“Él vino a verificar las denuncias que estamos haciendo, entonces, nosotros creemos que las funciones que tiene en Naciones Unidas es un pronunciamiento así fuerte al Estado de Guatemala”, señaló Efraín Martínez, vocero de las autoridades ancestrales del pueblo maya Poqomam de Chinautla, ubicado en el departamento de Guatemala.
Por Simón Antonio Ramón
El guatemalteco maya Kaqchikel, José Francisco Calí Tzay, relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, visitó este jueves 25 de mayo a las comunidades del municipio de Chinautla, quienes mantienen una resistencia desde hace un año contra dos empresas areneras, que operan en el lugar pese a que sus licencias se habían vencido. La visita se hizo en el contexto de su gira no oficial en Guatemala.
En una corta intervención el relator saludó en el idioma Kaqchikel a la población que se encontraba en el plantón establecida desde hace un año por las comunidades y dijo que su visita no es oficial, por lo que no podía pronunciarse sobre el caso. “Agradezco que me hayan invitado, mi visita no es oficial, la información que me compartan lo voy a compartir con mis colegas en Naciones Unidas”, señaló.
Sin embargo, para las comunidades presentes la visita de Francisco Calí representa el conocimiento de altos organismo de derechos humanos y de pueblos indígenas sobre este caso que afecta a las familias del pueblo maya Poqomam. “Él vino a verificar las denuncias que estamos haciendo, entonces, nosotros creemos que las funciones que tiene en Naciones Unidas es un pronunciamiento así fuerte al Estado de Guatemala”, comentó Efraín Martínez, vocero de las autoridades ancestrales de Chinautla.
Las comunidades de este municipio iniciaron un plantón cuando se venció la licencia de la empresa Piedrinera San Luis, el 25 de junio de 2022, tras operar durante 25 años. Cabe mencionar que cinco meses antes se había vencido la licencia de la empresa arenera La Primavera. Ambas siguen operando actualmente porque la Ley de Minería permite a las empresas operar mientras esté en trámite la prórroga de sus licencias en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
No obstante, las comunidades han denunciado los efectos de las operaciones de las areneras como los deslizamientos de casas, puentes, escuelas, carreteras y caminos vecinales. En un dictamen emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), hace más de una década, recomendaba la suspensión de las operaciones de las empresas, a lo que hizo caso omiso el MEM y las empresas.
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Además, tras vencerse las licencias, las comunidades afectadas no quieren que se les vuelva a renovar y que se les compense los daños. “Exigimos la reparación de los daños, consideramos que no es justo que las empresas sean millonarias con el dolor de la gente, con el deterioro de su vivienda, de sus propiedades, esperamos un pronunciamiento fuerte como le decíamos a él (relator) sin inventar nada, es la realidad que vivimos”, señaló Efraín Martínez.
Al final del encuentro, se denunció que las familias Poqomam que viven en un cantón cerca de la arenera La Primavera son acosadas por la empresa, han sido amenazadas para que no asistan a la resistencia, porque si lo hacen ya no se les permitirá caminar por la entrada de su comunidad que pasa por el terreno de la empresa.
