En 2010, Lacán Bercian recibió cinco ataúdes cerrados, sin la certeza de que fueran sus familiares, por esa razón, pide apoyo a las autoridades para que a través de una orden judicial se autorice una exhumación de los cuerpos que le fueron entregados y se confirme si son los restos de sus familiares.
Por Alexander Valdéz
Han transcurrido 13 años del asesinato de 72 migrantes por supuestos grupos criminales en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, México. Ángela Lacán Bercian perdió a cinco familiares en esa masacre y hasta la fecha no ha recibido apoyo de las autoridades para confirmar la identidad de sus seres queridos enterrados en Guatemala.
En 2010, Lacán Bercian recibió cinco ataúdes cerrados, sin la certeza de que fueran sus familiares, por esa razón, pidió apoyo a las autoridades. A raíz de la poca respuesta estatal y aun con la esperanza de que sus familiares estén con vida, Lacán acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC), para que a través de una orden judicial se autorice una exhumación de los cuerpos y se confirme si los cadáveres que le fueron entregados son de sus familiares.
En la masacre de San Fernando, Lacán Bercian perdió a su esposo Efraín Pineda Morales, a sus hijos Richard y Nancy Maricela Lacán, a sus sobrinos Mayra Cifuentes Pineda y Luis Humberto Álvarez Pineda.
Por ello, accionó ante la CC para que se anule la resolución de una juez y de una Corte de Apelaciones, que no autorizó al Ministerio Público (MP) exhumar los cuerpos de su familia.
“He pasado momentos muy duros, enfermedades, nervios y ha sido muy duro, porque fue mi esposo, mi hijo, mi hija, eso me ha afectado mucho. En las noches paso dando vueltas y vueltas en la cama. A veces no duermo por los nervios y, en mi mente, digo de repente aparecen. Pero bueno, trato de engañarme a mí misma, pero sí es duro lo que he pasado. Quisiera saber si son ellos los que están en Sipacate. Quisiera ese apoyo. Para saber si son mis hijos los que tengo aquí y mi esposo o son otras personas”, relató Ángela Lacán ante los magistrados.
“Hay una práctica estatal por parte de México de devolver los cuerpos cremados, por intervención de cancillería ya no es así. Pero cuando ella los recibió, recibió ataúdes cerrados. Eso impidió que pudiera verificar si eran sus familiares. De esta entrega las mismas autoridades revisaron sus procedimientos y determinaron que no podían ser certeras y, en 2018, solicitó al Estado de Guatemala por un tratado de cooperación, para que se realizaran y Guatemala no dio respuesta. En 2018, México insistió y hasta 2022 hubo respuestas de otros países pero no de Guatemala, al no haber respuesta, México canceló esa solicitud. El MP ha negado la petición de Ángela en el desistimiento de México”, expuso el abogado Oswaldo Samayoa.
Samayoa argumentó que Ángela acudió al MP para poner una denuncia como desaparición, con el propósito de que solicitara la exhumación y así poder tener certeza de que se trate de sus familiares. “La respuesta del MP es que se desestima la causa porque México no tiene interés, pero el interés de ella no depende de México, ese es interés de ella misma y el derecho a integridad personal y dignidad para conocer si son sus familiares quienes están sepultados en el municipio de Sipacate”, agregó.
Los magistrados de la CC escucharon a la víctima y a su abogado defensor. Ahora deberán notificar por escrito para que confirmen o rechacen la resolución que negó la exhumación de los cadáveres de sus familiares.
Un sueño americano que terminó en tragedia
Una historia publicada por el diario estadounidense The San Diego Union Tribune, relató que los familiares de Ángela salieron en agosto de 2010 con rumbo a Estados Unidos en busca de una mejor vida y ayudar económicamente a la familia que se quedaba en Guatemala, pero fueron secuestrados y posteriormente asesinados.
La masacre de San Fernando, que cobró la vida de 58 hombres y 14 mujeres que procedían de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, a manos de cárteles mexicanos, ocurrió entre el 22 y 23 de agosto de 2010. El crimen evidenció los riesgos de migrar especialmente por México.
Según informes de organismos internacionales, los asesinatos habrían ocurrido con la complicidad de oficiales del Estado mexicano que entregaron a los migrantes a cárteles los cuales los habrían asesinado al negarse a trabajar para ellos.
Hasta la fecha, ninguna persona ha sido condenada por el asesinato de los migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos.