La magistrada buscaba dejar sin efecto el informe que emitió la Comisión Pesquisidora del Congreso y que sirvió para que 108 diputados le retiraran el derecho de antejuicio por el caso del TREP.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no otorgar un amparo provisional a la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, quien accionó contra la comisión pesquisidora del Congreso de la República, que emitió el informe que sirvió para retirarle, a ella y sus colegas, el derecho de antejuicio por el caso de la compra del sistema informático de transmisión de resultados preliminares electorales TREP.
La acción legal buscaba que se suspendiera la decisión de la Comisión Pesquisidora del Congreso, que recomendó despojarle de su derecho de antejuicio. Sin embargo, la CC determinó que no era viable conceder la protección provisional. “Las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”, resolvió.
“Respecto del expediente 7183-2023, este Tribunal dispuso denegar el amparo provisional solicitado, contra la Comisión Pesquisidora integrada por el Congreso de la República de Guatemala, para realizar la investigación y emisión de informe circunstanciado al Pleno del Congreso de la República de Guatemala, de los Antejuicios promovidos por el Ministerio Público, contra los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el antejuicio doscientos cincuenta y cinco – dos mil veintitrés (255-2023), en virtud que no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”, informó la CC.
El pasado 29 de noviembre, los diputados que integraron la Pesquisidora contra los togados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendaron en su informe el retiro de la inmunidad de los magistrados, con excepción de aquellos que recibieron un amparo provisional.
Los congresistas que votaron a favor del retiro de la inmunidad son Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación); junto a Douglas Rivero y Flavio Muñoz, ambos integrantes de la bancada del Partido Humanista.
Este informe sirvió para que los diputados en un dudoso pleno despojaran de su derecho de antejuicio a Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera. Los cuatro actualmente cuentan con una licencia y están fuera del país.
Una venganza contra los magistrados
El MP les señala de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según los investigadores, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema, a la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
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