La Corte de Constitucionalidad solicitó al Ministerio Público que investigue a los magistrados que pretendieron habilitar las candidaturas departamentales del partido Prosperidad Ciudadana. La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo es la misma que permitió que Walter Mazariegos lograra asumir la rectoría en medio de un fraude.
Por Shirlie Rodríguez
El viernes pasado, los tres integrantes de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo revivieron las candidaturas a diputados y alcaldes del partido Prosperidad Ciudadana en 11 departamentos, mismas que ya habían sido dadas por muertas en mayo pasado por la Sala Sexta y la Corte de Constitucionalidad (CC).
La votación fue dos a favor y un voto razonado disidente del presidente de la Sala.
La medida alegró por unas horas a los integrantes de dicha agrupación política hasta que el domingo la CC, revocó el amparo y mandó a investigar a los magistrados de la Sala Quinta por la resolución emitida.
Con esto, nuevamente los candidatos de Prosperidad Ciudadana se mantienen fuera de la contienda electoral que se celebrará el próximo 25 de junio.
Aunque la resolución tuvo mayoría el magistrado Guillermo Demetrio España Mérida razonó su voto en contra de la decisión ya que consideró que no era aconsejable otorgar el amparo a Prosperidad Ciudadana porque otro órgano ya había conocido el mismo tema.
Según el documento de la resolución el magistrado disintió con los otros dos magistrados enfatizando que “no es procedente el otorgamiento de un amparo provisional sobre otro amparo provisional, como en el presente caso, que el acto que se reclama, se deriva de un amparo provisional otorgado por un órgano jurisdiccional en la misma materia y que es confirmado por un órgano superior jerárquico… ”
Los magistrados que integran esta Sala son conocidos por otras resoluciones que han favorecido al oficialismo y también a concretar acciones que cooptaron a instituciones como la Universidad San Carlos de Guatemala.
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Los magistrados de la Sala Quinta
La Sala está integrada por Guillermo Demetrio España Mérida que la preside y los vocales I y II Miguel Enrique Catalán Orellana y Giovanni Francisco Soto Santos. Estos dos últimos son los que han dado votos a favor de resoluciones polémicas.
La hoja de vida del presidente de este órgano dice que fue designado por el Consejo de la Carrera Judicial para integrar el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2014- 2019. También fue integrante de la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte Suprema de Apelaciones que seleccionó a los aspirantes. Integra la Sala Quinta desde 2014 y antes estuvo en la Sala Tercera de esta misma rama.
Miguel Enrique Catalán Orellana es magistrado desde 2014, en 2012 fue secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
Giovanni Francisco Soto Santos, desde 2014 integra la Sala Quinta, en 2007 fue asesor de la dirección jurídica de la Contraloría General de Cuentas y en 2001 fue asesor de la comisión específica de asuntos electorales en el Congreso de la República.
Este último magistrado tiene otro antecedente, fue uno de los tres candidatos finales para ser Procurador de los Derechos Humanos (PDH). La terna fue elegida por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien estuvo constantemente en persecución del exprocurador Jordán Rodas.
Soto Santos es hijo de Cipriano Soto, el exmagistrado de la CC, quien en 2003 favoreció a José Efraín Ríos Montt para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inscribiera como candidato del extinto partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en las elecciones presidenciales de ese año.
Los milagros de la Sala Quinta
Un amparo otorgado por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo fue el detonante para que se consumara el fraude electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Se trataba de un amparo planteado por Henry David Campos Hernández, trabajador de la Facultad de Humanidades, y que fue aceptado por Giovanni Francisco Soto Santos y Miguel Enrique Catalán Orellana, el presidente razonó su voto.
Después de un intento fallido por elegir al rector y luego de una serie de irregularidades, el 12 de mayo de 2022, esta Sala notificó sobre un amparo provisional en el que ordenó que se debía convocar a la elección en los próximos cinco días, solo con 27 cuerpos electorales.
