En 2021, Evelyn Vega denunció a su antigua jefa Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima. Además, su testimonio alcanzó a la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés y a la magistrada Vitalina Orellana, quienes habrían participado en la manipulación de la elección de CSJ y Sala de Apelaciones, en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020. El caso contra la testigo se inicia a solicitud de las magistradas involucradas.
Por Prensa Comunitaria
El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Metropolitana inició una investigación y pidió audiencia de primera declaración en contra de la testigo clave del caso denominado Comisiones Paralelas 2020, Evelyn Vega.
El caso Comisiones Paralelas 2020 y del cual Vega es una de las testigo clave se refiere a supuestas inconsistencias en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, según anunció la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
En 2021, Vega también denunció a su antigua jefa Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima.
Prensa Comunitaria tuvo acceso al audio de la audiencia del Juzgado Cuarto Penal, en el que el MP explica las razones por las que considera que se debe citar a primera declaración a la testigo, a quien señala de la posible comisión del delito de falsedad ideológica, por lo declarado contra Carrillo y las dos magistradas.
En esa audiencia, la fiscalía hizo ver que el caso contra Vega se inició por una orden de la CSJ y oficios girados por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y las magistradas Silvia Valdés y Vitalina Orellana.
Además, el MP aseguró que la investigación comenzó por pedido de las magistradas, ambas figuran como señaladas en la investigación por la supuesta manipulación en la elección de Cortes. En contra de ellas se presentó una solicitud de antejuicio, pero el pedido fue rechazado por los mismos integrantes de la CSJ.
La primera declaración de Vega estaba prevista para agosto, pero fue suspendida y ahora está programada para este mes de octubre.
Lo que señala el MP
Primero, “el día 5 de marzo del año 2021, en declaración testimonial rendida ante la FECI, la señora Evelyn Joanna Vega Rodríguez hizo insertar declaraciones falsas en relación a un hecho constitutivo de delito, en las cuales señala como partícipes a las magistradas de la CSJ, Silvia Patricia Valdez Quesada y Vitalina Orellana y Orellana, documento que con base a las declaraciones emitidas en una misma, fue utilizada para promover solicitud de antejuicio en contra de las mismas magistradas, mismos que fueron rechazados”, indicó el MP.
Segundo, asegura que tanto Alejandra Carillo, como las magistradas se constituyeron como agraviadas y enviaron oficios al MP. “Oficio de 12 de diciembre del año 2022, firmado por Vitalina Orellana y Orellana, magistrada vocal III de la CSJ, en el que esta declaración testimonial mediante informe, 8 de diciembre del año 2022, en que constan tres hojas donde manifiesta lo que consta en relación a los hechos denunciados, así como el proceso que le ocasionó lo declarado por la señora Evelyn Joanna Vega Rodríguez”.
Y tercero, “también memorial de fecha 12 de diciembre del año 2022, firmado por Silvia Patricia Valdés. Mediante informe en donde manifiesta que le consta en relación a los hechos denunciados, así como el perjuicio que le fuera ocasionado por lo declarado por la señora Evelyn Giovanna Vega Rodríguez, oficio de fecha 28 de septiembre del año 2022.”.
Carillo se constituyó como agraviada
Vega también fue quien denunció a Alejandra Carrillo, funcionaria cercana a la titular del OJ. Los casos contra Carillo estaban asignados a la Fiscalía contra la Corrupción, uno se trató de supuestas plazas fantasma en el Instituto de la Víctima y un segundo de supuesta adjudicación irregular del edificio en el que opera la entidad.
Ahora Carillo figura como agraviada en la investigación en la que el MP pidió que la testigo comparezca como acusada por supuestamente “declarar hechos falsos”. A diferencia de este caso, los otros contra las magistradas y Carrillo no tuvieron avances y siguen en impunidad.
La testigo laboró como asistente de la exdiputada Carillo. Tras dejar el cargo expuso ante el MP los supuestos actos de corrupción que se pudieron cometer, pero que no fueron investigados por el MP.
El caso contra la testigo sigue su curso, pese a que el artículo 9 de la Constitución Política de la República establece que un interrogatorio que no se hace ante juez no tiene valor probatorio.
El testimonio de Vega fue aportado como parte de una diligencia de investigación en la FECI cuando la dirigía Juan Francisco Sandoval, por ende no podía ser utilizada la declaración para condenar a alguien, y menos aún para incriminarla como testigo.
Los casos siguen en impunidad
En 2020, una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad determinó la posible comisión de actividades criminales que buscaban la influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría.
El MP pudo obtener varios indicios, entre ellos la existencia de una lista de candidatos previamente consensuada y de la cual el Congreso de la República debería elegir a magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones.
Asimismo, se recabó información relacionada con la existencia de reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el seno de la comisión de Postulación para magistraturas de las salas.
En la primera fase de este expediente judicial, un grupo de personas; entre exrectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y exintegrantes de la Comisión de Postulación están ligados a proceso penal, pero, el caso desde la salida del exfiscal Juan Francisco Sandoval en julio de 2021 y la exjueza Aifán, el proceso no avanzó.
Caso contra Carrillo no será investigado
La semana pasada, el MP confirmó que la investigación que surgió de una denuncia de Vega, la testigo que la fiscalía busca ligar a proceso por un delito fue cerrada por la Fiscalía contra la Corrupción.
Por esa denuncia, el 10 de junio del 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio.
La justificación del MP para desestimar la pesquisa fue un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el que señala que no hubo ningún hallazgo de corrupción.
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