentar la narrativa de fraude, alegando que “las actas eran nulas de pleno derecho”, pero sin atreverse a decir que los resultados no tenían validez, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral y ya fue certificada con anterioridad.
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