El segundo proceso judicial contra la exfiscal de la FECI está programado para iniciar la próxima semana, pero ahora se debe esperar a que se defina qué juez tendrá a su cargo el caso, en el que está acusada de revelar información confidencial.
Por Shirlie Rodríguez
Haber estudiado una maestría y un doctorado con Virginia Laparra, llevó a que el juez Moisés de León del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, se excusara de atender el juicio que estaba programado para iniciar el próximo 22 de mayo.
Ahora, el expediente fue trasladado a la Sala Quinta de Apelaciones y son los magistrados quienes decidirán qué juez tomará el caso. En la audiencia de ofrecimiento se definió que el Tribunal Primero conocería este segundo proceso.
Si el juez Moisés de León no conocerá el juicio, aún quedan dos jueces más que pueden atenderlo, Elsa Nivia de Castillo Rodas y Domingo Cali.
La defensa de Laparra aún espera a que indiquen si se realizará audiencia el próximo lunes en donde se tenía programado que iniciara el debate y la presentación de las pruebas que tiene el Ministerio Público (MP), querellantes y la defensa.
En este segundo proceso, la exjefa de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango está siendo acusada del delito de revelación de información, la cual supuestamente dio a conocer en una audiencia que fue pública, mientras ejercía su cargo como jefa de la entidad.
Acá los detalles del caso:
Virginia Laparra exfiscal de la FECI enfrentará un segundo juicio en Quetzaltenango
Esta situación es similar a la que se evidenció en la primera fase del caso. La defensa de Virginia Laparra recusó a la jueza Carmen Acú del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, porque no tenían la confianza y certeza de su imparcialidad al juzgar en este caso. Acú tuvo de catedrático al denunciante Lesther Castellanos.
Al ser presentada esta excusa, los magistrados de la Sala Quinta de Quetzaltenango decidieron que la misma jueza debía conocer todo el proceso y no había razón para que dudaran de su actuar durante el caso.
Durante varias audiencias, Laparra y su defensa hicieron públicas sus inconformidades porque favorecían más al denunciante o a los querellantes en donde está incluida la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Además, la exfiscal dijo que no tenía confianza en la jueza y a pesar de esto continuó el caso hasta que llegó la etapa en que Acú resolvió enviarla a juicio.
En la última audiencia que se realizó en los juzgados de Xela, Laparra denunció que una agente del Sistema Penitenciario estaba agrediéndola y pretendía evitar que ella hablara con la prensa.
Lea más acá sobre esta denuncia:
Virginia Laparra denuncia agresión tras salir de audiencia de ofrecimiento de prueba
Este segundo proceso judicial en contra de Laparra también fue denunciado por el exjuez y ahora Relator Contra La Tortura, Lesther Castellanos. El hecho viene desde 2017.
En la denuncia, el MP refiere que Laparra dio a conocer detalles de un proceso que estaba en reserva, pero la audiencia fue pública. Agregan que, a consecuencia de esto, en los medios de comunicación se publicó que existiría un acuerdo de colaboración eficaz.
La defensa alegó que esto no era un delito porque eran datos básicos del caso los que se mencionaron, además, fue en un evento público, ella no dio declaraciones directamente a la prensa.
Dentro de los testigos que el MP presentó y la jueza Acú aceptó, está la declaración de Castellanos, de la jueza que tuvo a cargo la audiencia en 2017, el abogado defensor, una periodista y además el sindicado en ese caso que es René Villavicencio.
Este último ya fue condenado por casos vinculados a corrupción y la defensa pidió que no fuera aceptado porque su testimonio iba a estar claramente sesgado porque Laparra fue quien lideró la investigación en su contra. A pesar de esto, Acú lo aceptó y llegará a declarar en su momento.
Mientras se resuelve este impase, Laparra permanece en prisión preventiva desde febrero de 2022, lo cual ha llevado a que organizaciones internacionales se pronuncien en contra de esta medida que vulnera sus derechos humanos, al punto que llegaron a declararla “presa de conciencia”.
