Aunque había manejado un perfil bajo durante la campaña electoral fue la encarga de evidenciar que el partido retiraba su respaldo al candidato presidencial, Carlos Pineda. Lilian García Contreras es diputada de la UNE, aliada del gobierno de Alejandro Giammattei y “dueña del partido Prosperidad Ciudadana”, según lo declaró el candidato vicepresidencial de la misma agrupación.
Por Isela Espinoza
El martes pasado el nombre de Lilian Piedad García Contreras sobresalió luego de conocerse que había renunciado a la apelación que había presentado el partido Prosperidad Ciudadana (PC) en la Corte de Constitucionalidad (CC), y con la que Carlos Pineda buscaba revertir la cancelación de su inscripción como candidato presidencial.
García Contreras es la secretaria general de la agrupación y la dueña del partido como lo aseguró, durante una conferencia, el candidato vicepresidencial Efraín Orozco, conocido como El Patrón.
Durante los casi dos meses de campaña electoral que han corrido, apareció muy pocas veces al lado del candidato presidencial, Carlos Pineda. Sin embargo, cuando lo hacía era para dejar en claro su apoyo. Tal y como sucedió durante la conferencia del 11 de mayo donde Pineda se quejó por las acciones contra su partido, de sus contrincantes a la presidencia, de los señalamientos de narcotráfico, de la prensa por atacarlo y lloró al señalar que “era duro pelear contra el sistema”.
Pineda tuvo cuidado, eso sí, de no quejarse del gobierno. Y es que la presencia de García a su lado, implicaba no solo el apoyo de la dirigencia del partido Prosperidad Ciudadana, también la del partido de gobierno. “Yo me metí a esto por fe, yo no tengo partido político”, se le escuchó decir varias veces en la conferencia.
Pero en la conferencia del lunes 22 de mayo, tres días después de que la Sala Sexta suspendiera más de 1 200 candidaturas de Prosperidad Ciudadana, Pineda apareció solo. Un día antes García Contreras había renunciado a la apelación presentada en la CC por el mismo Pineda para lograr participar en las elecciones.
De aliada de Sandra Torres a aliada de Giammattei
García Contreras además de ser la secretaria general del partido Prosperidad Ciudadana, también es diputada por la UNE. Fue electa en 2019 por el distrito de Alta Verapaz y este año busca su reelección, pero con Prosperidad Ciudadana.
No se sabe en qué momento o qué motivó a García Contreras a cortar su vínculo con Torres. Pero, aunque en el portal del Congreso aparece como parte de la UNE, desde hace un tiempo decidió cambiar su curul por una más cercana para sentarse junto a los diputados del FCN-Nación, el partido de Jimmy Morales. Además, ha votado a favor de diferentes iniciativas de ley del gobierno de Giammattei.
Fuentes del Congreso señalan que el partido pasó de ser un partido satélite a uno apoyado por el gobierno y de la mano de García. “Ella es muy cercana a Miguel Martínez (exjefe del extinto Centro de Gobierno y hombre de confianza de Giammattei)”. La cercanía de García fue más evidente en las mismas fechas en las cuales el TSE estaba por cancelar al partido Prosperidad Ciudadana por la falta de integración del Comité Ejecutivo Nacional.
El partido Prosperidad Ciudadana fue fundado en 2016 y, en 2019 se presentó a al electorado con Edwin Escobar, el exalcalde de Villa Nueva que buscaba llegar a la presidencia junto a Blanca Alfaro, actual magistrada del TSE, como vicepresidenta. Pero el Tribunal Electoral invalidó la candidatura del binomio, pero la organización sí logró 3 diputaciones y 13 alcaldías.
Tras las elecciones, la organización política pasó a manos del diputado Jorge de Jesús García Silva que renunció al Comité Ejecutivo del partido, después de que en 2020 fuera denunciado en el caso “Clima, corrupción y poder”.
Según la investigación del Ministerio Público (MP), la empresa contratista vinculada con García Silva, Outsourcing Total S.A., habría vendido a un precio sobrevalorado estaciones de monitoreo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El medio digital Plaza Pública señala que el caso causó el rompimiento a lo interno del partido Prosperidad Ciudadana.
“El 15 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación contra el partido por tener desintegrado en el CEN, su órgano de decisión”, dice Plaza Pública. Además, explica que casi un año después, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional para que el partido volviera a realizar asambleas.
