Créditos: Condenan intentos para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma en enero. Foto de Prensa Comunitaria
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Ante la pretensión del Ministerio Público de anular las elecciones generales, la comunidad internacional y la ciudadanía han condenado este nuevo intento de golpe de Estado. Algunos como la Unión Europea ya anuncian la adopción de medidas más restrictivas contra los actores detrás del golpe.

Por Regina Pérez

La comunidad internacional y la ciudadanía guatemalteca se han pronunciado este viernes 8 de diciembre frente al nuevo intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público (MP), que dejó clara su intención de anular todo el proceso electoral.

Luego de la rueda de prensa en la que los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales Lazo, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), indicaron que las elecciones generales deben anularse por supuestas anomalías en las actas por formatos no aprobados, diversas personas y entidades condenaron la acción del MP dirigido por Consuelo Porras.

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El MP desnuda su intención de anular las elecciones generales

“Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración al orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país”, señala la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

Según la Secretaría General de la OEA, el intento de anular las elecciones generales constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció en la red social X, donde señaló “estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”.

La embajada de Noruega en México y Centroamérica condenó por su parte la acción del MP. “Hacemos un llamado al presidente Giammattei, a la Corte Constitucional (CC), a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Congreso a defender las elecciones y el orden constitucional en Guatemala”, indicó la embajada.

El Gobierno de España también se pronunció a favor de la voluntad del pueblo guatemalteco y rechazó las acciones del MP que atentan contra la democracia al tiempo que proclamó su respaldo al presidente electo, Bernardo Arévalo y exigió que todas las instituciones guatemaltecas respeten el resultado de las urnas y garanticen el traspaso político de poder.

Por su parte, Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE), declaró en un comunicado que las últimas acciones del MP representan un intento de golpe de Estado y constituyen una violación a la Constitución, el Estado de derecho y el proceso electoral.

Borrell anunció que estos intentos continuados de anular el resultado de las elecciones tendrán un impacto negativo en las relaciones de Guatemala y que la UE está dispuesta a adoptar un marco que permita medidas restrictivas específicas contra los responsables de estas acciones.

El MP con poco tiempo para atentar contra el proceso

El analista político Renzo Rosal calificó lo presentado por la FECI como una forma de quemar todos los cartuchos tras los operativos realizados en septiembre en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando secuestraron las actas electorales.

Para Rosal, el MP está en una dinámica en la cual tiene muy poco tiempo y está enfrascado en la narrativa del descarrilamiento del resultado electoral con toda clase de artilugios, ahora trasladando la investigación al TSE.

Para el abogado Oswaldo Samayoa lo que hizo el MP fue empujar una narrativa contra el proceso electoral para generar de manera psicológica el relato de que el partido y el binomio electo son corruptos, y como no tienen un caso suficiente para judicializarlos sacaron toda la información.

Samayoa ve un intento desesperado de la Fiscalía de crear esta narrativa en contra del proceso democrático frente a la imposibilidad de consolidar un golpe de Estado y criticó los elementos presentados por la FECI, entre ellos la pretensión de investigar al presidente electo Bernardo Arévalo por lavado de dinero.

La exfiscal general en el exilio, Claudia Paz y Paz emitió su opinión tras la rueda de prensa de los fiscales. “Ni el Ministerio Público como institución, ni una fiscal tienen la autoridad para declarar que las elecciones son nulas”, señaló Paz y Paz, en alusión a la frase que dijo Leonor Morales al declarar que las elecciones eran “nulas de pleno derecho”.

El TSE salió al paso del anuncio del fiscal Curruchiche que indicó que la investigación penal sería presentada ante ese ente para que lo puedan analizar en los próximos días.

La magistrada presidenta, Blanca Alfaro, señaló que los resultados están validados, oficializados y son inalterables. “No tendríamos ninguna una facultad, salvo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, para anular el proceso”, dijo Alfaro. Agregó que los funcionarios electos deben tomar posesión el 14 de enero, “de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional”.

Rosal señaló que ahora la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene un papel fundamental y decisivo si da con lugar la solicitud del MP de declarar un fraude en las elecciones o si hace caso omiso y juega un papel estabilizador en la crisis política del país creado por la Fiscalía.

“Lo que vimos es el empecinamiento, el carácter ilegal que sigue angustiosamente jugando el MP, al que le queda un margen de maniobra muy reducido para actuar”, indicó.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas. Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también publicó un comunicado en el cual reconoce los resultados electorales y reconoce a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como el presidente y vicepresidenta.

Señala que quienes ganaron un cargo público en las elecciones pasadas deben tomar posesión y que no se pueden aceptar acciones que pretendan vulnerar esos resultados.

Mientras tanto están circulando algunas convocatorias ciudadanas llamando a manifestar frente al MP, lugar donde desde hace 68 días las autoridades indígenas mantienen un plantón pacífico para pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y otros personajes, entre ellos Rafael Curruchiche.

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