El Departamento de Estado impuso sanciones a varios funcionarios del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. El exministro de Gobernación, Gendri Reyes y el exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, así como un viceministro fueron incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. En el caso de Pimentel y Oscar Pérez del MEM estarían implicados en las operaciones opacas de la mineras rusas en Izabal.
Por Rony Ríos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que impuso sanciones a exfuncionarios del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y los incluyó en la lista de actores corruptos por “su involucramiento en corrupción significativa”.
Los funcionarios señalados por Estados Unidos son el exministro de Gobernación Gendri Rocael Reyes Mazariegos, el exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata y el viceministro de Desarrollo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Oscar Rafael Pérez Ramírez.
“Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos a cambio de desempeñar sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavan el Estado de Derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, dice el informe del gobierno de Joe Biden.
Alcanza a sus familiares
La inclusión de los funcionarios como actores corruptos alcanza también a sus familiares directos, por lo que EEUU, tampoco permitirá el ingreso de los hijos del exministro de Gobernación, Melanny Elizabeth Reyes Argueta (mayor de edad) y a sus hijos menores de edad.
Las sanciones alcanzan a la esposa de Pimentel, Isabel Carrillo Fabián de Pimentel; a sus hijos menores de edad; y a la esposa del ex viceministro Pérez, Elbia Carolina Cruz Muralles.
Estados Unidos también ratificó su compromiso en la lucha contra la corrupción porque considera que este flagelo socava la democracia y la confianza en las instituciones.
“Estados Unidos mantiene su compromiso de usar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos quienes intentan socavar las elecciones del 20 de agosto”, señaló Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Pimentel y el negocio de las minas y la electricidad
Mientras Pimentel fue ministro avaló disposiciones en contra de la voluntad popular de varias comunidades y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). Pimentel y Pérez fueron claves para que una consulta popular resultara a favor de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) subsidiaria de la ruso-suiza Solway Investmente Group (SIG), una transnacional minera de níquel, que opera de manera ilegal en el territorio maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal.
Filtraciones de documentos desveladas por la investigación de Mining Secrets evidenciaron que la minera compró a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y que el dinero de Solway sirviera para financiar a las personas consultadas para el proyecto minero Fénix en 2021. En esta investigación participaron 65 periodistas de 20 medios de comunicación del mundo, Prensa Comunitaria formó parta de este consorcio liderado por Forbidden Stories (Francia).
Además, Pimentel tampoco suspendió la licencia de explotación minera de Fénix en El Estor, Izabal, la cual pertenece a la empresa ruso-suiza Solway Investment Group y de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), pese a que en 2020 la CC volvió a ordenar la suspensión definitiva mientras el MEM ejecutaba una nueva consulta comunitaria.
Asimismo, pescadores y los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor fueron atacados con bombas lacrimógenas cuando protestaban contra las operaciones mineras.
#Urgente 🚨 El Departamento de Estado designa como actores corruptos a los exministros de Alejandro Giammattei, Gendry Reyes (Gobernación) y Alberto Pimentel (Energía y Minas) y al viceministro de Energía y Minas, Oscar Rafael Pérez.
👉🏼 Con esta sanción se prohíbe su ingreso y… pic.twitter.com/a7ibz1sXxz
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 31, 2023
A Pimentel se le vinculó con la empresa 5ND Productos Electrónicos, propiedad de María Blanca Margarita Montepeque, madrastra del exministro. Esta empresa fue beneficiada con la adjudicación de millonarios contratos en el Estado para mejorar, ampliar y dar mantenimiento a la red de alumbrado público de Santa Cruz y San Pedro La Laguna, Sololá, Conguaco, Jutiapa, San Pedro Nécta, Huehuetenango, entre otros.
Además, Edgar Alberto Pimentel Juárez, primo del exministro fue nombrado administrador único y representante legal de Proyectos de Eficiencia Energética, S.A. (Prodeesa) que en 2014 fue beneficiada con un contrato para mejorar el alumbrado público a cambio de Q92 millones.
El primo del exministro también firmó un contrato como representante de Invierta, S. A., empresa que ha recibido más de Q8.2 millones.
Fersa, S. A., empresa de la familia Pimentel y de la cual el exministro fue representante en 2015 recibió adjudicaciones por Q24 millones a cambio de la construcción de una red eléctrica de 400 kilómetros, contrato que fue suscrito por Erick Archila Dehesa, el exministro de Otto Pérez que permanece prófugo.
Pimentel también fue presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) del Inde.
Mientras dirigía el CNEE, Pimentel promovió iniciativas de ley para la ampliación de los subsidios para la energía eléctrica, pese a que fueron reportados cobros injustificados y los problemas por la estabilidad eléctrica se siguieron presentando.
Reyes, el ministro señalado de ayudar al narco
Reyes, cuando aún era ministro, se casó con la diputada Patricia Sandoval, a quien en múltiples ocasiones se le vinculó con el narcotráfico.
Parte de los señalamientos contra la diputada provenían por su anterior matrimonio con Irvin Giovanny Aguilar Duarte, arrestado en 2016, por ser considerado como un narcotraficante, pero según Sandoval cuando estuvo casada con Aguilar, él “solamente se dedicaba a la agroindustria”.
Reyes dejó el puesto el 25 de enero de 2022, después de que los diputados opositores del gobierno lo señalaron como el responsable del abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) durante las protestas de noviembre de 2012, en donde dos jóvenes perdieron un ojo.
Más de una docena de sancionados
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció también este martes 31 de octubre que impuso sanciones migratorias a más de una docena de funcionarios y familiares cercanos que han estado atentando contra el proceso electoral de Guatemala y han buscado que se utilice la violencia en contra de las manifestaciones.
Aunque el Departamento de Estado no dio el nombre de las personas sancionadas sí informó que dentro del listado de personas sancionadas se encuentran “funcionarios del Ministerio Público (MP) y otros actores de los sectores público y privado que participan en socavar la democracia”.
E.E.U.U. en su comunicado hace un recuento de los actos que atentan en contra de la democracia y el estado de derecho, enfatizando que desde el MP se confiscaron materiales electorales que estaban bajo el resguardo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presionó para destituir al ministro de Gobernación, pidió la represión de manifestantes pacíficos e intentó levantar la inmunidad del diputado Samuel Pérez por expresar su preocupación por las medidas antidemocráticas.