Esta resolución fue emitida dejando fuera siete cuerpos electorales, cuatro de Jordán Rodas que buscaba la rectoría como candidato de SOS-USAC y tres más por Carlos Valladares que se postulaba por la agrupación Avante. Con este recurso el Consejo Superior Universitario (CSU) convocó de forma inmediata a las elecciones y fue cuando Mazariegos fue electo.
Agrupaciones como SOS- USAC y grupos organizados de la comunidad universitaria también plantearon recursos legales que fueron negados por esta misma Sala.
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Otra resolución que fue cuestionada fue el bloqueo a la juramentación de Gloria Porras como la magistrada designada por la USAC ante la CC.
El abogado Roberto Estuardo Morales Gómez, exaspirante a la CC, presentó una acción legal en contra de la juramentación de la magistrada Porras. La Sala Quinta fue quien conoció este recurso y otorgó el amparo, que evitó que ella pudiera asumir el cargo.
Con esta decisión las nuevas autoridades de facto de la USAC pudieron convocar a una nueva elección para elegir al nuevo magistrado de la CC. El elegido fue Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien en 2013, cuando ocupaba el mismo cargo benefició a Efraín Ríos Montt invalidando la sentencia de genocidio.
La votación fue igual a la del fraude en la USAC. Los magistrados vocales votaron a favor y el presidente razonó su decisión. La vacante que dejó Porras la ocupó Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien recibió en el CSU, 27 votos a favor.
Sala Quinta es aliada de la alianza política dominante
Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro- Justicia (MPJ), esta sala demuestra que vive de la infamia y está bajo las demandas de los diferentes sectores que tienen intereses en la política guatemalteca.
Un claro ejemplo, dijo, es el del magistrado Giovanni Francisco Soto Santos, su papá Cipriano Soto fue uno de los decanos y magistrados más cuestionados, quien desde su cargo mantiene los compromisos que en algún momento hizo su progenitor.
“Creció en un ambiente de negociaciones políticas”, dijo Ibarra.
Para la analista el denominado pacto de corruptos es una alianza política de distintos sectores dominantes, en donde confluyen dueños de partidos, funcionarios públicos, crimen organizado y, son todos estos intereses los que mueven los hilos a su favor, como claramente se hace la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo.
“Ojalá se investigara realmente y, de forma independiente, para descubrir qué tráfico de influencias se hicieron para habilitar las candidaturas de Prosperidad Ciudadana. Seguramente hubo un aliciente monetario”.
Ibarra agregó que el Ministerio Público actual no puede garantizar esa investigación que llevaría a conocer las alianzas que se hacen para mantener el control durante las Elecciones Generales y con la Junta Disciplinaria tampoco hay una respuesta, porque no trabajan de forma independiente.
Hasta ahora el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre la solicitud que hizo la CC para que investiguen a los magistrados.
Perfiles de integrantes de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo
Guillermo Demetrio España Mérida: presidente. Abogado y notario.
Tiene más de 31 años de ser catedrático universitario / Profesor titular de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la USAC. Magistrado de la Sala Quinta desde 2014. Magistrado presidente de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (2009- 2014).
Magistrado Vocal de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(2004- 2009). Designado por el Consejo de la Carrera Judicial para integrar el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2014- 2019
Integrante de la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte Suprema de Apelaciones, seleccionó a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (2009- 2014).
Miguel Enrique Catalán Orellana Vocal 1: abogado y notario. Cuenta con más de 20 años de carrera. Tiene un doctorado y una maestría en derecho Constitucional. Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, del Centro Universitario de Chimaltenango (2004). Es magistrado desde 2014. Secretario General de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), 2012.
Giovanni Francisco Soto Santos, Vocal 2: abogado y notario con más de 20 años de carrera profesional. Pénsum cerrado en doctorado en Derecho Laboral. Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Magistrado de la Sala Quinta desde 2014. Director de Asuntos Internacionales de Trabajo en 2010. Asesor de la dirección jurídica de la Contraloría General de Cuentas, en 2007. Asesor en la Comisión Específica en Asuntos Electorales del Congreso de la República, 2001.
Integró la terna de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República como aspirante a Procurador de los Derechos Humanos.