Fue así como el 20 de noviembre de 2022 el partido celebró una nueva asamblea en donde el exministro de economía, en el gobierno de Alejandro Giammattei, Antonio Malouf, fue electo como secretario general y Lilian García Contreras como secretaria adjunta.
De acuerdo con una fuente citada por Plaza Pública, tras la llegada de Pineda, Malouf que se perfilaba como candidato a la presidencia por el Prosperidad Ciudadana, fue desplazado. Es cuando García Contreras y el partido Vamos asume el control de la organización política “con la idea de impulsar en las primeras casillas de elección a legisladores aliados”, enfatiza la nota. Aunque Vamos siempre ha negado el vínculo con el partido Prosperidad Ciudadana.
Es esa asamblea en la que el jefe de Organizaciones Políticas del TSE señaló irregularidades, pero aun así el Registrador de Ciudadanos la avaló. Esas irregularidades son las mismas que señala el partido Cambio, dirigido por Manuel Baldizón, y por las cuales la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió la candidatura de Pineda y de todos los candidatos de Prosperidad Ciudadana.
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Antes de ser diputada fue alcaldesa
La diputada inició su carrera política en su natal Fray Bartolomé de las Casas, ubicado sobre la Franja Transversal del Norte, en Alta Verapaz. En donde se convirtió en la primera alcaldesa electa en ese municipio para el periodo 2016- 2020, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Ella fue propuesta como candidata a alcaldesa para las elecciones generales de 2015 por los diputados de la UNE por el distrito de Alta Verapaz encabezado por Haroldo Eric Quej Chen.
En 2019, el Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud para retirar la inmunidad a Quej por coimas que supuestamente recibió a cambio de su voto para aprobar la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
El exdiputado es uno de los 62 parlamentarios vinculados en su momento con el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela que se declaró culpable en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero.
Cuando fue alcaldesa, Lilian García asumió su gestión con la bandera de impulsar el ecoturismo y cambiar la forma de gobernar. Sin embargo, su administración estuvo marcada por denuncias de corrupción. En 2017, una nota publicada en Ojo con mi Pisto, denunció que la comuna optó entre tres ofertas, por la adquisición más cara de un vibro compactador de suelos que sería utilizado para reparar caminos con un costo de Q1 millón 053 mil 630. Mientras, la empresa Atlas Mining Construction (AMC) ofertó Q745 000 y Coguma Q895 000. CMarket ofreció Q158 000 más.
En tanto, el portal de noticias del Congreso de la República muestra que, en 2018, pobladores y dirigentes comunitarios también presentaron al entonces diputado Erwin Enrique Álvarez Domínguez, del partido Convergencia, varias denuncias contra la gestión de García Contreras por “mala administración y poca voluntad de diálogo”, para solucionar problemáticas como el cobro ilegal de energía eléctrica a vendedoras en el mercado y un proyecto de agua inconcluso valorado en más de Q4 millones.
Además, fue denunciada en el MP por deficiencias en la construcción de un alcantarillado sanitario y la Contraloría General de Cuentas emitió reparos y sanciones económicas en su contra.
Por otro lado, en el portal Guatecompras, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reportó, en febrero de 2020, cuatro empresas a su nombre: Importadora Fernández García II, Importadora García, Lilian Piedad García Contreras y Transporte y venta de materiales García.
Durante su gestión como diputada, García Contreras integró la comisión de Asuntos Municipales, una de las 38 comisiones de trabajo en el Congreso que dan trámite a iniciativas de ley de las 340 alcaldías del país.
La familia
En 2020, una nota de elPeriódico evidenció que Robyn Alexander García, hijo de la secretaria general de PC se encontraba contratado como delegado auxiliar del Registro de Ciudadanos en Alta Verapaz con un sueldo de Q7 380. La nota afirma que, en 2019, Robyn García fue candidato a concejal de la municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, postulado por la UNE.
Para los comicios generales de 2023, que se celebrarán el próximo 25 de junio, Robyn García se postula como candidato a alcalde por Prosperidad Ciudadana en ese municipio de Alta Verapaz, según la resolución 66-2023 del TSE que autorizó la inscripción.
Algunas personas en Alta Verapaz e integrantes de partidos políticos señalan vinculación de García Contreras con Otoniel “el Loco” Turcios Marroquín. Ella siempre ha negado esos vínculos.
“El Loco” Turcios es un narcotraficante y militar retirado que trabajó con los Zetas, grupo armado del cartel del Golfo, y que operaba en Alta Verapaz hasta que fue capturado en Belice en 2010 y extraditado hacia Estados Unidos. De 2008 a 2012, Turcios Marroquín figuró como contratista del Estado, durante la administración del presidente Álvaro Colom además de ser propietario de una de las fincas con mayor extensión de tierra dedicada al cultivo de la palma africana, según una publicación del medio mexicano AvispaMidia. Turcios recuperó su libertad en 2015.
La extracción mineral de oro y el camión de la diputada
A finales de octubre de 2020, pobladores de la aldea el Pato en Chiquimula denunciaron retumbos y el paso diario de decenas de camiones que entraban y salían de un terreno cercano hacia el centro de Chiquimula.
El diario Prensa Libre refirió en una nota que el terreno se ubica al lado de la Escuela Oficial Rural Mixta en el cerro Tajurán. Según la publicación, el lugar se identifica con una manta en donde se leía “Propiedad privada” y la licencia de construcción municipal 12-2020 otorgada a la empresa Atlas Universal S.A. Aunque el permiso era para construir una bodega con oficina con 192 metros cuadrados y un muro perimetral de 200 metros cuadrados, no existe la edificación.
“En cambio, hay un hoyo en el cerro y varias terrazas desde donde se ven las piedras de color verde, blanco y café con destellos dorados”, se lee en la nota de Prensa Libre. Además, señala que en ese mismo lugar el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó, en noviembre de 2003, una licencia de explotación para estudiar la presencia de oro y plata al proyecto el Pato II.
Un día, la escena de los caminos que transportaban oro con rumbo a Alta Verapaz fue truncada cuando agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), del Ministerio de Gobernación, detuvieron el cargamento. Uno de esos camiones era propiedad de la diputada y secretaria general de Prosperidad Ciudadana.
“Al final se estaban robando el oro de Chiquimula y se lo llevaban a Alta Verapaz a una mina para decir que lo habían sacado de ahí. Pero esa mina no tenía permiso para explotar oro”, dijo una fuente que habló con Prensa Comunitaria.
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El caso desató más vínculos y se empezaron a identificar a los personajes que estaban detrás de la red de explotación minera ilegal.
El principal líder era Federico “Fred” Andrés Machado, un empresario argentino acusado de estafas millonarias y de importar cocaína a Estados Unidos. Fue arrestado en Argentina en abril de 2021 y extraditado a Estados Unidos acusado de lavar más de US$300 millones, así como de borrar evidencias al estrellar en Guatemala, México y Honduras más de 100 aviones registrados en un pueblo de Texas que ni siquiera tenía aeropuerto.
Según una publicación del diario elPeriódico, “Fred” Machado también habría financiado las campañas electorales de Sandra Torres, Jimmy Morales y Alejando Giammattei.
La diputada también tuvo como asesora a la abogada Karin Fabiola Landaverry ,arrestada en 2021, luego que el MP la acusara de haber concedido licencias de explotación minera cuando era directora de Energía y Minas en el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).
Landaverry también figura como notaria de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Izabal, fundada por “Fred” Machado.
Fred Machado y su hermano Gastón, constituyeron varias empresas en Izabal en menos de un año y una de las empresas vinculadas a ellos era Desarrollos Inmobiliarios Izabal, el principal impulsor del proyecto para la construcción de un edificio de 40 niveles de lujosos apartamentos en la Bahía Amatique, Puerto Barrios, Izabal. Un proyecto que hasta finales de 2021 no había presentado avances y solo se mantenía en planos.
Frenan las candidaturas
Este viernes 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar las tres apelaciones presentadas por Carlos Pineda y su equipo legal para revertir su suspensión en la contienda electoral. El jueves la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos recursos planteados por Pineda, entre ellos el que buscaba evitar la impresión de papeletas. El TSE tiene previsto iniciar la impresión de papeletas este lunes 29 de mayo. El tiempo para lograr reactivar las 1 200 candidaturas se le ha acabado al partido. El binomio conformado por Carlos Pineda y Efraín Orozco, ha quedado fuera de la contienda. Lilian García Contreras tampoco podrá reelegirse como diputada.
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